La Contraloría General de la República (CGR) de Costa Rica rechazó el proyecto de canon de regulación propuesto por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) para el período 2027.

El órgano contralor determinó que la propuesta formulada por el ente regulador no acreditó los fundamentos técnicos necesarios para garantizar los principios constitucionales y legales de servicio al costo y de administración eficiente de los recursos públicos. 

Originalmente, la Superintendencia pretendía obtener un canon por regulación de 7,962 millones de colones (alrededor de 17.5 millones de dólares). El canon de regulación es un cobro obligatorio establecido por la Ley General de Telecomunicaciones que deben dar las empresas operadoras y proveedoras del sector de telecomunicaciones para dotar a la Sutel de los recursos que requiere para su gestión de supervisión. 

La propuesta tarifaria para 2027 había sido aprobada internamente por el Consejo Directivo de la Sutel en abril de 2026 y posteriormente sometida a una audiencia pública en junio, durante la cual tanto el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) como la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) presentaron observaciones formales que sirvieron de insumo para la evaluación final de la Contraloría.

Entre las principales inconsistencias detectadas por la CGR, destaca que la Sutel aplicó una metodología de costos basada en techos presupuestarios históricos y prorrateos generales, en lugar de cuantificar y justificar razonablemente el costo de las actividades regulatorias reales a ejecutar en 2027. 

Asimismo, la Contraloría señaló que la elección del denominado “escenario 4” para fijar los límites presupuestarios restó objetividad técnica al cálculo, omitiendo la ejecución real de recursos del pasado y dificultando la comprobación de una relación directa entre el monto solicitado y las tareas de regulación encomendadas por ley.  

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De acuerdo con la Contraloría General de la República, a raíz de esta desaprobación, y con el fin de resguardar el principio de continuidad del servicio público regulado, se aplicó la normativa que dispone fijar como tope el último monto ejecutado asociado a la regulación, que en este caso es el correspondiente al año 2025, ajustado por la proyección de inflación esperada del Banco Central de Costa Rica.

La CGR señaló que el límite máximo que la Sutel podrá incorporar en su presupuesto ordinario para el ejercicio 2027 por este concepto será de 4,852 millones de colones (aproximadamente 10.69 millones de dólares), lo que representa una reducción de más de 3,100 millones de colones con respecto a la pretensión inicial.  

La Contraloría instó a la Sutel a fortalecer sus mecanismos internos para controlar el crecimiento del gasto y mejorar la trazabilidad en la asignación de sus costos operacionales.

Además, el ente fiscalizador recordó que, bajo el principio de servicio al costo, si durante la ejecución presupuestaria del año 2027 se registran subejecuciones, el regulador estará en la obligación legal de ajustar la tarifa a la baja en beneficio de los actores regulados.

Ñanduti

El 23 de febrero pasado, la Contraloría General de la República (CGR), daba a conocer el “informe de análisis documental”, sobre el otorgamiento de la licencia 5G a la pequeña empresa salteña, Nubicom y la multinacional Claro.

Las observaciones resaltadas por la CGR fueron muy claras y en términos concretos ratifica los estudios y publicaciones periodísticas que surgieron desde Argentina y que tuvo eco a nivel nacional, donde señalan que Nubicom no tiene siquiera 40.000 usuarios en telefonía móvil, siendo que el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), solicita contar con al menos 100.000 abonados para ser oferente.

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ABC

El titular de la Contraloría General de la República (CGR), Camilo Benítez, declaró ante medios acerca de la investigación en curso en la institución, contra la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), por la adjudicación de cuatro sub-bandas del Espectro 5G a la empresa argentina denominada “Nubicom”.

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El Colombiano

La Contraloría General la República, a través de su Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, profirió fallo con responsabilidad fiscal por $87.027 millones en contra de integrantes de la Unión Temporal Centro Poblados, así como de la firma interventora y empresa proveedora de equipos, quienes incumplieron el contrato que se había firmado para llevar internet a apartadas zonas rurales del país.

