En el contexto del despliegue de infraestructura para nuevas tecnologías, como 5G, lo que está esperando el sector privado es algo que siempre ha caracterizado a Costa Rica, la seguridad jurídica, considera la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP).
“Uno de los principios que están consagrados en la ley es el tema de la neutralidad tecnológica”, declaró Andrés Oviedo, coordinador de la Comisión de Telecomunicaciones, Innovación y Digitalización de la UCCAEP, en entrevista con DPL News.
“Si yo o cualquier empresa, va a invertir en el desarrollo de quinta generación, que el día de mañana yo pueda hacer mi desarrollo sin ningún problema, teniendo claro qué voy a hacer, que nadie me va a limitar acceso a las tecnologías”, detalló.
5G: dos condiciones
“5G va a ser más intensivo en el despliegue de infraestructura”, prosiguió Oviedo, y explicó que el pliego de condiciones publicado en junio de 2023 por la Superintendencia de Telecomunicaciones establecía dos condiciones que podrían perjudicar el despliegue de las redes:
- Los operadores de telecomunicaciones no podrían utilizar la infraestructura ya instalada.
- Los operadores que participen por el espectro también van a tener obligaciones de cobertura y plazos para cumplirlas.
Respecto al primer punto, Oviedo advierte que tendrían que empezar a trabajar sobre nuevo; mientras que, en cuanto al segundo, dado que estipula que, para los adjudicatarios de la banda de 700 MHz, 40 por ciento tiene que estar listo en los primeros 12 meses y, los adjudicatarios de las bandas medias, 2.3 y 3.5 GHz, el 20 por ciento de sus sitios también tendría que desarrollarse en el primer año, debido a los obstáculos en los permisos locales, sería muy complicado cumplir con el plazo.
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“Eso, de cara a lo que quiere con el 5G, son condiciones que no favorecen el despliegue de la infraestructura”, sentencia. Para el ejecutivo, el factor crucial en este asunto es el tiempo, ya que en Costa Rica construir una torre de telecomunicaciones puede tardar 15 meses, por lo que no considera que “sea una necesidad de ley; la ley existe. Es un tema de que ejercitemos lo que establece la ley”.
Oviedo celebra que la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), Paula Bogantes, haya manifestado que no tiene que ser una subasta con fines recaudatorios. “El precio del espectro debería ser bajo para que los operadores hagan infraestructura y en eso estamos totalmente de acuerdo”, declara.
Finalmente, advierte que en Costa Rica existe un operador estatal que no va a tener esas obligaciones: “Ellos sí podrían utilizar su propia infraestructura y no van a tener obligaciones de cobertura porque no van a participar del proceso. Entonces, esas son cosas que hay que considerar”, declara.
Ciberseguridad
“El tema de la ciberseguridad, hoy, en el momento en que estamos, es crítico y fundamental”, tanto para las empresas como para los usuarios, explica Oviedo, quien resalta su importancia porque una filtración de datos puede quebrar o comprometer financieramente a las empresas.
“Es un tema sumamente delicado, adicional a que 5G va muy enfocado a los temas industriales: 5G no es más velocidad en el teléfono —y la vas a tener—; es Internet de las Cosas (IoT), Big Data. Entonces es muy importante el cuidado de la ciberseguridad”, detalla.
Casos industriales y nuevas habilidades
UCCAEP proyecta que los sectores turístico, agropecuario y médico son los que podrían verse más beneficiados con 5G, aunque advierte que para aprovechar todo el potencial el país tiene que invertir en educación.
“Costa Rica se ha caracterizado históricamente por un enfoque en el tema educativo, pero nosotros también tenemos que ir pensando en modificaciones a la currícula académica”, declara y menciona la analítica de datos y la ciberseguridad como las áreas en las que el país necesita reforzar la educación.
Recuento de las leyes para el despliegue de infraestructura
En materia de telecomunicaciones, Costa Rica tiene un vasto aparato legal y jurisprudencia, por lo que, para fomentar lo que se requiere es ejecutarlo. Desde la Ley General de Telecomunicaciones y el ordenamiento del 2008, cuando se dio la apertura del sector, ya se contemplaba el tema.
“Lo bueno de que Costa Rica haya ingresado tarde a la apertura de las telecomunicaciones es que nos permitió recoger las mejores experiencias, entonces ya desde ahí, desde 2008, se preveía que la infraestructura era un tema crítico”, explica Oviedo.
Como ejemplo, expone que, en el artículo 74 de la Ley de la Autoridad Reguladora del Servicio Público, se declara de interés general la infraestructura de telecomunicaciones. Sin embargo, recuerda que hacia 2011, con el nuevo concurso y el despliegue de las redes móviles por los operadores entrantes ‘se empezaron a ver inconvenientes con los gobiernos locales’.
En 2012, la Sala Constitucional emitió un criterio que estableció que las telecomunicaciones están por encima de la autonomía municipal, por lo que los gobiernos locales no pueden ir en contra del despliegue de infraestructura
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“Ha indicado que es de interés nacional, que permite ejercitar otros derechos, que las autoridades tienen que resolver en tiempo. Es simplemente un tema que las personas que están a cargo de eso lo hagan”, asevera.
Y, más recientemente, en 2020 ó 2021, se planteó una Ley para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, que entró a regir en el 2023.
Finalmente, hace referencia a un ‘castigo’ para los funcionarios que no resuelvan a tiempo incluido en la ley: el silencio positivo, el cual establece que, si un operador presenta todos los requisitos para construir una torre o un poste y no hay respuesta de la autoridad en 30 días, se da por entendido que fue autorizado, por lo que sólo debe presentarse una declaración jurada y puede empezar a construir.
“Siempre hemos estado dispuestos a compartir experiencias, a decir hacia dónde va el mercado para poder tomar decisiones en materia política y definir políticas públicas que ayuden a maximizar los beneficios que tiene Costa Rica como país”, declara y enfatiza que estos no son temas de una cámara o de un sector específico: “El sector telco —o el sector TIC— es un sector que es transversal a todas las industrias, entonces todos tenemos que estar involucrados en estas discusiones”, declara.
“Es un tema de voluntades y a mí me llama poderosamente la atención porque mucha gente dice: ‘Nosotros queremos que las telecomunicaciones vengan aquí, a las zonas más alejadas’ Sí, perfecto, los operadores de telecomunicaciones también tienen esas ganas, pero entonces faciliten”, concluye.