Nueva ley dominicana de telecomunicaciones, ¿bajo la sombra de Fair Share?

Por Dinorah Navarro, Violeta Contreras y Raúl Parra

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) propone una Ley General de Telecomunicaciones 153-98 más amplia que abarque los servicios de streaming, el comercio electrónico y los Centros de Datos. Simultáneamente, introduce dos nuevos capítulos temáticos sobre protección al usuario y ciberseguridad.

Desde 2024, el regulador y autoridad sectorial había anticipado que presentaría un nuevo proyecto para reformar la ley y, en el ocaso de 2025, publicó un cuadro sinóptico con los lineamientos que servirían de base para la elaboración del nuevo anteproyecto.

El Indotel argumenta que llevará a cabo esta reforma para adecuar el marco normativo al desarrollo del ecosistema digital, las nuevas dinámicas del mercado y las “demandas ciudadanas por una diversidad de servicios digitales” en el país.

En diciembre, abrió una consulta pública que, en un inicio, estaría vigente hasta el 30 de enero de 2026, pero posteriormente amplió el plazo un mes más, hasta este miércoles 4 de marzo.

Regulación convergente

El Indotel propuso ajustar el catálogo de definiciones y ampliar el ámbito de aplicación para incluir servicios asociados a las Tecnologías de la Información (TIC).

Específicamente, propuso incluir los servicios de transmisión Over-the-top (OTT) y comercio electrónico dentro de los mercados regulados por la ley y definir qué es un Centro de Datos, así como sus elementos críticos para la prestación de sus servicios y facultar al Estado para regular su disponibilidad y seguridad.

El nuevo proyecto también pretende fortalecer la autonomía normativa y técnica del regulador, así como la transparencia de sus acciones. De igual forma, propone consagrar como principios transversales de la regulación la neutralidad tecnológica —neutralidad de la red— y la neutralidad de los servicios.

Guiños al debate sobre Fair Share

Con esta propuesta, el Indotel se transformaría de un regulador convencional de telecomunicaciones a un ente rector de todo el ecosistema digital. Es decir, podría vigilar sujetos como Netflix, Disney+ y HBO (plataformas OTT) o gigantes del e-commerce como Amazon y Shein, e incluso emitir regulaciones específicas dirigidas a estos mercados.

Si bien por ahora no existe un borrador como tal de la propuesta de ley, los lineamientos base trazados hasta ahora bosquejan que el Indotel explorará “una regulación uniforme, paritaria y simétrica” entre los operadores de telecomunicaciones y las plataformas digitales para asegurar que compitan bajo reglas similares.

El Indotel aclara en su esbozo que no busca una configuración rígida que pueda resultar obsoleta a corto o mediano plazo, pero sí quiere lograr un mayor equilibrio ante la evolución del ecosistema.

Te recomendamos: República Dominicana licitará espectro en bandas de 700 MHz, AWS, 2.3 GHz y 3.6 GHz

Actualmente, el debate sobre el Fair Share (o “contribución justa”) gira en torno a si las grandes plataformas digitales que generan la mayor parte del tráfico en Internet (como Netflix, Google o Meta) deberían pagar a los operadores de red por el uso de su infraestructura.

Aunque el cuadro preliminar no utiliza el término Fair Share explícitamente, apunta a que podrían establecerse las bases legales para que el Indotel pueda intervenir en esta relación comercial y operativa.

Puntualmente, se propone integrar los servicios OTT en el marco legal para analizar su impacto en la competencia de los mercados.

Uno de los puntos más sensibles del Fair Share es cómo se gestiona el flujo de datos. El documento previo apunta a consagrar la neutralidad de la red para evitar que tanto las telcos como las OTT discriminen o restrinjan el derecho de los usuarios a enviar o recibir contenidos.

Sin embargo, se abre la puerta a que las empresas implementen mecanismos de gestión de tráfico de datos, regulados por Indotel, para prevenir la congestión de las redes. Este es un elemento clave que los operadores suelen solicitar en el marco del debate de contribución justa.

Referente caribeño del desarrollo digital

República Dominicana emitió su Ley General de Telecomunicaciones en 1998, como un marco legal para fomentar la inversión privada, garantizar la competencia y promover el servicio universal en un entorno de transparencia.

En su momento, esa ley fue pionera al desmantelar el modelo monopolístico y establecer los principios de libre acceso a las redes, neutralidad y no discriminación, pues definió las telecomunicaciones como un servicio público de titularidad privada que se ejerce mediante concesiones y licencias otorgadas por el Estado.

A partir de esta ley, se creó el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones como el órgano regulador descentralizado con autonomía funcional, jurisdiccional y financiera.

Durante las casi tres últimas décadas, este marco normativo ha sido el eje para promover el desarrollo del sector de telecomunicaciones, donde actualmente participan tres operadores principales: Claro, Altice Dominicana y Viva.

Hoy en día, el país caribeño destaca como un referente en desarrollo digital, debido a su liderazgo regulatorio, la expansión de infraestructura y sus políticas de inclusión digital.

El país ocupa el primer lugar en América Latina en el ICT Regulatory Tracker de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el National Cyber Security Index, y lidera el Caribe en el Índice Global de Inteligencia Artificial Responsable. Además, ha sido reconocido internacionalmente por la modernización de su marco legal y su presidencia en organismos regionales de gobierno digital.

