El Directorio de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel) de Uruguay aprobó un nuevo plan comercial para la venta de servicios de infraestructura de fibra. El operador incrementó el ancho de banda susceptible de comercialización tanto en salida internacional como conectividad local; la decisión no contempla última milla.
El modificado artículo 56 de la Ley de Medios dio luz verde a que titulares de servicios de comunicación audiovisual de TV de paga que operan mediante cable soliciten licencias para prestar servicios de banda ancha y acceso a Internet en igual área de cobertura habilitada por la otra licencia, utilizando para tal fin redes propias o de terceros. Unos 50 operadores hicieron la solicitud, y más de una decena de ellos ya consiguieron el permiso.
“La mayoría de los socios de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA) con licencia estamos construyendo nuestras propias redes”, respondió su presidente, Washington Melo, ante la consulta de DPL News tras conocerse esta novedad.
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El nuevo proyecto de Ley de Medios, que tras su tramitación legislativa espera por su promulgación, habla de incompatibilidades para la tenencia de licencias y no menciona a la de banda ancha, por lo que la posibilidad de pedir licencias para dar Internet podrá ser formalmente adoptada por un universo más grande de prestadores, en sintonía con lo pedido por operadores como DirecTV.
La venta de capacidad por parte de la estatal es una realidad desde 2010 y todo indica que la actualización de la resolución firmada ayer por el Directorio responde a la nueva realidad del mercado. De acuerdo con El Observador, votaron a favor de la medida la presidenta de Antel, Annabela Suburú, y el vicepresidente, Diego Machín.
El voto en contra fue por parte del representante de la oposición, Daniel Larrosa, quien consideró que “se logró a través de una resolución administrativa algo que no está incluido en la Ley de Urgente Consideración y tampoco en la Ley de Medios (proyecto)”. En ambos proyectos se incluyeron artículos que daban obligaciones para Antel que finalmente no quedaron plasmadas en los textos aprobados.