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El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil aprobó la nueva lista de ubicaciones que serán contempladas por el quinto Plan General de Metas de Universalización (PGMU V).

“Las concesionarias deberán construir aproximadamente 50 mil kilómetros de fibra óptica para conectar alrededor de 2 mil 500 municipios y localidades”, dijo el consejero Emmanoel Campelo, relator del asunto. Explicó que la decisión excluyó áreas que ya estaban atendidas con la infraestructura.

La expectativa es que la actualización de la lista desbloquee el cumplimiento de las metas del Plan, que ya ha sufrido dos cambios por la falta de definición en la lista de lugares a atender.

Cambios en el cronograma

Esta semana, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cambió el cronograma del PGMU. Firmó el Decreto 10,821/2021, que revoca la obligación de las empresas de atender al 10 por ciento de los municipios que aún no cuentan con infraestructura de backhaul al 31 de diciembre de 2021.

Según el gobierno, el plazo fue revisado debido a la solicitud de las concesionarias y las dificultades para llegar a una lista definitiva de municipios.

Sin embargo, se mantuvieron las otras fechas. Esto significa que las empresas de servicios públicos tienen hasta finales de 2022 para instalar backhaul en al menos el 25 por ciento de las ubicaciones indicadas; para finales de 2023 para atender el 45 por ciento de las áreas; y hasta diciembre de 2024 para servir a todas las ciudades de la lista.

En julio, la Anatel también extendió el primer objetivo hasta el 30 de junio de 2022 debido a la necesidad de refinar la lista de municipios y ubicaciones a las que se atenderá.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (Mineco) presentó una suerte de rendición de cuentas en la que expuso avances y previsiones de los proyectos que tiene España en materia de digitalización. Desde la investidura, en enero de 2020, hasta junio de este año la cartera cumplió 38 por ciento de los compromisos que asumió para toda la gestión. Esto en un contexto de pandemia que, recuerda, obligó a cambiar prioridades.

“Digitalizar la administración y las pymes” fue una de las metas del gobierno en curso. En el primer semestre se pusieron en marcha iniciativas como el Plan de Digitalización de la Administración, que contempla medidas por 2 mil 600 millones de euros, y el Plan de Digitalización de las Pymes 2021-2015, con un presupuesto por 4 mil 500 millones de euros. También se trabajó en la capacitación de ciudadanía y pymes en capacidades digitales. 

La universalización de banda ancha  fue uno de los objetivos más directos que se ha puesto la gestión actual. Se lanzó el plan Unico, que da continuidad al Plan de Extensión de Banda Ancha (PEBA), con el que se aumentó 11 puntos la cobertura de banda ancha de más de 100 Mbps hasta 88 por ciento. “Los trabajos en marcha permitirán el despliegue de 5G y que el 100 por ciento de la población tenga conectividad con banda ancha ultrarrápida”, indicó la cartera en un comunicado.

Como respuesta a la pandemia, el gobierno local lanzó su plan de Recuperación y, dentro de él, figuran objetivos específicos en materia digital, pues según las propias autoridades el sector será clave en revertir las dificultades que trajo consigo la pandemia. “Gracias a los avales concedidos por el Mineco se han movilizado 131 mil millones de euros en financiación a empresas y autónomos en más de un millón 100 mil operaciones”, añadió la cartera.

Entre los “logros”, se reconoce también la presentación del plan España, Hub Audiovisual, la remisión a la Comisión Europea del Programa Nacional de Reformas 2021 y la actualización del Programa de Estabilidad 2021-2024. Por otra parte, se destaca la puesta en marcha de una Carta de Derechos Digitales, que se presentó como una hoja de ruta para que la digitalización local se desarrolle sin daños colaterales.

El año pasado se aprobó la Estrategia España Digital 2025, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y programas de conectividad, de ciberseguridad y para la transformación del sistema financiero. En fase de elaboración, en tanto, se encuentra la aprobación de un bono social de acceso a Internet, una nueva Ley General de Comunicación Audiovisual y una nueva Ley General de Telecomunicaciones.

A consulta pública fue enviado el proyecto por el que se definirán las zonas potenciales de actuación y recepción de ayudas dentro del Plan para la Conectividad y las Infraestructuras digitales, presentado por el gobierno español en noviembre de 2020. La consulta estará abierta hasta el 29 de mayo.

El objetivo final de la propuesta es que el 100 por ciento de la población tenga acceso a redes de nueva generación y alta velocidad en 2025. Demandará una inversión de 3 mil 200 millones de euros como parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Para ello, se reforzarán las zonas blancas –que son las que no disponen de redes de velocidad de al menos 30 Mbps ni planes para su dotación en tres años– y las grises –aquellas en las que, aun teniendo cobertura o previsiones de cobertura de muy alta velocidad de aquí a tres años, es proporcionada por un solo operador y la velocidad es menor a 100 Mbps–.

Al momento, y con ayuda del Programa de Extensión de banda ancha, la cobertura del servicio alcanza al 95 por ciento de la población. El poco porcentaje que resta “hace que la identificación de las zonas sin cobertura sea cada vez más complicada, ya que son cada vez sitios más pequeños y dispersos”, dijo la cartera en un comunicado.

Las zonas se han identificado a partir de la cobertura georreferenciada facilitada por más de 250 operadores, dando lugar a un mapa de zonas elegibles mucho más detallado. Se pasó de 53 mil zonas identificadas para su análisis en 2020 a 340 mil ahora, que engloban una estimación de 2.5 millones de unidades inmobiliarias.

