Sector TIC de Colombia alerta riesgos en decreto de entornos digitales seguros para menores
Diversos gremios del sector tecnológico en Colombia encendieron alertas frente al proyecto de decreto mediante el cual el Gobierno Nacional busca reglamentar la Ley 2489 de 2025 que establece disposiciones para el desarrollo de entornos digitales seguros para niños, niñas y adolescentes del país.
En un comunicado conjunto, organizaciones como la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) y la Asociación de Operadores de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia (ASOTIC) advirtieron que si bien respaldan el objetivo de proteger a los menores, la propuesta actual “presenta riesgos significativos en materia de legalidad, constitucionalidad, diseño regulatorio, sobrecargas operativas y afectaciones a derechos fundamentales”.
La iniciativa del gobierno, liderada por el Ministerio TIC, busca aterrizar la Ley 2489 de 2025 que estableció un marco para garantizar entornos digitales seguros para menores de edad bajo un modelo de corresponsabilidad entre Estado, plataformas digitales, familias y sistema educativo. El decreto, actualmente en fase de consulta pública, adiciona disposiciones al Decreto 1078 de 2015 y plantea la creación de un sistema integral de monitoreo, así como el desarrollo de una política pública específica en un plazo máximo de 12 meses.
Sin embargo, según los gremios, el texto en su versión actual incorpora nuevas cargas operativas para las empresas del sector, muchas de ellas sujetas a desarrollos regulatorios posteriores, y advierten que esto “podría incrementar la discrecionalidad administrativa y generar incertidumbre jurídica”.
“El desarrollo de una regulación efectiva en esta materia requiere un proceso abierto, técnico y participativo que permita construir soluciones equilibradas, que protejan a los menores sin comprometer la innovación ni la sostenibilidad del ecosistema digital”, indicaron las agremiaciones firmantes, entre las que se encuentran también la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) y la Alianza por la Infraestructura Digital y la Internet Abierta (DIGI.IA-LAC).
Asimismo, coinciden en que “el proyecto introduce obligaciones que impactan de manera transversal a múltiples actores del sector, sin una delimitación clara de responsabilidades ni un análisis suficiente de proporcionalidad”.
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Entre los puntos que generan mayor preocupación se encuentran las obligaciones para que plataformas y proveedores digitales “colaboren activamente” en la implementación de mecanismos de protección, lo que podría traducirse en la incorporación de herramientas de control parental, monitoreo de contenidos o configuraciones de seguridad por defecto.
Para la industria, este tipo de exigencias, sin lineamientos técnicos definidos, implica costos adicionales y retos de implementación, especialmente para empresas de menor tamaño.
El decreto también contempla la creación de un Sistema Integrado de Monitoreo del entorno digital infantil, con participación de varias entidades del Estado, lo que ha suscitado inquietudes sobre el alcance de la supervisión y su posible impacto en derechos como la privacidad y la libertad de expresión.
Al respecto, los gremios advirtieron que el diseño regulatorio podría plantear tensiones en materia de constitucionalidad y proporcionalidad.
Las organizaciones hicieron un llamado al gobierno para abrir una mesa técnica de trabajo con participación del Ministerio TIC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), el sector privado, la academia y la sociedad civil, con el fin de revisar el contenido del decreto antes de su expedición.
Además, reiteraron su disposición para contribuir a la construcción de un marco regulatorio que permita avanzar en la protección de la niñez en entornos digitales, pero que al mismo tiempo garantice seguridad jurídica, promueva la innovación y se alinee con estándares internacionales.
La Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), la Cámara de la Industria Digital y Servicios ANDI y Fedesoft son otras de las agremiaciones que se unieron a la petición.