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El Pacto de Unidad, que aglutina a las organizaciones sociales del MAS, demandó ayer la elaboración de una Ley de Comunicación y rechazó el «nefasto papel de los medios de comunicación alineados y de propiedad de la derecha» en otro intento por conculcar la libertad de expresión y de prensa.

No obstante, la propuesta no es nueva. Durante los 14 años de gobierno de Evo Morales, líder del MAS, hubo varias propuestas para «alinear» a los medios de comunicación a la administración gubernamental y a la línea ideológica del partido.

Además de la difícil relación que tienen los medios de comunicación con los gobiernos, el MAS tuvo siempre en la mira a éstos desde los inicios del gobierno de Morales porque éste considera que la prensa lo maltrata y protege los intereses de partidos tradicionales del país.

Durante su administración se demandó a los medios compromiso «con la patria» y con la llamada «revolución democrática y cultural», y se registraron choques que llamaron la atención de los gremios de prensa y de organismos internacionales que defienden la libertad de prensa.

Para contrarrestar a los medios «contrarios» a su gobierno creó una red de medios estatales y cadenas como la radio de los pueblos originarios (RPO), reforzó la agencia ABI, la radio Patria Nueva y Bolivia TV con ayuda de gobiernos amigos como Venezuela e Irán.

Morales no dudó en acusar a los medios de ejercer «terrorismo mediático» mientras su vicepresidente Álvaro García Linera denunció supuestos «ataques sistemáticos» de los medios controlados por sectores de poder económico.

En 2007, el MAS impulsó una ley para presuntamente remover las «estructuras» de poder que estarían a cargo de los medios de comunicación con el objetivo de frenar los «excesos» de éste.

El proyecto entonces se llamó «Ley de Medios de Comunicación» que pretendía

reglamentar el trabajo de los medios, un Consejo Nacional de Ética y un Observatorio de Medios.

El intento fracasó; sin embargo, posteriormente se aprobaron normas «camufladas» para controlar a los periodistas y medios como la Ley contra el Racismo y Discriminación que al final tuvo que ser ajustada porque penalizaba la labor de los periodistas.

En 2011 también se aprobó una nueva ley de telecomunicaciones que dio el control mayoritario de las radiofrecuencias al Gobierno y a sus movimientos sociales, así el Estado se quedó con el 33%, los pueblos indígenas con el 17% y los sectores sociales con el 17%.

En 2016, después de la derrota de Morales en el referéndum del 21F se planteó la regulación de las redes sociales porque supuestamente éstas fueron las culpables de la propagación del escándalo del romance del entonces Mandatario con Gabriela Zapata.

Recientemente, el proyecto de Ley de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas eliminaba la confidencialidad profesional que para los periodistas se denomina «secreto de fuente» y está garantizada por la Ley de Imprenta. La propuesta que puso en alerta a los gremios de la prensa fue archivada después de movilizaciones sociales.

Ahora la propuesta de las organizaciones sociales del MAS surge en un contexto de polarización entre el Gobierno y los medios de comunicación porque supuestamente éstos últimos forman parte de una «corporación mediática», en términos del vocero presidencial Jorge Richter.

El artista Abecor que publica sus viñetas en el diario Página Siete sufrió amenazas de muerte después de que publicó una caricatura del Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, y que fue respondida por él mismo de manera soez.

Un representante de la bancada de Perú Libre, Abel Reyes, presentó al Congreso un proyecto de ley que busca “declarar de necesidad pública e interés nacional la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión y otros medios de comunicación”.

Aunque el documento señala que su objetivo es promover la diversidad de contenidos, los medios comunitarios y la libertad de expresión, la iniciativa ha recibido varias críticas por parte de organizaciones periodísticas y de medios de comunicación, debido a que consideran que se abre la puerta al control de los contenidos de la radio y televisión.

La propuesta incluye cuatro artículos y una norma complementaria. El primero define el objeto de la ley; el segundo señala que los medios de comunicación son servicios de competencia de la nación, dado que comprenden derechos y libertades de los ciudadanos, y se debe velar por “el funcionamiento eficiente y democrático de los contenidos”.

El tercero indica que el Estado podrá promover ciertas acciones relacionadas con el espectro, como proteger e impulsar la radio y la televisión en todas sus modalidades; prevenir y rechazar la concentración y monopolización de las frecuencias radioeléctricas; así como otras medidas a favor de la producción nacional y el desarrollo de iniciativas comunitarias.

Además, el artículo cuatro contempla que en casos de emergencia el Poder Ejecutivo podrá dictar medidas temporales que deberán ser cumplidas por operadores y usuarios de telecomunicaciones. Y podrá asumir la prestación directa de determinados servicios o ciertas redes de manera temporal.

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La iniciativa de ley de Perú Libre aborda elementos problemáticos para los medios de comunicación y el sector de telecomunicaciones. El Instituto de Prensa y Sociedad y el Consejo de Prensa Peruana rechazaron el proyecto, y advirtieron que es inconstitucional y amenaza la libertad de expresión.

Dichas organizaciones dijeron que la iniciativa deja a un lado la norma que regula a los medios que son concesionarios del espectro radioeléctrico, la cual establece derechos y obligaciones sin vulnerar su independencia.

“Hay un peligro expropiatorio implícito, pues le otorga al Ejecutivo una facultad vaga para distribuir de manera “justa y equitativa” el espectro radioeléctrico. También tiene carta abierta para asumir de manera directa la prestación de determinados servicios en ‘casos de emergencia’”, alertan los organismos.

La Sociedad Interamericana de Prensa también se pronunció al respecto. Destacó que este tipo de proyectos “suelen llevar inserto un virus de censura, de intención de controlar el debate ciudadano. La ley tal y como está redactada deja un amplio margen para la discrecionalidad, una ambigüedad en algunas expresiones”, en una entrevista con El Comercio.

Precisamente, la iniciativa de ley alude a devolverle el sentido de “bien propio de la nación” al espectro, su uso y aprovechamiento, pero no define exactamente bajo qué criterios se garantizaría una distribución “justa y equitativa” y cuáles medidas podría aplicar el Estado en su ordenamiento.

En contraparte, también existen quienes advierten que el sobresalto de los conglomerados empresariales de medios se debe a que la iniciativa busca poner fin a la concentración de los cableros que, por ejemplo, ha impedido concluir el apagón analógico en el país y migrar hacia la televisión digital.