El Economista

El padrón de telefonía móvil de México, cuyo espíritu está en apoyar a la prevención de delitos, tendrá un costo de infraestructura, valorado en 4,053 millones 652,389.40 pesos, unos 220.70 millones de dólares, que primero será absorbido por las empresas de telecomunicaciones, para luego ser trasladado de algún modo al consumidor en sus planes de servicio.

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El Economista Jorge Bravo

El 25 de abril la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el decreto que creaba el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), que ordenaba recopilar datos biométricos, transgrediendo los derechos a la privacidad, intimidad y protección de datos personales de los usuarios.

Como lección para que no se repita, conviene destacar los argumentos de cada ministro, para que ni legisladores ni reguladores de telecomunicaciones pretendan vulnerar nuestros derechos fundamentales habilitados por las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

Los ministros coincidieron en que el Panaut no era inconstitucional en sí mismo. La propuesta derivó del crecimiento de los delitos cometidos a través de dispositivos móviles. Su creación se justificaba para coadyuvar con la justicia. Pero el diseño legislativo y las implicaciones sí fueron inconstitucionales, porque era desproporcionado recabar datos personales para ese objetivo.

La ministra ponente Norma Lucía Piña Hernández recalcó que el Panaut no definía el uso y destino de la información. El consentimiento no fue relevante. No preveía por cuánto tiempo el Estado permanecería en posesión de los datos. El decreto generaba un impacto fuerte en los derechos humanos a la privacidad, intimidad y protección de datos personales.

Argumentó que algunas medidas ya se encuentran previstas en el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, relacionadas con la colaboración con las autoridades de seguridad y procuración de justicia para combatir delitos cometidos a través de dispositivos móviles.

Dijo que el Panaut no es una medida legislativa necesaria en una sociedad democrática. No mantiene un equilibrio entre la necesidad de los datos en circunstancias limitadas y el debido respeto al derecho de la privacidad. Tampoco se prevén salvaguardas de protección específicas y suficientes para garantizar la seguridad de la base de datos, evitar el mal uso de la información o su vulneración.

El M. Juan Luis González Alcántara Carrancá expuso los límites de los derechos a la privacidad y a la protección de datos personales, derechos de creciente importancia ante el desarrollo de las TIC y ante la relevancia que los teléfonos móviles han adquirido en la vida íntima de las personas.

El Panaut presentaba una falsa y peligrosa dicotomía entre seguridad y privacidad; ceder el control sobre los datos personales representa en sí mismo un peligro para la seguridad de los usuarios. Destacó que podrían seguirse cometiendo delitos utilizando teléfonos registrados con otros nombres, con tarjeta SIM del extranjero o con servicios de Internet para hacer llamadas telefónicas.

La M. Loretta Ortiz Ahlf resaltó que la protección a los datos personales se debe a la relevancia que han adquirido por la transformación de nuestra sociedad en una Sociedad de la Información.

El M. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea dijo que el Panaut tenía un vicio porque no establecía a qué datos biométricos se refería. Estos datos sólo pueden estar en posesión del Estado por razones excepcionales, siempre y cuando se cuente con un sistema seguro de que los datos no se van a utilizar de manera indebida por el Estado. Es inconstitucional no requerir una orden judicial para acceder al padrón. Es una injerencia arbitraria en la privacidad de las personas.

El Panaut tenía el potencial de afectar otros derechos como la libertad de expresión, el acceso a la información, los derechos de asociación y la igualdad. El robo de datos es muy difícil de reparar.

Dijo que es absurdo que una persona vaya a extorsionar con su propio celular a su nombre y con datos biométricos. Las extorsiones nunca se realizan con teléfonos con el nombre del extorsionador. La obligación de registrar móviles genera incentivos para el robo de estos dispositivos.

El M. Alberto Pérez Dayán recalcó que no es proporcional ni razonable ni justificado incluir datos sensibles como los biométricos. El uso de éstos y su registro son útiles para un pasaporte, un expediente clínico, un sistema de pensiones, pero no para adquirir un teléfono móvil, sólo por el temor de que se les pueda dar un uso ilícito.

El M. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena destacó que en ningún Estado democrático el gobierno cuenta con su propia base de datos personales de los usuarios de telecomunicaciones. Exigir que todos los usuarios de telefonía otorguen sus datos para continuar con su línea, lleva a que los concesionarios transgredan los contratos vigentes. El Panaut incumplía el deber de que el Estado garantice que todas las personas accedan a servicios de telecomunicaciones.

