La asignación del espectro radioeléctrico es una de las decisiones regulatorias más relevantes —y discutidas— para el desarrollo digital de cualquier economía, incluidas las de América Latina. De ella dependen no sólo algunos ingresos fiscales para los Estados, también la velocidad de despliegue de las redes, la intensidad competitiva y, en definitiva, el cierre efectivo de la brecha digital de acceso.

En este contexto, la subasta se ha consolidado como el mecanismo predominante de asignación de radiofrecuencias, tanto en la región como a nivel global. Sin embargo, cabe preguntarse si, frente a los desafíos actuales del ecosistema digital, este instrumento sigue siendo el más adecuado para promover un uso racional y eficiente del espectro. En otras palabras, si la subasta sigue “dando el ancho” o es hora de repensarla desde sus bases.

Incluso en aquellos países que han optado por modelos regulatorios más liberalizados, basados en registros y fiscalización ex post —en vez de autorizaciones previas para operar redes y proveer servicios—, el uso del espectro radioeléctrico sigue sujeto a mecanismos de control ex ante, dada su naturaleza escasa y la concurrencia de múltiples interesados.

Tradicionalmente, los Estados han utilizado cuatro mecanismos principales para asignar derechos de uso sobre bandas de frecuencias: selección comparativa, subasta, sorteo y lotería.

El procedimiento de selección comparativa

El mecanismo de la selección comparativa —o “beauty contest”— privilegia criterios técnicos y de política pública, tales como cobertura, calidad, inversión o reducción de brechas, permitiendo al regulador alinear la asignación con objetivos estratégicos. El apelativo “concurso de belleza” obedece a que la adjudicación recae en el oferente cuya propuesta resulta más atractiva en su conjunto, no sólo por un atributo aislado, sino por la robustez, equilibrio y consistencia integral del proyecto. 

De ahí que los postulantes tiendan a “adornar” sus ofertas con un conjunto amplio de compromisos y ventajas, configurando un verdadero ejercicio de estética regulatoria, orientado a presentar ante la autoridad evaluadora una propuesta lo más completa, proporcionada y seductora posible. 

La competencia en el “concurso de belleza” no se da en una sola variable observable, como el precio, sino en un conjunto de atributos técnicos y compromisos de política pública. Tal como ocurre en los concursos de Miss Universo, donde el objetivo del certamen es seleccionar a una mujer que represente la belleza moderna, la inteligencia, el liderazgo y el empoderamiento femenino…

Cabe precisar que el denominado beauty contest no recibe tal nombre porque se trate de un procedimiento arbitrario o carente de objetividad. Por el contrario, los criterios de evaluación, sus ponderaciones y las reglas de asignación se encuentran definidos ex ante en las bases, de modo que los operadores conocen —y pueden anticipar— el puntaje asociado a sus propuestas. 

El procedimiento de subasta

El mecanismo de la subasta se ha consolidado como el mecanismo más difundido en el ámbito telco, sustentado en sólidos desarrollos teóricos, como los de Paul Milgrom y Robert Wilson, galardonados con el Premio Nobel de Economía 2020. Más allá de la diversidad de diseños posibles —ascendentes, descendentes, simultáneas, de una o varias rondas, etc.—, todas las subastas comparten una lógica esencial: asignar el espectro a quien esté dispuesto a pagar más por él.

Desde esta perspectiva, la subasta no incorpora de manera directa consideraciones relativas a cobertura, calidad o inclusión digital, salvo que estas se introduzcan mediante obligaciones complementarias. Su principal virtud —y, a la vez, su mayor crítica— radica en que prioriza la eficiencia recaudatoria, manteniendo una relación instrumental con los objetivos de política social. Por lo general, lo que le importa es el dinero. 

Los procedimientos de sorteo y lotería

Los mecanismos de sorteo y lotería —basados en el azar, la suerte o el favor de los dioses— han tenido un uso marginal y hoy se encuentran prácticamente en desuso, debido a su baja eficiencia asignativa. El sorteo asigna el derecho de uso exclusivamente por azar, mientras que la lotería también se basa en el azar, pero exige el pago previo de una suma fija como condición para participar en el concurso.

