El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) de Colombia,  a través de la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control, impuso una sanción administrativa de 7,422,157,961 pesos colombianos, unos 2,165,746.36 dólares, a Telecall Colombia. Es por incumplir oportunamente con el pago inicial de la contraprestación económica derivada de la asignación de espectro en la banda de 3,500 MHz que adquirió durante la subasta 5G del 2023 y por no constituir dentro del plazo establecido las garantías exigidas para la ejecución del permiso. 

De acuerdo con la Resolución 02044, a Telecall se le probaron dos cargos, el primero es el incumplimiento de la contraprestación económica por el que tendrá que pagar 4,286,784,801; equivalente a 1,250,861 dólares, y el segundo cargo es la presentación extemporánea de las garantías, por el que pagará 3,135,373,160; equivalente a 914,885 dólares. 

La investigación surge tras el incumplimiento de los cargos adquiridos por Telecall durante la subasta de diciembre de 2023, en donde el operador obtuvo un bloque de 80 MHz en la banda de 3,500 MHz, correspondiente al rango entre 3,380 MHz y 3,460 MHz, por una contraprestación de 318,333 millones de pesos, unos 92,887,882 de dólares. 

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Como parte de las condiciones del permiso, la empresa de origen brasilero, debía efectuar un primer pago equivalente al 13% del valor adjudicado y presentar oportunamente las garantías de cumplimiento y la póliza de responsabilidad civil extracontractual.

Según la resolución, el primer pago debía realizarse antes del 12 de noviembre de 2024, mientras que las garantías, pese a recibir una ampliación de plazo, debían presentarse a más tardar el 25 de noviembre del mismo año. Sin embargo, el MinTIC determinó que la compañía incumplió ambas obligaciones, lo que dio lugar a la apertura de actuaciones administrativas y posteriormente al procedimiento sancionatorio actual.

Dentro del término conferido para ejercer su derecho de defensa, Telecall reconoció los incumplimientos relacionados con el pago extemporáneo y la presentación tardía de las garantías, manifestando su intención de subsanarlos. 

De acuerdo con la certificación del Grupo Interno de Trabajo de Cartera, el operador realizó finalmente el pago el 25 de marzo de 2026 (un año y 4 meses después) desembolsando 46,921,659,000, equivalente a 13,691,491 dólares, cifra que incluyó el capital adeudado y la indexación correspondiente. 

Asimismo, el Grupo de Gestión de Garantías confirmó que las pólizas presentadas cumplían con las condiciones de suficiencia, cobertura y vigencia exigidas.

Pese a ello, la Dirección de Vigilancia concluyó que el cumplimiento tardío no elimina las infracciones ya consumadas. En la decisión se señala que las obligaciones consistían en pagar y presentar las garantías “oportunamente” y hacerlo después del vencimiento no extingue la responsabilidad administrativa derivada del incumplimiento inicial.

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Lo que MinTIC decidió omitir a Telecall

Tras la investigación, MinTIC decidió no declarar la condición resolutoria del permiso de uso del espectro, lo que significa que Telecall conservará la autorización obtenida en la subasta.

Tampoco hizo efectiva la garantía de seriedad de la oferta emitida por Seguros del Estado, al considerar que las obligaciones fueron regularizadas y que actualmente existen garantías vigentes que respaldan la ejecución del permiso.

La resolución enfatiza que esta determinación “no implica modificación, flexibilización ni redefinición de las obligaciones previstas” para el uso del espectro radioeléctrico y que tampoco constituye un precedente que permita considerar inexigible el cumplimiento oportuno de las condiciones económicas y de aseguramiento asociadas a este tipo de permisos.

MinTIC ordenó que Telecall consigne el valor de la multa al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC) dentro de los diez días hábiles siguientes a la ejecutoria del acto administrativo, advirtiendo que, de no hacerlo, se iniciarán las actuaciones de cobro correspondientes. 

La decisión puede ser objeto de recurso de reposición y, en subsidio, de apelación ante el Viceministerio de Conectividad.

Movistar en Colombia fue multada con una sanción por más de 1,358 millones de pesos por vulnerar los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a través de la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones, se encargó de emitir está resolución en contra de Colombia Telecomunicaciones (Movistar).

