El proyecto de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión en México eliminó el apartado de propiedad cruzada. Sin embargo, no desapareció del todo, ya que fue trasladado a la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Competencia Económica, que propone crear la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA).

Se habla de propiedad cruzada cuando una empresa o un grupo de empresas del sector es propietaria de más de un medio de comunicación.

Bajo la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tiene la atribución de imponer límites a la propiedad cruzada de medios de comunicación y, en su caso, ordenar la desincorporación de activos, derechos o partes necesarias.

La ley de 2014 vigente cuenta con un Capítulo (IV) y cuatro artículos dedicados a la propiedad cruzada. 

El artículo 285 señala que en caso de que se impida o limite el acceso a información plural, el IFT tiene la facultad de solicitar a los concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica, indicar que se preste “el servicio de televisión restringida a canales de información noticiosa o de interés público”.

Asimismo, el concesionario debe incluir al menos tres canales con contenidos predominantemente de producción propia de programadores nacionales independientes, cuyo financiamiento sea mayoritariamente de origen mexicano.

En caso de que el concesionario incumpla estas acciones, el IFT (en la ley todavía vigente, la CNA en la iniciativa de ley) tiene la facultad de imponer límites a la concentración nacional o regional de bandas de frecuencias de espectro, al otorgamiento de nuevas concesiones de bandas de frecuencias y a la propiedad cruzada de empresas que controlen varios medios de comunicación, como lo estipula el artículo 286.

Para la imposición de estos límites, el artículo 287 señala que el IFT deberá considerar algunos aspectos, como la existencia de barreras a la entrada de nuevos agentes; la existencia de otros medios de información y su relevancia; las posibilidades de acceso de los agentes económicos y sus competidores a insumos esenciales que les permitan ofrecer servicios similares o equivalentes; el comportamiento previo de los agentes económicos que participan en dicho mercado; así como las ganancias en eficiencia derivadas de la actividad del agente económico que incidan favorablemente en el proceso de competencia y libre concurrencia en ese mercado y zona de cobertura.

No obstante, si las medidas impuestas no resultan eficaces, el regulador puede “ordenar al agente económico que desincorpore activos, derechos o partes sociales de los que sea titular, en la parte que sea necesaria para asegurar el cumplimiento de dichas medidas”, indica el artículo 288.

Del IFT a la Comisión Nacional Antimonopolio

La iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica fue entregada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al Senado de la República, a finales de abril de 2025. Dicha iniciativa contempla cambios en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

La principal modificación en la ley es la creación de la Comisión Nacional Antimonopolio (en sustitución de la Comisión Federal de Competencia Económica), un organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Economía, la cual “se sustituirá en todos los derechos, obligaciones y facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones, únicamente respecto de cualquier procedimiento en curso en materia de competencia económica, de preponderancia y de participación cruzada”.

La iniciativa de reforma da facultad a la Comisión Nacional Antimonopolio de imponer “límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica, y ordenará la desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento de estos límites”. Estas atribuciones pertenecen actualmente al IFT.

De aprobarse la reforma de ley en materia de competencia económica, lo relativo a la propiedad cruzada estará en el Capítulo II, con los mismos cuatro artículos (142-145) y prácticamente la misma redacción, a excepción de que se agregó que la Comisión Nacional Antimonopolio podrá solicitar opinión de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) para que ésta “ordene lo conducente en términos de las disposiciones jurídicas aplicables”.

Es por ello que organizaciones como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) propone que se restaure en sus términos el capítulo y articulado sobre propiedad cruzada, “aún cuando sea la nueva autoridad de competencia económica y libre concurrencia la responsable de regular esa materia en la legislación respectiva”.

La filial estadounidense de Lenovo presentó una demanda por infracción de patentes en contra de Asus, relacionadas con software, hardware y conectividad integrados en los equipos del fabricante taiwanés.

Lenovo presentó la demanda el pasado 15 de noviembre ante la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (ITC, por sus siglas en inglés). Según explica en un comunicado, la acción legal es consecuencia de la respuesta de ASUS presentada ante el Tribunal Regional de Múnich el pasado agosto, relacionada con tecnologías celulares, en que Lenovo había ofrecido un acuerdo de licencias cruzadas como solución.

“Lenovo es un firme defensor de los acuerdos de licencias cruzadas, las negociaciones abiertas y transparentes y las licencias dentro de la industria en términos justos, razonables y no discriminatorios (FRAND)”, afirma el fabricante chino. Aunque el litigio es siempre la defensa de último recurso, considera que es necesario proteger su propiedad intelectual.

“Cada vez más, estamos viendo a algunos licenciantes pasar por alto las discusiones de FRAND y confiar en su lugar en las amenazas para extraer regalías infladas y supra-FRAND de los licenciatarios. Creemos que un mejor enfoque implica respeto mutuo, apertura y equidad, y asistencia externa con FRAND si las negociaciones están en un punto muerto”, agrega John Mulgrew, consejero General Adjunto y Director de Propiedad Intelectual de Lenovo.