Con todo, estos mecanismos son duros de matar, subsistiendo de forma residual en ciertas jurisdicciones. En Chile, por ejemplo, el sorteo sigue operando como mecanismo de desempate en concursos públicos de radiodifusión sonora, conforme a la Ley General de Telecomunicaciones.

Latinoamérica frente al caso chileno

En la práctica latinoamericana, la subasta se ha consolidado como el mecanismo dominante de asignación de espectro radioeléctrico, siendo aplicada —con distintos diseños, condiciones y grados de intensidad— por la gran mayoría de los países de la región. Entre los casos más representativos se encuentran Brasil, México, Argentina y Colombia, donde la asignación de derechos de uso se estructura, esencialmente, sobre criterios económicos. 

Chile, sin embargo, constituye una excepción relevante dentro del contexto regional, al privilegiar formalmente la selección comparativa como mecanismo de adjudicación. 

No obstante, este diseño incorpora una fase económica obligatoria en caso de empate técnico, denominada legalmente “licitación”, lo que en la práctica introduce un componente competitivo de naturaleza similar a la subasta. 

El resultado es un modelo híbrido singular, que combina la evaluación técnica de las propuestas con un desempate económico. Esto equilibra objetivos de política pública social con criterios de eficiencia asignativa.

Este diseño ha contribuido a posicionar a Chile como un referente regional en conectividad digital —algunos nos apodan “la Suiza de Latinoamérica”— y permitió que los concursos 5G de 2021 y 2024 generaran ingresos fiscales inéditos. 

Sin embargo, ello abre un debate relevante: el riesgo de que el afán recaudatorio —la “codicia del Estado”— termine desvirtuando la función social y económica del espectro como insumo esencial para la conectividad. El espectro es un bien nacional de uso público, no una fuente ordinaria de rentas fiscales. El Estado no lo administra para hacer negocios y vivir de sus ingresos.

La crisis de la subasta pura

Hoy, el modelo de subasta pura enfrenta crecientes cuestionamientos. En numerosos países, las exigencias de cobertura geográfica, niveles de inversión, requisitos técnicos y calidad de servicio se han trasladado a la fase previa de admisibilidad, configurando verdaderos “micro beauty contests” antes de la puja económica (subasta). 

Colombia y Brasil ofrecen ejemplos de subastas reconfiguradas, donde parte del valor se traslada desde el pago monetario hacia compromisos efectivos de infraestructura, especialmente en zonas rurales o de baja rentabilidad.

No obstante, estos diseños también generan riesgos. Si no se realizan las deducciones adecuadas, el espectro puede encarecerse y elevar los costos de inversión. A ello se suma que, en muchos casos, los operadores pagan dos veces por el mismo recurso: en la asignación inicial y mediante tasas anuales. No es casual que algunos hayan optado por devolver frecuencias, como Telefónica en México (2019-2022) y WOM en Chile (2024).

Subastas, gigabit y subdesarrollo

Esta discusión resulta particularmente relevante en América Latina. La liberación de mayores cantidades de espectro puede reducir la necesidad de desplegar más antenas y permitir mayores anchos de banda a menor costo. 

La comparación internacional muestra que, mientras Europa se ha fijado como sueño político alcanzar conexiones de 1 gigabit hacia 2030, sus velocidades promedio actuales aún se sitúan muy por debajo de ese umbral.

En términos concretos, la Unión Europea registra velocidades promedio de descarga en banda ancha fija del orden de 160 a 170 Mbps. En América Latina, en cambio, los desempeños son sensiblemente inferiores en dichas conexiones fijas. Países como México y Argentina alcanzan promedios cercanos a los 35 Mbps, mientras que Uruguay y Chile se sitúan en torno a los 80 y 90 Mbps.

Esta brecha en la calidad de la conectividad entre países ricos y países de la plebe —expresada principalmente en la velocidad efectiva de las conexiones— debiera ser considerada con seriedad al momento de definir las políticas de asignación del espectro radioeléctrico. 

No pocas economías de América Latina se debaten aún en condiciones de pobreza estructural, viviendo prácticamente al día, mientras otras naciones transitamos con los temores y vulnerabilidades propios de una clase media expuesta al riesgo permanente del retroceso social. 

En este contexto, mejorar los mecanismos de asignación del espectro —introduciendo, por ejemplo, elementos propios de la selección comparativa entre los requisitos de admisión a la subasta— constituye una decisión sabia y prudente para combatir parte del subdesarrollo. 

