El Mundo

 ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, anuncia el lanzamiento de su nueva versión de ESET Cybersecurity Awareness Training, una capacitación en concientización de ciberseguridad para empresas, una fuente integral en línea para formar, evaluar y mejorar la ciberresiliencia de los empleados.

Con esta oferta, ESET responde a uno de los principales problemas de los líderes de empresas: el bajo nivel de conocimientos en ciberseguridad de los empleados, que puede dar lugar a costosas brechas de seguridad y pérdidas de reputación. Al mismo tiempo, ESET Cybersecurity Awareness Training ayuda a las organizaciones a cumplir los requisitos de cumplimiento normativo y de seguros.

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El Financiero CR

Un usuario recibió el pasado 23 de abril, a las 9:13 a.m., un mensaje supuestamente a nombre de una compañía de paquetería que indicaba un problema en una entrega.

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Costa Rica validó con éxito las primeras pruebas de rendimiento y conectividad del cable submarino TAM-1.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en colaboración con Trans Americas Fiber System (TAFS), confirmó la operatividad óptima del enlace que conecta a Vero Beach, Florida, con Puerto Limón.

La validación técnica de TAM-1 incluyó evaluaciones rigurosas de ancho de banda y latencia, lo que, según las empresas, asegura que el sistema cumple con los estándares de alta capacidad proyectados desde su diseño original.

“Desde TAFS nos sentimos muy complacidos con los parámetros alcanzados, los cuales confirmaron el sólido desempeño del sistema y el cumplimiento de los objetivos establecidos desde su etapa de diseño”, dijeron a través de un comunicado.

Este proyecto se distingue por ser el primero en su tipo en la región que implementa un despliegue de 24 pares de fibra óptica, lo que representa un salto cualitativo significativo para la conectividad internacional costarricense, según las compañías involucradas. 

La finalización de las pruebas permitirá al Instituto Costarricense de Electricidad integrar las capacidades avanzadas de esta nueva red a sus servicios frente al crecimiento sostenido del tráfico de datos.

TAFS y el ICE comenzaron formalmente a colaborar en diciembre de 2025. Desde entonces, equipos técnicos de ambas organizaciones han coordinado esfuerzos para integrar la tecnología submarina al entramado de comunicaciones local, superando las exigencias técnicas que implica una obra de tal magnitud. 

Actualmente, el proyecto avanza hacia sus etapas finales, enfocándose en las adecuaciones finales necesarias para la puesta en servicio total del sistema.

CR Hoy

El Sistema de Emergencias 9-1-1 cuenta con una aplicación que permite solicitar ayuda mediante una llamada o un chat interactivo.

En ambos casos, la plataforma comparte automáticamente la ubicación del usuario, lo que facilita una respuesta más rápida de los cuerpos de emergencia.

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CR Hoy

El país presentó oficialmente el instrumento de adhesión al Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA), con lo cual avanza hacia la conclusión de su proceso de incorporación.

La presentación del instrumento de adhesión por parte de la Ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, es la culminación de un proceso iniciado en diciembre de 2022, que incluyó un trabajo técnico e interinstitucional para cumplir con los estándares del Acuerdo.

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SUTEL

La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) inició un estudio de mercado para analizar cómo ha evolucionado la contratación pública de servicios de telecomunicaciones desde la entrada en vigor de la Ley General de Contratación Pública, Ley 9986.

El estudio se enfocará en las contrataciones realizadas mediante la modalidad excepcional de actividad contractual desarrollada entre entes de derecho público.  La SUTEL analizará los cambios normativos introducidos por la Ley 9986 y determinará si estos han contribuido a reducir el uso de esta modalidad excepcional de contratación.

La investigación también permitirá:

• Cuantificar la demanda de servicios de telecomunicaciones por parte de las instituciones públicas.
• Analizar la oferta disponible de los operadores de redes y proveedores de servicios.
• Determinar el uso actual de las contrataciones realizadas entre entidades públicas.
• Conocer la experiencia de los operadores y proveedores que participan o tienen interés en las compras públicas.
• Identificar posibles obstáculos, barreras o distorsiones que todavía puedan afectar la competencia.

El estudio se desarrollará durante el segundo semestre de 2026. En julio se realizará el lanzamiento y la selección de la metodología; durante agosto se recopilará información adicional; en setiembre y octubre se analizarán los datos; en noviembre se presentarán los resultados preliminares y, finalmente, en diciembre se divulgarán los resultados definitivos.