Lenovo destaca que invierte 2 mil 200 millones de dólares anuales en investigación y desarrollo, y recientemente anunció una inversión adicional de mil millones de dólares en innovación en IA. Actualmente cuenta con una cartera de más de 28 mil patentes con otras 14 mil solicitudes pendientes.

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El Ministerio de Justicia de Brasil envió un dictamen la semana pasada al Senado sobre los impactos en la competencia y en el consumidor con los cambios sugeridos en el Proyecto de Ley (PL) 3832/2019, del senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO). Para el Ministerio, la propuesta es positiva.

El proyecto de ley pretende modificar la Ley 12485/2011 (Ley SeAC) derogando los artículos 5 y 6, y permitiendo la propiedad cruzada entre “proveedores de servicios de telecomunicaciones, concesionarios y licenciatarios de radiodifusión sonora y de sonido e imágenes”. En la práctica, la legislación actual impide que un mismo grupo económico tenga poder sobre los proveedores de telecomunicaciones y los productores y programadores de contenidos.

El documento del Ministerio de Justicia aclara que, tal como está, la ley crea “barreras al proceso de convergencia entre audiovisuales y telecomunicaciones. Este modelo creó barreras e impidió la realización de economías de escala y alcance a favor de los proveedores de distribución de contenido, contrario a la dinámica sectorial del proceso de verticalización de capas que se viene dando a nivel internacional”.

Además, el reglamento impidió la actualización de la normativa de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) y la Agencia Nacional de Cine (Ancine) relacionada con el sector en los últimos años.

En cuanto a los intereses de los consumidores, el Ministerio sostiene que el cambio en la norma trae como beneficios “menores precios de los productos y servicios audiovisuales, al reducir los costos de transacción; acceso a productos de mayor inversión; y mayor lista de opciones para acceder a servicios más heterogéneos”. Los posibles riesgos para la concentración vertical están cubiertos por la legislación reguladora y antimonopolio vigente.

El documento también destaca una nota técnica del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) que analizó el proyecto del diputado Cardoso. Según el informe, el cambio podría tener efectos positivos en el mercado, y corresponde a las autoridades reguladoras y antimonopolio evaluar cada concentración de empresas que implique una integración vertical.

El comunicado adjunta opiniones del CADE, la Secretaría Nacional del Consumidor y la Secretaría de Defensa de la Competencia y la Competitividad, en las que se basó el documento.

Prioridad

Si bien el PL está en trámite desde 2019, el Ministro de Comunicaciones, Fábio Faria, ya indicó que la revisión de la Ley SeAC es una de las prioridades del gobierno federal, luego de la subasta de 5G.

En mayo, el Ministerio de Comunicaciones creó un Grupo de Trabajo para revisar la legislación. El objetivo es escuchar a todos los actores involucrados para presentar análisis que apoyen la actualización de la ley.

La Suprema Corte de Estados Unidos resolvió mantener algunas reglas relajadas sobre propiedad de medios que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) de la administración de Donald Trump estableció.

Con la resolución de la Corte, permanece sin aplicarse una regla que prohíbe a las empresas poseer dos estaciones de televisión en un mercado que no tenía al menos ocho estaciones de propiedad independiente.

Asimismo, las empresas podrán poseer dos de las cuatro principales estaciones en algunos mercados si la FCC otorga una exención.

La FCC también eliminó las prohibiciones separadas sobre la propiedad de un periódico impreso diario y una estación de transmisión en la misma área de cobertura, y sobre la propiedad de una estación de radio y televisión en un mercado único, por lo que todo ello estará permitido.

La corte de apelaciones había realizado un fallo que obligaba a la FCC a estudiar el impacto potencial que traería la propiedad en minorías en la industria de los medios y mujeres, sin embargo, los jueces lo revocaron por unanimidad.

La resolución se da tras años de quejas por parte de la industria de radiodifusión y legisladores republicanos, quienes presionaban para que los límites de propiedad se relajaran, pues consideraban que las restricciones estaban desactualizadas.

“La FCC pidió repetidamente a los comentaristas que presentaran estudios empíricos o estadísticos sobre la relación entre las reglas de propiedad y la propiedad de minorías y mujeres.

“A pesar de esas solicitudes, ningún comentarista presentó tal evidencia que indique que es probable que cambiar las reglas dañe la propiedad de minorías y mujeres”, comentó el juez Brett Kavanaugh.

Un reporte de Bloomberg señaló que Jack Goodman, un abogado de radiodifusión en Washington, había dicho que la decisión de la Corte no desembocará en una ola de adquisiciones de medios, sino que facilitará algunas transacciones entre radio y televisión, y ya no necesitarán deshacerse de propiedades para obtener la aprobación de la FCC.

“Es probable que la FCC, bajo el presidente Joe Biden, se mueva más lenta y cautelosamente para flexibilizar esas reglas de lo que lo hubiera hecho la Comisión bajo el expresidente Donald Trump”, comentó Matthew Schettenhelm, analista de Bloomberg Intelligence.

Jueces conservadores de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos mostraron su simpatía por una regulación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) que prevé flexibilizar las reglas de propiedad de medios de comunicación.

