Brasil podría convertirse en el nuevo centro de operaciones de datos de Motorola Solutions para América Latina. La compañía analiza instalar un Centro de Datos propio en el país como parte de su estrategia para responder al crecimiento de las plataformas de seguridad pública y a las crecientes exigencias de soberanía de datos en la región.
En entrevista con DPL News, el presidente de Motorola Solutions en Brasil, Gustavo Ancheschi, revela que la iniciativa aún se encuentra en una fase preliminar de evaluación, aunque responde a una necesidad cada vez más evidente: mantener la información crítica de los organismos de seguridad alojada dentro de América Latina.
“Estamos evaluando un Centro de Datos para América Latina, principalmente por la soberanía nacional y por la necesidad de mantener los datos alojados aquí”, señaló el ejecutivo.
Actualmente, Motorola Solutions utiliza la infraestructura de socios como Telebras, Microsoft, Amazon Web Services y Equinix para hospedar las aplicaciones y la información de sus clientes. Sin embargo, son estos proveedores quienes determinan la ubicación donde se almacenan los datos.
La evaluación de un Centro de Datos propio ocurre en un momento en que las corporaciones de seguridad generan volúmenes de información sin precedentes. El uso de cámaras corporales, sistemas de videomonitoreo, plataformas de despacho y soluciones de gestión incrementa continuamente la demanda de capacidad de almacenamiento y procesamiento, además de elevar la importancia de mantener el control sobre los datos.
Infraestructura, el eslabón menos visible
Para Ancheschi, el debate sobre la modernización de la seguridad pública suele concentrarse en tecnologías como la Inteligencia Artificial, el reconocimiento facial o el análisis predictivo. Sin embargo, sostiene que estas soluciones dependen de una infraestructura tecnológica robusta compuesta por redes de radiocomunicación, plataformas de software integradas y capacidad de procesamiento de datos.
“Está bien que un gestor entregue 500 patrullas y se tome la foto. Pero, sin un sistema de radio, esas patrullas no funcionan“, afirma.
Esa necesidad adquiere mayor relevancia a pocos meses de las elecciones de 2026 en Brasil, cuando la seguridad pública vuelve a ocupar un lugar central en el debate político.
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De acuerdo con el directivo, el avance del crimen organizado, el incremento de los ciberataques y el déficit aproximado de 250,000 agentes de seguridad pública obligan a que la tecnología se considere un componente esencial para aumentar la capacidad operativa de las instituciones.
“El crimen evolucionó y se sofisticó. Frente a eso, resulta imposible para cualquier administración gestionar la seguridad pública sin tecnología”, asegura.
No obstante, advierte que la realidad brasileña sigue siendo heterogénea. Mientras algunos estados ya demandan soluciones avanzadas basadas en Inteligencia Artificial, otros aún enfrentan limitaciones de infraestructura y bajos niveles de digitalización.
Además, las administraciones públicas suelen privilegiar inversiones con mayor visibilidad política, como la adquisición de patrullas o cámaras, dejando en segundo plano la infraestructura que permite operar esos sistemas.
Fragmentación tecnológica en Brasil
En el contexto latinoamericano, Ancheschi considera que Brasil destaca por la adopción de sistemas de videomonitoreo y cámaras corporales, impulsada por diversos proyectos estatales.
Sin embargo, señala que Colombia y Argentina muestran una mayor madurez en la integración de los softwares utilizados por las distintas instituciones de seguridad pública. En Brasil, la fragmentación tecnológica sigue dificultando la interoperabilidad entre policías, cuerpos de bomberos y otros organismos que participan en operaciones conjuntas.
“Creo que hace falta una mayor unificación y estandarización”, indica.
Para el ejecutivo, el éxito de las inversiones tecnológicas dependerá también de la continuidad de las políticas públicas. En su opinión, la modernización de la seguridad requiere proyectos de largo plazo capaces de sobrevivir a los cambios de gobierno, de modo que la infraestructura, las comunicaciones y la inteligencia funcionen de manera integrada tanto en la prevención como en la respuesta al crimen.