La sanción se impuso porque Movistar omitió el uso de herramientas tecnológicas idóneas para la verificación de identidad en los trámites de reposición de SIM card. 

La decisión se fundamenta en denuncias de usuarios que fueron víctimas de fraude, ya que, tras la reposición fraudulenta de su SIM card, perdieron el dominio de su número celular, lo que facilitó transacciones en sus cuentas bancarias. 

Cabe señalar que este tipo de conducta se conoce como SIM Swapping.

Adicionalmente, se evidenció que el operador no explicó ni acreditó de manera suficiente a los usuarios las razones por las cuales negó los hechos reportados en las PQR (Peticiones, Quejas o Recursos) relacionadas con dichas reposiciones.

Para mitigar futuros riesgos, la SIC impartió a Movistar una orden administrativa para que fortalezca sus mecanismos de verificación de identidad en los procesos de reposición de SIM CARD, buscando reducir el riesgo de accesos no autorizados a las líneas móviles y servicios asociados.

El Tiempo

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció este 8 de abril de 2026 una millonaria sanción contra Rappi S.A.S. la cual asciende a los $ 4.003.566.000 como resultado de dos investigaciones que evidenciaron un patrón de desatención a las normas de protección al consumidor e incumplimiento de órdenes directas emitidas por la autoridad.

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Prensa FNE

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra Delivery Hero E-Commerce Chile SpA (Pedidos Ya) por incumplir el Acuerdo Extrajudicial N°30, aprobado por el TDLC en diciembre de 2023.

En particular, la FNE acusa a Pedidos Ya de implementar en su plataforma una etiqueta o TAG denominada “Mismo precio que en local”, cuya activación por parte de los restaurantes asociados implicó una limitación a la libertad de estos últimos de establecer precios más bajos en sus canales propios de venta, sea de manera presencial o por medio de sus propios sistemas de delivery.

Según el Acuerdo Extrajudicial N°30, esta política comercial constituye una cláusula de nación más favorecida o de paridad de precios que se encuentra prohibida en base a dicho documento que fue aprobado por el TDLC.

La FNE solicitó al TDLC que aplique a la empresa una multa a beneficio fiscal de 4.046 Unidades Tributarias Anuales, equivalentes a US$ 3,8 millones, considerando, entre otros factores, la gravedad de la conducta, el efecto disuasivo que debe tener la sanción y la capacidad económica del infractor.

El Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, destacó la importancia que tiene para la FNE y para la institucionalidad de libre competencia la defensa de los acuerdos extrajudiciales como una herramienta efectiva para proteger la libre competencia.

“Los acuerdos extrajudiciales se suscriben para ser cumplidos y seguiremos fiscalizando con especial atención que así sea, porque constituyen una vía eficiente para cautelar la libre competencia a través de compromisos de cese o cambio de conducta por parte de los investigados o pagos a beneficio fiscal bajo la aprobación del TDLC”, señaló el Fiscal.

Además, reiteró el foco de la FNE en los mercados digitales, dada la relevancia que han adquirido en la actividad económica.

“Este requerimiento refuerza la prioridad que otorgamos a los mercados digitales y reafirma la prohibición a las plataformas de delivery de incorporar cláusulas de paridad de precios, que perjudican a los consumidores al limitar a los restaurantes para fijar los precios de sus productos en los distintos canales de venta, impidiéndoles ofrecer precios más bajos en otras plataformas competidoras o en sus propios canales de distribución”, afirmó.

Acuerdo Extrajudicial N°30

Pedidos Ya y la FNE suscribieron en noviembre de 2023 un acuerdo extrajudicial que ponía término a la investigación Rol N°2653-21 FNE, relativa al establecimiento de restricciones verticales por parte de distintas plataformas de delivery en los contratos celebrados con sus restaurantes asociados.

En dicho acuerdo, Pedidos Ya asumió compromisos, como el de eliminar toda cláusula o condición comercial que impida o restrinja a los restaurantes asociados ofrecer sus productos a precios más bajos en otros canales de venta, entre ellos, canales propios; así como el de no implementar en el futuro este tipo de cláusulas de nación más favorecida o paridad de precios.

