La República Andrei Siles

La iniciativa de digitalizar el derecho de circulación ha generado diversas reacciones en varios sectores debido a la innovación que representa y las dudas que surgen, como suele ocurrir con las tecnologías emergentes.

Al menos esa es la apreciación de Carlos Mejías, designado por el Instituto Nacional de Seguros como la persona a cargo de orquestar todos los procesos que atañen la ejecución de este sistema dentro de esta entidad, quien afirma que los mitos hacia este proyecto superan los beneficios que pueden brindarse a la ciudadanía.

“No es cierto que estemos tratando de implementar una infraestructura de vigilancia, y mucho menos de espionaje, como se le está haciendo creer a la población. Eso es completamente falso. Aquí tampoco hay nada que huela mal; todo se está haciendo con transparencia y así se están gestando todas las partes del proceso”, sentencia Mejías.

Y es que, respecto a la posibilidad de que se puedan aplicar multas impersonales, entre otros aprovechamientos basados en el concepto de ‘ciudades inteligentes’ a partir de las tecnologías aplicadas a este sistema, las autoridades afirman que su convergencia con otros aplicativos va a depender del grado de madurez del mismo.

“La primera etapa del proyecto busca dotarlo de la tecnología necesaria y que nos permita operativizarlo. (…) ¿Puede aspirarse a habilitar otros casos de uso como los usted me menciona (partes impersonales)? La respuesta es sí. Sin embargo, para ello tendremos que pasar filtros de análisis técnicos y jurídicos”, indica el funcionario.

Otra de las aplicaciones que en un futuro cercano se atribuirían al Marchamo Digital es la posibilidad de analizar patrones de conducción que permitan a ingenieros de tránsito del MOPT diseñar estrategias de descongestión vial, entre otras.

“Se permitiría conocer qué días y a qué horas hay mayor o menor congestión vehicular, así como identificar, con información confiable, los puntos dentro de las ciudades o carreteras que presentan mayores atascos o problemas de accidentabilidad, para diseñar esquemas operativos que permitan atender el recurso de manera más eficiente”, explica Carlos Ávila, viceministro de Transportes.

RECELO POR LOS DATOS

Expertos consultados por LA REPÚBLICA coinciden en que el efectivo tratamiento de los datos es vital para la ejecución exitosa del proyecto y la seguridad jurídica de los ciudadanos.

“El tema de protección de datos y cómo se van a utilizar es fundamental. Las autoridades deberían garantizar que los datos se anonimicen y sean trabajados de manera agregada para que no se puedan identificar rutas o movimientos individuales”. Sebastián Urbina, ex viceministro de Transportes

“Creo que el estado está sometido al principio de legalidad y por tanto no podría adoptar medidas que no están autorizadas y que eventualmente rocen con el ordenamiento jurídico. El marchamo digital es muy similar a la huella que dejan los celulares en la actualidad”. Juan Manuel Campos, presidente Ciber Regulación

“Una correcta gobernanza respecto al proyecto y al manejo de los datos de los usuarios ofrecerá las garantías necesarias para que no se tergiversen los objetivos del marchamo digital y se faciliten controles cruzados de información, los cuales parecen ser los distractores actuales del proyecto”. Ignacio Guzmán, Senior Counsel, Bufete Alta

“Existen posibles riesgos asociados a ataques de organizaciones cibercriminales, buscando obtener información de la población. Sin embargo, estos riesgos pueden minimizarse o anularse a partir de la información que se condensará en los chips (si es o no de dominio público)”. Junta Directiva, Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación

EL CAMINO DEL MARCHAMO DIGITAL

Tras su oficialización en abril pasado, el proyecto de Marchamo Digital ha pasado por una serie de procesos que han involucrado a los tres Poderes de la República, entre otros actores.

26 abril el Gobierno oficializa el proyecto del marchamo digital, con el involucramiento de distintas instituciones como el Mopt, Micitt y el Instituto Nacional de Seguros como principal ejecutor, con la expectativa de que sea implementado para finales de 2023.

