La Comisión Mixta del Congreso chileno aprobó modificar el Código Penal para que el Ministerio Público pueda solicitar datos personales de cualquier ciudadano a todo proveedor de servicios sin orden judicial previa. Inmediatamente después de la aprobación -tramitación del proyecto disponible aquí-, la industria y la academia mostraron un fuerte rechazo a la iniciativa.

“El cambio propuesto, si bien se basa en motivaciones loables de perseguir actividades ilegales, va más allá de toda razonabilidad y viola derechos fundamentales de los ciudadanos instaurando un régimen de vigilancia que es totalmente inapropiado en una sociedad democrática”, dijo a DPL News el Director Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), Raúl Echeberría.

ALAI es uno de los firmantes del documento por el que se solicita revisar la decisión. También adscriben Internet Society, la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información (ACTI), la Sociedad Chilena de Seguridad de la Información, Derechos Digitales, Datos Protegidos, el Centro de Estudios de Ciberseguridad –Facultad de Derecho– y el Laboratorio de Criptografía Aplicada y Ciberseguridad de la Universidad de Chile.

“No hay mecanismos de transparencia ni rendición de cuentas que permitan controlar el uso de una herramienta de vigilancia que, además, puede ser usada para la investigación de delitos menores”, señala el escrito, que también cuestiona el deber de secreto por el cual será “imposible conocer con certeza el despliegue de intrusiones estatales que podría afectar el derecho a la privacidad y los ciudadanos y la labor de periodistas y sus fuentes”.

Con estos argumentos, los firmantes solicitan al Congreso rechazar “cualquier norma que pretenda dotar al Estado de mayores herramientas de vigilancia sin controlar los mecanismos necesarios para controlar su uso”. También se mostraron en contra de la iniciativa otras personalidades del sector, entre ellos el exsubsecretario de Telecomunicaciones de Chile, Pedro Huichalaf Roa, quien actualmente se desempeña como docente.

“Chile despertó”, “vamos a refundar el país” o “no son 30 pesos; son 30 años” fueron algunas de las consignas que se escucharon en las calles de la nación sudamericana en octubre del año pasado, en medio del estallido social a raíz de un aumento de 30 pesos al precio en el boleto del Metro de Santiago, que luego se extendió a un conjunto de exigencias sobre las desigualdades del país y la ilegitimidad de la actual Constitución Política, herencia del régimen militar de Augusto Pinochet.

Entre los reclamos de la población que buscan acogida en la formulación de una nueva carta constitucional, se escuchan demandas que ya tienen cierta longevidad en la agenda; entre ellas, el reconocimiento a la seguridad social como un derecho sustantivo, los derechos de los pueblos indígenas o incluso la definición de un Estado Social más que subsidiario.

Al debate también ha llegado un tema relativamente nuevo: la consideración del acceso a Internet como un derecho constitucional en el mundo contemporáneo. Sólo hace casi una década la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo declaró como un derecho humano, cuando el entorno digital, aunque en expansión, todavía no era lo que es hoy con su amplia gama de aplicaciones, plataformas y servicios, y una gran explosión en la transmisión de paquetes de datos.

Dos años después del pronunciamiento de la ONU, México consignó en el artículo 6 de la Constitución el derecho al acceso a las TIC, los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet, con el fin de integrar a la población a la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Si bien el país ha sido una referencia para otros en América Latina que quieren ir en la misma dirección, aún enfrenta un reto en materia de conectividad y adopción digital.

Se han generado, en los últimos años, una serie de discusiones en diferentes naciones sobre la importancia de consagrar el acceso a Internet en las constituciones, o elevarlo a un servicio público o esencial con leyes o decretos, según las diferentes posturas de legisladores, políticos y especialistas. Así está sucediendo ahora en Chile y Colombia, por ejemplo.

La ebullición social y las protestas en Chile, y ahora el contexto de la pandemia de Covid-19, han encendido el debate sobre lo que falta por adoptar en la ley, y, entre todo el cúmulo de exigencias, el acceso a Internet figura como “uno de los mejores candidatos a ser considerados un derecho nuevo e independiente”, dado que, además de ser necesario para la vida actual, es una herramienta de intermediación para otros derechos, explicó a DPL News María Paz Canales, directora Ejecutiva de la organización Derechos Digitales.

“Consideramos que puede ser beneficioso un reconocimiento directo del derecho de acceso a Internet a nivel constitucional (…), pero no es la única manera, sino que tiene que ver con cómo en el tiempo se actualizan las obligaciones del Estado en relación al cumplimiento y la satisfacción de otros derechos fundamentales”, expresó.

Para la asociación que lidera Paz Canales, la conectividad digital es un insumo para otros derechos y, por tanto, es esencial garantizarla. Y el diálogo para reconocer a Internet como un derecho debe llevarse a cabo, porque pone de manifiesto las preocupaciones de los habitantes sobre la relevancia de este servicio en el desarrollo social, económico e incluso político.

Las protestas del año pasado fueron motivadas por la desigualdad. El día de mañana, esa desigualdad será también digital, marcando una franja entre quienes están conectados y han cultivado competencias digitales y quienes no, afirmó en entrevista Pedro Huichalaf, exsubsecretario de Telecomunicaciones de Chile.