De acuerdo con el ente de control, hubo una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna, dado que no se cumplió con la entrega total de equipos para la culminación del proyecto Centros Digitales, cuyo objeto era la instalación de 7.277 centros digitales en 16 departamentos del país.

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Colombia sigue afinando las bases de la subasta 5G a poco más de un mes de llevarse a cabo. Este martes, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) ajustó algunas condiciones del proceso, especialmente el valor de reserva por la banda de 3.5 GHz.

El MinTIC cambió el valor de reserva por los bloques de 80 MHz en dicha banda a 318 mil 305 millones de pesos nacionales (alrededor de 79 millones 553 mil dólares). El valor anterior, fijado en octubre, era de poco más de 317 mil 717 millones de pesos (unos 79 millones 406 mil dólares)

Las modificaciones hechas por el MinTIC se dan luego de que la Contraloría General de la República manifestara una serie de inquietudes sobre el proceso de la subasta 5G. Una de ellas fue, precisamente, el valor del espectro.

A juicio de la institución, el Ministerio podía conseguir mejores dividendos y rentabilidad para el Estado en la asignación del espectro radioeléctrico. Al final, el MinTIC aumentó ligeramente el precio. En tanto, el monto a pagar a través de obligaciones de cobertura se mantiene intacto.

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Por medio de la resolución 04185, el MinTIC explica que el cambio en el valor de reserva de la banda de 3.5 GHz se hizo para incluir los costos en los que se debe incurrir para asegurar la convivencia de los servicios móviles con los servicios satelitales.

El Ministerio hizo caso a los señalamientos de la Contraloría en este punto, ya que la institución observó la necesidad de incrementar el valor para incorporar el costo de convivencia, y desechó la recomendación de la Superintendencia de Industria y Comercio respecto a descontar dichos costos del valor de reserva.

De acuerdo con el documento, “el Ministerio considera razonable apartarse de la recomendación hecha por la Superintendencia de Industria y Comercio en atención a las inquietudes específicas manifestadas por la Contraloría General de la República y teniendo en cuenta que apartarse de dicha consideración no afecta las condiciones de competencia dentro del proceso de subasta”.

Por otro lado, el MinTIC realizó otros ajustes a las bases de la licitación 5G. La dependencia detalló más a fondo cuáles serán las instituciones educativas que deberán conectar los operadores, con la finalidad de que haya un mejor entendimiento de las condiciones para ampliar la cobertura en estos lugares.

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La nueva resolución aclara todas las instituciones educativas que se verán beneficiadas con el acceso a Internet, como parte de las obligaciones de quienes resultaron concesionarios de espectro, precisando el tramo, sector, número de estaciones base requeridas, el valor a reconocer y las coordenadas.

Asimismo, el MinTIC detalló que el reconocimiento a realizar a los asignatarios por esta ejecución de obligaciones de cobertura se hará por kilómetro de fibra óptica desplegada, y los operadores podrán avanzar más en el cumplimiento si instalan más fibra para conectar a la población.

Prácticamente el resto de las bases de la subasta 5G se mantiene intacto. La licitación se llevará a cabo el 20 de diciembre de este año, como el MinTIC anunció hace unas semanas. Esto convertirá al país en el sexto en lanzar la licitación 5G, después de Brasil, República Dominicana, Chile, Uruguay y Argentina.

Recientemente, el Ministerio modificó el régimen de garantías para el cumplimiento de las obligaciones de cobertura asociadas a las concesiones de espectro, el cual regirá en la licitación 5G. En adelante, se espera que ya no haya más cambios a las condiciones del proceso antes de la puja.

Caretas

Cada vez queda más claro que la gestión de Juan Silva frente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones es uno de los principales hilos de la madeja de la presunta corrupción del actual gobierno. El audio recientemente filtrado no deja dudas sobre las intenciones delictivas del empresario Zamir Villaverde, hoy con prisión preventiva, y el exsecretario general de Palacio, Bruno Pacheco. Y todo indica que las intenciones de Villaverde de participar en el festín de negociados fueron cristalizadas. La Fiscalía investiga las conexiones de Silva y Villaverde con empresarios, la vinculación del segundo con los sobrinos del presidente Pedro Castillo e incluso la presunta solicitud de coimas que habría hecho el mandatario en este carrusel. 