5 de junio el INS anuncia el cartel de licitación pública para la adquisición de 1,8 millones de ‘stickers inteligentes’ que vendrán a sustituir el engomado tradicional, así como para la búsqueda de oferentes que provean la tecnología necesaria para la implementación del proyecto, esto como parte de una primera fase.

10 de junio la diputada Johana Obando, del partido Liberal Progresista, impulsa la solicitud de comparecencia a las autoridades involucradas en el proyecto a fin de que aclaren ante el Plenario aspectos relacionados con captura de información y tratamiento de ésta.

15 de junio la legisladora Obando, junto con otro grupo de ciudadanos, interpone una acción de inconstitucionalidad contra el proyecto de marchamo digital, ante eventuales sospechas de violaciones a la intimidad, videovigilancia y uso no autorizado de los datos recabados por el Estado, solicitando además la suspensión del proceso licitatorio.

La República Andrei Siles

La modernización del derecho de circulación o ‘marchamo’ ha sido un proceso por el que otros países del mundo ya han pasado, facilitándole a los conductores una serie de servicios que les han permitido integrar procesos a través de la centralización de los datos.

Una de estas experiencias es la española, a través de la plataforma miDGT, presentada a la ciudadanía en el 2020 e integrada con aplicaciones de sistemas operativos móviles iOS y Android.

Similar a un expediente digital de salud como el EDUS, los usuarios pueden llevar un registro de múltiples variables como los datos básicos del auto (número de placa, motor y VIN), además de proveer información sobre datos de conducción como velocidad y trayectorias.

Esta característica podría ser particularmente útil para personas que alquilan sus vehículos para ser utilizados por terceros en plataformas de movilidad colaborativa, a fin de facilitar su monitoreo, así como también para empresas de ‘rent-a-car’.

Otra de las capacidades que aumentan la conveniencia de estas tecnologías es la posibilidad de que el chofer que, en caso de que accidentalmente haya olvidado su licencia de conducir, no tenga que preocuparse de ser multado por una autoridad de tránsito, ya que dichas aplicaciones cuentan con toda la información de la licencia y puede ser validada como si se tuviese el documento físico.

Así también, en ese país europeo tal plataforma cuenta con un sistema de alerta que le notifica al conductor la fecha de vencimiento de la licencia, a fin de que pueda gestionar dicho trámite con la suficiente antelación, además de poder verificar en la app puntos descontados a partir de multas efectuadas, y cancelarlas a través del dispositivo.

De igual forma, esta herramienta permite gestionar otros autos del conductor.

México también ha introducido esta innovación a través de la Secretaría de Movilidad la cual presentó a los ciudadanos capitalinos una aplicación que, sin costo alguno, les permite abrir un perfil en la ‘App CDMX’ para posteriormente ingresar datos como la matrícula de su carro y otros requerimientos para generar una tarjeta de circulación en PDF.

Similar proceso se debe seguir para contar con una licencia ‘digital’ en esta misma aplicación, con la salvedad de que solo usuarios con licencia que hayan renovado este documento de forma física en los últimos dos años, así como quienes cuenten con permisos temporales, pueden efectuar dicho trámite, igualmente de forma gratuita.

El Mundo Fiorella Carmona

El director del proyecto de marchamo digital del Instituto Nacional de Seguros (INS), Carlos Mejía, aclaró que con la propuesta del marchamo digital no se pretende rastrear y mucho menos recopilar información sensible de los ticos.

En una entrevista con El Mundo Radio (91.1 FM) Mejía sostuvo que “lo primero que hay que decir es que este chip no monitorea, este chip no cuenta con un GPS, tampoco tiene la capacidad de leer o transmitir información a largas distancias y menos va a tener la capacidad de almacenar información del entorno del medio ambiente, es muy distinta a la tecnología GPS”.

