Integrar a la región andina a través de una agenda digital es un gran reto, debido a la diversidad de condiciones políticas, económicas, sociales y geográficas de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 

Algunos de los principales desafíos que enfrenta son que la región está mal posicionada en los rankings internacionales de telecomunicaciones; la desigualdad digital: los cuatro países denominan el sector de manera diferente; un desafío organizacional y funcional, pues tienen a las telecomunicaciones por un lado y las TIC por otro y la falta de independencia de los órganos reguladores, además de que no existe la libre competencia y, finalmente, la inexistencia de un mercado común, es decir, que las entidades no pueden comparar porque no tienen los mismos parámetros.

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Los cuatro países que conforman la Comunidad Andina tienen una superficie conjunta de 3 millones 798 mil kilómetros cuadrados y una población total de 111 millones de habitantes. En el transcurso de los últimos años, sus gobiernos, a través de la Secretaría General de la CAN, coordinaron un trabajo conjunto para elaborar su hoja de ruta para la transformación digital.

Agenda Digital Andina (ADA)

Tras tres años de trabajo, el 28 de abril de 2022 finalmente se presentó la Agenda Digital Andina (ADA), en el marco de la XXIX reunión ordinaria del Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones (CAATEL).

Según el Secretario General de la Comunidad Andina, Jorge Hernando Pedraza, este instrumento busca abordar el reto de asegurar que los 111 millones de habitantes de la región cuenten con acceso pleno a las telecomunicaciones y a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). 

“La Agenda Digital Andina, que es uno de los hitos que hemos venido promoviendo desde mi llegada en el año 2019, es un instrumento que va a permitir modernización en muchos aspectos y competitividad mundial en muchos otros”, comenta Pedraza en entrevista con DPL News.

“Uno de los títulos importantes a título de sugerencia para nuestros Estados es llegar con más cobertura a más gente”, explica Pedraza. “Eso es inclusión digital, pero sólo es un medio. El fin realmente es la inclusión social.

“Y esa infraestructura implica pasar por la última milla, crear condiciones de acceso, sobre todo a lugares apartados, entonces tendremos que apelar a unas soluciones satelitales, para que haya telemedicina, crear acceso a contenidos académicos, de estudio, la posibilidad de que ningún niño se quede sin educación, porque al final del día, las tecnologías son el camino más expedito para sacar a la gente de la pobreza, porque dan la oportunidad de igualdad de acceso, a las oportunidades de conocimiento, de información”, complementa.

La ADA fue desarrollada por el CAATEL, en cumplimiento de la Declaración de Lima, de mayo de 2019, que fue ratificada por los países miembros en las declaraciones del Consejo Presidencial Andino de 2020 y 2021.

Julián Cardona y Nicola Stornelli elaboraron una consultoría sobre el ecosistema digital andino que fue adoptado por la CAN. “En nuestra consultoría hicimos unas conclusiones y recomendaciones, unos pilares, que fueron adoptados como Agenda Digital”, explica Stornelli, quien es analista y consultor de políticas públicas para las TIC y las telecomunicaciones, y columnista de El Tiempo y DPL News.

La hoja de ruta de la Agenda Digital Andina tiene cinco ejes: 

1. Gobierno digital y transformación digital.
2. Infraestructura y conectividad.
3. Talento digital.
4. Economía digital.
5. Nuevas tecnologías para el desarrollo sostenible.

Estado de la situación normativa digital de la región andina

Nicola Stornelli y Julián Cardona son los autores del estudio Análisis y diagnóstico del ecosistema digital de la comunidad andina para el sector de telecomunicaciones y TIC. Estado de la situación normativa, conclusiones y recomendaciones, que sirvió de base para la elaboración de la hoja de ruta de la ADA.

Los consultores elaboraron el diagnóstico del ecosistema de la región andina a partir de nueve criterios o ejes temáticos:

1. Denominación del sector.
2. Estructura organizacional del país.
3. Propuestas y estrategias sobre políticas públicas en el sector de Comunicaciones (Telecomunicaciones y TIC).
4. Normatividad sobre Telecomunicaciones.
5. Normatividad sobre TIC.
6. Regulación y propuestas regulatorias para el sector de Telecomunicaciones y TIC.
7. Inspección, vigilancia y control para la protección de la competencia y los derechos de los consumidores (Autoridades de la Competencia) para el sector de Comunicaciones: Telecomunicaciones y TIC.
8. Estadísticas de Telecomunicaciones y TIC.
9. Estudios externos y recomendaciones sobre las Telecomunicaciones y TIC.

Desafíos del ecosistema digital andino

En entrevista con DPL News, Cardona y Stornelli compartieron los principales hallazgos de su investigación. “Los cuatro países tienen diversidades muy importantes y se encuentran relativamente mal ubicados en los indicadores internacionales, están muy abajo en las tablas”, comenta Cardona, quien es ingeniero en Electrónica. 

“El segundo aspecto es la desigualdad digital –prosigue–: los cuatro denominan al sector de manera diferente”. Sobre la denominación, resalta que tres de los cuatro países de la CAN mantienen en su nombre el concepto de telecomunicaciones: Bolivia y Perú denominan al sector de Telecomunicaciones; Ecuador lo llama de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información; mientras que Colombia es el único que lo denomina sector TIC: de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Por ello, los consultores en negocios y políticas de telecomunicaciones y TIC resaltan la necesidad de que los cuatro países miembros de la CAN se reúnan para homogeneizar el lenguaje, las estadísticas y las definiciones, “para poder marchar al unísono con un sector que es de tipo técnico”, pues consideran que el aspecto que está fallando es la definición de los conceptos y en ellos hay desfase regulatorio.

“Se trata de crear una armonía y ese es un diálogo, un intercambio –explica Jorge Hernando Pedraza–, tanto a nivel técnico como de comité, digamos, de trabajo y poder avanzar en la dirección que permita incluso haciendo una evaluación de todas nuestras materias, crear esos denominadores comunes de identidad, que sea esa integración, que incluso las tecnologías, no importa su arquitectura actual, puedan hablarse”.

Brechas digitales: redes móviles y banda ancha fija

Cardona y Stornelli son muy incisivos en que la solución en este sentido no consiste en ‘masificar el Internet’, como claman los líderes políticos, sino en, una vez unificados los criterios, universalizar el acceso a la banda ancha de alta velocidad. 

En cuanto a la disyuntiva entre banda ancha fija e Internet móvil, los consultores reconocen que, pese a que la conectividad móvil ha sido el gran democratizador de Internet en toda América Latina, los Estados de la CAN deben ser emprendedores para aumentar la conectividad fija en los hogares y las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) para cerrar las brechas digital y de productividad en la región.

“Hay dos tipos de brechas digitales: la de acceso y la de productividad”, explica Cardona. “Acceso es que yo pueda tener una conexión y hacer cualquier cosa, pero la de productividad es que yo pueda trabajar. Nadie puede trabajar si no tiene una conexión de banda ancha estable, que es banda ancha fija. Es la única que resuelve el problema”, enfatiza.

“Internet es un igualador social y la más poderosa herramienta de transformación que ha tenido la humanidad”

Julián Cardona y Nicola Stornelli

El ingeniero Cardona explica que una de las claves del Internet es la calidad, y para que la región andina pueda cumplir con esa meta, los países deben hacer las inversiones para crear puntos de manejo de tráfico (IXP, por sus siglas en inglés), llamados acuerdos de peering, que hacen que el viaje de la señal vaya a un punto de tránsito que esté muy cercano y, por lo tanto, que el regreso de la señal de ida y de venida sea muy corto.

Es necesario “que los países se pongan de acuerdo y diseñen una red para la región integrada de tal manera que la calidad suba y la banda ancha sea mayor. El objetivo fundamental del IXP y de toda la Agenda Digital es afrontar el tema número uno: que es conectar a todo el mundo”, sentencia.

Telecomunicaciones y TIC

Cardona y Stornelli hacen hincapié en la necesidad de distinguir las telecomunicaciones de las TIC, ya que, al ser distintas, cada una requiere de una estrategia y regulación particular y focalizada. Y proponen integrar ambas en un macrosector de comunicaciones.

“Las telecomunicaciones y las TIC no son iguales, son complementarias. El concepto totalizador es comunicaciones como lo ha dicho la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)”, explica Cardona.

“Las dos son separadas y cada una debe de tener una regulación. ¿Qué pasa? Las telecomunicaciones han sido reguladas en todo el mundo a través de la historia y las TIC apenas las estamos regulando. La gran discusión es que si tú no tienes los conceptos claros, tú no sabes qué es lo que tienes que manejar y cómo regularlo”, complementa.

Los consultores creen que una sinergia y economía de escala permitiría que las tres principales empresas de telecomunicaciones de la región, América Móvil (AMX), Telefónica y Millicom, con sus respectivas marcas comerciales, Claro, Movistar y Tigo, pudieran integrar sus operaciones y ofrecer mayores inversiones que redundarían en mejores servicios para los ciudadanos.

En este sentido, Julián Cardona expone que la velocidad promedio de bajada en los países de la región oscila entre los 10.5 y los 11 Mbps, mientras Nicola Stornelli no se aventura a decir cuál debería ser el mínimo, aunque aclara que debe ser alto.

“Si nosotros como Estado colocamos una vara alta para decir qué es banda ancha, eso hace que todos los países crezcan en su conectividad, en el mejoramiento de los indicadores de penetración y eso hace también que los operadores entiendan que tienen que hacer un esfuerzo económico para conectar más y mejor a la gente”, asegura Stornelli.