De manera abrumadora, este 25 de octubre ganó el “apruebo” en el plebiscito nacional con el 78 por ciento de los votos. Más de 5 millones 885 mil chilenos dijeron que sí quieren que se cree una nueva Constitución. Además de que el hecho es en sí histórico para la democracia, hubo una alta participación a pesar del confinamiento: más de la mitad de las personas salieron a elegir.

Ayer también se definió que la carta fundamental será redactada por una Convención Constituyente, formada por 155 ciudadanos elegidos de manera popular y en la que habrá paridad de género. Ahora será tarea de esta asamblea pensar en una Constitución hacia el futuro, proyectando en lo que vendrá en los años o décadas siguientes.

El especialista consideró que la tarea de la Convención Constituyente no consistirá en reflexionar únicamente en el acceso a Internet, sino en todo el conjunto de tecnologías digitales que estarán disponibles para los ciudadanos en el contexto de una Sociedad de la Información y el Conocimiento.

“No sólo van a redactar los típicos derechos constitucionales, sino también tienen que pensar en el Internet del futuro, sobre todo con la incorporación de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial (…); (tendrán que) entender el futuro y tratar de que Chile sea un líder en las políticas públicas”, señaló Huichalaf.

Paz Canales aseveró que en el texto deberá haber un reconocimiento acerca del impacto de la tecnología en el ejercicio de los derechos ya existentes, como la libertad de expresión, la privacidad, la protección de los datos personales, a la no discriminación, el acceso a la salud, la educación y otros tantos. En la actualidad son atravesados por las tecnologías, por lo que es importante vincularlas en la normativa.

Además, en este momento el Senado estudia una iniciativa para declarar el acceso a Internet como un servicio público, lo cual busca propiciar que el Estado asuma cabalmente la obligación de fomentar su adopción universal. En mayo, la Sala de Sesiones del Senado aprobó en primer trámite el proyecto de ley, el cual data de dos años atrás, cuando dos legisladores presentaron una moción para incluir un número en el artículo 19 de la Constitución, en el que se definiera a Internet como un servicio público.

El objetivo de declararlo así, y ahora también como un derecho, renació en Chile en medio de la contingencia provocada por la Covid-19, pues se ha puesto de manifiesto la relevancia de la conectividad y las redes. Los legisladores confían en que debe determinarse como una necesidad básica, a fin de que en un plazo de seis meses, a partir de la solicitud del usuario, las empresas estén obligadas a prestar efectivamente la conexión.

Pero no bastará con ser derecho…

Los expertos en materia digital coinciden en que el debate sobre el derecho a Internet es trascendente como parte del proceso histórico que se avecina en la nación, pues es la primera vez que se le preguntó a toda la ciudadanía si quiere una nueva Constitución, y será partícipe del proceso.

Sin embargo, no bastará con incluir en la carta fundamental el derecho al acceso a Internet para garantizar la conectividad universal, zanjar la brecha digital y mirar hacia el futuro de las tecnologías digitales, la transformación digital, la Cuarta Revolución Industrial y la economía digital.

En la práctica, se requiere, no necesariamente un reconocimiento constitucional, sino políticas públicas efectivas, orientadas a resolver concretamente las deficiencias en el acceso y la apropiación de las TIC. Escribirlo no es una fórmula mágica, apuntó la directora Ejecutiva de Derechos Digitales.

“La discusión, más que legal, tiene que ser práctica”, porque sin ello, de adoptarse como un nuevo derecho social, se corre el riesgo de que sólo quede plasmado en el papel, advirtió el exsubsecretario de Telecomunicaciones. También será clave observar cómo se materializará la aspiración del derecho en acciones, en regulación, recursos financieros, proyectos y alianzas con la industria.

Para Paz Canales, “lo más importante de la discusión es poder incorporarlo de manera más seria y más profunda en las políticas públicas en Chile y América Latina en general. La conversación sobre acceso se ha dado en múltiples ocasiones antes, pero al final caímos en el espejismo de que hubo, durante los últimos años, grandes expansiones en la conectividad de nuestra región, pero que estuvieron de la mano de un modelo eminentemente comercial”.

Ambos expertos, desde sus ámbitos de acción en el entorno digital, destacaron que el esquema comercial bajo el que funcionan las telecomunicaciones tiene que ser revisado y se debe optar por mejoras regulatorias, con una visión más inclusiva, innovadora y en cooperación con el sector privado.

Huichalaf explicó que si bien existe el libre mercado, el Estado debe comprometerse con las políticas públicas, al financiar proyectos de conectividad; asegurarse de que la infraestructura de fibra óptica sea abierta y neutral; generar una red local de última milla; así como otorgar ciertos subsidios a la demanda.

Asimismo, puntualizó que podría diseñarse una regulación más específica para el mercado de Internet, pues no la hay hasta ahora como sí está presente en la telefonía, y asignar el espectro radioeléctrico buscando beneficios sociales, con contraprestaciones por parte de los operadores. Recién en el país se dio luz verde al Reglamento de la Ley de Velocidad Mínima Garantizada de Acceso a Internet, mediante el cual se establecen niveles mínimos de rapidez en la banda ancha.