Pero no solamente son las licitaciones de obras desde Provías Nacional y Provías Regional. 

El 16 de mayo último se registró en la Contraloría General de la República la denuncia FF.2022.0006256. Según el presunto hecho irregular, Pronatel está “direccionando el concurso para la RDFNO (Red Dorsal de Fibra Óptica Nacional) a la contratista Gilat o posible consorcio Gilat Optical”. Señala el denunciante que “los numerales en especial referente a Experiencia del Contratista (14.2) fue modificado del pliego anterior en el cual no existía dicho punto”. 

El pliego anterior establecía en su punto 14 que “el Contratista debe contar con experiencia acreditada por un monto facturado acumulado a una (01) vez el valor estimado de la contratación, en contrataciones de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años a la fecha de presentación de ofertas. Se consideran servicios similares los siguientes:- Operación y/o mantenimiento de redes de telecomunicaciones.- Diseño, instalación e implementación de redes de transporte en telecomunicaciones aplicando/utilizando MPLS (Multiprotocol Label Switching) y/o GMPLS (Generalized Multi-Protocol Label Switching) y/o ASON (Automatically Switched Optical Network) y/u OTN (Optical Transport Networking). – Brindar servicios públicos de telecomunicaciones a nivel nacional.- Contar con al menos cinco (5) años gestionando Centros de Operaciones de Red -NOC con su respectivo Data Center.

Pero el pliego nuevo materia de la nueva controversia añade en el numeral 14.2 que “dicha experiencia, en servicios iguales o similares, deberá ser acreditada con servicios realizados como mínimo en (9) regiones, de las cuales tres regiones deben ser de la zona norte, tres regiones de la zona centro y tres regiones de la zona sur. Estas regiones de la zona norte, centro y sur se encuentran referidas a las regiones inmersas en los proyectos Cobertura Universal Norte, Cobertura Universal Centro y Cobertura Universal Sur, proyectos que conforman la RDFNO”. 

Exactamente los requisitos con los que cumple Gilat. “Una empresa con experiencia en operación y mantenimiento no debe verse limitada a que dicha experiencia sea específica en zonas determinadas ya que los procesos técnicos dependen de una ejecución bajo parámetros técnicos y no dependen del desarrollo en una determinada zona geográfica”, advierte el documento. “Adicionalmente el proceso quedaría cerrado solo a empresas locales y elimina la posibilidad de participación de empresas del extranjero con vasta experiencia en posible asociación con empresas peruanas”. 

El nuevo proceso de licitación se inició a fines de marzo, según informó Pronatel. El proceso anterior se había suspendido en enero, precisamente a raíz de las marcadas sospechas de direccionamiento que ha sido negado por el consorcio que Gilat integra con Optical Networks. 

La exviceministra Fabiola Caballero, que puso en evidencia el presunto tinglado de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), declaró explícitamente en febrero:

“Detuve un proceso en Pronatel que pretendía sin mucha transparencia otorgar el mantenimiento de la red dorsal de fibra óptica favoreciendo a una empresa. Es así, que no se adjudicó dicho contrato. Recomendé al director ejecutivo de Pronatel que la propia institución asumiera la ejecución de su mantenimiento de manera temporal y que revisara el modelo de la red dorsal tal como se había llevado en los últimos años. Mi capacidad técnica me indicó que no debíamos sacar adelante dicho proceso, ni dicho contrato, y actuar con absoluta transparencia en los procesos de contrataciones. El resultado fue la destitución, sin mi conocimiento, del director ejecutivo de Pronatel que había defendido la transparencia del proceso”.