En ese sentido, destaca la declaración hecha por la Ministra de Telecomunicaciones y presidenta pro tempore del CAATEL, Vianna Maino, de unificar la definición de banda ancha de alta velocidad en los cuatro países, durante la presentación de la ADA.

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Los consultores también concluyen que los órganos reguladores no son independientes en el nivel que deberían serlo y la política de gestión del espectro debe ser una política de Estado y no de gobierno.

“Una Agenda Digital Andina para la CAN debe verse como un instrumento de supervivencia, de productividad y como habilitador de derechos humanos y fundamentales”

Julián Cardona y Nicola Stornelli

Recomendaciones para integrar el ecosistema digital andino

Los consultores recomiendan crear un marco dinámico de políticas como tablero de referencia para los países; incluir el bienestar digital en la legislación; considerar a las telecomunicaciones y las TIC como un servicio público esencial fundamental e incorporar la regulación de las TIC, es decir, redes sociales, OTT y las plataformas digitales, en la Agenda Digital Andina.

Como estrategia de telecomunicaciones, Cardona y Stornelli proponen asignar espectro radioeléctrico para 5G; apagar las redes heredadas de 2G y 3G, masificar la fibra óptica y la tecnología VoLTE.

“Tenemos que dar el paso para que 5G sea un instrumento de más alta velocidad, llegar con más contenido de banda para que tengamos más acceso a más información. Hoy el mundo así lo requiere porque la pandemia nos exigió y nos obligó a pasar muchísimo a la virtualidad”, comenta Jorge Hernando Pedraza.

Mientras que como estrategia TIC, de economía y transformación digital, exhortan a promover agendas digitales armonizadas, acordar estrategias de gobierno digital, ciberseguridad, comercio electrónico, firma digital, Inteligencia Artificial, neutralidad de red, Big Data, analítica de datos en la Nube, alfabetización, apropiación y habilidades digitales.

Por último, alientan a pasar a una regulación de quinta generación, colaborativa y unificada sobre principios, materializar la independencia real de los órganos reguladores y definir el principio de la libre competencia, además de impulsar la formación de un mercado digital regional.

Parece que el gobierno de Iván Duque, que enarboló la bandera de la Economía Naranja, le va a dejar al sector de las telecomunicaciones y las TIC más dolores de cabeza que logros y eso que el sector es, prácticamente, el eje transversal para casi todas las actividades naranjas.

Y lo peor, cuando uno creía que la prudencia, después de los múltiples escándalos de corrupción, iba a imperar, vemos que la imprudencia, las actitudes temerarias y pendencieras, son la última nota de una orquesta desafinada cuyo concierto está llegando a su fin.

No podemos llamar de otra manera una resolución que favorece a los servicios satelitales, en desmedro de los operadores de telecomunicaciones más importantes del país y que, sale, precisamente, en medio de una visita del presidente Duque a la instalaciones de SES en Europa (http://www.evaluamos.com/2017/?home/detail/17887) y de una visita relámpago de Jeff Bezos a Colombia () con el altruista propósito de contribuir con el medio ambiente colombiano, supuestamente.

La resolución en cuestión es la 376 DE 2022 de febrero 3 de 2022 y publicada en el Diario Oficial de Colombia No. 51.941 de 7 de febrero de 2022. (https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/resolucion_mintic_0376_2022.htm)

SES es una empresa con base en Luxemburgo, dueña de más de 70 satélites de órbita baja, con lo cual provee de servicios de telecomunicaciones en diferentes países del mundo y apoya, en joint venture, a varias reconocidas telcos del planeta.

SES tiene oficinas en México y en Bogotá y una fuerte presencia en América Latina y en Colombia. No es de muy grata recordación porque, precisamente, el año pasado se supo que contaba con fuertes conexiones con el gobierno nacional, ya que un contratista del MinTIC era a la vez asesor de dicha multinacional y así se presentó a la audiencia de adjudicación de la licitación ya conocida como la de Centros Poblados. 

Pues sí, el señor Camilo Valencia Suescún era asesor del despacho de la ministra y, a la vez, representante de dicha multinacional. El presidente Duque debería haber tenido un mínimo de decoro y no ir a las instalaciones de SES. 

Jeff Bezos, por su parte, el hombre más rico del mundo, anunció a finales del año pasado () el proyecto Kuiper que pretende instalar más de 7 mil satélites, OJO, más de siete mil, para proveer Internet.

Y el gobierno colombiano saca una resolución que favorece, directamente, a empresas como SES o a proyectos como los de Bezos y el presidente de los colombianos, sin ningún empacho, se toma una foto aquí y allá. 

Vale la pena preguntarse quién es Camilo Valencia Suescún y por qué tiene tanto poder como para direccionar una resolución y como para hacer que el presidente se tomé una foto que hoy es escandalosa. 

La de Bezos tiene la justificación de la inversión ambiental pero no hay que ser muy inteligente o suspicaz para saber que la conversación no sólo fue para ver cómo se salva la serranía de Chiribiquete.

¿Y por qué esa resolución es la piedra del escándalo? Pues les baja los cargos por uso del espectro a las empresas satelitales, verbigracia SES y la de Bezos, por ejemplo, y mientras tanto el costo de la renovación de espectro para Telefónica y Claro está tres veces por encima del promedio mundial. No es justo ni equitativo. Punto final.

No es malo que le bajen los cargos al uso del espectro de las satelitales, pero hay que hacer lo mismo con los operadores que han creído en Colombia y llevan años haciendo cuantiosas inversiones.

La ministra Carmen Ligia Valderrama se jacta de haber llegado a poner la casa en orden, pero, por lo visto, esa resolución demuestra otra cosa. 

Hay una clara intención de favorecer a una empresa a la que no se le pudo adjudicar una licitación de dos billones de pesos, porque querían quedarse con todo el proyecto. 

Estoy enterado que cuando llegó Karen Abudinen y decidió dividir la licitación en dos grandes regiones del país, pusieron el grito en el cielo y movieron fichas para que no pasara así. La rabia que se llevaron cuando no les fue adjudicado nada, me imagino que los volcó a denigrar de la exministra barranquillera.

Los tres grandes operadores del país, Telefónica, Claro y Tigo, necesitan que el gobierno colombiano sea más equitativo y pondere el beneficio económico y social de las grandes inversiones que hacen en la tierra de Gabo. Las telecomunicaciones y las TIC también necesitan de alguien que les escriba y no los olvide.

Debo confesar, con humildad, que el término alfabetización mediática lo descubrí hace poco, pero la verdad es que anda dando vueltas, cruzado con analfabetismo digital y marginados digitales, hace bastante rato. El término marginados digitales lo utilicé por primera vez en 2008 () y no es muy frecuente ni en artículos de prensa ni en artículos científicos ni en conferencias de líderes del sector de las TIC y las telecomunicaciones o líderes gubernamentales del mismo sector.

La UNESCO habla de Alfabetización Mediática y Digital, AMI o MIL, por sus siglas en inglés de Media Information Literacy y tiene ya un “currículo para profesores” (). Con todo el respeto para la UNESCO, creo que hace falta mucha más promoción de este tema. Cuando encontré el término me di a la tarea de hablar con varios docentes y asesores colombianos en estos temas y encontré que la gran mayoría no lo conocían; igual que yo, hicieron conexión instantánea con sus imbricaciones. Fue grato encontrar al profesor Julio Gaitán Bohórquez, director del Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario, quien me ayudó a entender más la génesis y la importancia del término.

Debo agregar que extrañé no encontrar expertos mexicanos, argentinos, colombianos o brasileños en el grupo de asesores por América Latina y el Caribe, que ayudó a construir el mencionado “currículo para profesores”, como se puede constatar en el documento adjunto.

Me voy a permitir transcribir unos apartes del prólogo del texto en cuestión:

“Vivimos en un mundo donde la calidad de la información que recibimos influye en gran manera sobre nuestras elecciones y acciones subsiguientes, incluyendo nuestra capacidad para disfrutar nuestras libertades fundamentales y habilidades para la autodeterminación y el desarrollo. De la misma forma, existe una proliferación de medios y otros proveedores de información que están guiados por los avances tecnológicos en telecomunicaciones, lo que nos ofrece una gran cantidad de información y conocimientos a los que los ciudadanos pueden tener acceso y compartir.

“Además de este fenómeno, está el reto de evaluar la relevancia y confiabilidad de la información sin que los ciudadanos tengan ningún obstáculo para hacer uso de sus derechos a la libertad de expresión y a la información… va hacia el futuro, toma en cuenta las tendencias actuales que se dirigen hacia la convergencia de la radio, televisión, Internet, periódicos, libros, archivos digitales y bibliotecas en una sola plataforma –por lo tanto, es la primera vez que se presenta AMI de una manera holística.”

En la Introducción podemos leer: “el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que ‘Todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.’ La Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) provee a los ciudadanos las competencias que necesitan para buscar y gozar de todos los beneficios de este derecho humano fundamental. La consecución de este derecho se refuerza a través de la Declaración de Grünwald de 1982, que reconoce la necesidad de sistemas políticos y educativos que promuevan el entendimiento crítico de los ciudadanos sobre el ‘fenómeno de la comunicación’ y su participación en los medios (nuevos y viejos). Se refuerza aún más mediante la Declaración de Alejandría de 2005, que pone la Alfabetización Mediática e Informacional en el centro de un aprendizaje a lo largo de toda la vida. Reconoce como AMI ‘empoderar a las personas en todos los ámbitos de la vida para buscar, evaluar, utilizar y crear la información de una forma eficaz para alcanzar sus metas personales, sociales, ocupacionales y educativas. Esto es un derecho básico en un mundo digital y promueve la inclusión social de todas las naciones’”.