En tanto, Paz Canales subrayó que es necesario buscar alternativas al modelo comercial predominante; desarrollar regulaciones que favorezcan la instalación de redes comunitarias, disponer de suficiente espectro para esos otros esquemas, como el Wi-Fi de acceso público; promover a los WISP; aprovechar los espacios en blanco de frecuencias en las políticas de conectividad; o fortalecer las redes en las instituciones públicas como las escuelas.

Más allá del acceso básico, en un sentido amplio, hay que apuntar a lograr una conectividad significativa. Las cifras muestran que Chile es un país de alto nivel de conectividad en la región latinoamericana, pero esos datos no coinciden con la meta de que los usuarios gocen de libertad en la red, estabilidad al conectarse, velocidad adecuada, suficiente cantidad de datos, dispositivos, de manera asequible y, en general, herramientas suficientes, comentó.

Arriba del 98 por ciento de la población en el país cuenta con acceso al Internet móvil, mientras que sólo 56.8 por ciento tiene banda ancha fija en sus hogares. Incluso, la Subsecretaría de Telecomunicaciones ha señalado que los esfuerzos tienen que intensificarse en el Internet fijo y mejorar la calidad de los servicios en términos de conectividad.

Sin aún incluirse el acceso a Internet como un derecho constitucional en el país sudamericano, los niveles de penetración de Internet son más altos respecto a otros mercados. En México, por ejemplo, donde desde hace años ya es parte del catálogo de derechos, 70 por ciento de la población sí está conectada y el resto no. Y en las zonas rurales, más de la mitad (52.3%) no usa Internet.

En ese sentido, la meta final no tendría que ser el derecho por sí mismo, sino que la demanda social por la igualdad de oportunidades que puede habilitar el acceso a Internet y a las TIC debe prolongarse a las políticas públicas y a exigir una estrategia nacional de vanguardia, la cual ponga el foco en la conectividad como un primer escalón para alcanzar los beneficios más amplios que promete la nueva era digital.

La travesía por la definición de nuevos límites de espectro culminó hace dos semanas con el fallo de la Corte Suprema. Más de 10 años después de que se adoptaran topes de 60 MHz en la licitación por la banda AWS ―que luego se extendió a todo el mercado a raíz de una sentencia en 2018―, Chile tiene caps porcentuales y no numéricos, lo que los dota de cierto dinamismo debido a que se pueden adaptar a la transformación tecnológica.

Se trata de un salto evolutivo en la distribución del recurso radioeléctrico, desde un límite de tenencia fijado en 2009 durante la implementación de las redes 3G hasta el inicio del despliegue de la tecnología 5G, para lo cual la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) ya está alistando una subasta.

En las bandas bajas (inferiores a 1 GHz), la Corte estableció un tope de 32 por ciento de espectro por operador; en las medias bajas (1 a 3 GHz), 30 por ciento; en las medias (3 a 6 GHz), 30 puntos; en las ondas milimétricas (mayores a 24 GHz), 25 por ciento; mientras que las frecuencias medias altas quedaron sin un límite.

Pedro Huichalaf Roa, exsubsecretario de Telecomunicaciones de Chile, dijo a DPL News que la resolución de la Corte es importante “porque se resolvió una duda que existía” respecto a si el tope de frecuencias se refería desde un principio sólo al mercado de voz o también incluía al de datos; contribuye a evitar concentraciones artificiales del recurso, y habilita a un cuarto competidor en los servicios móviles.

“Ya existe una mayor certeza”, claridad y transparencia para las futuras asignaciones de espectro, incluida la de 5G, explicó el especialista. En su momento, la “Subtel no tuvo una orientación clara” sobre cómo resolver la controversia, luego de que la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) interpuso una causa contenciosa tras el concurso por la banda de 700 MHz, al argumentar que los operadores participantes habían excedido el límite anterior de 60 MHz.

Rodrigo Ramírez Pino, presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital y también extitular de la Subtel, afirmó que la delimitación de nuevos caps sirve para que las empresas incumbentes no tengan que recurrir permanentemente al TDLC cada vez que deseen participar en licitaciones; impide que las compañías posean cantidades indiscriminadas por banda de frecuencias, y propicia que los jugadores más pequeños se encuentren en condiciones de competir en la asignación de espectro.

Aunque la Corte Suprema ratificó buena parte de la revisión del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), basada en la propuesta de la Subtel, disminuyó tres puntos porcentuales el tope para las bandas bajas que había definido el Tribunal, acogiendo así los recursos de reclamación promovidos por Conadecus y Netline Mobile contra el TDLC.

WOM ha sido el más interesado en obtener derechos de uso en la banda de 700 MHz para tener “un juego competitivo en la implementación y desarrollo del mercado móvil” y mejorar su oferta de servicio, pues la empresa considera que “el espectro no está equilibrado de manera equitativa”, ya que los tres grandes operadores –Entel, Movistar y Claro– sí tienen licencias en dicha banda, según dijo el Director Ejecutivo de la firma, Christopher Laska, a DPL News en una entrevista a inicios de año.

Dado que en las bandas bajas hay 160 MHz (en 700, 850 y 900 MHz), el límite de 32 puntos porcentuales equivaldría a 51 MHz. Ramírez Pino puntualizó que en este rango de frecuencias “el escenario de competencia es bastante limitado”, pues dos operadores tienen 45 MHz y uno 50 MHz, por lo que WOM sigue dependiendo de que se ponga a disposición el bloque de 20 MHz con que cuenta el Estado, pero que se encuentra reservado a la red de emergencia.

