Avanza nueva ley de Medios en Uruguay: sus claves

En la nueva ley de medios no habría obligaciones para Antel y se define la posibilidad de que cualquier prestador de TV paga pida autorización para ofrecer Internet.

Uruguay trabaja hace tiempo en una nueva ley de Medios que deje fuera de juego a la publicada en 2015. Su premisa podría hacerse realidad. Es que la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados aprobó con cambios una versión de la iniciativa, que ahora encara su trámite legislativo habitual para ser parte de la normativa local. Qué dice, qué cambió y qué aspectos desatarán la polémica.

“Los cambios (tecnológicos y de negocio) presentan desafíos ante los cuales es necesario actuar”, inicia el texto que llegó desde el Ejecutivo para su revisión. Habla de “nueva revolución” y de la necesidad de reducir la brecha digital. Luego, es más directo al sugerir que un nuevo texto es necesario como consecuencia de que algunas disposiciones de la hoy ley vigente (19,307) fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia.

En síntesis, la derogación de la ley de Medios vigente fue propuesta de inicio del gobierno de Luis Lacalle Pou, que incluso se tradujo en modificaciones explícitas a las reglas que rigen para el sector en los últimos años. La Rendición de Cuentas esta vez no fue el instrumento utilizado para plantear las modificaciones y, mientras ese documento camina a su aprobación, ahora avanza en paralelo este proyecto, que cambiará la realidad de la industria audiovisual (entre otras).

La propuesta que avanzó en Comisión, a la que accedió DPL News, aprueba las siguientes limitaciones para la titularidad de licencias: una persona física o jurídica privada o grupo económico no puede ser titular total o parcial (más de 10 por ciento de las acciones) de más de cuatro licencias en zona metropolitana y seis en el resto del país para prestar servicios indistintamente en cualquiera de las bandas de radiodifusión de AM y FM y de una licencia en TV abierta. Si fuera titular en ambas jurisdicciones, el total no podrá superar las seis licencias. En caso de la TV para abonados, aquí la clave para el sector, el tope será de ocho licencias.

El punto más resonante del texto es, sin embargo, el que aparece en el artículo 17 y cuya redacción fue modificada en Comisión, resultando en que de no mediar cambios “ninguna persona podrá ser titular, total o parcial, de una licencia para prestar servicios de difusión de contenido audiovisual de TV para abonados satelital o por cable de alcance nacional y licencias para prestar servicios de radiodifusión abierta o de otras licencias para difusión de contenido audiovisual, así como tampoco de licencias para prestar servicios de banda ancha y acceso a Internet”.

En Uruguay ya rige luz verde para que proveedores de TV paga interesados en prestar banda ancha fija soliciten autorización para obtener licencia B en sus zonas de cobertura. De hecho, el regulador ya aprobó más de una decena de pedidos de este tipo de compañías. La duda recaía en si esta opción estaba abierta a empresas con pisada nacional con DTH, como DirecTV y Claro —ambas lo solicitaron aunque en distintos momentos—. Bien, según se interpreta de esta nueva redacción del articulado de ley de Medios, aún en revisión, estas empresas no tendrán esa opción pero sí Cablevisión, pues dispone de licencias para TV satelital en parte del territorio.

El tercer punto a revisar es por omisión. El texto del Poder Ejecutivo señalaba expresamente que los operadores públicos de telecomunicaciones titulares de infraestructura y redes prestarán servicios mayoristas sobre su infraestructura a operadores de TV paga que operen mediante cable para promover la inversión eficiente en el despliegue de redes. La obligación de compartición para Antel, que fue largamente debatida y discutida en Uruguay en los últimos años, quedó fuera en la revisión provisoria de Diputados.

La nueva versión diría lo siguiente: “Los titulares (…) tendrán derecho a solicitar licencias para prestar banda ancha a través del empleo de redes propias o desarrollos futuros o de recursos que contraten a terceros en igual área de cobertura. Los servicios referidos deberán resultar técnica y jurídicamente factibles”. En otras palabras, no habrá cambios para el operador estatal en este sentido si el texto se aprueba con las modificaciones introducidas en la revisión de esta mañana.

El borrador también menciona que titulares de licencias para prestar servicios de difusión de contenido audiovisual que usen espectro sólo podrán usarlo según lo dispuesto en sus autorizaciones y dispone que el regulador Ursec podrá asesorar al Ejecutivo para cambiar un canal radioeléctrico precisamente asignado de acuerdo a cambios tecnológicos o de interés general. Este asesoramiento deberá ser preceptivo, incluyó la comisión previo a aprobar el documento.

Las transferencias de licencias (el texto habla de transferir, ceder, vender o donar) requirirán anuncia del Ejecutivo previo informe de Ursec, al tiempo que la obtención de licencias serán vía Poder Ejecutivo mediante la realización de un llamado público y abierto. El artículo 10 da luz verde, además, a la creación de un Registro de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual, gestionado por el regulador y que contendrá información de los titulares de licencias.

El documento también presenta detalles respecto de obligaciones de licenciatarios y sanciones por incumplimiento. Al mismo tiempo, regula sobre cuestiones como la publicidad, el horario de protección al menor y presupuesto. “El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley (en revisión) dentro de los 180 días contados desde su publicación en el Diario Oficial”, dice el texto dando otro detalle: según cuando se apruebe el texto, si finalmente se aprueba, su reglamentación estará a cargo del gobierno en turno justo antes de celebrarse las elecciones presidenciales previstas para octubre de 2024.