¿Por qué es importante la AMI?

Cuando leemos lo que, los mismos expertos de la UNESCO denominan las 5 Leyes de la Alfabetización Mediática e Informacional, nos preocupa mucho más que no haya una difusión y un uso más generalizado de estas herramientas. ¿Habrían evitado que Trump ganara? ¿Que el referendo del Brexit lo ganará el Sí? ¿Que la gente en Colombia votara No a la Paz?

Está claro que la desinformación que producen las falsas noticias en las redes sociales son instrumentos de personas con fines políticos y económicos que manipulan las emociones de los individuos y los hacen comportarse como un rebaño de ovejas que camina hacia donde el pastor les indique. En el caso de los negacionistas de las vacunas para la Covid-19 hay una mezcla de oscurantismo religioso con ignorancia supina acerca del importantísimo valor de las vacunas, desde que aparecieron, para la humanidad entera.

Quizás es la 5ª Ley la que nos remite a la importancia de la AMI como un proceso permanente de educación, como, en últimas, se concibe, hoy en día, la misma educación: “la alfabetización mediática e informacional no se adquiere de golpe. Es un proceso vivo y una experiencia dinámica, mucho más completa aún cuando incluye conocimientos, habilidades y aptitudes, así como el acceso, la cobertura, evaluación, asignación, uso, producción y comunicación del contenido de los medios de comunicación”.

Es por eso más extraño que el gobierno colombiano no haya implementado el “currículo para profesores” como sí lo han implementado Brasil y Uruguay con mucha fuerza y hay que destacar que, en México y Argentina, pese a no haber una política oficial, sí hay muchos académicos e intelectuales que promueven su uso y que han producido estudios, investigaciones y ensayos acerca del tema.

¿Por qué el Ministerio de Educación de Colombia no ha iniciado el proceso de implementación de la AMI? ¿A qué le tienen miedo? ¿Por qué todos los gobiernos del mundo no convierten la AMI en una asignatura transversal en todos los niveles educativos desde la primaria hasta la universidad?

¿Sociedad de la Información o de la desinformación?

Hoy la batalla es contra la desinformación. Ya no estamos construyendo una Sociedad de la Información, lo he dicho más de una vez; el sueño del profesor Manuel Castells ya es casi una ilusión. Estamos viviendo una “Sociedad de la Desinformación”. Con una humanidad “facebukiada”, llena de ignorantes informados, los países en vías de desarrollo la tenemos más difícil. Con una tasa de analfabetismo que ronda 7 por ciento en promedio en la región, no estamos bien. Y hay otra tasa que no miden los gobiernos, no les interesa. La tasa de analfabetismo funcional que son las personas que a duras penas saben leer y las operaciones básicas de matemáticas, personas que no pasaron de la primaria, en general. ¿Cuántos de esos tenemos en América Latina?

Personas que se alimentan de noticias en periódicos amarillistas, noticieros de TV alineados con el establecimiento y de las redes sociales. Personas que no tienen capacidad de digerir y distinguir entre falsas noticias, noticias institucionales y noticias verdaderas. Personas que son fácilmente manipuladas en las redes sociales y que hacen imperativo la implementación de la AMI en todos nuestros países.

Me he atrevido a decir que, en el Cesar, el departamento de Colombia donde vivo, cuya tasa de analfabetismo ronda 14 por ciento, el analfabetismo funcional no debe ser inferior a 20 ó 25 por ciento, haciendo una inferencia de los datos de deserción escolar en la primaria, lo cual nos arrojaría una cifra espeluznante de analfabetismo y analfabetismo funcional de no menos de 34 por ciento.

Es por todo esto que me impactó mucho, infortunadamente, encontrar este dato, que me da la razón, en la “Carta abierta a candidatos y precandidatos presidenciales en Colombia” () que un grupo de reconocidos intelectuales les dirigió a quienes han evidenciado su aspiración a la Presidencia de mi país.

Dicen ellos: “Una falla que contribuye al estancamiento de la productividad es la pésima calidad de la educación. Al llegar a los 15 años, uno de cada dos colombianos no alcanza el nivel de lectura necesaria para comprender un texto, y dos de cada tres no pueden hacer las operaciones lógicas más elementales de matemáticas. En general, el país padece de un atraso tecnológico y de conocimiento que induce una baja productividad y que es necesario superar para acelerar la diversificación y sofisticación de las canastas de producción nacional y de exportaciones. Sin esto, no va a ser posible reducir en un periodo razonable la deuda pública, mantener la estabilidad macroeconómica interna y externa, reducir la desigualdad y la pobreza y fomentar la armonía social” (la negrilla es mía). Es imposible ascender a otro nivel de desarrollo de esa manera.

El otro tema, muy delicado también, es el del analfabetismo digital que la UNESCO define como: “En un sentido estricto hace referencia a la imposibilidad de navegar en Internet, acceder a contenidos multimedia, socializar mediante las redes sociales, crear documentación o discriminar información relevante de la superflua…”

Esto último fue lo que llevó a la entidad multilateral a la adopción del término AMI y a la búsqueda de un estándar para su implementación. Pero, hace rato, vengo diciendo que un analfabeto digital o un marginado digital no es tan solo aquel que no es capaz de navegar en la red. Una persona con formación universitaria, hoy en día, que tenga un teléfono inteligente que le sirva sólo para llamar, “wasapear” y “facebukiar” y no sea capaz de editar textos, enviar correos, subir información a la nube, hacer compras y transacciones financieras, desde su Smartphone, es un analfabeto digital también ().

Es increíble que tengamos que discutir, en pleno siglo XXI, la necesidad de contar con todos los ciudadanos con una mínima formación escolar que hoy no puede ser menos que la educación secundaria y media. No puede ser menos que eso, incluyendo procesos serios y rigurosos de AMI, en todo el mundo. Si esto no se da, las desigualdades económicas y sociales se van a ahondar y la distancia entre un norte rico y desarrollado y un sur pobre y sin desarrollarse se van a agudizar. Nos vamos a llenar de marginados digitales ().

La Cuarta Revolución Industrial, las tecnologías exponenciales serán una quimera para muchos y los beneficios de dicha revolución y tecnologías se verán en las grandes ciudades de América Latina que, de manera muy triste, ayudan a aumentar la inequidad en la región. Los casos de Bogotá y Medellín, en Colombia; Santiago, en Chile; Río de Janeiro, Brasilia y Sao Paulo, en Brasil; Buenos Aires, en Argentina y Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey en México, muestran una desagradable concentración de poder político y económico en las capitales o grandes ciudades de esos países.

El caso de Colombia es aberrante. Bogotá y Medellín concentran, ellas dos, no menos del 45 por ciento del PIB del país, en una nación con 1120 municipios o localidades.

El único y verdadero factor nivelador social que nos permitiría más desarrollo económico y social es la educación y, por ende, una sociedad con mejores criterios para digerir la intoxicación informativa de hoy en día.

Versión especial para DPL News de la versión original publicada en www.eltiempo.com. 

La presencia de dos colombianos en las direcciones de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y en la Corporación Andina de Fomento (CAF), Jorge Hernando Pedraza y Sergio Díaz Granados, respectivamente, debería ser acicate para mirar más allá de las necesidades, apremiantes, generadas por la pandemia de Covid 19.

Sergio acaba de llegar a la CAF, pero su largo periplo en altas posiciones gubernamentales y su largo paso por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) auguran una agenda llena de retos para la transformación del aparato productivo de los países andinos, labor pendiente que, unida a la impostergable transformación digital, son una necesidad de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia.

Jorge Hernando llegó a la Secretaría General de la CAN unos meses atrás, antes del inicio de la pandemia, lo cual le ha permitido darse a conocer y desplegar una agenda que ha procurado fortalecer lo digital y tecnológico.

Un estudio que acabamos de entregar Julián Cardona Castro y este servidor a la CAN, “Análisis y Diagnóstico del Ecosistema Digital de la Comunidad Andina para el Sector de Telecomunicaciones y TIC: Estado de la Situación Normativa, Conclusiones y Recomendaciones”, me permite asegurar que, pese a algunos desarrollos asimétricos, las necesidades de transformación digital son urgentes en los cuatro países.

Urgencia que la pandemia agudizó como lo anticipé en el caso de Colombia, en mis colaboraciones para El Tiempo y Portafolio, donde me adelanté a muchos estudios posteriores y dije que la Covid 19 agudizaría las diferencias entre niños de centros urbanos desarrollados y los pequeños ubicados en la periferia  rural.

Hoy las cifras de deserción escolar en Colombia y los retrasos en los procesos académicos de niños y jóvenes son uno de los lunares más grandes de la pandemia, lunar que creció y tuvo protagonismo pero que ya existía. El título de mi artículo para El Tiempo del 31 de marzo del año pasado, recién arrancaba la cuarentena, lo dice todo: “El atraso tecnológico que mostró el coronavirus” ().

En las conclusiones del estudio anotado se dice: “Impulsar la formación de un mercado digital regional… para propiciar el comercio electrónico transfronterizo, la firma digital, la cédula y el pasaporte digitales, aduanas digitales e interoperabilidad fronteriza, entre otros.” Y para consolidar lo que se definió como los cuatros pilares de la transformación digital para la CAN: la conectividad por banda ancha, para todos los hogares. La apropiación digital. La confianza y seguridad digital y la asequibilidad.

El leguaje debe cambiar. No se debe continuar hablando de accesos a Internet sino a banda ancha, son dos asuntos diferentes. La conectividad es por banda ancha fija o móvil.

