Brasil | La Anatel aprueba solución consensuada entre el TCU y Oi

El Término de Autocomposición presentado por la Comisión de Solución Consensual del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), analizado por el Consejero Alexandre Freire, relator del asunto en la Anatel, fue aprobado este lunes 15 de abril por el Consejo Directivo de la agencia, garantizando la continuidad de los servicios de telefonía fija a los clientes de Oi.

En la Asamblea General de Acreedores (AGC) de Oi, el 5 de marzo, la Anatel había solicitado la postergación de una decisión sobre el Plan de Recuperación Judicial del operador, para concluir el consenso junto al TCU. En esa ocasión, la agencia dejó entrever que podría intervenir en Oi si el proceso amenazara la continuidad de sus servicios.

Antecedentes: Oi busca aprobación de su nuevo Plan de Recuperación Judicial

En su ponencia, el consejero Alexandre Freire destacó que la solución consensuada previene litigios y resuelve la cuestión mediante el diálogo y con seguridad jurídica:

“La solución consensuada puede tener un desenlace diferente al que ocurriría en estado de normalidad institucional, dado que habrá una suspensión episódica de la legislación aplicable y de los precedentes de la Agencia, formando una necesaria jurisprudencia de crisis. Este es el razonamiento detrás de un problema de esta magnitud: comprender que no siempre el derecho vigente ofrecerá una solución adecuada para la situación conflictiva. La búsqueda del diálogo y del consenso entre los actores es el mejor camino. 

Para el sector de las telecomunicaciones, la solución consensuada está alineada con las políticas de conectividad promovidas por la Anatel y el Ministerio de Comunicaciones. Sin duda, la decisión de hoy contribuye a mitigar las externalidades negativas con el fin de la concesión STFC y el viraje digital en el país.”

El acuerdo de solución consensuada por el TCU se basa en su Instrucción Normativa nº 91/2022, que establece procedimientos para la resolución consensuada de disputas relevantes y la prevención de conflictos relacionados con órganos y entidades del sector público.

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