Convergencia Digital

A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho aplicou multa de 1% sobre o valor da causa a uma empresa de telecomunicações e ao seu advogado após a identificação de precedentes judiciais inexistentes nas contrarrazões de um recurso. O colegiado entendeu que as decisões falsas, possivelmente geradas por inteligência artificial, foram usadas para sustentar a tese da defesa, em violação aos princípios da boa-fé e da lealdade processual.

Mais…

Prensa Provincia de Buenos Aires

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires dispuso la sanción a las empresas de servicios de comunicaciones Telecentro y Directv con una multa de $167 millones para cada una y ordenó que arbitren los medios a fin de garantizar el efectivo ejercicio del derecho de rescisión de las y los consumidores, mediante el mismo medio utilizado para la contratación, sin requerir trámites adicionales e incurrir en dilaciones injustificadas. 

La Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores detectó reiterados incumplimientos a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor como son: la dificultad para concretar la baja del servicio (tanto de manera presencial, telefónica o por mensajería instantánea), la no operatividad del “Botón de Baja” en las webs institucionales como un link de acceso fácil y directo y la imposición de preavisar y/o de abonar periodos completos. 

El trabajo efectuado por el organismo provincial se basó en aproximadamente 800 denuncias contra Telecentro y más de 420 contra DirecTV. La empresa Telecentro se ubica como una de las más denunciadas por las y  los consumidores bonaerenses en el transcurso del año 

“En la provincia de Buenos Aires entendemos que el Estado no puede mirar para otro lado cuando hay empresas que incumplen la ley y vulneran derechos de las y los bonaerenses. Estas políticas públicas buscan garantizar equidad, transparencia y respeto, y defender especialmente a quienes están en una posición más débil frente a prácticas abusivas. Es una decisión política clara del ministro Augusto Costa ponerse del lado de las y los consumidores bonaerenses”, afirmó Ariel Aguilar, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones.

Se constató que las empresas Telecentro y DirecTv obstaculizaron el ejercicio del derecho de rescisión del servicio, incumpliendo de este modo,  las leyes que protegen a las y los consumidores. Las empresas multadas generaron prácticas sistemáticas de obstaculización para concretar la baja del servicio solicitada por consumidores bonaerenses dificultando el trámite mediante derivaciones infructuosas entre canales (web, WhatsApp, teléfono), respuestas automáticas que redirigen a canales inoperantes y largos tiempos de espera. Además, las autoridades bonaerenses detectaron la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión en las cuales se impedía dar de baja el servicio si las personas usuarias poseían deuda.

Este tipo de conductas somete a las y los consumidores a un trato vejatorio que imposibilita materialmente el ejercicio efectivo de sus derechos, imponiéndoles cargas irrazonables. Tal cual lo expresa la ley, los proveedores tienen la obligación de garantizar condiciones de trato digno y equitativo, proveyendo canales de atención eficaces para evitar toda forma de sometimiento a procedimientos abusivos, dilatorios o que de algún modo impidan el ejercicio efectivo de sus derechos. 

Por tal motivo, desde el Ministerio encabezado por Augusto Costa, se intervino de oficio para garantizar los derechos vulnerados de las y los consumidores, aplicando la multa y exigiéndole a la empresa su adecuación a la ley. 

Las empresas ya fueron notificadas y tienen un plazo de 20 días para acreditar las modificaciones ordenadas y el pago de la multa. 

Intel, el mayor fabricante de chips de Estados Unidos, perdió un recurso de apelación en contra de una multa impuesta por la Comisión Europea (CE) sobre un caso antimonopolio que se remonta hasta 2009, aunque logró reducir el monto de la sentencia en 140 millones de euros, por lo que ahora tendrá que pagar 237,105,540 euros.

La multa se relaciona con un caso antimonopolio abierto en 2009 en contra de Intel, cuando la compañía fue acusada de abuso de posición dominante, ya que su “objetivo era expulsar a su competidor AMD del mercado de los microprocesadores x86”.

