En Brasil, los municipios tienen el poder de regular las aplicaciones de transporte de pasajeros de pago, como Uber, 99 y Cabify, conforme al artículo 11-A de la Ley Federal 12.587/2012, pero no pueden establecer medidas que terminen impidiendo la actividad.
Con base en ello, la Primera Cámara de Derecho Público de la Corte de Justicia de São Paulo emitió un mandamiento para evitar que el Ayuntamiento exija una inspección anual del vehículo de un conductor de la aplicación.
La inspección está contenida en el artículo 7, párrafo I, de la Resolución 16/2017, que regula el servicio en la capital del estado. El texto requiere una inspección anual en vehículos con menos de tres años de licencia.
Sin embargo, conductores cuestionaron la medida, argumentando que trabajan con autos de alquiler, y cada vez que cambia de vehículo, debe pasar por una nueva encuesta.
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Según el juez Rubens Rihl, “el transporte individual remunerado de pasajeros no es un servicio público, sino una actividad económica, por lo que la intervención estatal debe ser limitada”.
En este contexto, dijo que cualquier limitación debe respetar los principios del artículo 170 de la Constitución Federal, “con énfasis en la libre competencia, la protección del consumidor y la búsqueda del pleno empleo”. Para Rihl, el requisito de inspección restringe la libre competencia “e impide el libre ejercicio de la profesión al proporcionar disposiciones ilimitadas en la ley federal”.
El juez concluyó que las restricciones destinadas a limitar el acceso al mercado “no pueden tolerarse”. La decisión fue unánime.