El M. Luis María Aguilar Morales reveló que la delincuencia ha optado por el servicio de prepago para que prevalezca el anonimato. No tener certeza sobre quién es el titular de la línea no impide la investigación y persecución penal con un resultado exitoso. La obligación de los usuarios de proporcionar información de su identidad, no es estrictamente necesaria para lograr el fin buscado. No necesariamente el titular de la línea va a cometer el delito con un teléfono registrado a su nombre. El Panaut afectaba los derechos humanos en un grado significativo o difícilmente reparable.

La M. Yasmín Esquivel Mossa advirtió que la delincuencia en más de 90% utiliza móviles de prepago para cometer ilícitos. No debemos confundir la protección de datos personales con blindar el anonimato ni escudar la comisión de delitos. Es válido registrar a los usuarios, sólo de prepago. Ni siquiera los concesionarios saben quiénes compraron los equipos y las tarjetas SIM de prepago. 

El M. Jorge Mario Pardo Rebolledo recordó que el Panaut no era contrario a la Constitución, porque pretendía coadyuvar con las autoridades de seguridad y justicia.

La M. Ana Margarita Ríos Farjat cuestionó el uso indiscriminado de líneas y chips que prácticamente se regalan. El Panaut no blindaba a los usuarios de injerencias arbitrarias e innecesarias en la información personal proporcionada al registro. No se justifica que cualquier autoridad pueda acceder a nuestros datos.

El M. Javier Laynez Potisek remató: no se justifica una recolección masiva de datos personales.

Twitter: @beltmondi

CNNExpansión Ana Luisa Gutiérrez

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó por completo el proyecto del decreto por el que se creaba el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), al considerar que violaría el derecho a la privacidad y a la intimidad de los ciudadanos al recabar datos personales y biométricos de los consumidores. Los ministros tampoco consideraron que la medida ayudaría a combatir las extorsiones telefónicas.

Sin embargo, durante la discusión la ministra Margarita Ríos Farjat y el ministro Luis María Aguilar Morales consideraron que las líneas de prepago, es decir las que funcionan con recargas, deben ser registradas debido a que en esta modalidad los usuarios no están obligados a entregar información personal a diferencia de las líneas de pospago.

Ambos ministros apuntaron que para el registro de las líneas de prepago los consumidores deberían entregar su nombre y comprobante de domicilio, lo que no debería de representar una violación a la privacidad, ya que las personas entregan este tipo de información para otros trámites.

“Muchos de esos datos ya se proporcionan para la contratación de otros servicios como tarjeta de crédito, telefonía fija, entre otros”, en días pasados la Ministra Fajart, durante su participación en la discusión para desechar el registro de telefonía.

Lo anterior significaría que el 82.1% de los usuarios móviles estarían obligados a entregar sus datos personales. Además este segmento ha tomado más fuerza por la pandemia y por el aumento de la inflación que presiona la economía de los usuarios.

Pero expertos consideran que la propuesta de los ministros no está justificada y es discriminatoria al pretender obligar sólo a las personas que tienen una línea de prepago a entregar sus datos para acceder a un servicio de conectividad, el cual, enfatizan, es un derecho humano. Mientras que los ciudadanos que cuentan con un plan de pospago entregan sus datos de manera voluntaria y no por obligación, y esta información las empresas la usan para domiciliar o saber en dónde pueden cobrarle al usuario por su servicio móvil.

Además, descartan que una base de datos de líneas móviles de prepago ayude a mitigar el delito de extorsión, por el contrario, vulnerará la identidad de los usuarios.

“Ya sabemos que la tecnología es falible y que puede ser burlada, es absurdo pensar que alguien que va a delinquir va a realizar una llamada telefónica desde un celular registrado sea de prepago o de pospago. El problema de inseguridad de México no está en la falta de un registro de personas que usan un teléfono. Hay que empezar a buscar otras causas por las que tenemos este problema”, aseveró Michel Hernández Tafoya, presidente de Observatel.

¿Las bases de datos de telefonía móvil son una tendencia global?

Luis Fernando García, director ejecutivo de R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, menciona que si bien la obtención de información personal de los usuarios toma mayor relevancia para las naciones, sólo en países que son considerados autoritarios cuentan con una base de datos para acceder a una línea telefónica.

