lunes, septiembre 26, 2022
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Tribunal encuentra no procedente derecho al olvido a peruano investigado por narcotráfico

El tribunal constitucional peruano desechó la demanda de habeas data y derecho al olvido de Miguel Arévalo Ramírez, con lo que defendió el interés noticioso de una investigación sobre narcotráfico y creó jurisprudencia a favor de la libertad de prensa.

El Tribunal Constitucional (TC) de Perú declaró infundada la demanda de habeas data que Miguel Arévalo Ramírez interpuso contra Google y varios medios de comunicación, por difundir las investigaciones a su persona por narcotráfico.

Arévalo pugnaba por el derecho al olvido, es decir, buscaba que se borrara su nombre en las informaciones que se difundieron en la prensa y aparecieron en el principal buscador del mundo, donde es señalado como narcotraficante internacional.

Sin embargo, el demandante no pudo presentar ninguna documentación que acreditara que no existieron dichas investigaciones.

La sentencia Exp. Nº 03041-2021-PHD/TC), emitida por la Sala Primera del TC, establece que la información difundida por los medios se basa en datos objetivos y contrastables, constituidos por las investigaciones relacionadas con narcotráfico y financiamiento del terrorismo realizadas por el Ministerio Público, la Policía Nacional y la DEA, las cuales incluyen reportes, testigos, fotografías y sindicaciones.

Además, precisa que toda investigación contra una persona de cualquier nivel sobre presuntos vínculos con el narcotráfico y el terrorismo goza de la más alta relevancia e interés público. Por ende, constituye un hecho noticioso que debe ser objeto de escrutinio mediante el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de información.

En cuanto al derecho al olvido, el tribunal peruano señaló que, pese a ser un derecho fundamental, también está sujeto a restricciones o limitaciones derivadas de la necesidad de armonizar su contenido con otros derechos constitucionales, por lo que es posible sostener una tensión con el derecho fundamental a la libertad de información reconocido en el artículo 2° inciso 4 de la Constitución.

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