Uber y Lyft gastan 100 millones de dólares para evitar emplear a sus choferes
Uber Technologies Inc y Lyft Inc. unirán fuerzas en el escrutinio legal que busca frenar una ley estatal que los obligaría a clasificar a los conductores como empleados. En conjunto, las empresas gastarán casi 100 millones de dólares en noviembre, mes en el que la iniciativa entrará en votación en el estado de California, en Estados Unidos.
California representa uno de los mercados más grandes en Estados Unidos para Uber, y ha sido el centro del debate entre las empresas y los sindicatos que piden que los conductores sean clasificados como empleados y así poder ser acreedores de los derechos laborales, como seguro médico y compensación laboral.
A continuación, una recapitulación de lo sucedido: desde la primera mitad del año, estados como Massachusetts y California empezaron procesos legales contra las plataformas de viajes compartidos con el objetivo de obligarlas a reconocer a sus “socios conductores” como empleados y, por lo tanto, que garanticen sus derechos y beneficios.
En junio, la Comisión de Servicios Públicos de California en Estados Unidos dictaminó que los conductores de transporte son empleados bajo AB5, la nueva ley estatal de trabajo. Días después el fiscal general de California, Xavier Becerra, y los abogados de la ciudad de Los Ángeles, San Diego y San Francisco se unieron a la movilización, que culminó en una prohibición oficial contra las compañías.
El más reciente movimiento fue de parte de Uber y Lyft, que anunciaron su posible salida de California si la iniciativa seguía su curso.
De acuerdo a datos de Reuters, la apelación de 100 millones de dólares podría ser la mejor alternativa para las compañías, ya que de aprobarse la iniciativa, las dos empresas de transporte privado enfrentarían cada una más de 392 millones de dólares en impuestos anuales sobre la nómina y costos de compensación para trabajadores.
Reuters calculó que cada conductor de tiempo completo le costaría a la empresa, en promedio, 7 mil 700 dólares adicionales. Las empresas advierten que replantear sus modelos de negocio provocaría un aumento en los precios para compensar al menos algunos de esos costos adicionales.