Telcos en Brasil se oponen a propuesta para que cooperativas presten servicios
Elaborado por la Cámara de Diputados en 2017, el proyecto de ley se encuentra en la agenda de prioridades de Conexis y puede someterse a audiencia pública.
El proyecto de ley 1,303/22, ha generado debates en el sector de las telecomunicaciones al proponer que las cooperativas presten servicios en esta área. La propuesta tiene como objetivo asegurar la prestación de servicios de telecomunicaciones a través de cooperativas, pero hay preocupaciones sobre posibles desequilibrios en cuestiones de competencia debido a la naturaleza jurídica diferenciada de las cooperativas, según afirman los representantes del mercado privado de las telecomunicaciones.
La expectativa de los representantes del sector y de la OCB (Organización de Cooperativas Brasileñas) es que se realice una audiencia pública para evaluar los efectos competitivos del proyecto. Helder Rebouças, consultor legislativo del Senado, destaca que “llevar el tema a una audiencia requiere esfuerzo político”. También considera legítimas las preocupaciones sobre asimetrías de competencia y afirma que será responsabilidad de la Anatel (Agencia Nacional de Telecomunicaciones) definir las reglas y límites para la actuación de las cooperativas.
En línea con las preocupaciones de los representantes, Piero Sellan, socio de la práctica de TMT de FAS Advogados, reconoce el momento de expansión de la cobertura y la política de conectividad, pero llama la atención sobre posibles asimetrías regulatorias derivadas del PL 1,303/22. Cuestiona cómo se llevará a cabo el acto cooperativo en el ámbito de las telecomunicaciones.
El proyecto de ley se encuentra en la Agenda de Prioridades Legislativas para el Sector de Telecomunicaciones 2023 de Conexis Brasil Digital, que se opone a su aprobación en la forma actual, argumentando que podría generar desequilibrios competitivos y perjudicar la sostenibilidad de los servicios prestados por las operadoras.
Luiz Henrique Barbosa, presidente Ejecutivo de TelComp, reconoce la motivación del proyecto de ley como legítima y espera la audiencia pública para contribuir. Sin embargo, destaca la necesidad de abordar mejor las cuestiones técnicas y regulatorias relacionadas con la propuesta.