Esta política tendría como propósito expandir la capilaridad de las redes entre los territorios, ampliando así el acceso efectivo de la población a servicios de conectividad de calidad. Con esta medida, los gobiernos podrían reducir la brecha digital de acceso, que es el primer peldaño de las múltiples digital divides que azotan a nuestros queridos países de las Indias Occidentales.

CRC891

La Cámara Nacional de Radiodifusión (Canara), así como otros radiodifusores nacionales, presentaron una serie de objeciones técnicas y jurídicas al cartel de licitación publicado por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) para la adjudicación de frecuencias de radio y televisión en el país. 

Las objeciones, realizadas ante la Contraloría General de la República (CGR), detallan, entre otros aspectos, que el cartel no atiende los artículos 25 de la Ley de Radio y 29 de la Ley General de Telecomunicaciones y además, desconoce una serie de puntos declarados de interés público por la ley.

Leer más: https://crc891.com/nacionales/radiodifusores-impugnan-cartel-para-subasta-de-frecuencias-y-alegan-inconsistencias-ante-contraloria/

La industria tiene el desafío de sostener los niveles de inversión para aumentar la calidad y para incrementar la pisada de los servicios. Para lograrlo, Millicom y Telecom Argentina pidieron reglas claras, regulación a prueba de futuro y contribución justa en el marco de un evento en el que también se habló de la necesidad de revisar el proceso 5G de Paraguay para que toda la población disfrute de los beneficios de la plena digitalización.

“5G permite acelerar la competitividad. Paraguay cambió las reglas, eso no nos permitió participar e impidió a casi 80% de los clientes de telefonía móvil del país acceder a esa tecnología. El proceso no terminó, creemos que tiene que ser verificado. Estamos abiertos a colaborar, construir y revisar aspectos del proceso”, señaló Hernán Colombo, gerente de Regulación y Negocio Mayorista en Telecom.

En el marco de la Cumbre de Estados contra la Piratería, organizado por Certal en Asunción, el ejecutivo consideró, además, que “uno de los seleccionados (en referencia al prestador argentino Nubicom) no cumple con los requisitos de idoneidad para prestar un servicio de la complejidad y la importancia técnica de 5G”.

“Confiamos en que vamos a encontrar una salida que nos permita seguir avanzando como sociedad y como industria para llegar a que la revolución digital pase de página. Es crítico que esto se resuelva de una forma para que el servicio pueda estar al alcance de todos”, indicó en su turno Aldo Natalizia, director Regional de Asuntos Regulatorios y Sostenibilidad de Millicom.

Same service, same rules

Los operadores insistieron en la necesidad de revisar la normativa vigente en materia digital para que la industria pueda afrontar las inversiones que se requieren.

“Hoy el sector está inviertiendo 16% de las ventas en América Latina; se necesita un esfuerzo adicional y una conversación sobre el uso sostenible de la infraestructura”, subrayó Colombo al tiempo que pidió “mismas reglas para iguales servicios y menos regulación porque no podemos enfrentar el futuro digital con reglas del pasado”.

Natalizia coincidió al señalar que “tenemos vías de la carretera pero harán falta más y el 70% del tráfico están completas de estas empresas que hace uso intensivo de la red; eso un tema que hay que abordar”. 

Brecha de uso

Pablo García de Castro, de Asiet, sugirió “extender el diálogo público-privado para entender las fuertes transformaciones que ha sufrido la industria y cómo encarar el futuro para favorecer las inversiones”. Abogó por políticas públicas a favor de la inversión a partir del entendimiento de que la industria es habilitadora de la transformación digital y del desarrollo social y económico de los países.

Tras insistir en el pedido por “nivelar la cancha” en materia regulatoria, enfatizó sobre el desafío de la brecha de uso. “Buena parte de la población está cubierta y no accede (38% en el plano móvil según GSMA): un foco importante de la política pública tiene que estar centrada en la mejora de accesos a dispositivos y el desarrollo de habilidades digitales”, indicó García de Castro y valoró alternativas como el subsidio a la demanda.