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La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil aprobó esta semana el listado de municipios y localidades incluidos en el quinto Plan General de Metas de Universalización (PGMU V), que estará vigente de 2021 a 2025.

La medida determina la instalación de redes de transmisión de datos de alta capacidad (backhaul) para el acceso a Internet por fibra óptica en 380 ciudades y 2 mil 151 localidades que aún no cuentan con esta tecnología.

La PGMU V, aprobada en enero de este año por el Presidente Jair Bolsonaro, prevé la instalación de infraestructura por parte de las concesionarias de telefonía fija de acuerdo con un cronograma: para fines de diciembre de 2021, al menos el 10 por ciento de las ubicaciones deben contar con la tecnología; para fines de 2022, al menos el 25 por ciento de los sitios; para fines de 2023, al menos el 45 por ciento de los sitios y, para fines de 2024, todos deben tener fibra óptica.

El proyecto actual revocó la obligación de instalar antenas 4G en mil 473 ubicaciones, que se escalonarían de 2019 a 2023.

Para compensar, la PGMU V establece que las áreas que serían atendidas por el plan anterior serán priorizadas con telefonía móvil en los compromisos del aviso de licitación 5G, que determina las reglas para la subasta de espectro en las bandas de 700 MHz, 2.3 GHz, 3.5 GHz y 26 GHz.

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A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou nesta semana a lista de municípios e localidades incluídos no quinto Plano Geral de Metas para a Universalização (PGMU V), que ficará em vigor de 2021 a 2025.

A medida determina a instalação de redes de alta capacidade de transmissão de dados (backhaul) para acesso à Internet por fibra óptica em 380 cidades e 2.151 localidades que ainda não possuem essa tecnologia.

O PGMU V, aprovado em janeiro deste ano pelo presidente Jair Bolsonaro, prevê a instalação da infraestrutura pelas concessionárias de telefonia fixa de acordo com um cronograma: até o final de dezembro de 2021, pelo menos 10% dos locais devem ter a tecnologia; até o final de 2022, pelo menos 25% dos locais; até o final de 2023, pelo menos 45% dos locais e, ao final de 2024, todos devem ter fibra óptica.

O projeto atual revogou a obrigação de instalação de antenas 4G em 1.473 localidades, que seria escalonado de 2019 a 2023.

Para compensar, o PGMU V estabelece que as áreas que seriam atendidas pelo plano anterior serão priorizadas com telefonia móvel nos compromissos do edital do 5G, que determina as regras para o leilão das faixas de radiofrequências de 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz.

El Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, firmó el decreto que oficializa el nuevo Plan General de Metas de Universalización (PGMU V), vigente de 2021 a 2025. Entre los objetivos principales se establece la implementación del backhaul de fibra óptica en todos los municipios del país.

Cuando la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) aprobó el anteproyecto de este nuevo documento, estimó la ausencia de fibra óptica en mil 511 municipios del país. 

Según el PGMU V, esta infraestructura debe tener una capacidad mínima de 10 Gbps y atender a municipios, localidades, áreas urbanas aisladas y asentamientos rurales que no cuentan con el equipamiento. Estas ubicaciones deben ser indicadas por la Anatel, que tiene tres meses para completar este trabajo.

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El Ministerio de Comunicaciones estima que la cobertura de fibra llegará a 5.5 mil municipios brasileños para el 2024, equivalente al 99 por ciento.

Esta obligación, que debe ser cumplida por Oi, Telefónica (Vivo), Claro y Algar, sustituyó al objetivo impuesto por el entonces gobierno de Michel Temer, el cual preveía la instalación de 4G en lugares sin esta tecnología.

Ahora, el decreto también determina que se contemplen mil 105 ubicaciones sin cobertura 4G, pero es un compromiso que se debe cubrir en el aviso de subasta 5G.

El consejo directivo de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil aprobó el Nuevo Plan General de Metas de Universalización (PGMU V), que tendrá vigencia entre 2021 y 2025, y establece que las obligaciones de cobertura y servicio impuestas a las concesionarias de telefonía fija ahora deben ser cumplirse con acceso a Internet por fibra óptica a los mil 511 municipios brasileños que aún no cuentan con esta tecnología.

Según la propuesta, las obligaciones de despliegue de banda ancha de cuarta generación (4G) del actual PGMU IV serían reemplazadas por objetivos de comunicación de los municipios a través de líneas de transmisión de datos de alta capacidad, el llamado backhaul.

Según el relator de la propuesta, el consejero Emmanoel Campelo, con el mismo saldo que se usaría para las metas 4G será posible llevar fibra a todos los municipios del país. Además, señaló que el nuevo Ministerio de Comunicaciones está a favor de reemplazar las metas.

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La propuesta del PGMU V ahora será remitida al Ministerio de Comunicaciones, para que sea ajustada de acuerdo a las políticas del Ministerio, y remitida al presidente de Brasil para la emisión de un decreto.

Los PGMU son causa permanente de conflicto entre las empresas y la Anatel, porque las empresas de telecomunicaciones se quejan de la imposición de nuevas obligaciones en función del saldo generado con objetivos que ya no son requeridos. Por ello, rechazan los valores calculados por el regulador como monto que debe transformarse en beneficios para los brasileños, que en 2020 totalizó 4 mil millones de reales, aunque excluyendo lo ya logrado en 4G, bajando a 3.79 mil millones de reales.