La decisión sobre la renovación de los contratos de concesión entre el Estado ecuatoriano y los operadores móviles Claro y Movistar tiene una nueva fecha límite: el 15 de mayo de 2025, la cual puede prolongarse “si es necesario”, informó la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) a través de una resolución emitida el 14 de febrero, un día antes de que venciera la quinta prórroga.

La resolución está dirigida a Otecel, que opera Movistar y Tuenti en Ecuador, ya que Claro (operado por Conecel) continúa con una prórroga sin plazo determinado, es decir, mientras concluyan las negociaciones y se logre firmar el nuevo contrato.

Lee también: 5G y renovación de operadores, pendientes de Daniel Noboa

Se contemplaba que los nuevos contratos estuvieran firmados el 15 de diciembre de 2024, ya que la Arcotel había suspendido anteriormente las negociaciones porque faltaba el dictamen sobre el impacto presupuestario, sostenibilidad y riesgos fiscales que debía emitir el Ministerio de Economía y Finanzas.

Sin embargo, en esta sexta prórroga no se especifica la razón por la que se pospone. Aun así, el ministro de Telecomunicaciones, César Martín, dijo a medios locales en enero de 2025 que las concesiones estarían firmadas en el primer trimestre del presente año.

Ecuador se encuentra en procesos electorales presidenciales y tendrá su segunda vuelta entre Daniel Noboa y Luisa González el próximo 13 de abril, por lo que es muy probable que las negociaciones con los operadores se realicen con la nueva administración.

Conecel, filial de América Móvil que opera Claro Ecuador, recibió una prórroga por el uso de espectro radioeléctrico en el país andino, firmado este martes 22 de agosto en el Palacio Carondelet, durante una rueda de prensa convocada por el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, y la ministra de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (Mintel), Vianna Maino.

El acuerdo al que llegó el operador móvil con el gobierno ecuatoriano incluye el pago de 3.37 millones de dólares mensuales, empezando en septiembre, por el uso del espectro bajo los mismos términos que incorpora el contrato actual.

La cifra de los pagos mensuales serán descontados del valor total del pago de la nueva renovación, cuando se realice.

Por el momento no se conoce con exactitud cuánto tiempo se mantendrá esta prórroga, pero de acuerdo con la ministra, puede que sean unos seis meses.

La decisión llega a tiempo para el operador y para los 9.2 millones de líneas activas de usuarios que tiene Claro Ecuador, dado que su contrato original se vence el 26 de agosto de este año.

Recomendamos: Elecciones en Ecuador: pasan a segunda vuelta González y Noboa junto con sus propuestas TIC

Por su parte, Claro ratificó su compromiso con el desafío de contribuir al desarrollo de Ecuador, por lo que se refirió a la prórroga como “un paso responsable y positivo para avanzar con el proceso de negociaciones para la renovación de la concesión del Servicio Móvil Avanzado”.

“De esta forma, el país podrá contar con las inversiones necesarias para afrontar la agenda de conectividad e innovación tecnológica que demanda la sociedad en los próximos años”, describe el comunicado enviado por Claro Ecuador.

No existe una fecha específica para reactivar las negociaciones ni se conoce el trato que tendrá el segundo operador más grande del país, Otecel (Movistar Ecuador), cuya concesión vence el próximo 30 de noviembre. Maino adelantó que se avanza en las conversaciones con el operador respectivo.

La Hora

El Municipio de Tulcán le debe $4’942.665 a la empresa de telefonía Conecel S.A., representante jurídica de la compañía Claro.

Este monto, sin embargo, no se relaciona con el consumo de llamadas o cualquiera de los servicios que brinda la empresa, sino que se refiere al dinero que la municipalidad tulcaneña le cobró indebidamente a Conecel, en el año 2014, cuando se expidió una ordenanza municipal fijando tasas para regular la utilización del espacio público, así como el espacio aéreo municipal, suelo y subsuelo, por la colocación de estructuras, postes y tendido de redes.

A través de un comunicado, la Alcaldía de Tulcán informó que el monto adeudado se comenzó a pagar desde enero de 2022, conforme a la sentencia judicial emitida en enero de  2018, por parte del Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en Guayaquil.

El valor total, sin embargo, será cancelado a lo largo de 36 meses, a través de pagos mensuales que bordean los $137.000, los cuales fueron autorizados por el Concejo Municipal, el 30 de septiembre de 2021, “sin que por ello se cobren intereses o multas, desde el año en que el Municipio de Tulcán embargó indebidamente el dinero de la empresa Conecel S.A., hasta la actualidad”.

Ordenanza inconstitucional

La demanda por parte de Conecel contra el Municipio de Tulcán llegó a la Corte Constitucional en 2015.

La principal impugnación se dio contra el artículo 18 de la ordenanza que aprobó el Concejo Municipal, donde se definía que las personas naturales, jurídicas, sociedades nacionales y extranjeras, todas ellas de carácter privado, cancelen anualmente nuevas tasas municipales, generadas por instalación de postes, tendidos de redes y estructuras; además de la fijación de las tasas correspondientes por la utilización u ocupación del espacio aéreo municipal.