La SUTEL invita a las instituciones públicas, operadores, proveedores y demás personas interesadas a contribuir con el estudio mediante el envío de comentarios, observaciones, información o experiencias relacionadas con la contratación pública de servicios de telecomunicaciones.

La Procuraduría General de la República (PGR) de Costa Rica determinó que los gobiernos locales deben ajustar sus reglamentos al marco jurídico nacional sobre el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.

El órgano judicial emitió un dictamen vinculante que reafirma la prevalencia de la normativa nacional sobre cualquier regulación municipal que obstaculice el despliegue de las redes.

De acuerdo con el fallo PGR-C-107-2026, la Procuraduría estableció que la instalación de infraestructura de telecomunicaciones constituye una actividad de interés público nacional, por lo que las municipalidades deben adecuar sus reglamentos al marco jurídico emitido por el Poder Ejecutivo.

Por lo tanto, cualquier normativa cantonal que contradiga la legislación nacional deberá considerarse nula e inaplicable.

De esta manera, las empresas de telecomunicaciones tendrán mayor previsibilidad y seguridad jurídica para la implementación de infraestructura, lo cual permitirá acelerar la expansión de tecnologías como 5G.

Municipios no podrán frenar la infraestructura

La resolución de la PGR respalda la estrategia impulsada por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) para homologar los criterios técnicos y administrativos en todo el país.

En 2022, el gobierno aprobó la Ley N.º 10216, Ley para Incentivar y Promover la Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones en Costa Rica, mediante la cual busca reducir barreras regulatorias y facilitar el despliegue de infraestructura necesaria para ampliar la cobertura de servicios digitales y el desarrollo de redes de nueva generación.

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En línea con dicha ley, el dictamen de la PGR aclara que los planes reguladores y los reglamentos de desarrollo urbano municipales no pueden utilizarse como herramientas para impedir la instalación de infraestructura de telecomunicaciones.

Según la Procuraduría, la potestad reglamentaria de los gobiernos locales debe ejercerse dentro del marco de legalidad establecido por el Estado, respetando el principio de jerarquía normativa.

En ese sentido, las municipalidades deberán ajustar su actuación a lo dispuesto por la Ley N.º 10216, su reglamento y el resto de la normativa nacional aplicable. Si existen reglamentos municipales incompatibles con esas disposiciones, prevalecerá la regulación nacional.

La decisión busca poner fin a las diferencias regulatorias entre cantones, una situación que durante años ha generado incertidumbre para operadores e inversionistas, y ha retrasado la construcción de infraestructura crítica para mejorar la conectividad.

2 de cada 3 municipios armonizaron su regulación

En paralelo al pronunciamiento de la PGR, el Micitt publicó el Informe de Valoración de Reglamentos Municipales, actualizado hasta el 31 de mayo de 2026.

De acuerdo con el reporte, el 67% de las municipalidades costarricenses, equivalente a 56 de los 84 gobiernos locales, ya armonizó su normativa con los lineamientos establecidos en el reglamento de la Ley N.º 10216.

La armonización, según el Ministerio, ha permitido simplificar trámites, reducir obstáculos administrativos y generar condiciones más favorables para la inversión en telecomunicaciones.

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Además, los resultados muestran una diferencia significativa entre los municipios que adoptaron el decreto y aquellos que mantienen regulaciones distintas.

Las municipalidades alineadas con la normativa nacional obtuvieron un promedio de 98.55 puntos sobre 100 en la evaluación de gestión de infraestructura.

Por el contrario, los gobiernos locales con reglamentos desactualizados registraron apenas 40 puntos, lo que refleja mayores rezagos operativos y menos condiciones para atraer inversiones.

Seguridad jurídica para la transformación digital

La unificación regulatoria representa un elemento estratégico para cerrar brechas digitales y acelerar la transformación tecnológica del país.

Alonso Zeledón, viceministro de Telecomunicaciones del Micitt, destacó que “la normativa técnica nacional es el eje articulador que permite promover y garantizar el derecho fundamental al acceso a las telecomunicaciones y las TIC”.

