El Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sancionó sin vetos el nuevo modelo de telecomunicaciones, para permitir la transformación de las concesiones de telefonía en autorizaciones, y la renovación de concesiones de frecuencia sin nuevas ofertas. La ahora ley 13.879 / 2019, fue publicada este 4 de octubre en el Diario Oficial.

Los principales cambios a la ley son:

• Permitir a los concesionarios de telefonía fija migrar al régimen de autorización, calculando la ganancia obtenida con el nuevo régimen, los activos reversibles y todo esto aplicado a los proyectos de banda ancha que se definirán. Si no optan por la migración, los concesionarios pueden renovar sus contratos más allá de 2025.
• Permitir a las empresas con autorización de uso del espectro renovar sin límites de concesión, siempre que se cumplan los requisitos y las contrapartes colocadas por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel). En el viejo modelo, la renovación sólo podía ocurrir una vez. Además, está abierta la posibilidad de un mercado de espectro entre empresas autorizadas, el llamado mercado secundario, en el que el intercambio de frecuencias se realiza directamente entre ellas.
• Las empresas que ocupan posiciones orbitales brasileñas pueden renovar sus autorizaciones sin limitación.
• La Ley del Fondo de Universalización de los Servicios de Telecomunicaciones (FUST) se ajusta para dejar en claro la no incidencia del impuesto sobre los servicios de radiodifusión.

El 11 de septiembre, el Senado aprobó el nuevo marco bajo el proyecto de ley PLC 79/2016.

El proceso de sanción estuvo rodeado de debate, ya que asociaciones e instituciones de proveedores de Internet de Brasil pedían vetos al nuevo marco legal. Para entidades, como Abramulti, Abrint, Apims, Apronet, Internetsul, Probahia, Redetelesul, Seinesba y Seinesp el proyecto aprobado no resuelve la demanda de Internet, afecta la competencia y perjudica a los consumidores.

Representantes de asociaciones e instituciones de proveedores de Internet de Brasil presentaron una serie de sugerencias de vetos al nuevo marco legal de telecomunicaciones (PLC 79/2016) durante una reunión con el Ministro Principal de la Cámara, Onyx Lorenzoni. Para las entidades, el proyecto aprobado no resuelve la demanda de Internet, afecta la competencia y perjudica a los consumidores.

“No creemos que el PLC 79/2016 sea la solución para la masificación de banda ancha. Por el contrario, si se sanciona según lo aprobado por el Legislativo podría comprometer la competitividad en el sector y, en última instancia, traer más daño que bien a los consumidores brasileños”, dice el documento firmado por Abramulti, Abrint, Apims, Apronet, Internetsul, Probahia, Redetelesul, Seinesba y Seinesp, en nombre de 12 mil empresas.

Los puntos cuestionados son: renovación automática para uso de espectro, posiciones orbitales y cálculo del valor de la adaptación al nuevo modelo a partir de los activos reversibles de la concesión de telefonía fija.

El PLC 79/2016 fue aprobado por el Senado el 11 de septiembre y está en espera de una sanción presidencial.

Activos reversibles

Los proveedores sostienen que el precio de concesión a autorización debe estimarse desde el primer día del inicio. Según el PLC 79, el monto será residual, en relación con la cantidad de operadores que esperan calcular con telefonía fija hasta la fecha de vencimiento de los contratos en 2025.

Piden que el valor de los activos reversibles se base en el patrimonio, no funcional, como siempre han argumentado la Anatel y los operadores.

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“El PLC pasa por alto las particularidades de los contratos de concesión, especialmente el hecho de que los bienes inmuebles, inicialmente considerados reversibles en otros aspectos por el fenómeno de la miniaturización, ya no son esenciales para la concesión como lo fueron antes. Esos mismos inmóviles, valiosos y voluminosos, en la perspectiva de hoy, en el dictado del párrafo uno, estarían fuera de la evaluación de la cantidad que se aplicará a los compromisos de inversión”, argumentan.

Renovación sucesiva del espectro

Los proveedores también ven una barrera para la competencia en artículos que tratan sobre la renovación sucesiva del espectro y la licencia de exploración satelital. Originalmente bajo LGT, las subvenciones podrían ser de 15 y 20 años, renovables por el mismo período una vez. El PLC abre la posibilidad de renovaciones sucesivas sin límite.

“Desde un punto de vista regulatorio, se supone que el mismo competidor se perpetúa en el mercado. Y sin ninguna restricción, aparte de los compromisos de inversión”, sostienen los proveedores.