Contenidos

Sadi Contreras, Comisionado de contenidos audiovisuales de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia (CRC), marcó en su turno que “nos centramos en los últimos 15 años en regular en lo que tiene que ver con infraestructura, tarifas o competencia pero se nos olvidó que el consumo está en los usuarios porque toda esa infraestructura funciona porque hay consumo”.

El ejecutivo resaltó la dificultad de generar normas en la materia porque “si un operador tiene una red en nuestro territorio es fácil regularlo pero con los contenidos la situación es distinta, en ese caso la globalidad hace que la soberanía de los territorios empieza a verse perdida”. En este contexto, Contreras insistió en que América Latina debe abordar desafíos en conjunto a partir de una noción de mercado único digital que le permita tomar mejores decisiones en clave de cooperación.

Fuente: Conatel

Este jueves se llevó a cabo la recepción de los documentos requeridos en el pliego de condiciones generales para la participación en la Oferta Pública, convocada desde la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), para el otorgamiento, a través de proceso de subasta, de los bloques de frecuencia CC’ DD’ FF’ GG’.

Los operadores que desean participar en el proceso de puja, consignaron la documentación en la sede de la Bolsa de Valores de Caracas, para que sea revisada por la Comisión de Oferta Pública, quién presentará un informe de recomendaciones al Consejo Directivo de Conatel, en aras de establecer y otorgar la cualidad de precalificados a los participantes que resulten evaluados de forma positiva.

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Fuente: Prensa Conatel

El sector telecomunicaciones ha presentado un crecimiento constante año tras año, hecho que ha llevado al Estado venezolano a ofrecer, a través de oferta pública en el mercado de valores, bloques de frecuencia para seguir potenciando el crecimiento de este motor.

Para el Dr. Carlos Herrera, superintendente nacional de valores, la subasta de los bloques de frecuencia CC’ DD’ FF’ GG’, “se está desarrollando al más alto estándar internacional”, tal como se realizan en otras naciones del mundo, destacando que “Venezuela se está posicionando a la par de los principales países que emplean sus mercados de valores para el desarrollo de subastas de distintos bienes”.

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La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil revisó las reglas de la próxima subasta de 700 MHz, incluyendo nuevamente la obligatoriedad de reubicación de bloques para permitir que las operadoras que ya poseen franjas en la banda cuenten con bloques consecutivos. La modificación, motivada por cuestionamientos de Vivo y Claro, sólo tendrá efecto en una eventual tercera ronda, cuando las grandes (Claro, Vivo y TIM) podrán participar.

Para Vivo, los bloques consecutivos garantizan ganancias de capacidad y throughput, permitiendo atender a más usuarios simultáneamente y mejorar la experiencia del cliente. Claro destacó que los eventuales costos operativos y la sustitución de equipos serían compensables dada la eficiencia obtenida y la necesidad de mantener un equilibrio competitivo.

El ponente, consejero suplente Daniel D’Albuquerque, determinó la modificación en el borrador del pliego, que ahora seguirá para análisis del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU). La tercera ronda de la subasta sólo se llevará a cabo si hay espectro disponible después de las etapas prioritarias para prestadoras de pequeño tamaño, que tienen precedencia en las dos primeras rondas.

La subasta preveía, en la primera ronda, 10+10 MHz en las subbandas de 708-718 MHz y 763-773 MHz, con bloques de 5+5 MHz en las rondas siguientes, reforzando la lógica de priorizar a los pequeños proveedores antes de la participación de las grandes.

Barcelona. Bolivia subastará en las próximas semanas espectro en 3.5 GHz para 5G en un proceso en el que el precio será “asequible” y habrá obligaciones.

Durante el Mobile World Congress (MWC) 2024, DPL News conversó con Néstor Ríos, director Ejecutivo de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) de Bolivia, quien señaló que los operadores “están realmente en un trabajo coordinado; hemos llegado a un punto de consenso técnico para alcanzar el proceso”.

En Bolivia, el marco normativo incorpora dos modalidades de asignación de espectro. Para las entidades estatales (Entel), se trata de una asignación directa; para los operadores privados, de una licitación. En ambos casos, se requiere el pago por la asignación. “Hemos trabajado para que sea bajo una visión de asequibilidad”, detalló Ríos.

En cuanto al cronograma, el titular de la ATT confirmó que la asignación directa se realizaría a finales de marzo y se espera que la licitación se efectúe en abril. Las obligaciones estarán basadas en servicios para educación, salud y para potenciar la industria del litio.