La multa impuesta originalmente había sido de 1,060 millones de euros, la cual fue apelada por la compañía de chips. El Tribunal General de la Unión Europea anuló parcialmente la decisión, por lo que en 2023 la CE presentó el caso antimonopolio revisado que “se limitaba a las ‘restricciones manifiestas’ impuestas a HP, Acer y Lenovo en cuanto al uso de procesadores AMD”.

Las “restricciones manifiestas” referidas por la CE se centran en supuestos pagos que Intel realizó a fabricantes como Acer y Lenovo para retrasar el lanzamiento de productos con chips de AMD entre 2002 y 2006. Derivado de estas prácticas, Intel recibió una multa revisada en 2023 de 376,358,000 euros.

La multa fue nuevamente apelada por Intel, cuyo caso se resolvió este miércoles cuando el Tribunal General confirmó la decisión de la Comisión de 2023 contra Intel, pero con una reducción de la multa en aproximadamente 140 millones de euros.

La sentencia del Tribunal desestimó los alegatos de la compañía de chips que consideraba que la acusación de 2023 era insuficiente, y que se le debió enviar un nuevo pliego de cargos. Al mismo tiempo, sostuvo que la facultad de la Comisión y las “restricciones manifiestas” ya habían sido demostradas, por lo que no era necesario abrir un nuevo caso antimonopolio.

En ese sentido, aunque no se cuestiona la legalidad de la decisión tomada por la CE, el Tribunal consideró que la multa debía ser ajustada para tomar en cuenta el número relativamente limitado de dispositivos afectados y el tiempo en que se realizaron las prácticas anticompetitivas.

La Comisión e Intel aún pueden recurrir la decisión ante el Tribunal de Justicia de la UE, la máxima autoridad constitucional de la Unión.

La Comisión Europea (CE) impuso una multa de 120 millones de euros a la red social de Elon Musk, X, por incumplir múltiples obligaciones de transparencia y acceso a datos contempladas en la Ley de Servicios Digitales (DSA).

De acuerdo con la CE, es la primera decisión de incumplimiento bajo la DSA, y se debe a una serie de infracciones que incluyen el diseño engañoso de su controvertida “marca de verificación azul”, la falta de transparencia en su repositorio de publicidad y la restricción del acceso a datos públicos para investigadores.

La Comisión Europea argumenta que el uso de la marca para “cuentas verificadas“, cuando cualquier usuario puede pagar para obtenerla sin una verificación significativa, infringe la obligación de la DSA de prohibir prácticas de diseño engañosas.

La autoridad asegura que este sistema dificulta a los usuarios juzgar la autenticidad de las cuentas y el contenido, exponiéndolos a estafas como fraudes de suplantación de identidad y otras formas de manipulación por parte de actores maliciosos.

Adicionalmente, la información de la CE advierte que X incumple los requisitos de transparencia y accesibilidad de su repositorio de anuncios. La DSA exige repositorios de anuncios accesibles y con capacidad de búsqueda, esenciales para que investigadores y la sociedad civil puedan detectar estafas, campañas de amenazas híbridas, operaciones de información coordinadas y anuncios falsos.

Sin embargo, X incorpora barreras de acceso y carece de información crucial, como el contenido, la temática del anuncio y la entidad legal que lo financia, socavando así la posibilidad de analizar los riesgos de la publicidad en línea.

La tercera falta grave radica en la negación de acceso a los datos públicos de la plataforma a investigadores. Las condiciones de servicio de X prohíben el acceso independiente a sus datos públicos, incluso mediante scraping, a investigadores elegibles.

Además, los procesos internos de X para la entrega de datos imponen barreras innecesarias. La Comisión asegura que este impedimento socava la investigación independiente sobre diversos riesgos sistémicos relevantes en la Unión Europea, vital para el cumplimiento de la DSA.

La multa impuesta se calculó atendiendo a la naturaleza, la gravedad y la duración de estas infracciones en términos de usuarios de la UE afectados.