La Unión Europea viene trabajando hace rato en la creación de un Mercado Digital Común y no han podido consolidarlo. Repito, la presencia de Sergio Díaz Granados y Jorge Hernando Pedraza en la CAF y en la CAN debe servir para algo trascendente y hoy más que nunca es importante crear y consolidar el Mercado Digital Andino.

La pandemia aceleró la transformación digital en la sociedad y principalmente en los hogares. La pandemia ha exacerbado la enorme brecha digital existente en la banda ancha fija. La pandemia nos remitió a los hogares, pero los hemos encontrado desconectados o muy mal conectados sin conexiones de banda ancha fija de alta velocidad

Durante la pandemia, las telecomunicaciones dejaron de regirse por las libres fuerzas del mercado, a pasar a ser un servicio público esencial. La pandemia está llevando a los Estados a incluir en su pacto social el bienestar digital, es decir, la conectividad digital. Además desnudó los errores y aciertos de las políticas públicas de los diversos gobiernos.

¿Qué ha sido lo bueno de la pandemia? La necesidad de hablar de bienestar digital y de convertir el acceso a Internet en un servicio público esencial. Hoy todos los sectores de la economía y de la vida han tenido que reinventarse. El comercio electrónico ya no es algo raro y peligroso; es una necesidad. Conceptos como el teletrabajo y la educación virtual hacen parte de la discusión diaria y del cómo llevar uno u otro. La Transformación Digital, con mayúsculas, llegó, apresuradamente, con la pandemia a sacudir todo el tablero de nuestra vida y a crear lo que ya se denomina la nueva normalidad.

El Mercado Digital Andino

Las tres multinacionales con presencia en Colombia, a través de los operadores más importantes del mercado, América Móvil, Telefónica y Millicom, también son jugadores relevantes en los otros países andinos, siendo Millicom el de presencia más pequeña al estar sólo en Colombia y Bolivia, pero al cual también le interesa la posibilidad de un mercado digital integrado que permita hacer sinergias y economía de escalas en un negocio que demanda tanta inversión y que tiene una tasa de rentabilidad y retorno bastante baja y de largo plazo.

Las próximas subastas de espectro de 5G que ya comienzan a sonar en todos los países del área es una muy buena oportunidad para que se haga un frente común y se bajen las tasas a pedir por el espectro.

Un estudio reciente de GSMA demuestra que las altas tasas cobradas por el espectro, en la región, han retrasado la cobertura de 4G y, obviamente, es necesario redefinir las nuevas subastas porque deben ser acompasadas con el apagón de 2G y de 3G y con compromisos de ahondar en la cobertura de 4G y de 4.5G o LTE.

El tamaño del mercado andino es importante para los operadores mencionados; estamos hablando de un potencial de 110 millones de habitantes. Países donde hay problema de cobertura en telefonía móvil y baja cobertura en banda ancha fija. El escenario ideal para integrar y consolidar operaciones y mejorar los márgenes de rentabilidad y la tasa de retorno. América Móvil tiene operaciones móviles y fijas en Colombia, Perú y Ecuador. Telefónica también tiene una fuerte presencia en esos tres países. Y Telefónica ha estado buscando salir de sus activos en América Latina y quedarse sólo con Brasil. Un mercado integrado podría ser un gran aliciente para quedarse en nuestra región. Lo hablamos con un alto directivo de la compañía española y lo verían con buenos ojos, en la medida que se concretara rápido.

Y ahí es donde juegan un papel preponderante Sergio Díaz Granados y Jorge Hernando Pedraza, la CAF y la CAN, porque pueden ser los facilitadores ante los gobiernos de la región para la toma de decisiones y el impulso para convertir a la Comunidad Andina de Naciones en el primer y verdadero mercado común digital del mundo.

Un Mercado Digital Andino debe permitir encontrar unas líneas comunes, transversales, a las políticas públicas para las TIC y las telecomunicaciones, para poder crear una agenda común andina, una Agenda Digital Andina, sin chocar con los reguladores de cada uno de los países porque ahí sí jamás sacaríamos adelante esta iniciativa.

La CAN y la CAF deben liderar estas discusiones que, por supuesto, tienen que acudir al apoyo de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) y de los CEOs para la región, que tengan las empresas con mayor presencia e inversión en el área andina. Verbigracia, Telefónica y América Móvil que, precisamente, tienen a dos colombianos, Alfonso Gómez y Juan Carlos Archila, manejando la operación regional para el norte de América Latina.

Los cuatro pilares que anoté atrás y que Julián y yo definimos para una Agenda Digital Andina podrían ser los temas transversales, comunes, a discutir para propiciar un Mercado Digital Andino: la conectividad por banda ancha para todos los hogares. La apropiación digital. La confianza y seguridad digital. Y la asequibilidad.

Hay un quinto tema, muy importante, donde juega un papel protagónico la ASIET y es encontrar unas normas simétricas para la posibilidad de integración de los mercados de las telcos con operaciones en los países andinos. En últimas, ellos van a ser los verdaderos dinamizadores de la integración si la logramos.

Hay que anotar que ASIET ha intentado impulsar un Mercado Único Digital Iberoamericano y, también, latinoamericano desde 2017; algunas diferencias en los diferentes procesos de integración de la región han dado al traste con esos propósitos.

En la Declaración de Ciudad de México, adoptada durante la Quinta Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe se aprobó la Agenda Digital para América Latina y el Caribe (eLAC2018) y se acordó celebrar la Sexta Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe en Colombia en 2018, con el propósito de dar continuidad a este espacio de cooperación, renovando sus compromisos con una visión más allá de 2018 e incorporando en el debate los desafíos emergentes de la revolución digital y su impacto sobre la política pública y el desarrollo sostenible.

La eLAC tiene como objetivos impulsar un Mercado Digital Regional para promover una estrategia de mercado digital regional que incremente el comercio y la economía digital y fortalezca la competitividad de América Latina y el Caribe mediante incentivos, coherencia normativa, integración en materia de infraestructura digital, el desarrollo de plataformas digitales de bienes, servicios y contenidos y el flujo transfronterizo de datos. Impulsar medidas para la facilitación del comercio regional a través del uso de tecnologías digitales, la coordinación institucional y la interoperabilidad de los diferentes sistemas nacionales de comercio exterior.

Lo cual nos permite decir que la CAN y la CAF podrían contar no sólo con la aquiescencia de ASIET sino, también, con la colaboración de la CEPAL y de la eLAC para lograr que el bloque andino sea el primer mercado común digital del mundo.

No sobra mencionar que tanto en Mercosur como en la Alianza del Pacífico se ha venido mencionando el tema.

Y hay un hecho político innegable, Iván Duque postuló a Sergio Díaz Granados y a Jorge Hernando Pedraza, está terminando su cuatrienio y no tiene un legado que mostrar en la agenda digital que, antes, por el contrario, se acaba de empañar con un escándalo de corrupción en el ministerio del sector. Impulsar como presidente de Colombia el Mercado Digital Andino, con el apoyo de esas dos columnas suprarregionales, la CAF y la CAN, puede ser un logro a rescatar y mostrar.

El Mercado Digital Andino en cifras

Los países de la CAN, Ecuador, Bolivia, Colombia y Perú, suman hoy 111 millones de habitantes. Acudiendo a diferentes fuentes y con algunos datos sin precisar a la hora de terminar este artículo, podemos decir que la inversión extranjera directa (IED) para el sector de telecomunicaciones y TIC representó no menos de 1 por ciento del PIB para Ecuador; para Bolivia no menos del1 por ciento; para Colombia una cifra cercana a 4.4 por ciento y para Perú no menos de 3.9 por ciento del PIB, lo cual es un reflejo del tamaño y desarrollo de cada una de las economías de los países en mención.

Esa misma IED en valores significa para Ecuador una cifra cercana a los U$962 millones de dólares, para Bolivia U$217 millones de dólares, para Colombia unos U$1.431 millones de dólares y para Perú unos U$890 millones de dólares. Todos los datos están calculados a 2020. O sea, estamos hablando de un mercado donde hubo inversiones por no menos de U$3,500 millones de dólares en el sector de telecomunicaciones y TIC que es una cifra, realmente, muy importante, mucho más si los inversionistas pudieran dirigirlas para un solo mercado y no para cuatro.   

Les voy a dar otros datos para contextualizar y mirar la importancia del mercado y conmensurar la viabilidad y el tamaño del negocio. Bolivia tiene 12 millones de líneas móviles con una penetración de 102 por ciento por número de habitantes. Colombia tiene 68 millones de líneas móviles con una penetración de 133 por ciento por número de habitantes. Ecuador cuenta con 15.5 millones de líneas móviles con una penetración del 88 por ciento y Perú tiene 43 millones de líneas móviles con una penetración del 131 por ciento.

En cuanto a conexiones de banda ancha fija (BAF), Ecuador tiene 2.4 millones de accesos fijos para una población de 17.5 millones de habitantes. Bolivia tiene menos de un millón de conexiones de BAF para una población de 12 millones de habitantes. Colombia tiene alrededor de 7.8 millones de accesos de BAF para una población de 50.2 millones de habitantes. Y Perú cuenta con unos 2.7 millones de accesos de BAF para una población de 33 millones de habitantes.

Como vemos y eso lo mostró la pandemia de Covid 19, los hogares están desconectados. Hay una tarea pendiente y los operadores de telecomunicaciones no van a hacer solos el esfuerzo. Necesitan del apoyo de los gobiernos. Estamos hablando de América Latina, de los países andinos, no de países desarrollados. Un Mercado Digital Andino puede permitir, lo repetimos, una sinergia y economía de escalas que va a redundar en beneficio de todos nuestros compatriotas a lo largo y ancho de la Comunidad Andina de Naciones.

