Portafolio

Entre ellas sobresalen las operaciones lideradas por Millicom, matriz de Tigo, que reconfiguraron el mapa de las telecomunicaciones en Colombia y aportaron importantes flujos de capital extranjero. La primera se produjo en enero de este año, cuando la compañía anunció que había resultado ganadora en la subasta pública adelantada por Empresas Públicas de Medellín (EPM) para adquirir su participación accionaria en UNE EPM Telecomunicaciones. La operación representó una contraprestación cercana a los $2,1 billones, equivalentes a aproximadamente US$571 millones. 

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El Colombiano

La economía digital colombiana sigue ganando peso dentro del aparato productivo nacional. Mientras sectores tradicionales enfrentan ritmos moderados de crecimiento, la industria del software y las tecnologías de la información se consolida como uno de los negocios más dinámicos del país, con una operación que ya moviliza cerca de $61 billones al año y genera más de 406.000 empleos.

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Fuente: Prensa MinTIC

Entre el 8 y el 11 de junio, Sevilla será sede de debates, conferencias y conversaciones entre líderes mundiales de gobernanza de Internet, con la realización del Foro de Política Icann 86. El Ministerio TIC representará a Colombia en esta reunión, con el objetivo de fortalecer su liderazgo en los espacios globales de toma de decisiones sobre nombres de dominio, gobernanza digital y políticas públicas para el desarrollo de Internet.

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Fuente: Pygma

Pygma, la aceleradora pre-semilla con sede en Nueva York que apoya a fundadores latinoamericanos del sector fintech, anunció la apertura oficial de aplicaciones para PY9: The Future of Fintech, la novena edición de su programa de aceleración enfocado en startups fintech en etapa pre-semilla lideradas por fundadores latinoamericanos. Además, introduce un hito relevante en su estructura: por primera vez, el cierre del programa se realizará en San Francisco, ampliando el corredor de conexión entre América Latina, Nueva York y Silicon Valley.

La apertura de esta nueva cohorte se da en un momento en el que el sector fintech continúa liderando la atracción de capital dentro del ecosistema startup latinoamericano. Así lo confirma la Asociación para la Inversión de Capital Privado en América Latina (LAVCA), quienes identificaron que el interés de los inversionistas se ha concentrado cada vez más en compañías con infraestructura financiera, aplicaciones de inteligencia artificial en servicios financieros y modelos con economías unitarias sólidas, con caminos claros a la rentabilidad.

La convocatoria está dirigida a fundadores que desarrollen soluciones fintech o de inteligencia artificial aplicada al sector financiero, que se encuentren levantando una ronda ángel o pre-semilla. También busca emprendedores seriales que quieran fortalecer su crecimiento a través de un programa intensivo de seis semanas que incluye tutorías individuales, sesiones uno a uno, workshops especializados, matchmaking con inversionistas, Demo Day y acompañamiento posterior. Los interesados se pueden aplicar en el siguiente enlace.

“Los resultados de PY8 reflejan cómo está evolucionando el ecosistema fintech en América Latina. Graduamos 17 startups de ocho países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Perú y Venezuela, que están construyendo soluciones en áreas críticas como pagos, infraestructura financiera, compliance, prevención de fraude, software empresarial e inteligencia artificial aplicada a servicios financieros. Esto demuestra que los emprendedores de la región están apostando cada vez más por modelos que resuelven problemas estructurales del sistema financiero y tienen potencial de escalar a nivel global”, indica Andrés Cano, cofundador y general partner de Pygma.

Los resultados también evidencian una mayor madurez de las compañías aceleradas. Cerca del 40 % de la cohorte ya es rentable y más del 70 % opera bajo modelos B2B o B2B2C, una señal de la nueva etapa que atraviesa el ecosistema fintech latinoamericano: empresas más enfocadas en eficiencia, ventas y sostenibilidad financiera que en la captación masiva de usuarios.