En los chats que posteriormente se dieron a conocer entre Caballero y el exministro Juan Silva, el segundo calificó de “ruido” las advertencias sobre la materia como las que publicó CARETAS, y demandó que se siguiera adelante con el proceso. Pero Caballero no se amilanó y encargó un modelo de tres escenarios para encontrar cuál era el menos deficitario para el Estado. De allí la conclusión que Caballero mencionó, que la figura menos onerosa era que Pronatel asumiera la ejecución del mantenimiento de manera temporal para así revisar el modelo que hasta ahora ha fracasado.

A pesar de tener toda la infraestructura operativa, de acuerdo con un informe del MTC, el uso de la Red Dorsal solo llega al 3.2% de su capacidad. El Estado debería tener internet gratuito y potente en todas sus instalaciones, pero lo que tiene es un elefante blanco. 

Como consecuencia, en julio último rescindió el contrato con Azteca Comunicaciones del Perú S.A.C., de origen mexicano, que tenía la titularidad desde el 2014. La política tarifaria fija ha resultado de poco atractivo para captar clientes y así poner la red a funcionar. 

Se supone que la Red es un proyecto de Asociación Público-Privada (APP), pero el Estado es el dueño y pagó toda la inversión de la construcción, y ahora la operación y el mantenimiento. Durante los 5 años de operación y mantenimiento, el Estado ha pagado alrededor de US$132.7 millones adicionales a los US$170.8 millones de la construcción. Además de esa plata tirada al agua, durante el mismo período el Estado ha pagado casi US$450 millones por servicio de internet.

Se sigue insistiendo con licitar sin cambiar el modelo. Silva salió y hoy el Ministerio Público pide 36 meses de impedimento de salida del país. Pero otros objetivos siguen en pie. 

Semana

La Contraloría General de la República informó que escudriñará 234 contratos, que datan desde el año 2014, de cuatro empresas contratistas que tienen relación con el caso de corrupción de la Unión Temporal Centros Poblados, investigada por la pérdida del anticipo de más $ 70.000 millones de pesos que recibió para ejecutar un contrato y llevar el servicio de internet a zonas rurales del país.

Así lo informó este lunes el contralor general de la República, Felipe Córdoba. El funcionario declaró de Impacto Nacional la contratación por más de $ 1,1 billones que han realizado desde 2014 esas cuatro firmas.

El ente precisó que las empresas contratistas son: Omega Buildings Constructora S. A. S., ICM Ingenieros S. A. S., Intec de la Costa, Fundación de Telecomunicaciones Ingeniería e Innovación (FUNTICS), ahora NOVOTIC.

Destacó el contralor Córdoba que se abrirán indagaciones preliminares con base en el inciso segundo del artículo 128 de la Ley 1474 de 2011, “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión publica”.

Según el ente, se adoptó la decisión de declarar como Impacto Nacional por estos hechos de corrupción relacionados con la planeación, ejecución, así como la supervisión e interventoría de los contratos en los cuales, en calidad de contratistas, se encuentran directamente o a través de consorcios y uniones temporales estas empresas que son miembro de la UT Centros Poblados.

Atendiendo esta declaratoria, la Contraloría explicó que la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción procederá a abrir las indagaciones preliminares correspondientes.

El pasado sábado se anunció la vinculación formal al proceso fiscal que adelanta la CGR por el caso del MinTic a Emilio Tapia Aldana, Juan Carlos Ángel Cáceres, Juan José Laverde Martínez, Jorge Alfonso Molina García Mayorga y José Rafael Lastre Vergara.

Según el ente de control, fueron vinculados por su presunta incidencia y contribución en la consecución de la garantía bancaria falsa, así como por la pérdida de más $ 70.000 millones girados en calidad de anticipo a la Unión Temporal Centros Poblados.

Este proceso fiscal se abrió a mediados de agosto pasado por una cuantía estimada de $ 70.243 millones, por las irregularidades en la planeación adelantada por FunTIC en el trámite de la licitación FTIC-LP-038 de 2020, así como en el manejo del anticipo y ejecución del contrato 1043 del 18 diciembre de 2020 resultado del proceso licitatorio.