Para las entidades, los artículos son inconstitucionales “porque restringen la participación de las empresas en futuras ofertas vinculadas a las frecuencias de radio y el derecho a operar satélites brasileños”.

La empresa española Telefónica, que opera en Brasil bajo la marca Vivo, está analizando la compra total o parcial de Oi, informó el periódico español El Confidencial.

El operador brasileño de telecomunicaciones Oi atraviesa un complicado momento financiero desde que se declaró en bancarrota en 2016; su capitalización bursátil asciende a 6 mil 700 millones de dólares.

Telefónica ya ha contratado a Morgan Stanley como asesor de la transacción, publicó el medio español, citando a fuentes cercanas a la operación. Asimismo, apunta que Telefónica, de adquirir la participación de Oi, ocurriría en un escenario de liquidación “ordenada” de los activos de Oi, vendiendo negocios a competidores locales o compañías extranjeras. El escenario sería más probable con la aprobación del PLC 79 por el Senado brasileño.

La ley reduce restricciones de las operadoras para la venta de activos y les permite poseer directamente activos de telecomunicaciones, como torres móviles y otros bienes inmobiliarios.

Oi

La división sería uno de los planes considerados por los accionistas de Oi, debido a los resultados operativos del segundo trimestre de 2019 que presentó pérdidas de mil 500 millones de reales. Dichos resultados triplicaron las pérdidas esperadas por los analistas y han incrementado la preocupación de las autoridades brasileñas por el futuro de este operador de telefonía fija y móvil. Sumando a ello las pocas expectativas de su plan estratégico que se centra en el acceso y el crecimiento de la banda ancha de fibra óptica en el segmento mayorista.

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La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) descartó una inminente intervención del gobierno en Oi. Al contrario, indicó que prefiere una solución de mercado para el operador, que posee una cuota de mercado de 18 por ciento.

Restricciones de compra

Vivo es el mayor operador de telefonía móvil de Brasil, con una participación de mercado de 32 por ciento. También es el tercero en banda ancha fija y el segundo en telefonía fija.

Se considera que esta posición impide la adquisición total de Oi, ya que Telefónica tendría preponderancia en todos los segmentos en los que opera, lo que requeriría el cumplimiento de las regulaciones de la Anatel sobre acumulación de espectro y poder de mercado, así como del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), en cuanto a concentración.

Sin embargo,  el Presidente de la consultora Teleco, Eduardo Tude, subrayó que con la reciente aprobación del PLC 79, “nada ha cambiado. Recientemente, la Anatel amplió el límite del espectro. La nueva ley crea un mercado de espectro secundario, pero no elimina estas restricciones, no toca el límite”, agregó.

El gobierno de Brasil estima que el cambio de concesiones de telefonía fija a autorizaciones, establecido en el proyecto de ley PLC 79/2016, podría inyectar 34 mil millones de reales en inversiones en el sector.

Dependerá de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) determinar las reglas de transición de los contratos de los actuales concesionarios.

El PLC 79/2016 fue aprobado por el pleno del Senado, ahora el presidente Jair Bolsonaro tiene menos de 15 días para la sanción.

Concesionarios

A diferencia del contrato de concesión, que requiere una licitación y no puede romperse unilateralmente, la autorización exime a la competencia pública, pero puede ser revocada en cualquier momento por las autoridades públicas. Oi, Telefónica, Embratel, Algar y Sercomtel, que también operan como concesionarios, ahora podrán migrar sus contratos.

Oi se considera el principal beneficiario de la medida. Actualmente, la compañía debe mantener teléfonos públicos fijos funcionando bajo pena de multa, en el cual gasta alrededor de mil millones reales al año en este sistema casi obsoleto. La compañía está en recuperación judicial con una deuda estimada en 20 mil millones de reales. Con el fin de la concesión, en 2025, debería estar bajo el mando de la Unión. Se espera que, con el cambio de reglas, la empresa sea más atractiva para los inversores.

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Con el nuevo texto, los concesionarios pueden solicitar a la Anatel que cambie el régimen. Se mantienen los plazos restantes para el uso de las bandas del espectro radioeléctrico.

El Sindicato Nacional de Empresas de Telefonía y de Servicios Móvil Celular y Personal (Sinditelebrasil) cree que la ley futura modernizará el entorno legal y regulatorio de las telecomunicaciones.

“Al mismo tiempo, aprovecha el potencial de la banda ancha móvil, asegurando la seguridad jurídica de las continuas inversiones en el uso de radiofrecuencia que ya permiten este servicio para millones de usuarios”, dice el sindicato. “Esta infraestructura de banda ancha será esencial para soportar el crecimiento de datos esperado en los próximos diez años, incluso debido a la llegada de la tecnología 5G”, agrega.

