Ministerio de Justicia de Brasil impone reglas al uso de IA y datos en investigaciones penales
El Ministerio de Justicia de Brasil estableció reglas para el uso de Inteligencia Artificial (IA), reconocimiento facial y otras tecnologías digitales en investigaciones penales y acciones de inteligencia. La nueva orden impone límites, exige transparencia y puede impactar directamente el mercado de seguridad pública y el tratamiento de datos sensibles.
La norma se aplica a todos los órganos federales de seguridad pública como la Policía Federal, la Policía Rodoviaria Federal, la Fuerza Nacional y la Secretaría Nacional de Seguridad Pública, y también alcanza a estados y municipios siempre que utilicen recursos del Fondo Nacional de Seguridad Pública o del Fondo Penitenciario Nacional para proyectos de TI.
El reglamento también se extiende a investigaciones conducidas por organismos como el CADE y la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD), ampliando su alcance a las esferas de competencia económica y regulación de datos.
Normas para IA y restricciones al reconocimiento facial
Entre los puntos más sensibles, la norma prohíbe el uso irrestricto de tecnologías de reconocimiento biométrico a distancia y en tiempo real, permitiendo su aplicación sólo en situaciones específicas, como órdenes judiciales, flagrancia o búsqueda de personas desaparecidas. Toda inferencia algorítmica que represente un riesgo para los derechos fundamentales debe ser revisada por un agente humano.
La orden también establece que el uso de soluciones de IA en investigaciones penales y acciones de inteligencia debe respetar criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, con la exigencia de estudios de impacto previos en los casos que excedan los usos previstos.
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Además, el MJSP exige que los órganos de seguridad revisen normas internas y contratos relacionados con soluciones de TI en un plazo de 90 días, lo que puede generar una nueva ronda de licitaciones, readecuaciones contractuales y movimientos en el mercado. También se establece la adopción de mecanismos de transparencia, auditoría, rendición de cuentas y control de acceso, con la obligación de mantener registros (logs) que identifiquen a los usuarios y las operaciones realizadas.
La norma también determina que el uso de estas tecnologías respete la regulación del sector de telecomunicaciones y preserve las infraestructuras críticas nacionales.