Aunado a ello, República Dominicana ha impulsado proyectos como la Canasta Digital Social, que ha permitido reducir la brecha digital al subsidiar dispositivos y conectividad para hogares de bajos ingresos, especialmente miles de mujeres jefas de hogar en condiciones de vulnerabilidad, integrándolas a la economía digital.

Dig.ia-LAC aboga por preservar una Internet abierta

El proyecto de ley ya despertó las alertas de la Alianza por la Infraestructura Digital e Internet Abierta en Latinoamérica y el Caribe (Dig.ia-LAC), ante el impacto que tendría sobre un amplio abanico de actores del ecosistema digital.

Aunque la directora ejecutiva de Dig.ia-LAC, Mercedes Aramendía, reconoció la apertura al diálogo para modernizar la ley con foco en conectividad e inversión, advirtió que, al ser aún lineamientos sin articulado, “es fundamental conocer el texto final y abrir una instancia multiactor antes de su remisión al Legislativo”.

Específicamente, Aramendía resaltó que “es vital delimitar el perímetro de telecomunicaciones sin extenderlo a otros mercados, preservar la naturaleza abierta de Internet, asegurar la transparencia en la gestión del tráfico y evitar superposiciones regulatorias para promover la innovación y competencia”.

La experta explicó a DPL News que el principal riesgo que identifica Dig.ia-LAC es de diseño, pues argumenta que referencias amplias e indeterminadas, como TIC, servicios digitales, OTT, Internet de las Cosas o “cualquier plataforma”, pueden generar incertidumbre sobre sujetos alcanzados y competencias, con efectos no deseados sobre la inversión, innovación y protección efectiva de derechos.

“Para libertad de expresión y acceso a información, cualquier potestad que pueda incidir en servicios o tráfico debería sujetarse a legalidad, necesidad, proporcionalidad, debido proceso y control”.

“En privacidad y ciberseguridad, resulta esencial delimitar el rol del regulador sectorial y coordinar con el marco y autoridades competentes para evitar regímenes paralelos y solapamientos”.

“Asimismo, para proteger el acceso equitativo y la asequibilidad, es importante que la reforma no habilite —ni directa ni indirectamente— peajes o tasas sobre el tráfico, que suelen trasladarse al usuario final y crear barreras artificiales”, explicó Aramendía.

También lee: República Dominicana busca atraer industria de semiconductores

La Dig.ia-LAC enfatizó que es fundamental que el marco sea flexible, adaptable y basado en principios, como la previsibilidad, claridad y buena gobernanza regulatoria.

Esto, detalló, “implica definiciones precisas y un alcance acotado a redes y servicios públicos de telecomunicaciones (enfoque funcional por capas y neutralidad tecnológica); una matriz de competencias que asegure coherencia institucional, y regulación basada en evidencia (AIR para medidas relevantes, consulta pública efectiva, motivación y transparencia)”.

También indicó que es clave una hoja de ruta de implementación y simplificación (plazos, gradualidad y reducción de cargas) y, en materia de infraestructura, resiliencia y seguridad; un enfoque basado en riesgo y proporcionalidad, con criterios objetivos de criticidad, reconocimiento de equivalencias técnicas, y coordinación explícita con el marco nacional y las autoridades competentes.

La también expresidenta de la Ursec, el homólogo de Indotel en Uruguay, puntualizó que si se amplía el alcance de la ley a otros actores de la economía digital debe estar justificado en problema regulatorio, con base en evidencia.

“Cualquier referencia a interoperabilidad u obligaciones sobre plataformas debería partir de un problema regulatorio claramente identificado, evidencia disponible y evaluación de alternativas menos intrusivas, privilegiando estándares abiertos y acuerdos voluntarios, y promoviendo la inversión y la colaboración entre los distintos actores del ecosistema digital”, señaló.

La sombra del Fair Share

Sin embargo, pese a estos avances, la Ley General de Telecomunicaciones ha quedado corta para responder a la evolución tecnológica y las ambiciones de la nación de ser un nodo digital estratégico en América Latina.

Por esa razón, el Indotel está empujando este proceso de reforma integral de la ley sectorial, en busca de responder a los nuevos retos del ecosistema. Por el momento, sólo hay pistas para dilucidar cuál será el camino que podría tomar el país en su salto a un nuevo marco legal.

República Dominicana tiene claro que necesita actualizar su ley de telecomunicaciones, pero aún se está preguntando qué modelo de gobernanza digital quiere construir.

Si el Indotel avanza hacia una regulación convergente que equipare a telcos y plataformas bajo un mismo paraguas normativo, el país podría alinearse con la corriente europea que busca reequilibrar el poder en el ecosistema digital.

Pero esa ruta no está exenta de riesgos: sobrerregular puede desalentar inversión e innovación. Y, por el contrario, no actuar puede perpetuar asimetrías y afectar la sostenibilidad del sector, o al menos eso argumentan las telcos en la discusión sobre Fair Share.

En el delicado equilibrio entre neutralidad de red, gestión de tráfico y posible intervención en la relación entre operadores y OTT se jugará algo más que una reforma legal: se definirá el rol del Estado en la economía digital dominicana.

La ley de 1998 marcó el fin del monopolio y abrió paso a la competencia. La nueva ley podría marcar el tránsito hacia un regulador con alcance sobre todo el ecosistema digital. De momento, la sombra europea está presente en los lineamientos preliminares, pero el debate aún está abierto.