Las tasas, según la normativa, se aplicaban principalmente a estructuras metálicas de uso comercial, como antenas de todo tipo, para radio, celulares, televisión, pero también a los tendidos de redes, imponiendo un porcentaje diario de pago por su instalación en zonas rurales o urbanas del cantón.

Por ejemplo, uno de los acápites imponía el 20% del salario básico unificado para antenas para servicios celulares, diariamente, exponiendo que el pago debía ser por cada una de las antenas instaladas en lo alto de las estructuras y que forman parte de las redes para telecomunicaciones, “por concepto de uso de espacio aéreo”.

Entre otros rubros, se pidió que las antenas para radio ayuda y radioaficionado paguen $0,10 centavos diarios y las comerciales $1,50, mientras que por los tendidos de redes que pertenezcan a empresas privadas se quería sujetar una tasa diaria de $0,01 centavos por cada metro lineal.

Litigio

Tras ser notificados con la demanda, el entonces alcalde de Tulcán, Julio César Robles Guevara, así como el procurador síndico municipal de la época, Luis Marcelo Portilla Revelo, pidieron que se deseche la causa y argumentaron que Conecel, “por más de seis años, ha venido operando en Tulcán, sin reportar ningún beneficio al cantón, sin pagar impuestos, tasas o contribuciones por el uso de suelo”.

Sin embargo, la Corte Constitucional falló en su contra y declaró inconstitucional la ordenanza, exponiendo, entre una de las observaciones, que solo le compete el Gobierno Central el cobro de temas referentes al espectro de comunicaciones y telecomunicaciones, mas no a los gobiernos municipales.

Además, mencionaron que las siete tarifas fijadas dentro del artículo 18 de la ordenanza impugnada, alcanzaban valores excesivos, “afectando de manera considerable la economía de las empresas privadas que, bajo el afán de brindar el servicio comercial por el que fueron constituidas, se ven en la necesidad de hacer uso del espacio público, activando el hecho generador de las tasas reguladas en la ordenanza y, en consecuencia, cumplir con el pago obligatorio de dicho tributo”.

Tras los responsables

Desde la Procuraduría Síndica del Municipio de Tulcán se ha expuesto que el juicio contra Conecel, al asumir la presente administración municipal, ya estaba perdido, por lo que no pudieron hacer mayor gestión para evitarlo.

Ante esto, el único trámite que hicieron, prácticamente, fue mediar con los representantes legales de la empresa, para que el pago de los casi $5 millones no sea inmediato, tal como lo pedían en primera instancia, sino que se pueda cancelar en tres años, con mensualidades que bordean los $137.000, cumpliendo la primera cuota en enero de 2022.

“Es una preocupación que la hemos manifestado desde el primer día que asumimos la administración municipal, ya que nosotros hemos encontrado estas sentencias ya perdidas y lo que hemos logrado es llegar a acuerdos de pago, para no caer en incumplimientos, como se lo vino haciendo desde el año 2016”, dijo, en su momento, Nataly Polo, procuradora síndica del Municipio de Tulcán.

Además, expusieron que una vez comenzado el pago, iniciarán los trámites correspondientes para que las autoridades responsables rindan cuentas sobre los destinos de estos rubros, así como por las evasiones constantes para evitar el desembolso del dinero.

“Se embargaron las cuentas de la telefónica Conecel en el año 2015, por lo que siguieron el proceso judicial para que se pueda restituir los valores, que ahora el GAD Municipal de Tulcán tiene que pagar obligatoriamente”, agregó Polo.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) otorgó el título habilitante de registro de cable submarino por 20 años al Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. (Conecel), la razón social de Claro en Ecuador, así como a Columbus Networks.

Según informó el regulador, actualmente existen cuatro títulos habilitantes para la operación de cable submarino, por lo que Claro y Columbus ingresan como quinto y sexto actor. 

El cable submarino de Claro cuenta con una capacidad inicial de transmisión de datos de alrededor de 2.000 Gbits/seg y con un plan de crecimiento de capacidad a 20 años de 12.000 Gbit/seg, lo que fortalece la competitividad en el sector.

Vale recordar que América Móvil está desplegando un cable submarino, en asociación con Telxius, para conectar la costa del Pacífico de América del Sur. El “South Pacific Submarine Cable” (SPSC) o “Mistral” unirá a Guatemala, Ecuador, Perú y Chile en conexión directa con servidores disponibles desde Estados Unidos.

“El otorgamiento del título habilitante de cable submarino marca un hito importante en el desarrollo de las telecomunicaciones del país, permitiendo atender la creciente demanda de servicios de Internet y hace posible que millones de ecuatorianos disfruten de una mejor experiencia de conectividad con mayor capacidad internacional, menor latencia y alta disponibilidad para sus conexiones a Internet”, destacó la Arcotel en un comunicado.

