Oi informa riesgo para la continuidad de sus operaciones a partir de agosto
El riesgo de colapso de los servicios públicos prestados por Oi es inminente, ya que el dinero que garantizaba la continuidad de las comunicaciones críticas “desapareció”. La Justicia considera que la situación requiere medidas urgentes.
Oi informó este miércoles 9 de julio, mediante un hecho relevante al mercado, que sus operaciones podrían volverse insostenibles a partir del 1º de agosto de 2026, debido al agravamiento de su situación de insolvencia y al rápido deterioro de su caja.
El gestor judicial, Bruno Rezende, informó a la Justicia que la disponibilidad de caja prevista para finales de julio cayó de 88.1 millones de reales (17.2 millones de dólares) a 19.6 millones de reales (3.8 millones de dólares), monto considerado insuficiente para mantener la continuidad operativa.
La manifestación fue presentada por el gestor judicial en el marco de los recursos de apelación que cuestionan la decisión del 7º Juzgado Empresarial de Río de Janeiro, que en noviembre de 2025 convirtió la recuperación judicial de la compañía en quiebra, con continuidad provisional de las actividades.
Relacionado: Oi: el colapso de una campeona brasileña de las telecomunicaciones
El juicio de los recursos, presentados por Itaú Unibanco y Bradesco, fue suspendido el 30 de junio tras un pedido de vista del magistrado Augusto Alves Moreira Júnior.
El escenario ya había sido anticipado en recientes manifestaciones presentadas dentro del proceso de quiebra. En un informe presentado por la administradora judicial Preserva Ação, obtenido por medios especializados, la reducción del efectivo fue atribuida principalmente al retraso en la conclusión de la venta de la Unidad Productiva Aislada (UPI) Servicios Telefónicos a Método y al fracaso de la subasta de Oi Soluções, que concluyó sin interesados.
De acuerdo con la administradora judicial, el ingreso de los recursos provenientes de esas operaciones era considerado esencial para preservar la liquidez de la compañía. Sin esos fondos, la empresa corre el riesgo de no poder cumplir compromisos básicos para su funcionamiento, incluidos los pagos a proveedores, prestadores de servicios y empleados.
Amenaza a los servicios esenciales
El informe también advierte sobre posibles impactos en servicios considerados esenciales. Oi aún mantiene contratos de telecomunicaciones e infraestructura utilizados por organismos públicos, incluidas soluciones corporativas para las administraciones públicas y redes que soportan comunicaciones críticas.
En caso de que la caja se agote, la administradora judicial considera que la prestación de esos servicios podría verse comprometida si no se adoptan medidas de emergencia.
Sin embargo, el dinero que había sido depositado como garantía para asegurar la continuidad de los servicios fue liberado por la Justicia para el pago de los trabajadores, algo que nunca ocurrió. Según Carlos Baigorri, presidente de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), esos recursos fueron dados por “desaparecidos”.
La gravedad de la situación también motivó manifestaciones de entidades sindicales. Federaciones y sindicatos que representan a trabajadores de Oi y Serede enviaron una carta al gobierno federal alertando sobre el riesgo de paralización de las actividades, despidos y la interrupción de servicios públicos prestados por la compañía. Las entidades solicitan una actuación coordinada del gobierno, la Anatel y el Poder Judicial para evitar un colapso operativo.
A pesar de las advertencias, Oi no anunció el cierre definitivo de sus actividades. El hecho relevante divulgado al mercado señala que la continuidad operativa depende de la evolución de los procesos judiciales y de las medidas que se discuten en el marco de la quiebra. La empresa puso a disposición de accionistas y acreedores las peticiones presentadas por el gestor judicial, que detallan la evolución de la crisis financiera.
El deterioro de la caja se produce en un momento decisivo del proceso judicial. Además de la conclusión de la venta de la UPI Servicios Telefónicos, la compañía depende de nuevas fuentes de liquidez para mantener sus operaciones mientras espera la resolución de los recursos que discuten la continuidad de la quiebra con la preservación temporal de las actividades.