Condiciones complementarias

La Corte Suprema también incluyó condiciones complementarias para el reparto del espectro, las cuales había planteado inicialmente el regulador, pero el Tribunal decidió no incorporarlas. Entre éstas, se encuentra el roaming nacional, obligatorio y temporal que los proveedores deben ofrecer a otros competidores entrantes, y el mandato de dar facilidades y reventa de planes para operadores móviles virtuales.

Igualmente, se contempla el monitoreo permanente de las obligaciones por parte de la Subtel y la Fiscalía Nacional Económica; la entrega de un plan de uso efectivo y eficiente del espectro para quienes quieran participar en una futura licitación; así como la disposición de que, previo a una subasta, se analizará si los incumbentes pueden ocupar para la nueva tecnología sus frecuencias preexistentes.

Huichalaf Roa expuso que la sentencia de la Corte Suprema incluye algunas medidas complementarias sobre temas en los que, en paralelo, ya está surgiendo regulación; por ejemplo, en junio el Senado chileno aprobó el proyecto de Roaming Automático Nacional, el cual dicta a grosso modo que las empresas de telecomunicaciones deben compartir sus redes para ampliar la cobertura de los servicios en el país. En ese sentido, Ramírez Pino consideró que “el impacto está bien resguardado”.

El paquete de medidas “ratifica el espíritu que se ha tenido de siempre” (de regulación y competencia) y es una acción positiva para los proveedores del mercado tanto del segmento minorista como mayorista, señaló Huichalaf Roa. Todas estas condiciones complementarias y sobre los topes deberán contemplarse en el diseño del concurso de frecuencias para 5G, por lo que la Subtel decidió esperar hasta conocer el fallo del tribunal colegiado para lanzar las bases de la licitación, que podrían publicarse este mismo sábado.

Los operadores interesados en conseguir licencias para 5G tendrán que entregar un plan de uso efectivo del espectro actual y futuro, lo cual complica que VTR pueda participar, si lo desea, en la subasta, coincidieron los expertos. La compañía cuenta con 6.38 por ciento del total de las frecuencias asignadas hasta ahora y sólo posee 0.99 por ciento del mercado de voz y 1.28 puntos en el de datos, ante lo cual surge la duda respecto a si está aprovechando a cabalidad su espectro.

De no ser el caso, la sentencia de la Corte dictamina que el concesionario tendría que devolver el recurso al Estado, o ponerlo a disposición de terceros. Años atrás, el organismo regulador ya había propuesto aplicar una multa a VTR por no ejercer un uso eficiente del espectro, pero ahora ya existe una certeza jurídica sobre cómo se debe proceder en esas circunstancias, indica Huichalaf Roa.

Devolución en la banda de 3.5 GHz

El origen del camino para fijar nuevos topes de espectro comenzó con una sentencia de la Corte Suprema en 2018, en la que concluyó que Movistar, Entel y Claro habían infringido el cap vigente al adjudicarse espectro en la subasta de 700 MHz. En ese momento, no estaba claro si el tope de 60 MHz sólo se refería a la banda AWS o se extendía a todos los rangos.

A raíz de ese fallo, se ordenó a los tres operadores que se desprendieran del recurso excedente para ajustarse al límite. En un inicio, las empresas protestaron contra el dictamen, puesto que la enajenación podría afectar la calidad de los servicios móviles prestados a los usuarios.

Sin embargo, finalmente terminaron por acogerse a la disposición y a finales de 2019 eligieron la banda de 3.5 GHz ―congelada por la Subtel a mediados de 2018― para entregar las frecuencias excedentes en su poder. El proceso no implica que renuncien por completo a ese recurso, sino que se acogieron a la modificación de sus títulos de concesión.

Para Ramírez Pino, este proceso de ‘devolución’ que aún está en curso “de cierta manera les vendría a afectar (a los operadores) en la cartera de espectro donde son titulares para poder optar a nuevas concesiones” durante la próxima subasta 5G. “Quien tenga tecnología operando en la banda de 3.5 GHz y quiera reconvertirla deberá cumplir con las condiciones de la nueva licitación”, apuntó Huichalaf Roa.

La Subtel planea subastar frecuencias en la bandas AWS (1.7/2.1 GHz), 3.5 GHz, 28 GHz y posiblemente el bloque restante en la banda de 700 MHz. No obstante la controversia por la enajenación de las frecuencias, las empresas incumbentes (Claro, Movistar y Entel) tendrán acceso a la banda media identificada como clave para 5G, la de 3.5 GHz, al modificar sus concesiones y ajustarse a las condiciones de la nueva licitación.

Toda la revisión y disputa sobre los topes de tenencia espectral que llegó hasta la Corte Suprema retrasó el cronograma del regulador para sacar a concurso el espectro para el despliegue de tecnología de quinta generación, aunado a las turbulencias generadas por la pandemia de Covid-19.

Aún así, Chile se prepara para lanzar su primera licitación 5G antes de que finalice 2020, lo que lo pondría a la vanguardia tecnológica en América Latina, mientras otros países como Brasil y México están aplazando las asignaciones de espectro en el contexto de la contingencia. En opinión de Huichalaf Roa, “no importa tanto ser el primero o segundo en adoptar la tecnología, sino hacerlo de forma correcta” y Chile va por buen camino.