Sergio Díaz Granados de la CAF, Jorge Hernando Pedraza de la CAN, Iván Duque, presidente de Colombia; Pedro Castillo, presidente de Perú; Guillermo Lasso, presidente de Ecuador y Luis Arce, presidente de Bolivia, tienen la palabra.

Las telecomunicaciones y las TIC son hoy el eje transversal del desarrollo de las comunidades en el mundo entero y nuestros países no son la excepción. La pandemia desnudó nuestras falencias y necesidades. Es la hora de actuar.

Nicola Stornelli, El Tiempo

En los últimos quince meses, desde que se oficializó la pandemia del covid 19, he dedicado varios artículos y columnas de opinión a hablar de la necesidad de mejorar la conectividad de los colombianos. El gobierno nacional sostiene que está logrando metas de conectividad que ningún otro gobierno había logrado y lo justifica en los avances que ha habido en la cobertura de los operadores móviles a quienes la última subasta de espectro, el de 700 Mhz, el “Dividendo Digital”, los ha obligado a mejorar, mucho, todos sus indicadores y darle la pelea, con penetración y calidad, al cuestionado cuarto operador.

Una reciente publicación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) titulada “The economic impact of broadband and digitization through the COVID-19 pandemic -Econometric modelling”, “El impacto económico de la banda ancha y la digitalización en COVID-19 – Modelado econométrico” (https://bit.ly/3rhYuM9) y un estudio de la Cepal, titulado “El estado de la digitalización de América Latina frente a la pandemia del COVID-19” que es de abril de 2020 me permiten afirmar, con base en dichos estudios, que no estoy desfasado al pedirle al MinTIC que auspicie un Plan Nacional de Banda Ancha Fija (PLANBAF).

Y para afirmar más lo que vengo sosteniendo, el recién publicado Índice de Desarrollo de Banda Ancha realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que mide a 65 naciones, según palabras de su director, citado por EL TIEMPO: “…la banda ancha es entendida como una conexión de alta capacidad, que siempre esté disponible y les permita a los ciudadanos recibir y compartir archivos de audio, voz, video, imágenes y datos” OJO, que siempre está disponible. Cuando los expertos hablan de estar siempre disponible se refieren a la banda ancha fija, no a la móvil que, como es obvio, está sujeta a disparidades en su disponibilidad por múltiples razones técnicas y ambientales.

Es muy diciente el primer párrafo del Resumen Ejecutivo del estudio del BID. Casi que me dejaría sin palabras para seguir escribiendo: “El acceso a internet de alta velocidad es un elemento esencial para el desarrollo socioeconómico. La pandemia de covid-19 ha puesto de manifiesto la importancia de contar con tecnologías digitales para poder acceder a servicios públicos, a formación y al mercado laboral”.  Aquí está el estudio del BID.

Mucho más diciente e impactante y que lo convierte en un tema urgente por resolver es el titular de EL TIEMPO para referirse al citado estudio del BID “Cerrar la brecha digital en Colombia podría generar más de 1.5 millones de empleos”

Presidente Iván Duque, Ministra Karen Abudinen, Consejero Presidencial Víctor Muñoz, no es un embeleco mío. Una Plan Nacional de Banda Ancha Fija es una necesidad sentida que todos los estudios indican que es necesaria para la recuperación económica postpandemia.

Un enfoque diferente

“Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”. Esa famosa frase, atribuida a Albert Einstein, de la cual no hay un autor conocido, con seguridad, nos permite redondear una idea expresada antes.

En el artículo donde planteó por primera vez la necesidad de un PLANBAF hablé de la posibilidad de utilizar los recursos de regalías para estructurar proyectos que le lleven conectividad, banda ancha fija, a hogares de estrato 1 y 2.

Hace casi 20 años vimos desaparecer a Telecom y a todas sus teleasociadas; algunas con operaciones rentables, verbigracia Telebucaramanga y Teleupar. Era una necesidad del momento, del mercado, del país y significó un repunte en ciertos servicios de telecomunicaciones en los centros urbanos más grandes del país, pero fue en desmedro de los municipios más pequeños.

La cachetada económica que nos dio la pandemia obliga a pensar nuevas formas de superar la crisis y hoy tenemos claro que, para superarla, necesitamos que todos los hogares estén bien conectados con banda ancha fija. Utilizando filosofía mockusiana, Todos Ponen, podemos pensar en que las gobernaciones estructuren proyectos para costear la infraestructura para llevarle la conectividad a todos los hogares colombianos y el gobierno nacional puede colocar un aporte. Decir si ustedes aportan seis pesos, papá Estado coloca 4, por ejemplo. La gobernación debe constituir una sociedad de economía mixta (ojalá las asambleas no obstaculicen estos procesos, si se dan) y pueden escoger entre los cuatro operadores con operación, valga el pleonasmo, de banda ancha fija: Telefónica, Claro, TigoUne y ETB. Debo incluir a TV Azteca así no sea un operador telco, formal y reconocido, pero excluirlo cuando es el operador de la Troncal de Fibra Óptica (TFO) que conecta a más de 700 municipios sería un error monumental. La decisión será política y económica. El operador que le ofrezca más al departamento debe ser el seleccionado. En la sociedad deben estar todos los pequeños operadores comunitarios de Internet que haya en los municipios, ellos son los dueños del mercado y nos los podemos excluir. Obviamente, al no colocar un peso para entrar a la sociedad, su aporte en especie será valorado para justificar su participación accionaria.

Algunos me dirán que ese mecanismo propuesto no es muy transparente y preguntarán por qué no proponer una Asociación Público Privada (APP). Porque las APP son engorrosas de estructurar, su trámite puede durar más de dos años y porque en las proyecciones financieras para garantizar rentabilidad, lo más seguro es que excluyan a los operadores comunitarios porque no tendrían cómo aportar financieramente a la APP. Es mejor que ellos estén ahí. Todos Ponen, Todos Ganan. El mercado es de ellos y por ese intangible muy medible es que se les va a dar una participación.

Sin miedos a lo nuevo

Contar con operador grande en la sociedad de economía mixta, que tenga y se gane una participación accionaria mayoritaria, le va a dar continuidad y estabilidad al proyecto. Sería revivir las teleasociadas pero en un esquema departamental y en una lógica diferente. Y sería una forma de fortalecer procesos locales de emprendimiento y/o empresarismo que ya se vienen dando en los municipios al involucrar a los operadores comunitarios. No le tengo miedo y pido a todos que no le tengamos miedo a experimentar. Algunos consultores y abogados del sector dirán que es una locura y un riesgo por la debilidad de las instituciones en las regiones. Y que no habrá muchos interesados en esta iniciativa. Pues les diré que de los cinco mencionados arriba, ya he hablado con dos y están muy interesados en una iniciativa así si algún departamento arranca el proceso.

La pandemia del Covid 19 pateó el tablero y nos obligó a mirar nuevas formas de jugar, en todos los escenarios y en todos los ámbitos. Si el mercado de telecomunicaciones había buscado integrar y consolidar grandes jugadores en una sola empresa y con pocos jugando en un país o región, la inequidad y la desigualdad en el mundo subdesarrollado nos obliga a mirar nuevas formas de llevarle conectividad a los desconectados. La recuperación postpandemia, perdonen la reiteración, nos obliga a ello. No podemos permitir que además de los retrocesos que significó el covid-19 en economía y desarrollo social, ahora veamos un frenazo en la recuperación que no se podrá dar si todos los hogares no están conectados. Necesitamos conectar a todos. Y lo repito por enésima vez, no es con el Internet móvil que vamos a resolver la conectividad para el teletrabajo, la teleducación y la telemedicina. Dejen de estar soñando que con 5G vamos a conseguir eso. Mi teléfono es de alta gama, como dicen en el mercado y tiene capacidad de tecnología LTE, vivo en Valledupar, la capital del Cesar y saben cuándo me sale que está conectado a una red LTE, nunca. Lo máximo es 4G y no es estable. Así que, por favor, no me digan que con subastar el espectro de 5G vamos a resolver los problemas de conectividad de los hogares de estrato 1 y 2.

Los proyectos regionales para llevar infraestructura de conectividad, banda ancha fija, deben priorizar la fibra óptica. No puede ser menos. No necesariamente fibra óptica a cada hogar, pero una solución intermedia, llevando un nodo a cada manzana y repartiendo de allí, vía coaxial, puede ser una solución menos costosa.

Pero si hoy hay hogares pagando incluso más de $50.000 pesos mensuales por una conexión inestable a Internet (operadores comunitarios o informales) por qué no pagarlos si va a ser estable. Creo que si se va a poder con fibra óptica al hogar.

El PLANBAF debe ser con educación

Uno de los problemas graves que ha generado el crecimiento de las redes móviles es que brindan unos planes, incluidos los prepagos, con redes sociales “gratis” entonces se ha creado una dependencia, una adicción a las redes sociales, tanto de jóvenes como de adultos y a todos se les olvida que Internet es mucho más que Facebook, Instagram o Tik Tok.

Un Plan Nacional de Banda Ancha Fija debe tener un componente de educación, brindar talleres de uso y apropiación digital, debe estar incluido en cualquier proyecto que se estructure. El Ministerio de Educación (MEN) y las secretarías territoriales deben articular con el MinTIC y las gobernaciones para que la empresa a constituir destine un porcentaje no inferior al 10% de sus utilidades en campañas, permanentes, de alfabetización digital que permitan mejorar no tan solo el uso sino la productividad. Ahí hay una oportunidad en el numeroso grupo de mujeres vinculadas a empresas que hacen mercadeo en redes sociales y con revistas. Esas mujeres, madres de familia en su mayoría, tienen ya una base en su educación digital y financiera que les permitiría mejorar su productividad con el aprendizaje de mejores herramientas y serían un estimulo para sus hijos y cercanos.