De acuerdo con el director de R3D, naciones como Afganistán, Irán, Irak, Rusia, China, Arabia Saudita, Pakistán y Emiratos Arabes Unidos exigen la entrega de datos personales para acceder a un chip de telefonía móvil.

“Hay que voltear a ver dónde estos registros son obligatorios Yo preguntaría si México se quiere ubicar ahí o si queremos ubicar al país en naciones que favorecen la conectividad”, consideró el directivo de Observatel.

¿Qué opciones existen para hacer frente a la extorsión telefónica?

Expertos consideran que las autoridades ya cuentan con herramientas suficientes para combatir el delito de extorsión telefónica, desde la geolocalización, la intervención de comunicaciones hasta la obligación por parte de la ley de desconectar la señal telefónica en centros penitenciarios.

Incluso las empresas de telecomunicaciones han buscado a las autoridades para colaborar en la detección de delitos de extorsión a partir de la creación de una base de datos de números telefónicos de dónde los usuarios reporten que han recibido llamadas de extorsión.

“Desde mi punto de vista es falsa la necesidad de un registro de líneas telefónicas porque ya existen herramientas para investigar y para inhibir las extorsiones, pero el Estado no lo ha hecho por corrupción y por incompetencia”, sentenció el directivo de R3D.

Para Michel Hernández Tafoya es necesario generar una estrategia integral en materia de seguridad en donde las autoridades y las empresas de telefonía móvil trabajen en conjunto para mitigar este delito que aqueja a los ciudadanos pero no mediante un registro de líneas telefónicas.

Reforma Ailyn Ríos

La inconstitucionalidad del Padrón Nacional de usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) crea un precedente frente a nuevas intenciones de crear bases de datos que contengan información sensible de la ciudadanía, consideraron especialistas.

El Decreto por el que se creaba el Panaut en abril de 2021 y que buscaba recopilar datos biométricos y personales de los usuarios fue declarado inconstitucional en la Suprema Corte esta semana.

El plan era que cualquier autoridad sin orden judicial pudiera acceder a nombre, dirección del usuario y biometría facial del mismo.

Es un precedente importante para cualquier medida similar que pueda dictar la Corte, aseguró Michel Hernández Tafoya, director de Observatel.

“De entrada, la Corte ya está diciendo que cuando haya intentos de medidas como el Panaut, se tiene que hacer una evaluación del impacto que tendrá en la privacidad y seguridad de los ciudadanos”, dijo.

Grecia Macías, integrante de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), consideró que la decisión de la Corte puede ser incluso un referente internacional para otros países que plantean la creación de bases de datos similares al Panaut.

Añadió que ahora se podrían frenar otros planes considerados como la implementación de reconocimiento facial en aeropuertos, calles de ciudades, el banco de ADN en CDMX o la cédula de identidad única.

El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) coincidió que la Suprema Corte sienta un precedente contra las bases de datos que en esencia atentan contra el derecho a la conectividad expresado en la Constitución y generan riesgos para la población.

Quieren biométricos

Existen otros proyectos para obtener datos biométricos de los mexicanos que han presentado diversas autoridades.

– Cédula de identidad única que se pretende implementar a nivel federal.

– Reconocimiento facial en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

– Banco de ADN promovido por el Gobierno de la CDMX.

Fuente: R3D

Reforma Jorge F. Negrete P.

“El Panaut no es una medida legislativa necesaria en una sociedad democrática, pues no mantiene un equilibrio entre la necesidad de los datos y el derecho a la privacidad de las personas, además de no encontrar justificación”. Ministra Norma Lucía Piña Hernández.

Demoledoras palabras de la Ministra. Ella definió una acción que todo el sector digital de este País reprobó desde un principio. Economistas, comunicólogos, politólogos, ingenieros, abogados, asociaciones y colegas con los que frecuentemente discrepo, coincidimos en calificar como despropósito, irresponsabilidad y traición al sistema de derechos humanos en el mundo digital esta medida legislativa.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que “es inválido el sistema normativo que crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil que obligaba a los usuarios a otorgar diversos datos personales como el nombre, nacionalidad, número de identificación o CURP, así como datos sensibles (en este caso, datos biométricos)”.