Uno de los efectos de la pandemia mundial son las medidas tan estrictas como mantener distancia social, cuarentenas obligatorias y limitación de reuniones tanto en actos públicos como privados.
Se suma a esto la suspensión de clases para estudiantes y la implementación del teletrabajo para aquellas labores que son posibles de realizar con medios tecnológicos.

Esta situación ha demostrado cómo la necesidad de mantener las comunicaciones, de informarse constantemente y de seguir realizando labores productivas y educativas tiene como pilar la conectividad digital, especialmente el acceso a Internet.

Chile se ha destacado por tener en la región una tasa de conectividad elevada, donde más de 95 por ciento de la población tiene la posibilidad de contar con algún servicio de conectividad. Sin embargo, por diversas razones (como precio, interés de uso, etcétera) son menos los conectados, y si hablamos de conectividad fija al hogar (ADSL, cable, fibra óptica), ésta baja casi a 50 por ciento.

Por el contrario, el aumento del tráfico de Internet en Chile, que naturalmente aumenta año con año, por efecto de la pandemia de Covid-19 y el confinamiento en hogares ha aumentado entre 30 a 40 por ciento, aunque proyecciones de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) visualizan un alza de 60 por ciento para 2020.

El principal motivo de este aumento de tráfico es porque se utilizan en mayor medida aplicaciones y servicios de audio y video (Netflix, YouTube, juegos en línea, videoconferencias como Zoom, etcétera). Esto ha generado como efecto que en determinados horarios, zonas y circunstancias la calidad del servicio de Internet haya generado problemas para muchos usuarios.

De hecho, ha aumentado considerablemente la tasa de reclamos por personas a través de redes sociales contra empresas de telecomunicaciones, lo que ha obligado a la Subtel a iniciar procedimientos de cargos contra algunas de ellas.

Sin embargo, lamentablemente la autoridad regulatoria no está cumpliendo su labor en relación con tener un reglamento de calidad de servicio que permitiría directamente a las personas saber si la calidad de su servicio es insuficiente y solicitar indemnizaciones por ello.

Sólo debemos recordar que este reglamento es una obligación que surge de la Ley de velocidad mínima a Internet aprobada hace más de dos años, por lo que no tenerlo vigente en un momento como éste, va en directo perjuicio de los usuarios. Incluso la última información al respecto es que se ingresó un borrador ante la Contraloría y que la Asociación de Telefonía Móvil (Atelmo) lo estaría impugnando por su inadecuada formulación.

Sin embargo, la discusión sobre la importancia de Internet debería centrarse en lo que el estallido social nos mostró y que el coronavirus reforzó: que la desigualdad en todo ámbito, en especial el acceso a las tecnologías como Internet, debe ser considerada y debemos tener un Estado que se preocupe por el bienestar de todos los chilenos.

Es por eso que el inicio de la discusión en el Senado del proyecto de ley que establece a Internet como un servicio público es fundamental para tener una mirada de país integradora y de futuro, donde no debiésemos tener, como hasta ahora, personas desconectadas o con capacidades muy limitadas para acceder a Internet.

Estudiantes sin capacidad de acceder a contenido educativo en línea, trámites que sólo es posible realizar por Internet (como sacar salvoconductos en comisaría virtual), que por costos muchos no pueden acceder, adultos mayores y personas sin competencias para utilizar plataformas, siguen un patrón común.

El mercado de las telecomunicaciones y su expansión no sólo debe quedar en manos del libre mercado y los privados, deben existir políticas públicas integradoras, buscando eliminar las desigualdades y en las que leyes como el proyecto de Internet como servicio básico deben ser promovidas, incluso a nivel constitucional.

Lo que trata de establecer este proyecto, iniciado por mensaje de la Presidenta Bachelet en el Boletín 11632-15 (cuya propuesta se basa en una moción presentada por los senadores Guido Girardi y Manuel José Ossandón, que busca incorporar un numeral en el artículo 19 de la Carta Fundamental para consagrar el derecho al acceso a Internet y la especial protección a la vida privada en ambientes digitales, cuyo proyecto disponible en el Boletín N° 11037-07 no ha avanzado), y que sólo ahora, a más de 2 años de presentado se analiza, es cómo se establece un principio para tener a Internet como un servicio público o básico, obligando finalmente al Estado a promover políticas, regulaciones y en la práctica destinando financiamiento para que un Internet de calidad y alta velocidad esté disponible para cualquier ciudadano, sin importar el lugar geográfico en el cual se encuentre.

Es por ello que llama la atención cómo las actuales autoridades del gobierno, encabezadas por la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, en sesión virtual de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, haya manifestado sus reparos al proyecto y dijo estar en contra de la forma como se plantea. Incluso fue respaldada por la actual Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, quien incluso erróneamente señaló que la palabra “Internet” no está ni siquiera considerada en la Ley de Telecomunicaciones (lo que es completamente falso).

Viendo la sesión en cuestión, cualquiera se da cuenta del error de la ministra al confundir el acceso a Internet como servicio público (es decir, como servicio básico, como el agua, la luz, el transporte público), creyendo que lo que se buscaba es que el Estado tuviera una empresa estatal de telecomunicaciones (o un organismo público). Este tipo de errores conceptuales no son aceptables en quienes conducen las políticas públicas y debemos reflexionar sobre la importancia que se tiene en el gobierno del derecho de acceder a Internet.

