T-Mobile se retracta del compromiso de crear mil empleos en California tras fusión con Sprint
“La actual crisis económica (por el Covid-19) hace que la imposición de un mandato para crear empleos adicionales sea inviable e injustificado”, sostuvo T-Mobile en una carta enviada a la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC), en la cual le pide que retire la disposición que lo obliga a crear mil empleos en el estado como parte de las condiciones bajo las que aprobó en abril la fusión de T-Mobile y Sprint.
T-Mobile argumentó que el requisito de mil nuevos empleos de tiempo completo es oneroso y “está fuera de la jurisdicción de la Comisión”, pues no tiene la facultad de determinar niveles de contratación específicos. Además, señaló que la CPUC nunca antes había exigido compromisos similares a ningún otro operador de telecomunicaciones.
Antes de lograr cerrar su acuerdo para convertirse en un solo proveedor, T-Mobile y Sprint se enfrentaron a una serie de cuestionamientos sobre la competencia, la viabilidad y los efectos para los consumidores. Uno de ellos fue la protección de los trabajos, por lo que las empresas prometieron generar nuevas plazas, no sólo en California, sino en otros estados; sin embargo, la entidad combinada ha despedido al menos a seis mil personas en los últimos meses.
En el documento, T-Mobile también solicita al regulador de California que haga cambios en los hitos de velocidad 5G. Según los lineamientos de abril, el proveedor deberá proporcionar conexiones de al menos 100 Mbps al 99 por ciento de la población estatal para 2026 y de 300 Mbps para 93 por ciento antes de que finalice 2024.
Sin embargo, la compañía dijo que esa obligación se fijó con base en un aproximado utilizado en 2018 para ser alcanzado seis años después de completar la transacción con Sprint. Así, en realidad la fecha para llegar a la meta de velocidad planteada por la CPUC debería ser 2026, pues el acuerdo se cerró en abril de este año.
Por último, T-Mobile tampoco concuerda con que California establezca una metodología específica para verificar el cumplimiento de los compromisos de cobertura, debido a que la Comisión Federal de Comunicaciones ya se encarga de examinarlos. Aplicar otros mecanismos sería gravoso, ineficiente y provocaría incertidumbre regulatoria, señaló.