Decir o hacer cosas insensatas, incoherentes o carentes de sentido común nos aproximan a un delirio. No hay forma sencilla de explicar que hablamos de un ejercicio complejo de habilitación de derechos fundamentales por medio de la tecnología. La arquitectura jurídica del mundo digital es un privilegio y una de las grandes aportaciones de la Constitución, al régimen de derechos humanos.

Nunca habíamos estado en el momento de habilitar de forma masiva la mayor cantidad de derechos humanos en la historia de la civilización, como ahora. Esta iniciativa del Gobierno federal y el Congreso fue desmontaba desde distintos frentes.

Desde la protección de datos personales, desde el régimen de los servicios de telecomunicaciones y desde los derechos humanos en materia de conectividad. Se atacaba la institucionalidad del Instituto Federal de Telecomunicaciones y se le quitaba una de sus dos caras, la de órgano garante en materia de derechos humanos en el mundo digital.

El Gobierno federal tiene el diagnóstico correcto y quiso atacar la inseguridad pública de nuestro País con una ley que desmontaba los principios básicos que garantizan el derecho a la conectividad, la vida digital de los ciudadanos y el sistema que los protege. La obsesión por esta ley les ha hecho perder tiempo en el diseño de política pública y una ley que sí es relevante, pero que tiene que ver con la identidad digital.

El debate de las y los Ministros no tiene desperdicio y aunque me hubiera gustado un debate todavía más exhaustivo, debo reconocer que el ejercicio de aproximación desde múltiples materias fue reconfortante, porque advierto la construcción de una infraestructura jurídica vibrante en materia de derecho de acceso a Internet, derechos humanos, protección de datos personales y el universo digital. Muchas materias unidas y comprendidas cabalmente y por separado por el Pleno de la Corte. Aquí algunas citas destacables:

“Parece absurdo que una persona que tenga un celular va a generar una extorsión con un teléfono a su nombre, esto nunca sucede. El sistema pretende que las obligaciones del Estado ahora sean responsabilidad de los particulares”: Ministro Arturo Saldívar.

“No hay manera de justificar una recolección masiva de datos personales por particulares y, en segundo lugar, el tratamiento que se les puede dar”: Ministro Javier Laynez.

“Obligar a las personas a registrar sus datos biométricos para comprar un celular sólo provocaría que se roben más teléfonos móviles, ya que nadie comete un crimen sabiendo que el Estado tiene todos los datos necesarios para encontrarlo”: Ministra Yasmín Esquivel Mossa.

“Una persona que no pueda registrarse menoscaba directamente su acceso a la comunicación”: Luis María Aguilar.

El delirio no puede ser una forma para legislar y conculcar derechos humanos.

Decía Konrad Adenauer que “hay algo que Dios ha hecho mal. A todo le puso límites, menos a la tontería”.

Presidente de Digital Policy & Law

Milenio Luis Pablo Segundo

La inconstitucionalidad del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) supone un beneficio para los usuarios, pues sus datos privados se mantienen en confidencialidad, pero también demuestra una falta de estrategia pública digital por parte de la actual administración, apuntó Jorge Fernando Negrete, socio presidente y fundador de Digital Policy & Law Group.

Durante la jornada de este lunes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) logró sumar nueve votos a favor la invalidez del Panaut, proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador que buscaba unificar todos los datos personales y biométricos de los usuarios de telefonía móvil, a fin de que estos estuvieran al resguardo del Estado y con ello un combate al crimen organizado que hace de estos medios tecnológicos una herramienta para delinquir.

“El poder Judicial donde claramente le está señalando (al presidente) que lo que está haciendo en materia de conectividad no funciona, no está haciendo lo correcto, que no debe confundir seguridad pública con conectividad, son cosas totalmente distintas”, señaló Negrete en entrevista para MILENIO.

El especialista calificó de “incongruente” la propuesta que señalaba al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como órgano ejecutor Padrón de Usuarios, pues dijo, el regulador está para brindar mayor acceso de internet y ser un facilitador de derecho a las telecomunicaciones.

Negrete añadió que son varios los desaciertos que tiene la administración pública en materia de telecomunicaciones, que van desde la eliminación de la Subsecretaría de Telecomunicaciones; quitarle facultades a la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y trasladarlas a la Estrategia Nacional Digital, proyecto que carece de una estrategia de banda de ancha del país y conectividad serio; además de mantener costo de espectro radioeléctrico caro.