Lo curioso de esta situación es que incluso parlamentarios del gobierno, como el senador Chahuán, se han manifestado abiertamente a favor de este proyecto. Y otros como el senador Letelier han publicado columnas llamando a una discusión sobre el punto, a pesar de que el gobierno ha insistido que medidas como su Plan Solidario de Conectividad (el cual es absolutamente limitado en cuanto a beneficiarios como a calidad de Internet ofrecida) va en la dirección a reducir esta brecha, lo que claramente es insuficiente.

Es relevante que este tipo de iniciativas legales se vean acompañadas por acciones concretas que vayan en esa dirección. No tan sólo con aquellas que pueden beneficiar a la industria, incluso a tecnologías que aún no están presentes en Chile como 5G (como la noticia de que la Subtel realizó cambios para acelerar la construcción de antenas), mientras que otras medidas prioritarias para los usuarios como el mismo reglamento de calidad de servicio a Internet, la postergación del fin del roaming con Argentina, no avanzar hacia que ciertos trayectos de fibra óptica sean considerados infraestructura crítica o la puesta en marcha real de la fibra óptica austral, entre otras iniciativas, no sean adecuadamente impulsadas por la autoridad.

Llamamos desde acá a una discusión y acción. La transformación digital, el teletrabajo, el e-learning o educación a distancia, la telemedicina, un gobierno digital y trámites de todo orden en línea ya están presentes. Existen chilenos que no están siendo considerados, muchas veces por el mercado, pero tampoco por el gobierno. Estamos en el momento preciso de fijar prioridades, porque si pasa más tiempo se sumará otro elemento de desigualdad aún más absoluta y que serán los conectados y los desconectados. Los informados y los desinformados, los incluidos y los excluidos de la red.

La promesa de la futura tecnología 5G es realmente llamativa. La industria, los gobierno y hasta el World Economic Forum mencionan que transformará el mundo. Esto porque promete velocidades hasta 100 veces más rápido que 4G, pudiendo descargar películas de alta definición en segundos. Promete ser una tecnología más ecológica al hacer que las baterías del teléfono duren más tiempo y consuman mucha menos energía que 4G, lo que significa menos emisiones de CO2, con dispositivos que durarán más entre cargas.

En materia de salud, podrá proporcionar asistencia médica en cualquier momento y en cualquier lugar, permitiendo control en tiempo real para cirugías remotas y entrega de suministros médicos en áreas remotas a través de drones conectados. También 5G nos permitirá monitorear la calidad del aire en las ciudades en tiempo real, para que existan respuestas rápidas a los riesgos de la calidad del aire e informar a residentes directamente en sus teléfonos inteligentes. También proporcionará una conexión confiable en lugares de difícil acceso; así, en sector minero, se podría usar 5G para conectarse a cualquier parte del mundo, lo que permitirá que la extracción minera será más segura y productiva. Al mismo tiempo, 5G habilitará vehículos y máquinas controlados remotamente, reduciendo la necesidad de que los humanos estén en lugares peligrosos en tiempos peligrosos. Todo esto ha generado la expectativa de que la incorporación de 5G será tan revolucionario como la electricidad o el automóvil.

Todo esto ha despertado el interés de los gobiernos por avanzar en las condiciones técnicas y regulatorias hacia la pronta incorporación de 5G, en una verdadera carrera armamentista, entendiendo la palabra “armamentista” no en sentido militar, sino de el “armar” redes de esta tecnología en sus respectivos países.

Esto ha hecho que varias autoridades regionales hayan autorizado pruebas experimentales. Otras han comenzado con despeje de frecuencias, generando algunos inconvenientes sobre todo en espectro ya entregado con anterioridad. Incluso otros ya han avanzado en licitaciones o puesta en marcha de uso de frecuencias con nombre 5G, pero que aún dista de tener la calidad y efectos prometidos.

Esta efervescencia ha sido impulsada claramente por el interés de las empresas de obtener espectro, intangible necesario para el desarrollo de esta nueva generación de telecomunicaciones. También apoyada por organizaciones gremiales de las empresas que fortalecen el discurso. Sin embargo, los distintos países ven esta nueva tecnología como medio con fines recaudatorios o para generar mayor competencia, cuando finalmente no se ha clarificado aún cómo rentabilizar las nuevas redes, considerando las inversiones que será necesario realizar, sobre todo por el desafío de aumentar el número de radioestaciones base para el despliegue efectivo de los servicios.

Este fenómeno de armar o desplegar la nueva red se ve acelerado sobre todo con el lanzamiento comercial que realizó Corea del Sur y que da el argumento a varias autoridades para tener como meta lo antes posible contar con la puesta en marcha de 5G.

Así, según proyecciones de la industria, en los próximos 15 años será justamente este país el que posea casi 60 por ciento de los sectores productivos utilizando 5G. Lo seguiría EEUU con 50 por ciento. Más atrás estarían la Unión Europea y China con casi 30 por ciento y América Latina usaría 5G en casi 10 por ciento de sectores productivos, por lo que cualquier retraso podría significar un impacto económico.

