Se archivó la Ley de Seguridad Digital de Ecuador
Tras el segundo debate, la Asamblea Nacional de Ecuador decidió archivar el proyecto de Ley de Seguridad Digital con 75 votos a favor.
Un total de 75 votos en la Asamblea Nacional de Ecuador permitió que el proyecto de Ley de Seguridad Digital fuera archivado; una decisión que ha generado diferentes opiniones para la ciudadanía.
Por un lado, la Cámara de Innovación y Tecnología de Ecuador (Citec) celebró la decisión, al señalar que el proyecto de ley, “tal y como estaba planteado, afectaba el correcto desarrollo de las actividades en el ciberespacio y los usuarios digitales”.
Por su parte, la asambleísta Inés Alarcón dijo que “el revanchismo de ciertos grupos sacrificó esta norma” y reiteró que el propósito de la Ley de Seguridad Digital era disminuir “ciberataques, hackeos e incidentes a sistemas informáticos”, los cuales “son el pan de cada día en Ecuador”.
Los puntos álgidos de la Ley de Seguridad Digital de Ecuador
La Ley de Seguridad Digital de Ecuador se convirtió en una alerta para la industria desde principios de mayo, cuando la Citec, la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) y la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana (AMCHAM) alertaron sobre cambios realizados en el proyecto de ley que no fueron socializados con los actores interesados y “desnaturalizan el objetivo del proyecto original”.
Entre las modificaciones que preocupaban a la industria se encontraba el cambio de la entidad rectora, que pasaría del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (Mintel) al Ministerio del Interior.
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También existían definiciones imprecisas y demasiado amplias a términos como soberanía digital, servicios esenciales, infraestructura crítica digital, control geográfico y proveedores de servicios.
Otro de los cambios más notorios es que al segundo borrador se le incluyó la sección de infracciones, donde tampoco habían definiciones claras sobre cuáles serán las obligaciones que debería cumplir el sector privado, así como la implementación del “Derecho de acceso a la verdad de los hechos”, el cual establece que todos los ciudadanos tienen derecho para acceder a información verídica, lo que podría convertirse en una puerta para revisar la información de las personas creadoras de contenido y sus seguidores, y abrir la posibilidad para que se cree un estado policial respecto a lo que se habla y lo que no y la ‘verdad’ que se quiera contar.