“Con PY9 queremos acercar a los fundadores latinoamericanos a los mercados, inversionistas y operadores que están definiendo el futuro de la industria financiera global. Por eso, por primera vez llevaremos el cierre del programa a San Francisco, uno de los principales centros de innovación tecnológica del mundo”, finaliza Daniel Ospina, cofundador y general partner de la aceleradora.

Fuente: Prensa CRC

Una llamada que parece venir de un banco. Un mensaje que aparenta ser de una empresa de mensajería. Una comunicación que simula provenir de una entidad pública, un comercio o una marca reconocida. Detrás de muchas de estas interacciones se esconden intentos de engaño para obtener datos personales, claves, información financiera o dinero de los ciudadanos.

Para hacer frente a esta problemática, la CRC presentó una propuesta que combina medidas tecnológicas, regulatorias y pedagógicas para prevenir y mitigar el fraude cibernético en los servicios móviles de voz y mensajes de texto (SMS), con foco en dos modalidades en expansión: el smishing, que utiliza mensajes de texto fraudulentos para inducir al usuario al engaño, y el vishing, mediante llamadas en las que los delincuentes suplantan la identidad de empresas o instituciones para obtener información sensible o cometer estafas.

La propuesta es el resultado de un proceso técnico adelantado por la Comisión que incluyó análisis de información del sector, revisión de experiencias internacionales, evaluación del comportamiento del tráfico de voz y mensajes, y espacios de participación con operadores, empresas, autoridades y ciudadanos.

Un problema que sigue creciendo

La información analizada por la CRC evidencia que los montos reclamados por estas modalidades pasaron de $30.622 millones a $92.235 millones, prácticamente el triple en solo dos años. En 2024, el smishing alcanzó reclamaciones por más de $47.892 millones, mientras que el vishing llegó a $44.342 millones.

Más allá del monto económico, el problema afecta un activo esencial del ecosistema digital: la confianza. Cuando los usuarios no pueden distinguir si una llamada o un mensaje proviene realmente de una empresa, una entidad pública o un comercio legítimo, se deteriora la seguridad de las comunicaciones y se amplía el espacio para la suplantación.
Este panorama evidencia la necesidad de fortalecer las herramientas de prevención, detección y mitigación del fraude, así como de promover una mayor coordinación entre los diferentes actores del ecosistema digital del país para proteger a los usuarios y dificultar el uso indebido de las comunicaciones móviles con fines delictivos.

¿Qué propone la CRC?

La propuesta regulatoria contempla un conjunto de medidas tecnológicas, regulatorias, operativas y pedagógicas para fortalecer la identificación de quienes originan llamadas y mensajes, mejorar la trazabilidad de las comunicaciones y facilitar la detección temprana de comportamientos sospechosos.

Entre las principales iniciativas se destacan:
Más seguridad en los mensajes de texto

• Se creará un identificador que será visible en el encabezado de los mensajes de texto (SMS) y les permitirá a los usuarios saber de manera precisa qué empresa o entidad envía determinados mensajes de texto.
• Las empresas y organizaciones que envíen mensajes de texto (SMS) masivos deberán pasar por procesos de validación estrictos para verificar su identidad y generar trazabilidad en el origen de los mensajes que reciben los usuarios.
• Se fortalecerá el monitoreo del tráfico de mensajes para detectar comportamientos inusuales que puedan estar asociados a campañas sospechosas o intentos de suplantación

Más protección frente a llamadas sospechosas.

• Se bloquearán las llamadas provenientes del exterior que utilicen de manera indebida números colombianos para ocultar su verdadero origen.
• Se implementarán mecanismos de etiquetado que permitan identificar llamadas comerciales y advertir sobre comunicaciones que presenten características asociadas a posibles comportamientos sospechosos.
• Se establecerán controles para evitar que determinados números o recursos de numeración sean utilizados para originar llamadas sospechosas.

