Los cambios en el Código del Trabajo de Chile entraron oficialmente en vigencia en septiembre y su aplicación en los hechos es la que ahora es escenario de debate en el país. 

El dictamen presentado por la Dirección del Trabajo para dar sentido y alcance a la ley no convence a las plataformas digitales, que ya habían mostrado sus dudas durante el proceso de análisis modificación de la normativa, que se formalizó en marzo. Qué dice y cómo las afecta.

Las 36 páginas del texto intentan poner blanco sobre negro (aunque no necesariamente lo logra) en al menos cinco cuestiones: 

1. Facultades de la Dirección del Trabajo, con la relación entre plataformas y trabajadores como susceptible de su fiscalización.
2. Contexto de trabajo en las plataformas digitales, señalando expresamente que el avance tecnológico y sus consecuencias en el mercado laboral y productivo debe respetar los derechos fundamentales de los trabajadores.
3. Definiciones, indicando qué se entiende por empresa de este rubro, distinguiendo entre trabajadores dependientes, independientes, presunción de laboralidad y principios de ajenidad en la organización, el mercado y la marca.
4. Contrato de trabajadores independientes, segmento en el cual se pronuncia en temas como honorarios, cobertura social y derecho de desconexión, entre otros puntos.
5. Normas comunes a trabajadores dependientes e independientes, con detalles en cuestiones como el tratamiento de los datos de los trabajadores, prohibiciones, capacitación y cálculos de indemnizaciones.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el número de empresas de plataforma que dan trabajo se multiplicó al pasar de 152 a más de 777 entre 2010 y 2020, indica el texto como último reporte disponible para un mercado que además ha tenido la pandemia como catalizador de crecimiento en el mundo y múltiples beneficios para las economìas locales. 

Luego, agrega que el crecimiento de la economía de plataformas y del trabajo en ellas “representa oportunidades para la creación de empleo y una organización de los procesos productivos”.

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Considerando que esta nueva realidad es materia de entendimiento de quienes toman decisiones, es que las plataformas se mostraron disgustadas durante el tratamiento con el avance de una ley que amenaza el modelo de negocio de firmas que funcionan, en todas las acepciones de la palabra, a favor del crecimiento laboral y económico de un mundo en crisis y bajo estructuras no tradicionales.

Ahora, la nueva normativa no parece encontrar herramientas facilitadoras para su aplicación en su dictamen, más bien todo lo contrario. 

Desde Uber pidieron que se deje sin efecto por considerar que “el pronunciamiento es contrario a la naturaleza de la normativa despachada por el Congreso”. 

En declaraciones tomadas de  Diario Financiero, la empresa consideró que el documento “impide que la regulación produzca sus efectos por restringir la posibilidad de prestación de servicios por parte de trabajadores independientes”.

Las dudas de las plataformas no se limitan a eso sino a que, por como está escrito, el texto no delimita la competencia de la Dirección del Trabajo a la fiscalización y establece nuevos criterios e indicios de laboralidad para trabajadores sin tener en cuenta consideración previas a la implementación de la ley. 

Además, creen que no es claro sobre el concepto de ofrecer “un servicio subyacente” ni se presenta claramente el concepto de “servicios efectivamente prestados”. 

Más: se persiste en la obligación de las empresas de entregar, de manera gratuita, elementos de protección personal a trabajadores en cualquier caso y no hay pronunciamiento sobre la aplicación ni cobertura del seguro de daños a los bienes personales que utilice el trabajador de plataformas digitales.

Así las cosas, las plataformas piden revisión del dictamen que se atribuye competencias de Tribunales de Justicia con argumentos peligrosos, pues desconocen el trámite legislativo y el propio espíritu de la ley intentando reescribirla. 

El documento desentiende que la tecnología es catalizador de oportunidades y las empresas de este tipo vehículos para la generación de nuevos empleos y ambientes propicios para el crecimiento económico en clave digital. 

Peor aún: su razonamiento atenta contra los propios trabajadores a quienes dice proteger.

En términos menos técnicos, Chile tiene la oportunidad de que el diablo no esté en los detalles, al menos no esta vez.

El Código de Trabajo de Chile ha sido modificado en marzo y sus cambios entrar en vigor a partir del primero de septiembre, tras cumplirse seis meses desde su publicación. 

La nueva versión incluye en su alcance  —ese es su objeto específico— el contrato de trabajadores de empresas de plataformas digitales, lo que redunda en amenazas al modelo de negocio de las firmas que funcionan en clave digital y no bajo estructuras tradicionales.

La normativa incorpora, en concreto, el capítulo X en el título II “De los contratos especiales” del primer libro, que se encarga de “regular las relaciones entre los trabajadores de plataformas digitales, dependientes e independientes, y las empresas de plataformas digitales de servicios prestados en el país”. 

Avanza sobre detalles contractuales entre las partes y habla de transparencia y derecho a la información.

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En las definiciones, se entiende como plataforma de este tipo a aquellas empresas que administran o gestionan un sistema informático en aplicaciones de dispositivos que permite que un trabajador ejecute servicios para usuarios en un territorio específico. ¿Qué servicios? “Retiro, distribución y/o reparto de bienes o mercaderías, el transporte menor de pasajeros u otros”, especifica.

Así, los trabajadores que presten servicios bajo esta modalidad y en vínculo “de subordinación y dependencia” se regirán por las normas generales del código laboral que funciona en Chile. 

También se establecen los detalles que deberán figurar en el contrato de trabajo entre las partes, entre ellas datos personales, zona geográfica de actuación y método de cálculo para la determinación de la remuneración, forma y período de pago.

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Entre las obligaciones de las firmas alcanzadas también aparece el deber de protección y se señala que “la remuneración por hora efectivamente trabajada no podrá ser inferior a la proporción del ingreso mínimo mensual determinado por ley”. 

Al mismo tiempo, el documento aprobado habla de jornada laboral, protección de datos personales, aviso previo por terminación del contrato y hasta obligación de desconectar.

Adicionalmente, se da luz verde a trabajadores alcanzados por las nuevas disposiciones a “constituir, sin autorización previa, las organizaciones sindicales que estimen convenientes” y se obliga a las plataformas a permitir, si fuera requerido por las autoridades, “el acceso a la programación del algoritmo, a explicaciones completas y suficientes sobre la forma en que toma sus decisiones”. 

También se les prohibe expresamente la “discriminación por mecanismos automatizados de toma de decisiones”.

Durante los primeros tres años de vigencia de la ley, quedará bajo funciones del Consejo Superior Laboral la emisión de un informe anual en el cual se evaluará el impacto de su implementación.