No debemos olvidar, al mismo tiempo, que la mayoría de los países, sobre todo los de Latinoamérica, son consumidores de tecnología y no productores de la misma, por lo tanto, deben estar atentos a los vaivenes de cómo será la verdadera lucha por determinar qué nación o economía tendrá el control sobre 5G.

Así, la faceta real de la palabra “armamentista” podría también aplicarse a las actuales disputas económicas entre EEUU y China. Para muchos analistas, la batalla desatada por EEUU por tener el control de la quinta generación del móvil provoca un verdadero conflicto geopolítico, y nos encontraríamos en una nueva guerra fría, en la cual la incorporación de Huawei (el mayor proveedor de redes 5G del mundo) dentro en la lista negra (Entity List) de empresas que pueden atentar contra la seguridad norteamericana, ordenado por el propio presidente Donald Trump, sería sólo el último episodio de este conflicto.

El principal argumento que esboza Trump sería justamente en la denuncia de que el fabricante chino diseñaría sus redes y tecnología bajo la guía del gobierno chino, creando capas ocultas (o puertas traseras) que le permitan controlar o espiar las comunicaciones cuando sea necesario.

Considerando la hipótesis de esta guerra fría, aún no se tiene certeza respecto a bloques o alianzas que se formarían, aunque es de público conocimiento que EEUU ha desplegado toda su artillería diplomática encabezada por su Secretario de Estado, Mike Pompeo, que ha visitado países de América Latina y Europa, advirtiendo sobre las consecuencias de instalar tecnología 5G china.

A consecuencia de ello, hasta el momento los gobiernos de Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Japón se han alineado con EE UU. Por el contrario, el operador de telecomunicaciones más grande de Rusia (validadas por el gobierno) firmó un acuerdo con Huawei, para desarrollar tecnologías 5G y lanzar una red de quinta generación en Rusia el próximo año.

Por otro lado, la Unión Europea no tiene una posición única. Reino Unido está debatiéndose si unirse al veto; Francia y Alemania han abierto investigaciones sobre las redes de Huawei, y España no tiene una posición definida, a la espera de la respuesta común que adopte la Comisión Europea, que aún no llega.

Respecto a los países de América Latina, al menos las economías más grandes como Brasil, México y Argentina, y más abiertas como Perú, Colombia y Chile, no han hecho eco de las advertencias sobre posibles debilidades en ciberseguridad y avanzan en conversaciones con empresas chinas, aunque por motivos más domésticos, como es recibir inversiones extranjeras en sus respectivas economías.

Si finalmente la discusión la llevamos a un aspecto económico, la Comisión Europea estima que los ingresos mundiales procedentes de 5G deberían alcanzar el equivalente a 225 mil millones de euros en 2025. La asociación de operadores GSMA eleva la contribución de 5G a la economía mundial a 2.2 billones de dólares en los próximos 15 años. Y si le sumamos que la presente transformación digital tendrá un revolucionario impacto con esta nueva generación en telecomunicaciones, especialmente en los distintos sectores estratégicos como automóvil, agricultura, defensa y comunicaciones, dejar este desarrollo a merced del libre mercado no es una opción para los distintos gobiernos en turno.

Cada cierto tiempo es común que en la industria de las telecomunicaciones y de tecnología en general, surja algún concepto, elemento, marca o tendencia que moviliza, impulsa la discusión, genera análisis y se elaboran proyecciones sobre un futuro mejor. Y tal como se inició a mediados del año pasado, durante este 2019 se pronostica que 5G será el tema de moda.

Así lo podemos apreciar en eventos como el Mobile World Congress que se desarrolla año a año en esta época en Barcelona, y en donde el tema central son las posibilidades de uso de esta nueva tecnología. Se realizan debates, se invita a expertos, autoridades, se muestran diseños de productos y velocidades teóricas de laboratorio.

Esa es la magia de 5G, que permite grandes anuncios, coordina opiniones, imagina un mundo interconectado, se visualizan grandes avances y penetraciones en múltiples campos como vehículos autónomos conectados, telemedicina avanzada, Internet de las cosas (IoT), e-learning, robótica, drones y más. Sin embargo, soy de los que cree que, como dice un refrán que ocupamos en Chile, no es bueno “colocar la carreta delante de los bueyes”.

En términos simples, no es correcto precipitarnos en los proyectos, olvidándonos de ser realistas. Invertir el orden lógico y razonable de las prioridades también sería un efecto no deseable. Así, antes de hablar de 5G, debemos pensar previamente que se necesita seguir avanzando o desarrollando para que esta tecnología esté realmente presente a nivel mundial y en cada uno de los países en los que vivimos.

Es un hecho que aún la Unión Internacional de Telecomunicaciones no define la norma para los sistemas móviles 5G y se proyecta que este año se fijarán la recomendaciones respecto de la parte del espectro radioeléctrico que pueda ser utilizada en esta tecnología.

Por otro lado, cuando hablamos de infraestructura habilitante para nuevos servicios móviles en 5G, existe un consenso respecto a que se tomará como base las que ocupan tecnologías anteriores (2G, 3G y 4G). Sin embargo, es un dato realista que 4G aún está en etapa de expansión, de ofrecer índices de cobertura y calidad de servicios ideales para las proyecciones que se tuvieron al momento de promoverla y que las inversiones necesarias para el despliegue de un futuro 5G deben tener en consideración esta ausencia de soporte, que se traslada también a otras tecnologías como presencia real de fibra óptica en radioestaciones.