Coordinación y educación frente a nuevas modalidades de fraude

La propuesta también contempla la creación del “Comité Técnico de Lucha contra el Fraude en Redes de Servicios Móviles”, liderado por la CRC, que permita fortalecer el intercambio de información, compartir alertas tempranas e identificar nuevas modalidades de fraude junto con operadores, autoridades y otros actores del ecosistema digital.
El proyecto también incorpora medidas pedagógicas y de formación interna dirigidas a los agentes económicos, en el marco de una estrategia centrada en la prevención. La lucha contra el fraude no depende únicamente de bloquear llamadas o mensajes: también exige fortalecer capacidades, mejorar prácticas y promover una cultura de cuidado digital entre empresas, autoridades y usuarios.

Es importante resaltar que, con el fin de realizar una revisión integral relacionada con la remuneración aplicable en el ecosistema de SMS A2P (los mensajes de texto que las empresas y entidades envían de forma masiva a los usuarios, como códigos de verificación, alertas o notificaciones), la CRC consideró adecuado y necesario que el presente proyecto regulatorio fuera dividido en dos fases complementarias. La primera fase de este proyecto abarca de manera integral las medidas regulatorias descritas que están orientadas a la mitigación del fraude cibernético asociado a los servicios tradicionales de voz y SMS, las cuales se ven materializadas en el proyecto de resolución publicado. En la segunda fase la Comisión evaluará todos los aspectos asociados a la remuneración del servicio de SMS en el ecosistema A2P. Esta separación busca garantizar un espacio de análisis específico con la industria, que permita valorar adecuadamente los efectos económicos, competitivos y funcionales del esquema remuneratorio aplicable a este segmento.

El Comisionado Javier Gutiérrez Afanador, quien ha trabajado activamente en el proyecto regulatorio, manifestó que “El fraude digital ya genera reclamaciones por más de $252 millones al día en Colombia y afecta la confianza de los ciudadanos en sus comunicaciones. La propuesta regulatoria es una respuesta ante una amenaza que crece y se transforma constantemente, afectando a millones de colombianos en su vida cotidiana. Pero la regulación es solo el punto de partida: desde la entidad impulsaremos con determinación programas de formación y cibercultura, convencidos de que el usuario informado es la primera y más poderosa línea de defensa contra el fraude. Esta lucha exige que autoridades, operadores, empresas y ciudadanos actúen como un solo frente. Juntos, venceremos el fraude.”

Fuente: Prensa Colombia Fintech

La Asociación Colombiana de Empresas de Tecnología e Innovación Financiera (Colombia Fintech) reiteró su profunda preocupación frente a la insistencia del Gobierno Nacional en permitir que los operadores postales actúen como entidades fi nancieras. Según el gremio, aunque la nueva versión del proyecto de decreto de MinTIC intenta robustecer la seguridad, el texto defi nitivo mantiene un grave arbitraje regulatorio frente al ecosistema fi ntech y la banca tradicional.

La iniciativa busca que las empresas postales ofrezcan servicios de giros de depósito y transferencias mediante “cuentas postales”. Para Colombia Fintech, esto rompe el límite legal actual, transformando un servicio de envío inmediato de efectivo en una actividad de captación y custodia de recursos del público, sin las obligaciones que esto implica.

“Un operador postal no es una entidad fi nanciera y no debe administrar recursos del público bajo estándares inferiores a los que hoy cumplen bancos, SEDPEs y fi ntechs. Este decreto crea un riesgo sistémico y una asimetría normativa preocupante, reviviendo una iniciativa que en el pasado ya fue criticada por el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera”, señaló Gabriel Santos, presidente ejecutivo de Colombia Fintech.