Los operadores móviles de Ecuador registraron un incremento de 52 mil 877 líneas activas de enero a agosto de 2019, totalizando en 15 millones 894 mil 418 líneas activas móviles, según datos de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel).

El total de líneas activas equivale a un 92.48 por ciento en comparación a la densidad de población en el país.

Del total de líneas activas móviles sumadas en el año, un 72.06 por ciento están relacionadas con la modalidad prepago; 27.70 por ciento con la modalidad pospago; y, 0.24 por ciento son terminales de telecomunicaciones de uso público.

Recomendado: Ecuador quita aranceles a computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes

El operador Conecel tiene 52.80 por ciento de las líneas activas a escala nacional, Otecel tiene un 28.07 por ciento y CNT el 19.14 por ciento.

Recientemente, la Arcotel determinó que los suscriptores de servicios móviles tienen que proporcionar a los operadores sus datos de identificación para tener una base de empadronamiento. De lo contrario, no sé podrá brindar el servicio.

Al contratar una línea, los clientes prepago deberán registrar sus datos, mientras que los pospago además llenarán un formulario. En ambos casos, la Agencia se encargará de verificar la información.

Expreso-Javier Montenegro

No todo funciona mal. El Ejecutivo tiene empresas que generan ingresos para sus propias operaciones e incluso aportan recursos para el Presupuesto General del Estado. Catorce de las 21 entidades públicas que administra el Gobierno de Lenín Moreno tuvieron cifras positivas entre enero y julio de este año. Lo curioso, al menos a juzgar por los resultados financieros a la fecha, es que en los planes oficiales está el interés de concesionar a tres de las más rentables.

En cambio, tal como publicó EXPRESO ayer, poco se dijo de las ocho empresas públicas que reflejaron pérdidas en este año.

Desde personal cercano al primer mandatario se anunció, por ejemplo, la concesión de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). Se contactó a la banca de inversión para los estudios y, en teoría, el proceso sigue en marcha. Esa empresa, aunque es la tercera en su sector, tuvo beneficios considerables en los primeros siete meses del año.

Según la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), entre enero y julio, CNT tuvo ingresos por 509 millones de dólares y gastos por un poco más de 452,8 millones de dólares. Es decir, la diferencia fue positiva en 56,3 millones de dólares.

El dato, aunque positivo, representa una caída si se compara con el año pasado. Ahí el resultado fue de 85,5 millones. Casi 30 millones más que en este año.

En comparación, la empresa privada de telecomunicaciones Conecel (Claro) tuvo utilidades en 2018 por más de 140 millones de dólares. Otecel, en cambio, no tuvo utilidades en 2018. Ambas empresas son privadas, pagan impuestos y reparten utilidades a sus trabajadores. La estatal CNT, no.

Los anuncios de concesión de la ahora extinta Consejería para la Optimización del Gasto Público, que creó y eliminó Moreno en poco más de un año, también abarcaban a la empresa pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad (Cnel). En esta, sin embargo, hubo pocos avances y la idea de concesión se quedó, al menos por ahora, únicamente en el discurso.

Entregar a manos privadas esa empresa representaría, según los datos de ingresos y gastos, una pérdida de recursos importante para el Estado. Junto con las empresas petroleras, Cnel genera considerables ganancias. Entre enero y julio de este año, por ejemplo, la cifra a favor es de 220,6 millones de dólares. Más que la mayoría de las entidades empresariales del Ejecutivo.

Lo mismo pasa con la Corporación Nacional Eléctrica del Ecuador (Celec). Aunque sus resultados positivos son menores también fueron parte de la oferta de concesiones que se hicieron en el último trimestre del año pasado. Ahí tampoco hubo avances.

¿Qué perdería el país si pasa Celec a manos privadas? En números, la empresa generó más de 15 millones de dólares. Los excedentes, luego de descontar sus necesidades, van a manos del Ministerio de Economía y Finanzas para financiar operaciones del Gobierno central.

En total, las tres empresas generaron números a favor por 291,9 millones de dólares. Una cantidad similar a las utilidades (ganancias de las privadas luego de los descuentos y pagos de tributos) obtenidas por Corporación La Favorita, Consorcio Shushufindi y Shaya Ecuador juntas, durante 2018.

Las características

Privadas

Según la Superintendencia de Compañías, en 2018, entre las 20 empresas privadas con mayores ganancias están integrantes de sectores estratégicos (minería y petróleo), telecomunicaciones, aeropuertos, venta de alimentos y otros servicios y procesadoras de comestibles.

Personal

EXPRESO publicó, la semana pasada, las empresas públicas que administra el Ejecutivo que aún tienen una nómina abultada. Las 21 instituciones aún generan gastos por los 33.456 empleados registrados hasta finales de julio. En 2018, estaban registrados unos 3.000 empleados más en todas las entidades.

Fusión

La fusión de las petroleras está en manos de una Unidad Temporal de Fusión. Se prevé concretar este proceso en diciembre 2020. “Los equipos técnicos están trabajando con esa meta para lo cual se requiere definir la estructura final que se necesita, además del levantamiento de información”.