El MinTIC y el MEN deben apoyar, decididamente, esta iniciativa si algún departamento la prioriza. Llegó la hora de transformar el sector y de producir un revolcón en la educación digital de nuestros ciudadanos y lo vamos a hacer desde los territorios.

Oportunidad para el Estado

Quiero pedirle a Luis Alberto Rodríguez, el director del DNP, que apoye la formulación de los proyectos, cuando se den y que acompañe y asesore a los gobernadores en la constitución de las instancias asociativas que inicien, ya bien sea una sociedad de economía mixta o una APP. Hay aquí una oportunidad de oro para el Estado para conectar a los desconectados y conectarlos bien conectados.

Por último, quiero decirles a los corregimientos, a la zona rural, que aquí tienen cabida. El proyecto a estructurar debe incluir cómo llevarles conectividad a las zonas rurales. No los podemos dejar por fuera. Hay tecnologías que ayudan como WiBack.

Se las dejó ahí, como diría el Cacique de la Junta.

Una publicación que me compartió mi buen amigo, Andrés Pumarino (el abogado más respetado en temas de telecomunicaciones y TIC en Chile), me advirtió que algo raro está pasando con la aplicación del IVA digital en Colombia porque en el artículo periodístico, del país austral, el titulo lo dice todo: “En casi un año de vigencia, el IVA digital ha recaudado más de U$210 millones de 192 plataformas”. Si comparamos el tamaño de las economías y de las poblaciones lo entenderán.

En Colombia, por ahora, se cobra el IVA cuando el usuario directo tiene su residencia fiscal, domicilio o la sede de su actividad económica en el país. Además, a las plataformas, directamente, se les cobran otros impuestos como el de Industria y Comercio. En Chile se les cobra el IVA digital a todas sin excepción.

El dato que tengo es que, en 2019, en nuestro país solo se recaudaron 252 mil 535 millones de pesos, lo cual es una cifra muy baja respecto del dato de Chile.

Con un PIB de 275 mil millones de dólares, Colombia tiene una economía más pequeña que la de Chile que tiene un PIB de 307 mil 938 millones de dólares, pero Chile tiene una población de 19.107.000 personas y Colombia, según el último censo, está en 50.374.000 personas.

Colombia tiene cómo y con qué recaudar mucho más. Una alternativa halagüeña en medio de la tensa situación social del país cuyo detonante fue una reforma tributaria que afectaba el bolsillo de la clase media.

“Las TIC deben entrar a ser reguladas y deben pagar impuestos igual que las telecomunicaciones.”

— Nicola Stornelli —

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Doy el dato de la población porque las plataformas tecnológicas y las redes sociales las utilizan personas. Y aquí entra un dato novedoso. El G7 anunció que sus países le exigirán a los grandes tecnológicos una contribución de 15 por ciento como impuesto mínimo de sociedades a pagar en los países donde operan de acuerdo, obviamente, al tamaño de sus operaciones en cada uno de los países ().

La pandemia de la Covid-19 ha enfrentado al mundo al fantasma del retroceso y estancamiento económico. Las empresas tecnológicas que venían creciendo a números superiores a los del promedio de los sectores económicos han visto disparar sus ingresos en las cuarentenas y confinamientos debido al crecimiento exponencial del teletrabajo y la teleducación.

Es significativo el dato del incremento de la acción de Zoom, la plataforma de videollamadas grupales, cuyos cálculos más moderados hablan de 400 por ciento de antes a después de la pandemia. En Colombia la venta de computadores que venía decreciendo se disparó 62 por ciento en 2020.

El gobierno colombiano debe contemplar, sin dudar y sin ningún temor, acoger esta iniciativa del G7 e implantarla en la Reforma Tributaria, en estudio, a presentar al Congreso en los próximos días.

Y digo sin temor porque algo sé del poder de lobby de las multinacionales tecnológicas en nuestro país. Menos mal que Joe Biden está apoyando la iniciativa del G7, con entusiasmo, porque fue precisamente Estados Unidos quien propulsó la tesis que había que dejar a las empresas del sector de las TIC sin regulación y de allí a que no pagaran los mismos impuestos que las empresas de telecomunicaciones solo hubo un paso.

G7 logra histórico acuerdo para aplicar impuestos a las big tech

Es la hora de corregir ese momentum histórico que no error. Las TIC deben entrar a ser reguladas y deben pagar impuestos igual que las telecomunicaciones.

Es la hora de los gremios del sector apoyando al pueblo colombiano. No pueden ser inferiores al reto de la coyuntura del país y del mundo. Desde aquí, le pido a la CCIT, a AsoTIC, a Asomovil, a la CCCE, a ACIEM, a Cintel, a ACIS, a Andesco, a Asomedios, a Fedesoft y a todas las otras asociaciones y agremiaciones, empezar a construir una propuesta que le permita al Estado poder contar con sus aportes académicos para esta discusión.

Colombia necesita del apoyo de todos y cada uno de nosotros. Las soluciones que demandan los miles de jóvenes que protestan en la calle no se van a poder resolver con pañitos de agua tibia. Es la hora de todos.

El término sandbox, inglés, significa, literalmente, caja de arena. Es decir, el pequeño recinto donde los niños pueden jugar y experimentar en un entorno controlado. Pero, poco a poco, el término ha ido adquiriendo nuevos significados. En el mundo de la informática, un “sandbox” es un entorno de pruebas cerrado, diseñado para experimentar con proyectos de desarrollo web o de software, especialmente en el mundo fintech, de forma segura.

El concepto se ha trasladado al ámbito de la economía digital en forma de los sandboxes regulatorios: campo de pruebas para nuevos modelos de negocio que aún no están protegidos por una regulación vigente, supervisados por las instituciones regulatorias.

La Comisión de Regulación de las Comunicaciones de Colombia (CRC) acaba de dar por terminada la primera fase de su primer sandbox regulatorio, algo realmente muy novedoso en el marco de políticas públicas para las telecomunicaciones y las TIC, no solo en el país sino, también, en América Latina.

Me dijo Sergio Martínez, Director Ejecutivo de la CRC, que quedaron, gratamente, sorprendidos con la cantidad y diversidad de propuestas recibidas. No puedo hablar, explícitamente, de ellas porque están en fase de evaluación inicial y muchas de las empresas incluyeron información que catalogaron como reservada.

Pero es bueno decir que participaron en todas las categorías abiertas en el sandbox. En la categoría de los “Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones” (incluidos proveedores de servicios de telecomunicaciones fijos y móviles, operadores del servicio de televisión y proveedores del servicio de Internet) hubo propuestas de 18 empresas, incluidas DirecTV Colombia, Tigo-UNE EPM Telecomunicaciones, Colombia Telecomunicaciones (Movistar) y la Asociación Nacional de Proveedores de Servicios de Internet (NAISP), que agrupa a los pequeños proveedores de Internet, entre otras.

“La Comisión de Regulación de las Comunicaciones de Colombia (CRC) acaba de dar por terminada la primera fase de su primer sandbox regulatorio, algo realmente muy novedoso en el marco de políticas públicas para las telecomunicaciones y las TIC”

— Nicola Stornelli —

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En la categoría de “Operadores de Servicios Postales” hay dos propuestas. Y en la categoría de “Proveedores de Contenidos y Aplicaciones” hay otras dos propuestas.

Todo lo anterior implica que vamos a ver nuevas formas de prestar servicios de telecomunicaciones y TIC, como un experimento regulatorio que, obviamente, pueden quedarse como fijos.

Por ejemplo, pude saber que la propuesta de Movistar es minimizar barreras regulatorias en Colombia para posibilitar un proyecto llamado “Internet para Todos”, similar a lo que hace en Perú, donde se ha logrado generar cobertura a cerca de 2 millones de personas que estaban desconectadas bajo un modelo abierto e innovador, tecnológicamente. En Colombia tiene cuatro pilotos y desarrollarían el proyecto de la misma manera que en el país vecino.

Extrañé no ver una propuesta de Telecaribe que sé viene adelantando unos pilotos de TVWS o espacios en blanco de la TV, con permiso de la ANE, que permite aprovechar la frecuencia de UHF de la TDT para transmitir Internet, con lo cual se podrían conectar zonas desconectadas en la ruralidad. Pregunto: ¿cómo va eso?

Pensé que NAISP iba a presentar una propuesta que favoreciera a todos esos pequeños proveedores de Internet que, a lo largo del país, hacen patria, llevándole ese servicio tan importante a nuestros compatriotas.

Los pequeños proveedores merecen un marco regulatorio y tributario que les permita competir en un campo donde las normas están dadas para favorecer a los grandes jugadores de la cancha. Pero no, NAISP presentó una propuesta para los operadores pequeños de TV.

No pude conocer la propuesta de los operadores postales a quienes he defendido tanto, últimamente, pero después del lío de la ley -que está en el limbo-, sé que hay un proyecto del MinTIC para reformar la ley 1369 de 2009 que los regula, con el fin legítimo, entre otros, de adaptar la norma a los avances tecnológicos que han transformado el sector desde su expedición.

Vale la pena recordar algunas cosas que he propuesto para mejorar la conectividad en el país y, por ejemplo, ojalá puedan tener en cuenta lo de hacer un piloto con un departamento o municipio, con recursos de regalías.

Incluso no es descabellado pensar en crear nuevas empresas de economía mixta, asociadas con una telco grande, como Movistar o Tigo y con los pequeños proveedores locales que ya conocen el terreno y tienen los clientes.