Durante la Sesión del Pleno de la SCJN, la ministra Norma Lucía Piña, quien es la encargada de elaborar el proyecto de sentencia, sostuvo que el Panaut “impone una afectación a los derechos humanos a la privacidad, intimidad y protección de datos personales y sensibles que no resulta razonable ni justificada”.

En tanto, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá remitió al Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) como un mal antecedente de que, “paradójicamente”, ceder el control de los datos personales representa en sí mismo un peligro para la seguridad de los usuarios.

“La experiencia del fallido Renaut, creado en el 2009, es un buen ejemplo de esto, contrario a lo esperado él puso en mayor riesgo a los usuarios de telefonía móvil y, al filtrarse, por eso, en el 2011 se destruyó, sin embargo, esta base de datos ya se encontraba en el mercado ilegal en nuestro país”, destacó.

Precedente para futuras creaciones de padrones

La invalidez del Panaut avalado durante la jornada de hoy por parte de la SCJN es un precedente para analizar a profundidad las futuras creaciones de padrones que contengan datos sensibles de usuarios, señaló el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET).

Tras conocerse el veredicto del máximo órgano del Poder Judicial, el IDET resaltó que el Padrón rechazado en esencia atentan contra el derecho a la conectividad expresado en la Constitución y generan mayores riesgos para la población que los beneficios acotados que supuestamente generaría un instrumento de esa naturaleza en manos de cualquier autoridad.

“Infringe desproporcionadamente los derechos fundamentales a la privacidad, intimidad y protección de datos personales y resulta incompatible con las exigencias y estándares que impone una sociedad democrática”, sostuvo el IDET ante el rechazo de la Suprema Corte.

El IDET recalcó lo que hace prácticamente un año advirtió sobre las deficiencias jurídicas que adolecía el decreto de reforma aprobado por ambas cámaras del poder Legislativo.

Entre otras cuestiones, estaba el hecho de que ante la omisión de inscribirse en el registro que debía crear el IFT la consecuencia prevista en esa reforma era la cancelación permanente de la línea telefónica del usuario en cuestión.

Asimismo, el IDET señaló desde el primer momento que la reforma había pasado por alto que cerca del 83 por ciento de los usuarios de telefonía móvil de nuestro país están en la modalidad de prepago, lo que en sí mismo significaba un problema porque los usuarios de esa modalidad no tendrían un incentivo a inscribirse en el Panaut.

¡Buen martes! Continúa con las medidas de seguridad por la pandemia de Covid-19 y acude por tu vacuna de refuerzo el día que te corresponda. Mientras tanto, conoce las noticias más relevantes sobre el ecosistema digital. Aquí te las presentamos:

1. TIM Brasil promete una implementación 5G más alta que el mínimo exigido por Anatel

En entrevista con DPL News, Marco Di Costanzo, de TIM, dijo que la implementación de 5G en 3.5 GHz superará el mínimo exigido por la Anatel. También abordó el concepto de ciudades inteligentes, la seguridad de la red, Open RAN y la meta del operador con 5G. Consulta aquí la versión en portugués. 

2. Argentina aprueba nuevos aumentos a prestadores TIC bajo el decreto 690

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) aprobó nuevos incrementos para la prestación de servicios TIC en Argentina en una nueva resolución que se desprende del DNU 690, que tiene más de un año y medio de vigencia en el país.

3. De qué hablaron el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, y el CEO de Liberty Latin America

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, y el Director Ejecutivo de Liberty Latin America, Balan Nair, se reunieron en el despacho del mandatario en el Palacio de las Garzas, para dialogar sobre temas relevantes en el sector de telecomunicaciones.

4. Suprema Corte le da cerrojazo al padrón celular en México

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este lunes 25 de abril las acciones de inconstitucionalidad que promovió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y una minoría del Senado al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) en México.

5. Elon Musk es el nuevo dueño de Twitter

Es oficial, el multimillonario Elon Musk llegó a un acuerdo para adquirir el 100 por ciento de las acciones de Twitter por 54.20 dólares por acción, lo que significa un total que ronda los 44 mil millones de dólares.

6. Proponen crear Centro Nacional de Ciberseguridad en Perú

Podemos Perú impulsa un proyecto de ley para crear un Centro Nacional de Ciberseguridad para proteger la infraestructura del Estado ante ataques y amenazas cibernéticas.

