CRC prepara marco regulatorio de la ley de Internet como servicio público en Colombia
A ocho meses de la promulgación de la ley de Internet como servicio público esencial y universal, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) elaboró un borrador de la regulación diferencial que aplicaría a los pequeños operadores de telecomunicaciones con el fin de promover el acceso a Internet en las zonas rurales de Colombia.
El proyecto contempla una serie de medidas regulatorias dirigidas a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que brindan el servicio de Internet fijo minorista a nivel residencial en las comunidades rurales o de difícil acceso del país, con menos de 30 mil usuarios.
La CRC propone que estos pequeños jugadores del mercado tengan algunas condiciones especiales que les faciliten llevar conectividad a más lugares: entre ellas, mayor flexibilidad en los mecanismos permitidos para atender a los consumidores a través de diferentes canales de comunicación (presenciales, telefónicos y digitales).
Además, el documento plantea la posibilidad de que los pequeños proveedores de Internet sólo presenten una certificación anual referente a las mediciones de satisfacción de los usuarios, en lugar de varios reportes en el transcurso de un año.
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Si optan por usar la infraestructura del sector eléctrico como soporte al despliegue de sus redes, estos operadores tendrán algunas medidas diferenciales. La CRC señala que podría darles más tiempo (30 días en lugar de los 10 que dicta la normativa) para enviar sus formatos de acuerdos con las empresas eléctricas.
La regulación actual contempla que las compañías deben compensar a los consumidores por la falta de disponibilidad de servicios de telefonía e Internet. En el caso de los pequeños operadores, la Comisión podría ampliar el margen de tiempo de gracia en caso de desconexión o bloqueo del servicio antes de que los proveedores deban compensar a los usuarios, dado que en las zonas rurales es posible que haya más dificultades para garantizar la operación sin interrupciones.
El proyecto normativo de la CRC, asimismo, traza un listado de municipios considerados como zonas rurales y de difícil acceso, en los que resultarían aplicables las medidas diferenciales para los proveedores del servicio de Internet fijo con menos de 30 mil clientes o accesos en el segmento residencial.
La lista abarca 793 municipios de diferentes departamentos del país; por ejemplo, El Encanto, Puerto Arica, Tarapacá, La Victoria y Leticia en el departamento de Amazonas; Bolívar, El Cairo y Obando, en Valle del Cauca; Guadalupe, La Paz y Chimá, en Santander; así como El Molino, Urumita y Barrancas, en La Guajira.
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En julio de 2021, el presidente Iván Duque sancionó la ley que reconoce el acceso a Internet como un servicio público esencial y universal, luego de un año de debates y análisis en el Senado colombiano. La ley busca promover el acceso y la apropiación de Internet, sobre todo para conectar a la población más vulnerable.
Como parte de las disposiciones de dicha legislación, la CRC debe establecer un marco regulatorio diferencial para los pequeños proveedores de telecomunicaciones dentro de los 10 meses siguientes a la promulgación de la ley.
El plazo fijado se vence en mayo de este año. Por eso, la Comisión está trabajando en la propuesta para impulsar la conectividad en las zonas de difícil acceso. El organismo regulador prevé emitir las reglas finales en el tiempo determinado. Por ahora, la CRC publicó el borrador para recibir comentarios de todas las partes interesadas. La consulta pública estará abierta hasta el próximo 25 de abril.
La ley de Internet como servicio público esencial y universal será uno de los mayores legados del mandatario Iván Duque una vez que concluya su gobierno. Colombia tendrá elecciones presidenciales en mayo de este año y habrá cambio de la administración en agosto. Para ese entonces, las disposiciones de dicha ley ya deben estar en marcha.