Barreras fiscales en el Congreso a la transformación digital

Fernando Borjón | Senior Advisor en Access Partnership

La transformación digital es una bandera de cambio e impulso a la economía del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. 

Para encabezar este esfuerzo se ha creado la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que encabeza José Peña Merino, y que enfrenta retos que van desde la simplificación de trámites, la identidad digital, hasta ser cabeza de sector de las telecomunicaciones, pues de la ATDT dependerá la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), como órgano desconcentrado.

El interés de la presente administración es patente en sus acciones y en su apertura al diálogo, pues gracias a la intervención de la presidenta Sheinbaum se abrió la discusión de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión en los conversatorios que acertadamente condujo el senador Javier Corral. 

Fue gracias a dichos conversatorios que se creó la CRT y se eliminó un artículo 109 que permitía el bloqueo de plataformas digitales, coincidiendo que dicho bloqueo tenía el riesgo de caer en la censura a la información y al ejercicio de una actividad lícita.

Sin embargo, este esfuerzo de transformación digital tiene barreras para su desarrollo en el paquete fiscal que actualmente se discute en la Cámara de Diputados, algunas de las cuales son claramente opuestas a lo establecido en el Tratado entre México, Canadá y Estados Unidos (T-MEC).

En un ejercicio de apertura, el 8 de octubre, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, que preside el diputado Carol Antonio Altamirano, realizó una sesión de trabajo a la cual se convocó a los sectores social y privado, la cual se encuentra disponible en una plataforma digital en un ejercicio de transparencia.

Se contó con 54 participantes en forma presencial. Se sabe que también hubo la intención de otros interesados en participar en forma remota, mas ello no fue posible. 

En el caso de temas relacionados con las plataformas digitales, hubo 12 intervenciones, tanto de personas directamente relacionadas con las plataformas e Internet, como de cámaras industriales y comerciales, así como representantes de los restauranteros y el turismo. 

Esta participación muestra el gran interés y confianza de los sectores en participar, posiblemente impulsados por el resultado de los conversatorios en ajustar los proyectos.

Los temas principales de preocupación son tres y afectan directamente en el ejercicio de la actividad de las plataformas, pudiendo ponerlos nuevamente ante el riesgo del bloqueo a su operación, situación que se pensaba superada.

• Incremento de impuestos de 10.5% sobre el ingreso bruto de las plataformas. Esto por la propuesta de incremento del Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado. Ello pone en riesgo los márgenes de utilidades con los que operan las plataformas, en especial las de la micro, pequeña y mediana empresa.  Asimismo, tiene el potencial de encarecer el precio de los productos y servicios al público.

• Artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación que propone el acceso en línea y en tiempo real en forma permanente a las bases de datos de las plataformas digitales. El incumplimiento a esta disposición resultará en el bloqueo a la operación de las plataformas. Como se destacó, esto no sólo viola la privacidad de las comunicaciones entre privados, la protección de datos personales y confidenciales de las empresas, también representa un riesgo a la ciberseguridad de las plataformas.  

• Artículo 113 bis que transfiere a las plataformas digitales la facultad de vigilar que en sus plataformas no se permita la publicación de anuncios para la adquisición de comprobantes fiscales falsos de operaciones inexistentes falsas, actos jurídicos simulados o comprobantes fiscales falsos. Como se explicó por los participantes, esta acción es de imposible cumplimiento, pues implica corroborar cada uno de los contenidos que terceros publican en sus plataformas, haciendo responsable a la plataforma por el contenido que en ella se publique. Esto es contrario al TMEC, que establece que “ninguna Parte adoptará o mantendrá medidas que traten a un proveedor o usuario de un servicio informático interactivo como proveedor de contenido de información para determinar la responsabilidad por daños relacionados con la información almacenada, procesada, transmitida, distribuida o puesta a disposición por el servicio, excepto en la medida en que el proveedor o usuario, en su totalidad o en parte, haya creado o desarrollado la información.”

Como varios de los participantes destacaron en sus exposiciones, cuando todos estamos hablando de los mismos problemas quiere decir que se necesita corregirlos.  Esto fue lo que sucedió en los conversatorios y esperamos que vuelvan a tomarse en cuenta las opiniones.

Al final de la sesión, todos los diputados coincidieron en la necesidad de tomar en cuenta lo expresado en la mesa de trabajo y realizar los ajustes necesarios.  

Todos entendemos la necesidad de evitar prácticas ilícitas y mejorar la fiscalización, pero ello no debe de ser una limitante para impulsar la transformación digital de nuestro país ni poner en riesgo la operación de las plataformas digitales.La Cámara de Diputados tiene la palabra para garantizar el libre ejercicio de las plataformas digitales y que ellas sean un motor de crecimiento de la economía.