El Universal Antonio López

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) celebró la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalida la totalidad del decreto por el que se reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR), con el objetivo de crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), imponiendo la obligación de proporcionar una serie de datos personales, incluidos algunos biométricos.

El Inai dijo que el 13 de mayo de 2021 interpuso una impugnación ante la Corte, al advertir que el decreto transgredía los derechos a la vida privada, intimidad, datos personales, identidad e interés superior del menor, puesto que la medida es desproporcional.

“Los artículos impugnados [15, fracción XLII bis, 176, 180 bis, 180 ter, 180 quater, 180 quintus y cuarto transitorio] eran contrarios al derecho a la protección de los datos personales e infringen los principios de finalidad, licitud, proporcionalidad, responsabilidad y seguridad, que rigen su tratamiento, así como la seguridad jurídica”, subrayó.

El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) que recopilaría datos biométricos de los usuarios mexicanos fue desechado de manera definitiva por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El Pleno de la Corte resolvió este lunes 25 de abril las acciones de inconstitucionalidad que promovió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y una minoría del Senado.

Con nueve votos a favor, la Corte declaró la invalidez del decreto, pues consideró que violaba derechos como la privacidad, intimidad y protección de datos personales.

La semana pasada, la Ministra Norma Piña elaboró un proyecto de sentencia en donde advirtió de las violaciones a los derechos que recaería el Panaut en caso de aprobarse e implementarse.

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La Red en Defensa por los Derechos Digitales (R3D) celebró la sentencia del Pleno de la Corte y dijo que “los ministros resaltaron diversos puntos críticos del Padrón, como no contemplar el requisito de autorización judicial para el acceso a datos, su falta de proporcionalidad respecto de otras medidas menos invasivas o los impactos de la creación de bases de datos biométricos en posesión del Estado en los derechos humanos”.

Luis Fernando García, director Ejecutivo de R3D, señaló que la decisión que tomó la corte deriva de la defensa que diversas organizaciones civiles realizaron en favor de sus derechos.

“Se reivindica el activismo que muchas personas realizan desde distintas trincheras; el valor que tuvieron las personas en visibilizar un tema que les importa, que afecta a muchas, fue fundamental para incidir ante el Poder Judicial”, señaló Luis Fernando García.

El Panaut fue apoyado por diversos personajes de la vida pública y política de México como el senador Ricardo Monreal y Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública.

Dicho padrón contemplaba recopilar datos personales y biométricos de todos los usuarios de telefonía móvil de México, que son alrededor de 125 millones, y en caso de no registrarse, se suspendería la línea de forma automática.

El Economista

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, anunció que el lunes 25 de abril, el pleno analizará el proyecto elaborado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, que propone invalidar el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) creado por el actual gobierno federal y que se encuentra suspendido desde el año pasado.

Durante su conferencia de prensa mensual este miércoles, el ministro Zaldívar resaltó que se trata de un tema importante.

El proyecto de la ministra Piña establece que la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión vulnera derechos al ordenar la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) que obtendrá, recopilará, almacenará, registrará y conservará los datos personales, que en su conjunto dan una radiografía de la vida privada de las personas.

“Dado el fuerte impacto que el Panaut genera en los derechos humanos a la privacidad y protección de los datos personales, y dado que también se afectan los datos sensibles de los usuarios de telefonía móvil, debe concluirse que la emisión del decreto impugnado requería de una evaluación de impacto en la protección de datos personales en términos de la referida Ley General, la cual de las constancias que integran este expediente no se advierte que haya existido. No haber cumplido con esta exigencia somete a los derechos a la privacidad, intimidad y protección de datos personales a un riesgo que no puede ser avalado a la luz de los artículos 6 y 16 de la Constitución General”, menciona el proyecto.

El proyecto de la ministra Norma Lucía Piña versa sobre la acción de inconstitucionalidad 82/2021 y su acumulada 86/2021, promovidas por separado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y diversos senadores de oposición.

“Los preceptos combatidos exigen el tratamiento de los datos personales, incluidos datos sensibles, lo cual, por sí mismo, es violatorio del derecho a la protección de los datos personales y del derecho a la privacidad e intimidad de las personas, pues se vacía de forma absoluta su contenido, al exponer, sin limitación ni justificación legítima, datos personales que se refieren a todas las personas, a sus atributos y a su identidad”, refiere.