“Esperamos que las condiciones que demos involucren la innovación y el desarrollo de contenidos digitales que permitan desarrollar la industria del litio hacia el futuro. Creemos en la optimización y una Industria 4.0 para uno de los recursos más importantes que tiene Bolivia”, afirmó en relación a los beneficios que podría traer la nueva tecnología en ese sector.

Reconoció que el 5G está demorado en el país. Esto debido al trabajo requerido para consensuar los análisis y las metodologías de cálculo del espectro y las obligaciones que se están determinando para los operadores y otros actores de mercado con el fin de “contar con una implementación adecuada”.

Bolivia mantiene un avance continuo en el despliegue de la banda ancha fija y del Internet móvil, sin embargo, el reto está en acelerar este proceso, expresó el titular del regulador. “El despliegue de infraestructura es un tema que demanda priorizar medidas para promover las inversiones en el país. Un tema de brecha de inversión es urgente, hay que trabajarlo. Si bien el tema de acceso universal ha tenido grandes avances en cuanto a cobertura móvil, prioritariamente hacia las áreas rurales, nos encontramos también con un reto en el tema de brecha digital. Esto tiene que ir paralelamente de la mano del despliegue de infraestructura. Creemos que es necesario dotar de políticas y regulación que permita promover tanto la inclusión digital como las habilidades digitales”.

Consultado sobre las tendencias que se vieron en el MWC, Ríos destacó la discusión sobre el fair share: “Nos encontramos cerca de regular esos aspectos que definitivamente tienen que generar una sostenibilidad en la industria. El ecosistema digital es uno solo. Esa visión íntegra nos tiene que llevar a entrar a regular esos aspectos. Latinoamérica tiene que empezar a tomar una posición. No podemos estar esperando a ver lo que pasa en Asia o en Europa”.

En el marco de su trabajo frente a Regulatel (la ATT asumió la presidencia en diciembre pasado), dijo que trabajarán en la mejora regulatoria necesaria para abarcar temas como infraestructura, alfabetismo e inclusión digital. “Para trabajar una mejora regulatoria asertiva tenemos que promover la colaboración regional. Abordar desafíos comunes, como el fair share y otros aspectos que demandan que Latinoamérica tenga una posición, basado en un impacto regulatorio de adopción de medidas”, concluyó.

G5 Noticias

Un oficio dirigido a la Contralora General de la República (S), Dorothy Pérez, presentaron ante la Cámara Baja los diputados Jorge Alessandri (UDI), José Miguel Castro (RN) y Raúl Leiva (PS),  con el fin de que inicie un proceso de fiscalización y eventual sanción que conlleve a la caducidad de la concesión adjudicada por la empresa WOM S.A. en el concurso 5G.

Esto, explicaron los parlamentarios porque a la fecha de presentación de este oficio la concesionaria WOM tras adjudicarse el año 2020 el concurso 5G, no ha dado cumplimiento al proyecto técnico.

Al respecto, a juicio del legislador Jorge Alessandri “la situación es preocupante, considerando que, en el evento que se generen incumplimientos en las reglas contenidas en las bases, la Contraloría General de la República debe iniciar los correspondientes procedimientos sancionatorios que conlleven a la caducidad de la concesión y cobrar el importe total de las garantías asociadas a la correspondiente licitación”.

Leer más: https://g5noticias.cl/2024/03/06/diputados-ofician-a-contraloria-por-incumplimiento-de-la-empresa-wom-tras-adjudicarse-el-concurso-5g-sin-dar-a-la-fecha-cumplimiento-al-proyecto-tecnico/

En medio de las turbulencias que ha generado el decreto de ciberseguridad 5G, Huawei sí participará en la licitación del Grupo ICE para proveer la tecnología con la que construirá su red 5G en Costa Rica.

La gigante de telecomunicaciones afirmó que seguirá siendo parte del concurso de ICE, ya que la normativa de libre competencia así lo permite. La noticia fue dada a conocer por medios locales y confirmada por DPL News.

Huawei se presentará al concurso luego de que el gobierno emitiera un decreto que prohíbe la participación de empresas chinas en el despliegue de la tecnología de quinta generación.