Dicho contrato, suscrito con la Unión Temporal Centros Poblados, tenía por objeto la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio de internet en 14.745 centros digitales en zonas rurales de los 32 departamentos del país.

La Contraloría informó que también investiga las irregularidades en el control y seguimiento adelantado por la interventoría, con ocasión del contrato 1045 de 2020.

El pasado sábado, la Fiscalía General de la Nación puso a disposición del Inpec a Emilio Tapia Aldana y este fue internado en el pabellón de máxima seguridad de la Penitenciaría de la cárcel La Picota. Fue trasladado desde Barranquilla a Bogotá por el CTI.

La República

Un informe de la Contraloría General de la República identificó que el servicio de Internet contratado por la Universidad Nacional de San Antonio Abad (Unsaac) del Cusco no consideró a más de mil estudiantes de las provincias cusqueñas de Acomayo, Canas Chumbivilcas y Paruro. Tampoco se incluyó a los universitarios que son de las provincias de Tambopata, Manu, Tahuamani de Madre de Dios; y Aymaraes, Cotabambas, Chincheros y Grau de Apurímac.

El servicio de plan de datos de internet fue contratado por un total de S/ 2 894 489 para 7.038 estudiantes y 1.364 docentes, sin tomar en cuenta a los estudiantes antes mencionados. “Este hecho pone en riesgo la finalidad pública de la contratación debido a que no se brindó oportunamente el servicio (módems y chips) a los estudiantes de bajos recursos, además de no garantizar la continuidad del servicio educativo”, señaló el ente de control.

Otra deficiencia encontrada es que la empresa de telecomunicaciones contratada no tenía la cobertura mínima para prestar el servicio en las provincias de Anta, Calca, Canchis, Espinar, La Convención, Paucartambo, Quispicanchi en Cusco, así como Abancay y Andahuaylas. Esto limitó el acceso al servicio educativo mediante clases virtuales.

La empresa tampoco cumplió con suministrar la cantidad de Gigabytes estipulada en los términos de referencia. Solo brindó el plan de datos móvil con 14 gigabytes, cuando se le contrató por 20 gigabytes de alta velocidad.

Todas estas observaciones fueron notificadas a la UNSAAC para que adopte las medidas correspondientes.

La Contraloría General de la República tomó razón de los decretos de concesión para las empresas que se adjudicaron espectro en bandas bajas y medias en el concurso de 5G y dio luz verde para el despliegue de 5G en Chile. Alcanza a los concursos de la banda de 700 MHz, AWS y 3.5 GHz.

“Nuestro país fue el primero en licitar espectro con cobertura nacional para esta red móvil de alta velocidad. Las redes 5G serán una realidad durante el gobierno de (Sebastian) Piñera –marzo de 2022–”, señaló la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, quien había adelantado lo inminente de la decisión en el evento México 5G.

La medida no alcanza a la banda de 26 GHz. Según pudo saber DPL News, los decretos correspondientes a esa banda saldrán a la brevedad, pero se priorizó la publicación para bandas que ya tienen desarrollo tecnológico en el país.

Por el total del concurso, se espera que se instalen 9 mil antenas 5G, de las cuales el 34 por ciento se ubicarán en la Región Metropolitana y el resto en el interior. Habrá una cobertura inicial del 90 por ciento de la población, al tiempo que se alcanzarán hospitales publicos, zonas rurales, carreteras y centros académicos, entre otros.

El concurso múltiple, que tuvo lugar en febrero, generó una recaudación de 453 millones de dólares para el Estado. WOM se adjudicó el único bloque concursado en 700 MHz y la misma empresa se quedó con 30 MHz en AWS. En tanto, Movistar, Entel y WOM se quedaron con 50 MHz de espectro cada uno en 3.5 GHz. Entel, WOM y Claro, por su parte, obtuvieron bloques en la banda 26 GHz.

