Senado de México aprueba nueva ley de telecomunicaciones con Comisión Reguladora
Finalmente, este sábado el Senado de la República aprobó, en lo general y en lo particular con 71 votos a favor y 29 en contra, la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual contiene los cambios integrados por parte del Congreso a partir de los Conversatorios con expertos y representantes de la industria. Algunos cambios relevantes son que se elimina la facultad de bloquear plataformas y se distribuyen las facultades de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Aún falta el aval de la Cámara de Diputados para que se convierta en ley.
Durante los Conversatorios del Senado, expertos y representantes de la industria y la asociación civil criticaron duramente que la ley propusiera la concentración de las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en una sola persona a través de la ATDT y que se eliminara la estructura colegiada o de pares.
En ese sentido, la nueva iniciativa reintroduce un órgano desconcentrado con independencia técnica, operativa y de gestión para dictar resoluciones: la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), la cual actuará como un “órgano administrativo desconcentrado de la Agencia”. Esta estructura debería dotarla de una mayor autonomía técnica y de gestión para las funciones regulatorias específicas, con lo que funcionará como el principal sustituto del IFT.
Esta estructura sería similar a la que existía previamente a la creación del IFT, cuando la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) funcionaba como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en cuya estructura también existía la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
Según el Dictamen votado, la CRT será compuesta por cinco comisionados, quienes serán propuestos por el Ejecutivo Federal y deberán ser ratificados por el voto de la mayoría del Senado. Los comisionados durarán en su encargo siete años improrrogables, mientras que el presidente de la CRT será designado directamente por la Presidencia de la República de entre los cinco comisionados elegidos.
El nuevo dictamen publicado por el Senado también incluye la eliminación del polémico Artículo 109 que daba facultades a la ATDT para realizar el bloqueo o prohibición de plataformas. Además de un fraseo vago del artículo, este también fue criticado por considerarse un riesgo contra la libertad de expresión.
Otro de los puntos polémicos y que fueron modificados respecto a la iniciativa original se refiere a la participación de las empresas públicas del Estado. En el nuevo dictamen de ley, se identifica explícitamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como la entidad encargada de contribuir a la provisión del servicio de Internet y telecomunicaciones.
Asimismo, mientras que la iniciativa original permitía el otorgamiento de una concesión para uso comercial a las empresas públicas, el dictamen señala que la CFE deberá obtener su concesión mediante licitación pública, previo pago de la contraprestación correspondiente. En ese sentido, la empresa pública estaría sujeta a las mismas reglas de licitación y pago que cualquier otro participante privado, con lo que se buscaría mantener la neutralidad a la competencia.
No obstante, el Dictamen aún mantiene la exención de pago de contraprestación para las concesiones de uso público y social obtenidas por entes públicos o para fines sociales.
Durante su discusión en las Comisiones Unidas del Senado, miembros de partidos de oposición criticaron que el dictamen mantenga la obligación a los concesionarios de formar un registro de usuarios y limitar la venta de líneas únicamente para aquellos que se identifiquen con su CURP o RFC.
Este sería el tercer intento del gobierno mexicano, bajo un partido diferente, por formar una base de datos de usuarios de telefonía móvil. Durante el gobierno de Felipe Calderón, el gobierno emitió el Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (RENAUT), base de datos que fue vulnerada y está actualmente disponible en el mercado negro.
Este artículo estaría relacionado con la creación de la Plataforma Única de Identidad y la asociación de datos biométricos a la CURP, medidas que serán avaladas por la Ley General de Población y la Ley General en materia de Desaparición Forzada, las cuales también fueron votadas recientemente en las Comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado. Aunque el gobierno afirma que estas medidas permitirán mejorar la seguridad de los ciudadanos, la oposición acusa que se trata de legalizar el espionaje gubernamental.
Por otro lado, el Dictamen aún aborda la regulación de la publicidad pagada por gobiernos extranjeros. Mientras que la iniciativa original prohibía expresamente la propaganda de gobiernos extranjeros, la nueva propuesta estaría enfocada a permitir sin limitaciones “contenidos de índole cultural, deportiva y turística”, pero manteniendo facultades de sanción para la Secretaría de Gobernación “en caso de identificar publicidad, propaganda o información general de gobiernos extranjeros”, que sea distinta a la permitida.
En cuanto a la defensoría de las audiencias, el dictamen votado por el Senado buscará fortalecer este mecanismo de protección, al determinar que los defensores de las audiencias deben ser “por concesionario y no por organización”. Esto implica que cada concesionario de radiodifusión debe designar su propio defensor. La CRT estará encargada de emitir una normativa específica para los defensores.
Para los radioaficionados, quienes también participaron en los Conversatorios, se incluye ahora la posibilidad de acceder a una “licencia” en vez de una “constancia de registro” como se establecía en la iniciativa original.
Como parte de las iniciativas del gobierno para facilitar el acceso a financiamiento para medios de uso social, el nuevo dictamen de ley votado hoy por el Senado establece que las entidades federativas y municipios “destinarán anualmente entre el uno y el diez por ciento del monto para servicios de comunicación social y publicidad” que “se asignará de forma prioritaria al conjunto de concesiones de uso social comunitarias, indígenas y afromexicanas”.