El reciente proyecto de ley PLC 79/2016, aprobado por el Senado de Brasil, busca actualizar el marco normativo anacrónico de las telecomunicaciones volviendo a centrar su atención en la universalización y masificación del acceso a Internet de banda ancha, señala Leonardo de Morais, presidente de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel).

A través de un comunicado, el presidente celebró la aprobación y afirmó que con el proyecto se promueve un entorno regulatorio seguro y moderno, que conduce a la innovación y la inversión en infraestructura de telecomunicaciones.

El cambio en el modelo sectorial representa una oportunidad única para realizar inversiones masivas en infraestructura, enfocadas y orientadas hacia la expansión de las redes de transporte y acceso, particularmente en los lugares más remotos y con menor disponibilidad de soluciones de conectividad.

Además de adaptar las concesiones de línea fija al nuevo régimen mediante compromisos de inversión, el nuevo paradigma regulatorio proporcionará la base para ofertar por bandas de radiofrecuencia para la expansión de la tecnología 4G y la introducción de 5G en Brasil.

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La Asociación Brasileña de Empresas de Telecomunicaciones por Satélite (Abrasat) también elogió la decisión y apunta que el nuevo marco influirá directa y positivamente en el desarrollo de la industria satelital en el país, con la posibilidad de renovar las posiciones orbitales sin el límite de una sola renovación, permitiendo la planificación a largo plazo.

El Sindicato Nacional de las Empresas de Telefonía y de Servicios Móvil Celular y Personal (Sinditelebrasil) destacó que “la aprobación del PLC 79/2016 moderniza el entorno legal y regulatorio del sector de telecomunicaciones al sentar las bases para la expansión de la banda ancha fija y móvil”.

Según el sindicato, que representa a los operadores de telecomunicaciones del país, “el nuevo hito permite inversiones obligatorias en soluciones obsoletas, como teléfonos públicos, para ampliar el acceso a Internet en áreas sin infraestructura adecuada para reducir las desigualdades”.

Dificultades

En opinión del Ministro Walton Alencar Rodrigues, del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), la Anatel tendrá enormes dificultades para estimar la cantidad que invertirá cada agente autorizado, sin saber qué son, dónde están y cuál es el valor de adquisición de los activos reversibles, o conocer el historial de cambios en estos activos.

Según el ministro, la Anatel nunca ha monitoreado las inversiones realizadas por los concesionarios o controlado efectivamente los activos reversibles, ni realizado el control económico-financiero de las concesiones, por lo que considera que la Agencia no tiene conocimientos básicos, ni seguridad mínima de los activos reversibles existentes en 1998.

En Brasil, la Comisión de Ciencia, Tecnología Comunicaciones e Innovación (CCT) del Senado aprobó el proyecto de ley de la Cámara 79/16 (PLC 79/16), que modifica la Ley General de Telecomunicaciones, para permitir la transformación de las concesiones de telefonía en autorizaciones, y permitir la renovación de concesiones de frecuencia sin nuevas ofertas.

La CCT también aprobó una solicitud urgente de que el proyecto siga inmediatamente a la Plenaria como cuestión prioritaria.

PLC 79/16

El proyecto de ley, que ha estado en el Congreso Nacional desde 2015, autoriza a los concesionarios de línea fija actuales a migrar al servicio privado, y detalla cómo debe calcularse el valor de los activos reversibles al gobierno federal para ser transferidos al sector privado. El valor de estos activos y otras obligaciones de concesión se revertirán como una obligación de inversión de banda ancha.

Los operadores de telecomunicaciones sostienen que una mayor seguridad jurídica sobre los activos reversibles y el fin de las obligaciones de telefonía fija tendrán el efecto de alentar más inversiones en la red, especialmente para expandir el suministro de conectividad a Internet. También celebran otro punto importante del proyecto, que permite renovaciones automáticas de frecuencias y satélites.

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“Se necesitará un trabajo muy cuidadoso en la regulación, incluso para la adopción de medidas de control de daños. Nos preocupa cómo se realizarán los cálculos y también la aplicación de la renovación automática de frecuencia. Por ejemplo, otras partes interesadas deben tener la oportunidad de hablar”, mencionó la Coordinadora de Relaciones Institucionales de Intervozes, Marina Pita, con respecto algunas preocupaciones del marco regulatorio.

Si el proyecto se aprueba nuevamente sin modificaciones por la Plenaria, se remitirá al presidente Jair Bolsonaro para su sanción.