En un reciente evento de DPL (https://dplnews.com/fttx-mexico-mensajes-clave-nacion-de-fibra-optica/), afirmaron los diferentes expertos que es crucial llegar con fibra óptica a todos los hogares y dijeron que no es posible pensar en 5G si no hay ese tendido.

Es más, dijeron algo que puede sonarle herético a muchos por aquí: necesitamos que la fibra óptica sea nuestro principal canal de Internet, no 5G. Dicha tecnología móvil nos dará movilidad, pero no la estabilidad y el ancho de banda de la fibra óptica. 5G será un complemento perfecto para un país conectado con fibra óptica.

Interesante reto para el país donde todavía las autoridades oficiales siguen apostándole a lo móvil, condenando al atraso al país.

El año pasado, cuando ya sentíamos el rigor de las cuarentenas y confinamientos por la pandemia y sabíamos que más de la mitad del país estaba sufriendo por problemas de conectividad, El Tiempo me publicó un artículo con la primera parte de este título ().

Allí proponía que, en la reforma a las regalías, en discusión en el Congreso por esos días, incluyeran que los entes territoriales pudieran financiar proyectos de infraestructura para conectividad y quedó en la ley, beneficiando a los estratos 1 y 2.

Cuando le propuse al director del periódico escribir este artículo, me sugirió ser propositivo y no solamente crítico. Entonces, me propuse consultar a los líderes del sector y no quedarme con mi racionamiento o mis opiniones.

Debo contar que, a la fecha que di como de cierre, ninguno de los tres grandes operadores me había contestado, lo cual me deja preocupado. ¿No les interesa? ¿O van a esperar qué movimiento hace el gobierno, eventualmente?

Las preguntas que hice fueron dos: a) ¿Es viable, técnicamente y económicamente, pensar en un Plan Nacional de Banda Ancha Fija? y b) ¿Qué mecanismos de financiación propondría usted, incluidos los estatales, para obtener los recursos para dicho Plan, si usted lo apoyara?

Le agradezco a quienes me contestaron su interés por colaborar y participar en esta discusión. Debo agradecerle a Ximena Duque, de Fedesoft y a Luis Javier Parra, de ACIS, sus aportes. Especialmente al exministro de las TIC, Daniel Medina Velandia. Obviamente, a mi cómplice de largas tertulias en estos temas, Julián Cardona Castro, expresidente de ACIEM.

En el correo que envié para abrir el marco de las preguntas digo que estoy haciendo una investigación para determinar la viabilidad de un Plan Nacional de Banda Ancha Fija (PLANBAF) y me permito hacer la siguiente observación: la pandemia de Covid-19 demostró que el país está desconectado y que no es con teléfonos inteligentes de gama baja y con planes prepago como se va a resolver el teletrabajo o la teleeducación. Los hogares necesitan banda ancha de verdad.

Ya son tristemente famosas las imágenes o los memes, creados a partir de esas imágenes, con niños y jóvenes buscando señal para sus teléfonos para poder conectarse con sus clases o hacer tareas.

La demanda de Internet, desde los hogares, se ha incrementado hasta 60 por ciento, según datos de la OCDE, y los operadores han podido responder satisfactoriamente, en la mayoría de los casos.

Es notable el caso de Telefónica en Colombia cuya demanda de banda ancha fija permitió que incrementaran las conexiones de fibra óptica residencial en más de 1.300.000 hogares, logrando ofrecer ese servicio en 32 municipios y banda ancha fija, con xDSL, en más de 240 municipios. Hay un mercado que atender. Hay una demanda que venía caminando, lentamente, pero la pandemia la disparó.

La pandemia de Covid-19 permitió demostrar que es posible el teletrabajo y que se podía incrementar el comercio electrónico en estas latitudes, donde venía creciendo, pero de a poquitos; un crecimiento sostenido pero lento. La pandemia mundial, los confinamientos, hicieron crecer el comercio electrónico desde los niveles más sencillos como el de muchos restaurantes que abrieron cuentas en redes sociales para poder ofrecer sus productos y atender domicilios.

“Este gobierno arrancó generando la expectativa que iba a luchar por convertir a los sectores innovadores, ligados al ecosistema digital.”

— Nicola Stornelli —

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Pero muchos hogares no tienen una buena conexión. A duras penas cuentan con un teléfono inteligente o una tableta para pagar un plan prepago de datos. Chile ya declaró el derecho a Internet como un Servicio Público Esencial y está financiando el Estado, el más ambicioso plan de conexión con fibra óptica a todos los pueblos y ciudades de la nación austral.

Joe Biden anunció un enorme plan para llevar fibra óptica a todos los rincones de la Unión Americana. Como me lo recordó el exministro Daniel Medina, están llevando fibra óptica incluso a las zonas rurales. El caso de Eslovenia, pese a que es un país pequeño, es bien interesante, por ejemplo.

Dice Daniel Medina que se requiere un cambio de enfoque desde el gobierno para poder sacar adelante un PLANBAF y no solamente pensar que es con el empuje y esfuerzo del gobierno nacional que se podría concretar. Él dice que en algunos países ha habido un enfoque sistémico e integral que ha incluido a actores por fuera del ecosistema de las telecomunicaciones y las TIC, pero que se benefician del sector.

Dice: “incluyen, por ejemplo, los sectores de contenido, publicidad, educación, salud y agricultura no sólo como benefactores, sino que al tener un beneficio en sus servicios o negocios, ellos, también, en una cadena de valor ampliada, terminan pagando las expansiones, a través de mayor rentabilidad, mayor cobertura, mayor acceso a los mercados.

“Las EPS, los proveedores de contenido, los proveedores de insumos, la cadena de alimentos, los vendedores de publicidad, etcétera, todos pueden beneficiarse y aportar, pero ello requiere un cambio de enfoque. Algunas son medidas regulatorias (proveedores de contenido o publicidad) y otras son vía incrementos de rentabilidad de los actores rurales, de modo que puedan acceder a los servicios en un ecosistema fuerte.”

En una conversación, del año pasado, con el CEO de una de las tres principales compañías de telecomunicaciones de Colombia, me decía que un PLANBAF debe incluir a los operadores comunitarios de Internet que hay en los pueblos y me pareció muy inteligente; es trabajar con los que ya conocen el territorio y tienen el mercado.

Pero, hasta ahora no he dicho nada que sea realizable en el corto o mediano plazo.

Lo primero que se debe hacer es ordenar la casa. El ministerio debe llamarse de Comunicaciones no de las TIC. Colombia es el único país de la región donde el ministerio se llama así. En los otros se llama de Telecomunicaciones o tiene otros epítetos, pero no de las TIC solamente. Las Telecomunicaciones y las TIC son diferentes, pero se complementan. Allí tenemos un dolor de cabeza que ha generado confusión. Comunicaciones es un nombre que los integra a los dos sectores.

Y ya que el país lleva años apostándole a la mal llamada banda ancha móvil (por qué es mal llamado banda ancha el servicio de Internet móvil da para otro artículo), por qué no se decreta ya el apagón de 2G y de 3G.

Eso debía haberse incluido o hecho a la par de la última adjudicación de espectro como una responsabilidad de los operadores y concertar los tiempos con ellos. Hay que hacerlo ya y eso producirá un efecto automático en el mejoramiento de las redes disponibles y de la capacidad de Internet móvil en áreas apartadas, donde viven los pobres.

Convertir el acceso a Internet en un servicio público esencial, como lo es el agua o la luz, está a un paso de ser realidad, gracias al proyecto de ley, presentado por el parlamentario Rodrigo Rojas, y que está para sanción presidencial. Increíble que estemos discutiendo si es importante o no la Internet. ¡Qué tal!

Dejemos de discutir si abrimos o no la subasta de 5G. Esto es lo importante. Lo otro lo es y mucho. Por ejemplo, el gobierno nacional podría adoptar el estándar chino de 5G a cambio de más vacunas que es lo que necesitamos ahora. La subasta puede esperar. Hacer el compromiso de adoptar el estándar chino y colocar un cronograma prudente para la subasta hacia el año 2023.

Van a llover rayos y centellas, pero si la ministra Karen Abudinen toma la iniciativa de estos tres temas tocados arriba, producirá un revolcón en el sector que la dejará en un sitial de honor en la historia de las telecomunicaciones y las TIC del país. Esos tres temas son fáciles de resolver pese a la crispación política que podrían causar.

¿Qué hacer para sacar adelante un PLANBAF? Hoy hay fibra óptica en casi todas las cabeceras municipales del país, excepto algunas de los departamentos de Guaviare, Vaupés, Amazonas, Vichada y Putumayo.

La Troncal de Fibra Óptica (TFO) que instaló TV Azteca en una join venture con el gobierno anterior que permitió cerrar una brecha de conectividad que tenía el país. ¿Qué hacer para extender la capilaridad de la TFO? Lo primero es que cualquier proyecto debe incluir la unión de varios operadores en diferentes regiones del país y buscar sinergias con la infraestructura existente, de cada uno de ellos.

En La Guajira, por ejemplo, en la parte alta de la península, se necesita del apoyo satelital para tantos pueblos, pequeños y dispersos, igual que en el Amazonas. La solución no puede ni va a ser llevarle fibra óptica a todos, de entrada. Podrían dividir el país por zonas, teniendo en cuenta criterios de presencia del operador con redes fijas. Cualquier proyecto o asociación debe incluir a los actuales operadores comunitarios de Internet. ¡PUNTO FINAL! ¡SIN DISCUSIÓN!