Zeledón detalló que los resultados de este informe validan que las reglas claras y unificadas atraen la inversión, fomentan el comercio electrónico y amplían las oportunidades para los ciudadanos.

La República

Uber abrió el registro para conductores de taxi en Costa Rica, quienes podrán incorporarse a la plataforma y generar ingresos mediante la modalidad Uber Taxi. La integración permitirá a los taxistas acceder a una base más amplia de usuarios y combinar el servicio tradicional con la tecnología de la aplicación.

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El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) enfrenta un nuevo obstáculo para la implementación de su red 5G. Ahora, la empresa estatal deberá volver a licitar una parte del cartel para el despliegue de su red, lo que retrasará nuevamente el inicio del proyecto.

La Contraloría General de la República resolvió esta semana las apelaciones en contra de la licitación del ICE. Aunque validó la adjudicación para las líneas 1, 2 y 3, denegó el proceso de las tres líneas restantes.

Por lo tanto, la empresa estatal de telecomunicaciones deberá repetir parte de su licitación, lo cual implica que el cronograma original de despliegue volverá a modificarse, retrasando la disponibilidad comercial de los servicios 5G.

El nuevo retraso se produce apenas unos meses después de que el ICE adjudicara el contrato principal para el despliegue de la red 5G.

Tras analizar los recursos presentados por distintos fabricantes, la Contraloría concluyó que una parte de la contratación deberá realizarse nuevamente, lo que obliga a emitir una nueva licitación para esos componentes específicos. 

Así, la decisión judicial prolongará de nuevo un proceso que ha estado marcado por apelaciones, revisiones técnicas y controversias entre proveedores. 

Y además del ámbito administrativo, la controversia alrededor de la licitación de ICE involucra también a empresas fabricantes que participaron en la licitación y alegan que el proceso pudo afectar principios de competencia y transparencia. 

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De acuerdo con el medio local La República, algunos proveedores presentaron sus preocupaciones ante autoridades estadounidenses como parte de los mecanismos de seguimiento comercial entre ambos países.

Si bien la intervención no implica una acción directa sobre la contratación pública de Costa Rica, sí coloca el proceso bajo un mayor escrutinio internacional. 

El reclamo ocurre en un contexto en el que Estados Unidos ha impulsado activamente políticas para fortalecer cadenas de suministro confiables y promover entornos competitivos en el desarrollo de infraestructura digital y telecomunicaciones en la región. 

Además, el caso del ICE se suma a una larga serie de demoras que han acompañado la evolución del ecosistema 5G en Costa Rica. Durante los últimos años, la asignación de espectro y los procesos licitatorios han enfrentado objeciones de operadores, fabricantes y organismos reguladores, lo que ha postergado la expansión de la nueva tecnología. 

Mientras otros mercados latinoamericanos aceleran la construcción de redes 5G comerciales, Costa Rica continúa resolviendo disputas administrativas y técnicas que afectan el calendario de despliegue del operador estatal.

El nuevo retraso representa un desafío adicional en la modernización de la infraestructura digital de ICE, ya que la disponibilidad de 5G es, a su vez, un habilitador para casos de uso empresariales, automatización industrial, Internet de las Cosas, ciudades inteligentes y servicios digitales avanzados.

Grupo ICE Prensa

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) puso en marcha su primera estación de carga rápida para vehículos eléctricos en la Región Caribe, ubicada al costado este de su Plantel en Guápiles, cantón de Pococí.

Si bien el ICE ya cuenta con dos puntos de carga rápida en las agencias de Limón y Puerto Viejo, cada una de estas instalaciones posee un único cargador.

La nueva estación ofrece seis espacios dobles con conectores CCS1 y GBT. Los primeros cuatros ya operan y los dos pendientes se integrarán próximamente.

“Fortalecemos la conectividad de la red nacional de carga rápida y brindamos mayores facilidades para el desplazamiento en todo el país. De esta forma ampliamos la infraestructura y facilitamos la transición del transporte”, indicó Verny Rojas, gerente de Electricidad del ICE.

La nueva estación forma parte de la expansión de la Red Nacional de Carga Rápida ¡Es Eléctrico! y se suma a las inauguradas en Alajuela y Liberia. El Instituto suma 52 cargadores rápidos y 10 semirrápidos en las siete provincias. Próximamente, entrarán en operación las nuevas instalaciones de Orotina y Pérez Zeledón.