El debate por una nueva Ley de Medios estará en el eje de la discusión sectorial, que tuvo en 2023 un paso relevante en materia de competencia con la entrada en vigencia de la normativa que habilita que prestadores de televisión de paga sumen (previa autorización) Internet a su portafolio de servicios. En 2024, que se moverá al ritmo de las elecciones presidenciales, el otro foco estará en el avance de los operadores en el despliegue 5G.
En enero pasado entró en vigencia el articulado de la Rendición de Cuentas, que contó entre sus puntos más debatidos el cambio finalmente aprobado del artículo 56 de la Ley de Medios para que los cableoperadores puedan obtener licencia B y así dar banda ancha en Uruguay.
Esto significa que los proveedores que cumplen con estas características tienen luz verde para ofrecer Internet en la misma zona donde ya prestan el otro servicio, tal como venía reclamando un sector golpeado por la caída de usuarios producto de las nuevas demandas de los consumidores.
Hasta el momento, recibieron esta autorización más de una docena de compañías en Uruguay y el 2024 estará signado por nuevos pedidos y la respuesta de las autoridades a las solicitudes realizadas. En paralelo, la Comisión de Diputados aprobó una nueva versión de Ley de Medios, en la que se esperaban más especificaciones sobre los grises que dejó la nueva redacción del artículo mencionado.
La respuesta no convenció a la industria, pues de prosperar la versión actual del documento no podrán pedir autorización empresas que dan televisión a nivel nacional con DTH (DirecTV y Claro).
Otro punto que no quedó en la redacción final del texto que sigue su camino legislativo es aquél por el cual se incorporaban obligaciones para la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel).
El texto ahora dice que “los titulares tendrán derecho a solicitar licencias para dar servicio (de Internet) a través de redes propias o desarrollos futuros o recursos que contraten a terceros en igual área de cobertura”. Hay a la fecha 12 mil 300 kilómetros de fibra desplegada en el país.
La estatal es tesoro preciado para los uruguayos y tanto su manejo como el alcance sobre ella de la normativa vigente se metió constantemente en la conversación política en los últimos años.
El gremio de la empresa se quejó fervientemente de la puesta en marcha de la portabiliidad numérica, por citar un ejemplo, aunque a casi dos años de su implementación no ha traído mayores problemas a la firma estatal, que sigue liderando el mercado móvil con amplia diferencia (58% del mercado y 33 puntos de diferencia con el segundo).
Como si faltaran datos para dimensionar la importancia de Antel en la política uruguaya, el ahora ex titular de la estatal, Gabriel Gurméndez, renunció a su puesto para anunciar públicamente que será candidato a presidente en las elecciones que tendrán lugar el 27 de octubre de 2024.
No será el único referente del sector en competir, también lo hará Guzmán Acosta y Lara, ex titular de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel). Ambos serán precandidatos por el Partido Colorado.
En el plano fijo, Uruguay intentará terminar de cumplir los objetivos en su plan de convertir a fibra a todos los usuarios de banda ancha; actualmente la tecnología representa 90 por ciento de la base. Esto podrá lograrse a partir de las inversiones anunciadas por Antel, fuertemente direccionadas a la expansión de redes en sitios rurales, y también a partir de la incorporación de nuevos competidores privados que buscarán conquistar a actuales y nuevos consumidores.
El país subastó espectro compatible con 5G en mayo. La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) adjudicó un total de 300 MHz en 3.5 GHz: un bloque de 100 MHz a Antel, por reserva, y otros de igual tamaño a Claro y Movistar, como resultado de la puja.
La compañía estatal ya anunció que cubre con la tecnología todas las capitales departamentales del país mientras que los privados trabajan en el despliegue, el cual generará una constante de anuncios en este sentido en 2024.