Grupo ICE abrió a principios de este mes de noviembre un procedimiento de contratación para adquirir bienes y servicios para la implementación de su red 5G.

La paraestatal está buscando proveedores de suministros según la demanda, lo cual incluye elementos de radiofrecuencia, enrutadores para interconexión, adecuaciones de infraestructura móvil, sistema de gestión y core móvil 5G.

También contratará servicios civiles y electromecánicos, así como de capacitación, operación y mantenimiento para poner en marcha la tecnología 5G a nivel nacional.

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Históricamente, Huawei ha sido uno de los principales proveedores de ICE y en general del sector de telecomunicaciones en Costa Rica y América Latina.

Sin embargo, el gobierno tico aprobó un polémico decreto de ciberseguridad 5G que la dejaría fuera, dado que el nuevo reglamento restringe a los operadores a utilizar proveedores únicamente de países que se hayan adherido al Convenio de Budapest.

Dicho convenio se creó en 2004 y fue adoptado por Costa Rica en 2017. Aunque se trata de uno de los primeros acuerdos internacionales en materia de ciberseguridad, no están adheridos ni una tercera parte de los países del mundo.

China es una de las naciones que no han firmado el convenio, pero tampoco lo han hecho otros como Corea del Sur, Singapur y México.

Además, en la industria son ampliamente adoptados otros instrumentos y estándares de ciberseguridad más actuales, como las certificaciones de organismos internacionales.

Por esa razón, incluso la Asamblea General ha rechazado y cuestionado la decisión del presidente Rodrigo Chaves y la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes.

Destacado: Diputados de Costa Rica cuestionan el veto del Micitt sobre empresas chinas en 5G

Varios diputados han criticado que el veto del gobierno sobre las empresas chinas está motivado por cuestiones políticas en lugar de técnicas.

Incluso, Óscar Izquierdo, diputado del partido Liberación Nacional, dijo que impulsaría una investigación a mayor profundidad acerca de las motivaciones del gobierno.

“Me parece que queda absolutamente claro algunas cosas como conclusión: una es que esta es una decisión política, que faltan criterios técnicos y que creo que deberíamos de investigar más a fondo esta situación”, advirtió el diputado en octubre.

El decreto de ciberseguridad se dio a conocer en septiembre, después de una visita de Rodrigo Chaves a Washington, en la que el mandatario tico se comprometió a cooperar con Estados Unidos en ciberseguridad.

Desde principios de 2023, Costa Rica recibió una ayuda económica por parte del país nortemaericano para crear una línea base de ciberseguridad y fortalecer al país ante amenazas cibernéticas. Meses más tarde, Chaves se reúne con el presidente Joe Biden en La Casa Blanca.

Precisamente, Estados Unidos ha sido el país que, en la era de Trump, implementó restricciones a la tecnología china por considerar que representaba un supuesto riesgo a la ciberseguridad. La prohibición para Huawei en ese país se mantiene a la fecha.

Y aunque el gobierno estadounidense ha promovido que otras naciones hagan lo mismo, ningún país de América Latina había tomado ese camino hasta antes de Costa Rica.

No obstante, el escenario para un país latianoamericano es muy distinto. Estados Unidos tuvo que asumir altos costos para reemplazar los equipos chinos de las redes de telecomunicaciones.

Incluso, el presupuesto que asignó para el financiamiento de esa sustitución no ha alcanzado.

Aún no se sabe si Costa Rica pretende hacer lo mismo e impulsar un reemplazo tecnológico, pero difícilmente podría costearlo por sí sola.

Fuente: Prensa MinTIC

De conformidad con el cronograma previsto en el artículo 4 de la Resolución 3947 de 2023, modificada por la Resolución 4138 de 3 de noviembre de 2023 y la Resolución 4185 de 2023, el Ministerio recuerda que el día martes 14 de noviembre de 2023, a las 4 P.M., vence el plazo para la presentación de solicitudes de participación en el proceso de subasta. Ese día, a partir de las 4:01 P.M., se verificará el contenido de los sobres y se levantará un acta con esa información, en la Sala de Innovación del primer piso del Ministerio, para lo cual los interesados podrán asistir.

Se les recuerda a los interesados en presentar sus solicitudes de participación presentarse en el punto de radicación con el suficiente tiempo de antelación para realizar el trámite de radicación.

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