De acuerdo con un reporte de la agencia Reuters, en una teleconferencia los jueces mostraron una postura que apoya dicha flexibilización propuesta desde la administración de Donald Trump.

“Durante los argumentos sobre el caso, en teleconferencia los jueces conservadores hicieron preguntas que parecían indicar que creen que la Comisión Federal de Comunicaciones no se extralimitó en su autoridad al derogar ciertas regulaciones de propiedad de los medios en 2017. El tribunal tiene una mayoría conservadora de 6-3”, advirtió Reuters.

La información señala que los jueces considerarían las apelaciones que hizo la FCC, así como las que realizaron empresas como News Corp, Fox Corp y Sinclair Broadcast Group Inc y la Asociación Nacional de Radiodifusores, respecto a un fallo de un tribunal inferior que bloqueó los cambios en las reglas por no considerar los efectos sobre la diversidad de propiedad.

El reporte también detalla que la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos con sede en Filadelfia ha frustrado los esfuerzos de la FCC para revisar las reglas desde 2003 en una serie de decisiones.

Afirma que el juez principal John Roberts y otros jueces conservadores se centraron durante los argumentos en la obligación de la FCC de analizar exhaustivamente los posibles impactos en las mujeres y minorías.

Sin embargo, Roberts se preguntó si la FCC debería tener que justificar el cambio de su enfoque de una prioridad a otra que cree que es más importante, como la propiedad cruzada entre los medios impresos y de radiodifusión en lugar de la propiedad de minorías y mujeres, señaló Reuters. 

En 2017, la FCC liderada por los republicanos votó a favor de eliminar una prohibición vigente desde 1975 sobre la propiedad cruzada de un periódico y una estación de televisión en un mercado importante.

También votó para facilitar que las empresas de medios compren estaciones de TV adicionales en el mismo mercado, que las estaciones locales vendan tiempo publicitario conjuntamente y que las empresas compren estaciones de radio adicionales en algunos mercados.

Teletime – Samuel Possebon

A decisão do conselheiro Vicente Aquino de colocar em votação na Anatel o caso AT&T, que discute a questão das restrições à propriedade cruzada na legislação de TV paga no caso da operação de compra da Time Warner (hoje Warner Media), coincidiu com um outro movimento importante do mercado. Pela primeira vez, os grandes grupos de radiodifusão brasileiros, representados pela Abert e Abratel, se manifestaram sobre a possibilidade de revisão do artigo 5 da Lei do SeAC, e eles não se opunham, pelo menos até ontem, à derrubada do artigo. A manifestação foi feita no Senado, ao senador Arolde de Oliveira (PSD/RJ), que relata o PL 3.832/2019, e também ao Ministério da Economia, que está estudando o assunto e cogitou inclusive encaminhar ao Planalto a indicação de uma Medida Provisória para mudar a legislação de TV paga. O PL 3.832/2019, de autoria do senador Vanderlan Cardoso (PP/GO), propõe o fim das restrições.

Leer más: https://teletime.com.br/22/08/2019/radiodifusores-ja-concordam-com-fim-das-regras-de-propriedade-cruzada-na-tv-paga/

En Brasil se presentó un nuevo proyecto de ley (PL 4.507 / 2019) que propone cambios a las reglas de la TV de paga y la abolición de la restricción de propiedad cruzada entre los programadores de contenido y los operadores de TV.

La propuesta, autoría del Diputado Federal João Henrique Caldas, propone derogar el Artículo 5 de la Ley de Servicio de Acceso Condicional (SeAC) para que el control o la participación de más de 50 por ciento en las compañías de telecomunicaciones pueda ser

propiedad de concesionarios o de productores y programadores con sede en Brasil.

Caldas justifica que tales cambios serían en respuesta a la “gran revolución social” generada por la expansión de Internet fijo, “especialmente en relación con el consumo de información y el entretenimiento, con la aparición de servicios de transmisión bajo demanda”.

Según el diputado, este movimiento está siendo restringido por la legislación brasileña, impidiendo la entrada de “actores internacionales en el mercado brasileño, especialmente aquellos que producen contenido”.

Recomendado: AT&T sólo invertirá en Brasil después de la decisión del regulador sobre fusión con Time Warner

El Artículo 5 de la SeAC se considera un obstáculo importante para la aprobación de la fusión entre AT&T y Time Warner en Brasil, ya que el conglomerado controlaría tanto a los principales programadores de televisión de paga como al operador Sky.

Otras propuestas

El tema ha atraído la atención de los parlamentarios y del propio gobierno federal, que está estudiando una medida provisional con cambios bajo el cuidado del Ministerio de Economía.

La medida posibilitaría liberar la verticalización del sector, permitiendo que los operadores de televisión de paga controlen los canales y las compañías que producen contenido, y viceversa, como había sucedido hasta 2011.

En agosto, el senador Ciro Nogueira y el congresista João Maia también presentaron propuestas que incluían la derogación de la propiedad cruzada en la televisión de paga; el representante Paulo Pimenta sugirió que el contenido OTT idéntico a la televisión de paga comparte las mismas obligaciones legales impuestas al servicio.