Australia investiga a Facebook, Instagram y YouTube por deficiencias en la restricción a menores de edad
La Oficina de Seguridad en Internet de Australia (eSafety) intensificó el escrutinio sobre Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok y YouTube, tras detectar posibles incumplimientos en la implementación de la prohibición de redes sociales para menores de 16 años, que entró en vigor el 10 diciembre de 2025.
eSafety informó que “ha observado varias malas prácticas que generan preocupaciones sobre el cumplimiento normativo”, como incentivar a los menores a intentar verificar su edad incluso cuando previamente habían declarado ser menores de 16 años antes del 10 de diciembre de 2025.
También detectó que se permite a los menores de edad múltiples intentos con un mismo método de verificación hasta obtener un resultado que los habilite, no ofrecer canales accesibles ni eficaces para denunciar cuentas con restricciones de edad y, en general, implementar medidas consideradas insuficientes para impedir el acceso de niños y adolescentes a estas plataformas digitales.
Si bien eSafety reconoció las medidas que han tomado las plataformas, como el caso de Meta que desactivó en un mes 544,052 cuentas en el país que, según sus sistemas, pertenecían a usuarios menores de 16 años, aún persiste la preocupación.
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“Me preocupa que algunas no estén haciendo lo suficiente para cumplir con la ley australiana”, admitió la comisionada de Seguridad en Internet, Julie Inman Grant.
Al respecto, la autoridad australiana advirtió que ha pasado a una fase de “aplicación de la ley”, lo que implica la recolección de evidencia para posibles sanciones.
“Las pruebas deben demostrar que la plataforma no ha tomado medidas razonables para evitar que los menores de 16 años tengan una cuenta. Esto implica más que simplemente demostrar que algunos menores aún tienen cuentas. Las pruebas deben demostrar que la plataforma no ha implementado sistemas y procesos adecuados”, detalló Grant.
Tras la aprobación de la ley, eSafety cuenta con diversas facultades para asegurar el cumplimiento de la medida, como la notificación de infracciones, compromisos vinculantes, notificaciones públicas a proveedores de plataformas y sanciones civiles de hasta 49.5 millones de dólares.