El Consejo de Administración de Orange aceptó la renuncia de su presidente y CEO, Stéphane Richard, tras el veredicto del Tribunal de Apelación de París, que lo encontró culpable de ayudar a la malversación de fondos mientras estaba en el gobierno francés. La renuncia deberá entrar en vigor a más tardar el 31 de enero de 2022, mientras tanto, continuará en el cargo.

Stéphane Richard estuvo al frente de Orange durante los últimos 11 años, su último cargo fue como presidente y consejero delegado. Ahora deberá cumplir un año de cárcel suspendida y cubrir una multa de 50 mil euros por complicidad en el mal uso de fondos públicos cuando era el jefe de gabinete de la Ministra de Finanzas, Christine Lagarde, en 2008.

El fraude inició cuando el millonario Bernard Tapie mantenía una disputa con un banco estatal por la venta de Adidas en 2013. Lagarde intervino y ordenó un acuerdo extrajudicial, con jueces que dictaminaron que Tapie debía recibir 403 millones de euros (453 millones de dólares) en daños del estado francés. Sin embargo, el proceso tuvo muchas irregularidades y se ordenó una investigación sobre el papel de Lagarde, aunque más tarde se le nombró “testigo asistida”.

En 2019, Stéphane Richard fue absuelto de estos cargos, pero el fallo de esta semana revierte esa decisión. “Cometió un delito grave al favorecer los intereses de Bernard Tapie en detrimento de los del Estado”, indicó la jueza Sophie Clement.

En una declaración, Richard manifestó su rechazo absoluto a las acusaciones, asegurando que no tienen ningún fundamento de hecho, por lo que llevará su apelación ante el Tribunal Superior de Justicia francés.

“Les recuerdo que fui absuelto en primera instancia por la Corte. Durante el proceso, los cargos han pasado de fraude a complicidad en fraude y ahora a complicidad en el mal uso de fondos públicos, lo cual es incomprensible e injusto (…). Sólo llevé a cabo una decisión ministerial por la cual Lagarde asumió la responsabilidad y fue declarada culpable de negligencia simple”, señaló Richard.

En cuanto a Orange, el director Ejecutivo manifestó su deseo de garantizar la gobernanza del grupo, aunque ahora la Junta Directiva deberá apresurar el proceso de selección del reemplazo.

Por otro lado, el Ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, ha declarado que los jefes de empresas estatales deben renunciar si son condenados por un delito. Cabe mencionar que el Estado francés tiene una participación combinada del 23 por ciento en Orange.

Brasil sufre de una gran desigualdad en el acceso Internet, según un informe publicado por la Unesco, por lo cual recomienda refuerzos regulatorios, especialmente con la implementación efectiva de la Autoridad Nacional de Protección de Datos.

Se trata del primer país evaluado por el organismo de Educación y Cultura de las Naciones Unidas; los resultados se publicaron en el documento Evaluando el desarrollo de Internet en Brasil.

El estudio apunta que el acceso a la banda ancha sigue siendo uno de los cuellos de botella en el país, y que la conectividad es un punto crítico en la escena digital brasileña. 

Los datos nacionales de la encuesta de hogares TIC 2017, realizada por el Centro Regional de Estudios sobre el Desarrollo de la Sociedad de la Información, mostraron que 42.1 millones de hogares estaban conectados en 2017, lo que corresponde a un 61 por ciento de las residencias brasileñas.

En las zonas urbanas, esta proporción era del 65 por ciento, mientras que en las zonas rurales sólo 34 por ciento de los hogares tenía acceso a Internet.

“Aunque Brasil tiene un número creciente de usuarios de Internet, todavía hay una gran población sin acceso alguno, especialmente entre los más pobres, los mayores de 60 años y los que viven en áreas rurales. Los datos también indican que el acceso fijo, especialmente entre los grupos con tasas de conexión más bajas, no ha evolucionado hasta el punto de ser considerado un contribuyente a la universalización, lo que significa que las conexiones móviles son el factor principal para la difusión de Internet”, destaca la publicación.

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Asimismo, se expone que más allá de la población sin ningún tipo de acceso, existe un gran contingente de población cuyas conexiones son precarias, debido a conexiones residenciales fijas de baja velocidad o dispositivos móviles con límites de descarga de datos muy bajos.

Regulación

El informe de la Unesco también plantea dudas sobre el compromiso de la administración federal actual con la Ley General de Protección de Datos Personales, especialmente debido a la ausencia, hasta el momento, de la Autoridad Nacional de Protección de Datos. Por ello, una de las principales recomendaciones del documento es “la creación de una Autoridad Nacional de Protección de Datos independiente y el Consejo Nacional para la Protección de Datos Personales, que complemente el marco normativo previsto en la Ley”.

La Unesco llama la atención sobre la aplicabilidad efectiva del Marco Civil de Internet (Ley 12.965/14), recordando que existen decisiones judiciales contradictorias, las cuales sancionan a los proveedores de contenido a pesar de las expresas restricciones de la ley sobre el tema, y que este tema específico espera una posición final del Supremo Tribunal Federal.

Fondos

El Fondo de Universalización de las Telecomunicaciones (Fust), el principal instrumento para financiar las políticas de universalización del acceso, ha recaudado más de 20.7 mil millones de reales (5.3 mil millones de dólares) desde su creación en el año 2000. Sin embargo, el informe subraya que estos recursos no se invirtieron efectivamente para los fines definidos en el sector marco legal, sino que se transfirieron a otras prioridades gubernamentales.

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Otros fondos, como los Fondos Fiscalización de Telecomunicaciones (Fistel), que también podrían contribuir a mejorar la implementación de las políticas públicas, se afirma que también se han asignado principalmente a otros fines. Desde 2014, los recursos de Fust se han transferido para otros usos en el gobierno, reduciendo la cantidad disponible del fondo a aproximadamente 3.5 mil millones de reales (870 millones de dólares).

El fabricante japonés de pantallas para dispositivos móviles, Japan Display Inc. (JDI), despidió formalmente a un ejecutivo de contabilidad por malversación de fondos de 5.25 millones de dólares durante cuatro años, desde que el proveedor de Apple se hizo público en 2014.

JDI dijo que presentó una denuncia penal contra el exempleado y que está cooperando con la policía local. El fraude fue reportado por primera vez en el periódico Asahi.

El informe indica que el exejecutivo defraudó a la compañía con 578 millones de yenes (5.25 millones de dólares) entre julio de 2014 y octubre de 2018. El exempleado aparentemente organizó pagos de JDI a una compañía ficticia, recalcó la empresa.

Asimismo, Japan Display indicó que revisaría sus ganancias pasadas, ya que el ejecutivo despedido notificó al fabricante de un fraude contable pasado que fue dirigido por la alta gerencia.

La revelación se produce cuando la compañía con problemas de liquidez está luchando por cerrar un acuerdo de rescate con Apple y otros inversores, buscando recaudar 50 mil millones de yenes (460 millones de dólares) para mantener las operaciones en marcha.

El fabricante de pantallas de cristal líquido (LCD) ha estado perdiendo dinero durante los últimos cinco años; recientemente informó su undécima pérdida neta trimestral consecutiva de las lentas ventas de pantallas y costos de reestructuración.