Paralelamente, existe la problemática que muchos países y sus respectivos reguladores, especialmente de la región de América Latina, tienen respecto a las frecuencias disponibles. Podemos observar que en muchas naciones existen bandas que se estarían definiendo para ser utilizadas para 5G y que hoy están parcial o completamente ocupadas por otros servicios (probablemente menos eficientes), que se encuentran previamente subastadas, concesionadas o utilizadas por terceros y en las cuales es necesario un trabajo conjunto entre las autoridades y los titulares de dichas porciones de frecuencia para realizar un despeje, limpieza y preparación del espectro para futuros usos en la nueva tecnología.

Finalmente, y en un punto no menor, es que aún no existe una tendencia clara y precisa respecto a desarrollo de nichos de negocios específicos. Es así como Nokia, en su estudio Índice de madurez 5G, desarrollado junto a Analysys Mason, menciona que dos tercios de los operadores prevén que las nuevas redes generen nuevos ingresos: los casos de uso más mencionados fueron conectividad móvil multi-gigabit, vehículos conectados y autónomos, monitoreo crítico de salud y servicios para el hogar conectado. El 70 por ciento de los consultados, en tanto, dijeron estar enfocados en usar 5G para mejorar servicios para el consumidor ya existentes. Por tanto, aún no existe una posición clara y transversal que permita resolver una incógnita fundamental para cualquier empresa de telecomunicaciones: responder cómo monetizar 5G.

Es por tanto una obligación de todos los actores intervinientes en este proceso de maduración e implementación de un cercano 5G, que exista una mirada previa, analítica, concreta y realista sobre el estado del arte en cada uno de los países.

Sólo para ejemplificar, en Chile, tras el cambio de gobierno, y específicamente en julio del año pasado, se dio el puntapié inicial para avanzar en estos temas, por medio de una consulta pública, la cual incluyó una hoja de ruta de implementación de 5G en Chile, dentro del denominado “Plan Nacional 5G”. En ella, se fijaron diversos hitos, pero destacando que según proyecciones del organismo regulador de las telecomunicaciones, en 2019 se iba a elaborar la norma técnica para 5G, se iban a presentar las bases y se iba a llamar a concurso de licitación, proceso que iba a terminar directamente con una adjudicación, comenzando el inicio de servicio en 2020.

Cualquier persona medianamente informada respecto de los avances de 5G a nivel mundial, sabrá que existe una ausencia de sentido de la realidad en dicha hoja de ruta, más si sumamos el hecho de que existen mayores antecendentes que en cierta forman “contaminan” las conversaciones y planeamientos inmediatos de la autoridad.

Es así como, por un lado, se inició a fin del año pasado una consulta ante el Tribunal de la Libre Competencia, en la cual se presentó por parte de la autoridad una propuesta de Plan Nacional de Espectro, que permitirá precisar diversos temas, siendo uno muy básico definir si existe límite de espectro a operar por los operadores, lo que conlleva a posibilidad de excluirlos de una posible licitación de 5G.

Este proceso de consulta está recién comenzando y se estima que puede durar desde unos meses hasta un par de años dependiendo si existen controversias, impugnaciones o judicialización de la consulta por parte de las empresas de telecomunicaciones (como ha ocurrido en anteriores oportunidades). Por lo tanto, si en este momento se efectuara un concurso para despliegue de 5G, existiría una falta de coincidencia entre las definiciones del Tribunal de la Libre Competencia y la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

Se suma a este momento otro proceso paralelo y que tiene relación con la sentencia de la Corte Suprema, que ordenó a tres empresas de telecomunicaciones a devolver parte del espectro que poseen en exceso en relación a un límite de cantidad de espectro que podían poseer definidas hace más de 10 años. Ese proceso aún no se encuentra finalizado y existen sendos recursos presentados en distintos tribunales, tanto en el de Libre Competencia como ante el Tribunal Constitucional, lo que ha generado una atmósfera de incertidumbre jurídica sobre el uso de espectro radioeléctrico, lo que afecta, por lo tanto, las pretenciones de un pronto llamado a concurso para 5G.

Si esto no fuera poco, también hubo una decisión administrativa de “congelar parcialmente” el espectro de la banda de 3,500 MHz (que teóricamente se destinará para 5G) y se ordenó el despeje de algunos operadores de parte de la banda.

Recientemente, una de estas empresas explicitó que si el regulador los trasladaba de frecuencias, exigirían indemnizaciones y pago por parte del Estado por este hecho. Demanda absolutamente cuestionable, pero que si ocurriera, se abriría otro flanco de judicialización justamente sobre el espectro a subastar para 5G.

Por último, si se lograran sortear todas las dificultades regulatorias, judiciales, administrativas y económicas en lo inmediato, no se prevee que en 2020 exista la masificación de equipos móviles o terminales que permitan un uso real de la banda 5G, imposibilitando el retorno en utilidades para las empresas que hayan invertido en su despliegue.

El llamado es a avanzar, pero sin dejarnos embrujar por la magia de 5G. Deben existir reales políticas públicas y un trabajo de colaboración con las empresas en un modelo win-win en un ambiente público-privado, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con tecnología. Porque finalmente 5G es un medio, no un fin.