Usuarios ya hablaron: no quieren registro telefónico impuesto por el gobierno
Si el registro de telefonía móvil funcionara bajo los términos de la democracia, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) tendría que cancelarlo y hacerle caso a la mayoría de los usuarios que no quiso registrar su línea.
De acuerdo con cifras de la propia CRT, a la fecha ya se encuentran vinculadas 63 millones de líneas, lo que es alrededor del 45%, mientras que el otro 55% (76 millones aproximadamente) no quisieron registrar sus líneas.
Hay derrotas burocráticas que se disfrazan de prudencia institucional. La prórroga concedida por la CRT para el registro obligatorio de líneas celulares no fue un acto de flexibilidad regulatoria ni una muestra de empatía gubernamental.
Fue, llanamente que la ciudadanía los obligó porque no quieren el registro. El gobierno y la CRT se toparon con una muralla invisible pero implacable: la resistencia pasiva de millones de usuarios que, al decidir no registrarse, forzaron un freno de mano institucional ante el temor de un apagón digital.
Cuando el proyecto se puso en marcha, la soberbia del diseño estatal asumió que la amenaza de la desconexión bastaría para alinear a los ciudadanos. De hecho, hasta hace algunos días cuando periodistas le consultaban a la CRT si habría prórroga, ésta contestaba diciendo que no.
La narrativa oficial, dictada desde el escritorio, era tajante: o entregas tu identidad o te quedas incomunicado. Sin embargo, el apagón masivo que se vislumbraba para el cierre de junio no iba a castigar a los usuarios, sino a las propias finanzas del Estado y a la estabilidad social de un país donde el prepago es el motor de la economía popular.
Este fenómeno expone una profunda fractura de confianza. El usuario actual ya no compra el discurso de que la entrega masiva de datos personales es el peaje necesario para garantizar la seguridad nacional.
Al contrario, la percepción generalizada es la de un gobierno que traslada su propia incapacidad de investigar el delito al ciudadano común, obligándolo a probar su inocencia mediante un registro coercitivo.
La apatía no fue desidia; fue una rebelión silenciosa contra un Estado percibido como un custodio poco confiable de la privacidad.
Ahora, la CRT ha movido las piezas del tablero implementando un calendario escalonado por dígitos para fragmentar la resistencia y procesar el flujo de manera controlada. Es una estrategia clásica de división: al dosificar las fechas límite, el regulador busca diluir la masa crítica y evitar que el riesgo de una desconexión masiva se concentre en un solo día.
Pero el gobierno comete un error de cálculo si cree que un cronograma más ordenado cambia la disposición psicológica de la población. La desconfianza de fondo sigue intacta. Si la ciudadanía mantiene su postura de brazos caídos y los primeros grupos del calendario ignoran sus respectivas fechas de vencimiento, la CRT se volverá a encontrar exactamente en el mismo dilema: ¿se atreverá el gobierno a pagar el costo político y económico de desconectar de golpe a millones de votantes y trabajadores sólo por cumplir un capricho procedimental?
El primer round lo ganaron los usuarios demostrando que, en la era digital, la exclusión es un arma de doble filo: un pueblo desconectado es también un país paralizado.
La prórroga demostró que el poder de veto sigue estando del lado de la pantalla, y ningún calendario, por muy específico que sea, podrá someter a una ciudadanía que ya descubrió el peso de su propio silencio.
¿Ustedes se van a registrar?
Nos leemos en la próxima #BigTech