Vendrá un 2022 complejo para los negocios de la economía colaborativa. En los últimos años han proliferado los proyectos de ley y las normativas que buscan regular las plataformas digitales, especialmente de transporte y entrega de comida y productos, tratando de replicar las reglas de modelos de negocio tradicionales.
Hay diferentes aristas involucradas en el debate regulatorio sobre las plataformas colaborativas: las principales son la competencia, el tema laboral, la seguridad, un marco fiscal y el acceso a datos y la protección a la privacidad de los usuarios.
Alrededor del mundo, y América Latina no es la excepción, las autoridades regulatorias, sectoriales y legisladores aún no comprenden cómo la economía colaborativa plantea un cambio de paradigma: al incorporar la tecnología en el centro, los modelos de negocio son capaces de innovar, reducir los costos de las transacciones y acceder a información que les permite ofrecer servicios de manera más eficiente.
En 2021, se aprobaron leyes controversiales para regular las plataformas de este segmento de la economía digital. En España, en agosto entró en vigor la conocida Ley Rider, que obliga a las empresas tecnológicas como Uber Eats y Glovo a contratar como asalariados a los repartidores.
La normativa provocó la pérdida de una importante fuente de ingresos para los colaboradores de las plataformas, pues ahora compañías como Uber Eats optaron por subcontratar repartidores mediante empresas de logística, y Deliveroo anunció el fin de sus operaciones.
Algunos países de América Latina están siguiendo los ejemplos de Europa para crear sus propias regulaciones. Por ejemplo, en Perú se presentó un proyecto de ley que pretende reconocer una relación de dependencia laboral entre las plataformas y los repartidores, restringir el horario de trabajo y fijar condiciones de protección social. También hay otras iniciativas en curso que quieren regular las plataformas de transporte compartido.
Colombia desechó una propuesta de ley que solucionaría los conflictos entre los gremios taxistas y los conductores de plataformas. Sin embargo, el Congreso dio marcha atrás al trámite legislativo debido a la presión política y social de los taxistas. Luego, el regulador de transporte inició una persecución contra los conductores por considerar el servicio como ilegal.
Otro caso es el de México. El gobierno de la Ciudad de México elevó el cobro de impuestos para las entregas que se realizan a través de las plataformas digitales. Aunque las empresas de Internet ya retenían el IVA e ISR, ahora deberán cubrir un impuesto igual al 2 por ciento de cada entrega a domicilio.
También en México, en el estado de Puebla se aprobó una ley de transporte que permite la vigilancia a conductores y pasajeros de las plataformas de movilidad.
Con estos antecedentes, podemos esperar que en 2022 el entorno regulatorio se vuelva más retador para la economía colaborativa. Por un lado, el proceso de recuperación tras los estragos del confinamiento por Covid-19 pondrá presión extra a las economías y se buscará recaudar ingresos de las plataformas colaborativas, como ya sucedió en México, a pesar de las afectaciones a los usuarios y de que, irónicamente, afectarán la reactivación de comercios, pequeñas y medianas empresas, repartidores, conductores y familias.
Por otro lado, veremos proyectos e intentos por regular el trabajo realizado a través de las plataformas. Aunque las intenciones de brindar protección social y beneficios son legítimas, predominará una visión anacrónica del engranaje de la economía colaborativa, al querer ajustarla a los esquemas laborales actuales que arrastran desde hace años problemas como el desempleo, la subcontratación o la informalidad.
En cuestión de competencia, las autoridades de América Latina tendrán que hacer un balance de los reclamos de los gremios taxistas, que en países como Colombia y México se encuentran cooptados por grupos de poder, y las necesidades de movilidad de la población que prefiere usar las aplicaciones de transporte. Algunos mercados se inclinarán por pensar que las plataformas representan una competencia desleal al servicio tradicional de taxi, y las empresas de la economía colaborativa deberán enfrentarse a ello.
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