Sé de pueblos pequeños donde los usuarios pagan, en promedio, $50.000 mensuales por un Internet comunitario, con un servicio deficiente. O sea que sí hay una demanda y un mercado en los pueblos pequeños.

Hay que ser imaginativos y recursivos. Hoy los entes territoriales pueden colocar plata de sus regalías en esa gran bolsa común para construir desde el gobierno central, para llevarle Internet a todos los colombianos. No creo que haya un solo gobernador o alcalde que se oponga.

Incluso, los estructuradores podrían idear formas en que los entes territoriales sean socios de los proyectos al disponer de regalías para la ejecución de los mismos. Los entes territoriales ayudan a cerrar la brecha digital de sus regiones y obtienen un nuevo negocio para sus gobiernos.

Pero, también, el Estado puede incluir en la Reforma Tributaria un impuesto a las grandes empresas de tecnología, algo que ya se está discutiendo en el mundo entero y que aquí ya lo han propuesto desde varios medios de comunicación, como en este artículo de La República () o como el reciente editorial de Portafolio ().

Lo que produzca dicho impuesto debe ser destinado a cerrar esa enorme brecha digital que todavía tenemos y a programas como Misión TIC 2022.

Este gobierno arrancó generando la expectativa que iba a luchar por convertir a los sectores innovadores, ligados al ecosistema digital, en los grandes beneficiarios de su gestión para favorecer la Economía Naranja.

La Covid-19 ha significado un frenazo para todo el mundo y para todos los sectores; muchos menos para, precisamente, la mayoría de los actores del ecosistema digital. Al gobierno le queda apenas un año y unos meses para volver realidad algunas cosas.

Lo planteado aquí no es descabellado. Obviamente, requiere de voluntad política. Algunos dirán que es soñar despiertos cuando arranca un año electoral proponer una agenda como ésta para el sector. Creo en las capacidades de liderazgo de Karen Abudinen y creo que el presidente Duque quiere dejar una huella en el sector. La presencia de Víctor Muñoz y Felipe Buitrago en el alto gobierno así lo indican.

No es mucho pedir. Es pensar en un futuro digital para todos.

Este artículo fue escrito con la colaboración del Ing. Julián Cardona Castro, expresidente de ACIEM (Asociación Colombiana de Ingenieros).

Cuando pensé en el título para este artículo supe que debía ser el que está. Lo dude, por la amable invitación de Jorge Fernando Negrete (@fernegretep), presidente de Digital Policy & Law Group (https://dplnews.com/category/dplnews/) @dpl_news y por el carácter universal del portal. Sin embargo, les comparto que embeleco es una palabra castiza, muy utilizada en Colombia y que, según la Real Academia de la Lengua Española, significa: “1. m. Embuste, engaño. 2. m. coloq. Persona o cosa fútil, molesta o enfadosa. 3. m. P. Rico. Juego, enredo, montaje, complicación.”

Así que ya saben, de entrada, que pienso que estamos perdiendo el tiempo. Varios países, a raíz de la pandemia, han aplazado la entrada de 5G. Entre otros, podemos señalar a España (),Canadá () y México ().

¿Cuál es el afán del gobierno? ¿Mostrar que es un gobierno digital? ¿Avant garde en tecnología? 5G no es para el usuario de la calle. “En esencia las redes 5G no serán para los humanos cómo no serán para que compremos planes para nosotros, serán redes para procesos industriales, serán redes para la comunicación entre máquinas, serán redes para telemedicina y para el trabajo. Sin embargo, no podrán resolver problemas inherentes a la transmisión de señales electromagnéticas, las cuales pueden verse afectadas en su velocidad por los obstáculos y en su calidad por las interferencias que este tipo de radiaciones tienen por principio de física natural” (Julián Cardona Castro).

El gobierno de Colombia tiene otros retos. Por ejemplo, mejorar el acceso y la velocidad a Internet de buena calidad, que es fijo y seguirá siendo fijo por mucho tiempo. ¿Por qué un operador con una importante presencia en Colombia, Telefónica, anuncia fibra óptica para toda España a 2.025 ad portas de la entrada del 5G? (). Sencillo, las conexiones fijas seguirán siendo por mucho tiempo, lo repito, más confiables que las móviles con todo y 5G.

En Colombia 80 por ciento de las líneas móviles son prepago. Las conexiones con acceso a velocidad de bajada mayor a 10 Mbps son únicamente 20.9 millones. Hay 10 millones de suscriptores que todavía se conectan a redes 2G y 3G. La cobertura hoy en día para 4G en el país no supera 45 por ciento. El Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (@CRCCol), Carlos Lugo Silva (@carloslugosilva), dijo en el evento Colombia 5G, organizado por DPL, que se prevé para 2025 apenas llegar a tener conectados 80 por ciento de los usuarios en 4G.

De los actuales usuarios móviles (66.28 millones) que existen en Colombia, 51.8 por ciento NO tiene acceso a Internet a través de sus terminales móviles. Tenemos 11 operadores móviles que no sabemos cómo quedarán luego de la pandemia, en cuanto a ingresos se refiere o número de usuarios. El ARPU de los actuales operadores móviles es uno de los más bajos del mundo y ahora con la pandemia no se sabe cómo quedará este ARPU cuando duplicaremos el número de pobres.

Y he ahí el punto. Colombia acaba de vivir la mayor contracción económica de la historia (https://www.eltiempo.com/economia/sectores/caida-historica-del-pib-en-colombia-529582). El Consenso Latinoamericano 2020, un documento suscrito por un respetado grupo de académicos y auspiciado por la Universidad de Salamanca pide, entre otras cosas: “Ofrecer servicios públicos eficientes, con especial énfasis en la infraestructura digital, garantizando el acceso equitativo a la interconectividad.”

Las prioridades del gobierno cambiaron y la agenda del Ministerio de las TIC (MinTIC) de Colombia debe cambiar. Por ejemplo, volviendo a la calidad y a la cobertura, el informe de DQL 2020 ( https://surfshark.com/dql2020) mencionado por El Tiempo () nos deja muy mal parados en esos temas y, obviamente, refleja que ha habido muchos problemas para el teletrabajo y la tele educación en el país. El país está desconectado. Lo he dicho en mis columnas para Portafolio (www.portafolio.co) y mis colaboraciones para El Tiempo (www.eltiempo.com).

Creo que Karen Abudinen (@karenabudi) es una ministra de las TIC muy joven, con ganas de mostrarse y además es de provincia; no es de la capital o de los centros de poder del país. Pero creo, con todo el respeto que me merece, que está siguiendo una agenda dictada desde la Presidencia de la República e influenciada por algunos gremios muy poderosos del sector que han privilegiado el desarrollo de la banda ancha móvil en desmedro de la fija.

Llegó la hora de unir esfuerzos entre diferentes entidades del Estado y sectores privados para mejorar la conectividad de los más pobres. La pandemia de Covid-19 nos va a dejar, también, la mayor deserción escolar de los últimos años en el país. Los padres se ven ante la disyuntiva de comprar una libra de carne o hacer la recarga de la tableta. En otros casos, ya evidenciados, hay niños y jóvenes que tienen que caminar para buscar la señal y recibir por WhatsApp las tareas, en los celulares de sus padres.

Y mientras tanto el gobierno nacional, además de anunciar, con bombos y platillos, una política de 5G, también concreta a las carreras una adjudicación de concesiones de telecentros para puntos rurales que le costará al Estado la friolera de 2 billones de pesos (530 millones de dólares). No digo que esté mal llevarle conectividad a 10 mil puntos de la ruralidad de Colombia. Lo que creo es que no es una solución definitiva y tampoco es una respuesta a las exigencias del momento.

Todavía hay un gran número de entes territoriales que no han contratado los recursos que les gira el Sistema General de Participaciones (SGP), llamados Conexión Total (CT) desde el Ministerio de Educación (MEN) para los colegios estatales. Es increíble que todavía no haya una agenda conjunta entre el MEN y el MinTIC que garantice la conectividad para todos los colegios y escuelas del país. Deberían flexibilizar las normas de contratación de CT y sumarle recursos del MinTIC para crear zonas wifi alrededor de los colegios y en un área que abarque al mayor número posible de hogares de los niños y jóvenes.

Analistas serios y responsable hablan de por lo menos tres años para volver a una normalidad confiable. Es hora de pensar en la educación. Esa es la prioridad de cualquier Estado. No hay virtualidad que reemplace la presencialidad para los niños y jóvenes, pero qué le hacemos.

¿Cómo conectar el país? Propuse el uso de asociaciones público-privadas en las que puedan participar los entes territoriales con las regalías que reciben por la explotación o transporte de minerales. Aquí está la propuesta: y . 

He recibido muy buenos comentarios a dicha iniciativa. Dos importantes parlamentarias, la senadora Nora García Burgos y la representante de la Cámara, Karen Cure Corcione, han abanderado en la discusión de un proyecto de ley que reglamenta el uso y la distribución de las regalías, que dicha propuesta sea incluida.

Para finalizar cito a Jorge Hernando Pedraza (@JHPedraza), actual Secretario General de la Comunidad Andina (@ComunidadAndina), cuando era Senador de la República. El texto es de 2008: “en las condiciones tecnológicas actuales de la sociedad, no es aventurado decir que uno de los factores constituyentes de pobreza es el no acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ya que son pilar fundamental para la competitividad de cualquier país… las TIC están desempeñando un rol cada vez más definitivo en el propósito de salir de la pobreza… las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones han demostrado ser soportes fundamentales para la equidad social y la productividad, razón por la cual… deben promover su avance en nuestras comunidades”. Parece que hubiera adivinado la pandemia.