Supertransporte insiste en perseguir a conductores de apps en Colombia; “El camino es regular, no prohibir”, responde Alianza In

La Superintendencia de Transporte de Colombia emitió una circular externa en la que reitera la obligación de las autoridades locales de imponer sanciones a los vehículos particulares que presten servicios de transporte público sin autorización, es decir, las apps de movilidad, aunque no las menciona directamente.

El documento también advierte que las autoridades locales que se nieguen a aplicar las normativas de la Supertransporte se enfrentan multas de hasta 200 millones de pesos, unos 47 mil dólares.

En respuesta, Alianza In, el gremio que reúne a las principales plataformas digitales que operan en Colombia, manifestó que el llamado de la Superintendencia “intensificará la persecución de conductores de vehículos particulares que trabajan a través de apps”, por lo que hizo un llamado para desarrollar “regulaciones adecuadas y justas a los servicios de movilidad prestados a través aplicaciones”.

La circular, dirigida a las autoridades de tránsito y transporte, se refiere a otras comunicaciones previas, como la emitida en noviembre de 2020, que ya advertía sobre el deber de controlar el transporte informal, de acuerdo con el artículo 49 de la Ley 336 de 1996 y el artículo 131 de la Ley 769 de 2002, que imponen la inmovilización de vehículos que presten servicios de transporte sin autorización.

Además, recuerda que el cumplimiento de esta norma es obligatoria y destaca la responsabilidad de las autoridades locales en ejecutar los controles requeridos, como el uso de los Informes Únicos de Infracción al Transporte (IUIT).

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José Daniel López, director de Alianza In Colombia, criticó que “la reciente circular de la Superintendencia de Transporte genera un ambiente de inseguridad y hostilidad hacia los conductores que trabajan honestamente apalancados en la tecnología”.

Cabe recordar que en 2023, la Corte Suprema de Justicia resolvió que a través del uso de las plataformas digitales de movilidad se concreta el derecho humano de “gozar de los adelantos tecnológicos y el progreso de las ciencias”.

Por ello, Alianza In hizo un llamado al gobierno nacional, al Congreso de la República y a los entes territoriales para que pongan a conductores y usuarios en el centro de sus decisiones y avanzar en un camino de regulación y no de prohibición y sanción.

“El camino es regular, no prohibir. Es increíble que en pleno 2024, una entidad del gobierno nacional presione a las autoridades locales para que persiga conductores que operan a través de apps, quienes hacen parte de la economía popular. En América Latina, la mayoría de países ya regularon esta actividad. Nos estamos quedando de últimos en la región”.

Asimismo, López recordó el profundo impacto social y económico de esta industria: “sólo en 2023, más de 1.3 millones de cuentas prestaron uno o más servicios de movilidad con vehículo particular a través de apps; y más de 22.1 millones de cuentas tomaron dichos servicios”.