“Desde Movistar Chile estamos a la espera del término de obras de ingeniería para la construcción de esta moderna red, las cuales ya comenzaron. La información comercial la entregaremos públicamente en su respectivo momento”, dijo sobre el tema el Director de Asuntos Públicos de la compañía, Fernando Saiz.

Infobae

Desde el pasado 13 de agosto la Contraloría General de la República abrió proceso de responsabilidad fiscal por detrimento patrimonial contra funcionarios del FunTIC encargados de la licitación, la Unión Temporal Centros Poblados y contra miembros del consorcio PE2020 por presuntas irregularidades en planeación de la licitación que se ganó la UT en 2020.

El ente de control indicó que también se investigarán las irregularidades ene l control y seguimiento adelantado por la interventoría del contrato 1045 de 2020 además de la investigación por el manejo del anticipo de $70.243 millones que se le consignó a Centros Poblados para iniciar con la ejecución del contrato que buscaba prestar servicio de internet en 14.745 puntos digitales en zonas rurales de Colombia.

Las personas directamente vinculadas son Adriana Vanessa Meza Consuegra, representante legal de FunTic y secretaria general del Ministerio; Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de Gestión Contractual; el supervisor del contrato, Carmilo Alberto Jiménez Santofimio; los miembros de la UT, representados por Luis Fernando Duque Torres entre los que están la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, representada por Carlos Enrique Páramo Samper; Jeremías Olmedo Cabrera Mosquera, de ICM Ingenieros; Hugo Armando Canabal Hoyos, representante de INTEC de la Costa y Juan Sebastián Vergara Ortega, representante de Omega Building Constructora.

También incluyeron a Paola Izquierdo Rivero, represéntate del Consorcio PE2020 C Digitales que lo conforman PMO Solycom; Eurocontrol SA, representada por Francisco Javier Barrena de Valenciana y Telemediciones SAS, representada por José María Hougton Pérez. Este consorcio aprobó el anticipo.

También será investigado Giancarlo Ibáñez Piedrahita, representante de BBVA ASSET Management, fiduciaria del contrato y entidad de dónde se giraron los 70 mil millones. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación llamó a interrogatorio a una de las empresas que recibió parte del anticipo.

El llamado a responder en medio del escándalo de corrupción fue el representante legal Luis Fernando Duque, quien deberá informar al ente investigador tanto por el paradero de los dineros, que se suponía debían ser invertidos en la instalación de conexión a Internet en los colegios rurales de 15 departamentos del país; como por la falsificación de los documentos de garantía bancaria entregados a la cartera tecnológica para quedarse con el contrato.

En ese sentido, es de recordar que la empresa contratista insiste en que el dinero no se ha perdido, y por el contrario, se invirtió en la compra de equipos. De acuerdo con el abogado de la misma, Jorge Pino, “así lo dijo la interventoría, que es la que verifica que los recursos fueron destinados para temas del contrato, es decir, para compra de equipos”.

Dicha empresa sería la estadounidense Nuovo Security, que terminó exactamente con $58.301.922.067 de los 70.000 millones que le entregó MinTIC a Centros Poblados. Se trata de una organización que, de acuerdo con el periodista de Caracol Radio Jorge Espinosa, fue fundada en 2016, con seis empleados, sede física en la Florida y fiscal en Delaware, que sería un conocido paraíso fiscal.

Además se supo que sus únicas exportaciones han sido a Colombia, entre 2019-2020, cuando enviaron un cargamento de cámaras desde China, compradas por una empresa conocida como VIRTUAL TICS SAS.

Según Dun & Bradstreet, una compañía dedicada a suministrar información sobre empresas, los ingresos anuales de Nuovo Security no superan los 197 mil dólares. “Muy poco. Casi nada. Ahora, de repente, les dieron 15 millones de dólares”, se cuestionó Espinosa, quien agregó que lo máximo que recomiendan a un banco prestarles es 2.500 dólares, que se traducen a unos nueve millones de pesos.