La Asociación identifi có cuatro riesgos críticos asociados a la implementación de este proyecto de decreto:

• Falta de garantías y seguro de depósito: A diferencia del sector fi nanciero, los operadores postales no estarían obligados a contar con el respaldo de FOGAFIN. Esto deja al ciudadano completamente desprotegido ante casos de insolvencia o fraude.
• Insufi ciencia contra el lavado de activos: Los mecanismos propuestos para los operadores postales son considerablemente más ligeros y no equivalen al estándar SARLAFT que cumple el sector fi nanciero, abriendo una ventana de vulnerabilidad para actividades delictivas.
• Arbitraje regulatorio y supervisión inadecuada: Mientras las fi ntech y la banca asumen altos costos en capital y solvencia, el proyecto permitiría una competencia desigual. Además, el supervisor sería MinTIC y no la Superintendencia Financiera, la cual tiene la experiencia exclusiva para vigilar el ahorro del público.
• Sistemas de pago paralelos y fragmentados: Al crear cuentas postales externas, la normativa podría aislar estos recursos de los avances de interoperabilidad ya logrados en el país con la plataforma Bre-B y el Sistema de Pago de Bajo Valor Inmediato.

Finalmente, el gremio recordó que Colombia ya cuenta con fi guras exitosas para la inclusión fi nanciera en zonas rurales, como las SEDPEs y las redes de corresponsalía, que operan bajo marcos seguros y vigilados. Habilitar a operadores postales por fuera del sistema fi nanciero no solo es riesgoso para los consumidores, sino técnicamente innecesario.

Fuente: Prensa ANE

La Agencia Nacional del Espectro (ANE) participa en la reunión del Grupo de Trabajo 5D (WP5D) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), uno de los principales escenarios técnicos internacionales que reunió a más de 100 países, donde se construye el futuro de las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT) y se avanza en la definición de las futuras redes 6G.

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Telefónica presentó una demanda ante la Corte de Distrito de Columbia, en Estados Unidos, para exigir la ejecución de un laudo arbitral internacional que condenó al Estado colombiano al pago de una indemnización que, sumando intereses y costas, podría alcanzar entre 450 y 500 millones de dólares. 

De acuerdo con información publicada por El País, la compañía busca que la Justicia estadounidense reconozca y ejecute el laudo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), luego de que Colombia no entregara la garantía bancaria internacional exigida para mantener suspendido temporalmente el pago, mientras se estudia una solicitud de anulación del fallo.

El origen de la controversia se encuentra en el proceso de reversión de activos de telecomunicaciones asociado a las concesiones otorgadas en 1994. En 2017, el Estado colombiano exigió a Telefónica y a Claro el pago de recursos relacionados con esos activos y como resultado, Telefónica desembolsó cerca de 379.8 millones de dólares y posteriormente acudió al arbitraje internacional al considerar que las decisiones adoptadas por Colombia vulneraban los compromisos de protección a la inversión establecidos en acuerdos internacionales suscritos con España.

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En 2024, el CIADI falló a favor de Telefónica. En su decisión concluyó que Colombia incumplió obligaciones de protección a la inversión extranjera y ordenó el pago de una compensación de 379.8 millones de dólares, más intereses compuestos del 5% anual y el reembolso de determinados costos legales.

Aunque el Gobierno colombiano presentó una solicitud de anulación del laudo, un comité ad hoc del CIADI rechazó la petición de suspender el pago debido a que el Estado no constituyó dentro del plazo establecido la garantía financiera requerida para respaldar una eventual ejecución del fallo.

Ahora, la demanda presentada en Washington busca que la Justicia de Estados Unidos reconozca el laudo arbitral como una sentencia ejecutable. 

De prosperar, Telefónica podría solicitar medidas para identificar y eventualmente embargar activos del Estado colombiano en territorio estadounidense que sean susceptibles de ejecución conforme a la legislación de ese país.

El Colombiano

La búsqueda de personas desaparecidas en Colombia ahora cuenta con una nueva herramienta tecnológica que promete acelerar procesos que antes podían tardar décadas. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) anunció la implementación de sistemas de inteligencia artificial capaces de analizar millones de datos relacionados con víctimas del conflicto armado.

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El Colombiano

Se llama VigIA y fue presentada por la asociación Infancia Libre de Abuso Sexual (ILAS) como “el primer cerco digital inteligente del mundo diseñado para prevenir el abuso infantil”. La plataforma usa inteligencia artificial para detectar situaciones de riesgo en el entorno cotidiano de niños y adolescentes y alertar a sus cuidadores en tiempo real.

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