Tras la decisión, X dispone de 60 días hábiles para informar a la Comisión de las medidas específicas para poner fin a la infracción relacionada con las marcas de verificación azules, y 90 días hábiles para presentar un plan de acción para abordar las infracciones relativas al repositorio de publicidad y el acceso a datos públicos.

Andrew Puzder, embajador de Estados Unidos en la Unión Europea, respondió a la multa impuesta a X a través de una entrevista en Bloomberg Televisión.

“Las únicas multas importantes y significativas que se han impuesto hasta ahora han sido contra empresas estadounidenses”, alegó Puzder.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) decidiu reduzir de R$ 9,6 milhões para R$ 528 mil uma multa aplicada por falhas no atendimento e na oferta de informações ao consumidor em serviços de TV por assinatura da Embratel, atualmente Claro Empresas. A decisão consta do Acórdão nº 311, publicado nesta segunda-feira (17).

O processo tratava de irregularidades encontradas em fiscalização realizada ainda em 2017, envolvendo ausência de informações obrigatórias nos contratos de permanência, inadequação da multa de rescisão e impossibilidade de contratar o serviço sem fidelização.

O relator do caso, conselheiro Vicente Aquino, apontou que a área técnica havia usado base da receita Claro para calcular a multa, embora as infrações investigadas fossem atribuídas ao serviço operado pela Embratel que, apesar de pertencer ao mesmo grupo, é uma empresa distinta. A desconsideração desse fator teria afetado o valor final da multa.

Outro ponto relevante para a redução foi a reclassificação de condutas que haviam sido tratadas como infrações sistêmicas, isto é, consideradas mais graves no critério de dosimetria previsto no Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas da Anatel (RASA). Segundo o relator,tais infrações deveriam ser consideradas pontuais, já que representavam um único conjunto de informações obrigatórias e não infrações separadas.

O conselheiro também afastou agravamentos decorrentes do agrupamento de dispositivos do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (RGC/2014) e aplicou atenuante após a empresa comprovar a correção de parte das falhas. O resultado combinado desses ajustes levou à redução de cerca de 95% no valor final.

Aquino rejeitou pedidos de nulidade apresentados pela empresa, afirmando que, apesar de equívocos na identificação societária durante a instrução, a prestadora responsável sempre participou do processo e exerceu plenamente seu direito de defesa.

La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) decidió reducir de R$ 9,6 millones (unos US$ 1,8 millones) a R$ 528 mil (cerca de US$ 100,000) la multa aplicada por fallas en la atención y en la oferta de información al consumidor en servicios de televisión por suscripción de Embratel, actualmente Claro Empresas. La decisión consta en el Acuerdo nº 311, publicado este lunes (17).

El proceso abordaba irregularidades encontradas en una fiscalización realizada aún en 2017, que incluían la ausencia de información obligatoria en los contratos de permanencia, la falta de adecuación de la multa por rescisión y la imposibilidad de contratar el servicio sin un período de fidelización.

El relator del caso, el consejero Vicente Aquino, señaló que el área técnica había utilizado la base de ingresos de Claro para calcular la multa, aunque las infracciones investigadas se atribuían al servicio operado por Embratel, que, a pesar de pertenecer al mismo grupo, es una empresa distinta. La desconsideración de este factor habría afectado el valor final de la sanción.

Otro punto relevante para la reducción fue la reclasificación de conductas que habían sido tratadas como infracciones sistémicas, es decir, consideradas más graves en el criterio de dosimetría previsto en el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas de Anatel (RASA). Según el relator, tales infracciones debían considerarse puntuales, ya que representaban un único conjunto de informaciones obligatorias y no infracciones separadas.

El consejero también descartó agravantes derivados del agrupamiento de dispositivos del Reglamento General de Derechos del Consumidor de Servicios de Telecomunicaciones (RGC/2014) y aplicó una atenuante después de que la empresa demostrara haber corregido parte de las fallas. El resultado combinado de estos ajustes llevó a una reducción de aproximadamente el 95% del valor final.

Aquino rechazó las solicitudes de nulidad presentadas por la empresa, afirmando que, a pesar de errores en la identificación societaria durante la instrucción, la prestadora responsable participó en todo momento del proceso y ejerció plenamente su derecho de defensa.