“No se aspira a incluir en este pequeño microchip que contendría esta etiqueta, no se aspira a incluir datos personales, datos privados, esos datos que podrían eventualmente correlacionarse ya se encuentran almacenados durante años en las bases de datos del INS”, señaló.

Según Mejía, esta propuesta nace con la intención de evolucionar en el campo tecnológico y así dejar de usar la calcomanía tradicional para iniciar con un tipo de calcomanía que contenga características físicas de altísima calidad que le permitan perdurar en el tiempo.

Mejía explica que con este tipo de tecnología RFID o identificación por radiofrecuencia lo que se pretende es sacarle provecho al sistema de almacenamiento y recuperación de datos remotos que usan los dispositivos denominados etiquetas, tarjetas o transpondedores RFID. El propósito fundamental de la tecnología RFID es transmitir la identidad de un objeto mediante ondas de radio.

“Es falso que se trate también  de una tecnología no invasiva y que se vayan a transferir datos entre instituciones, esto es lo primero que hay que aclarar, esto es una etiqueta RFID pasiva, es decir la etiqueta no es inteligente a como se ha dicho en varios momentos, o sea la etiqueta contiene información básica, con un numero de serial del vehículo automotor, eso es lo que se aspira que se tenga”, sostuvo.

“No existe en ninguno de los alcances del proyecto a como esta gestado una dinámica en donde se le quiera hacer un seguimiento constante al ciudadano, mucho se da en función del desconocimiento teórico pero también práctico con el uso de esta tecnología RFID”, concluyó.

Cada automóvil en Costa Rica tendrá un chip que permitirá mejorar la circulación de los vehículos en las vialidades, le dará acceso a parqueaderos, abrirá la aguja del peaje en las carreteras o autopistas y permitirá ceder el paso a los cuerpos de emergencia cuando sea necesario.

Esto será posible a través de Marchamo Digital, un nuevo proyecto mediante el cual el gobierno modernizará el ecosistema digital de la regulación vehicular y simplificará los servicios de tránsito que recibe la ciudadanía.

A través de esto, el país busca avanzar en la construcción de ciudades inteligentes, aquellas donde la digitalización y la tecnología se aprovechan para volver las urbes convencionales en espacios más seguros, fiables, sostenibles e interoperables desde los diferentes sectores: salud, transporte o energía, por ejemplo.

La integración del chip en los automóviles se hará en la segunda fase de la iniciativa Marchamo Digital, utilizando la tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID), que permite identificar cientos de objetos al mismo tiempo mediante ondas de radio.

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RFID funciona de manera similar a un código de barras, pues captura la información a través de una etiqueta inteligente y la almacena en un chip. Este último actúa como un sistema integrador que orquesta todos los sistemas de servicios con los que interactúan las personas.

De acuerdo con cálculos del gobierno, se tendrá que invertir alrededor de 2 mil colones por vehículo para la incorporación de las etiquetas inteligentes, y se estima que sólo será necesario adquirir una cada 10 años.

“Con esto los vehículos estarán identificados de manera única por medio de un chip que enviará la información hacia un sistema informático y esta información la podrán leer los equipos de la Policía de Tránsito”, destacó el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles.

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Durante una primera etapa del proyecto, el gobierno actualizará la etiqueta del derecho de circulación que portan los vehículos. La nueva versión será digital, además de que se unificarán los papeles que usualmente se pegan en el parabrisas.

El gobierno resaltó que el proyecto de Marchamo Digital mejorará los sistemas de tráfico, los controladores y los semáforos. Los vehículos estarán identificados de manera única por medio de un chip que remitirá la información hacia un sistema informático centralizado, y, a su vez, esta información podrá ser leída a distancia por los equipos especiales de la Policía de Tránsito.

Los procesos de contratación administrativa de la iniciativa comenzarán en las próximas semanas. Además, el gobierno planea promover un decreto para reconocer el proyecto como de interés público, con el fin de acelerar su implementación.