Ni el Padre del Análisis Superior ni ninguna de las muchas y diversas fuentes que consultó recuerdan algún otro tema en el que absolutamente toda la industria de las telecomunicaciones y la autoridad estén en el mismo lado. No hay evidencia en las cuales la Canieti y la Anatel hayan jalado junto con Televisa, Total, MegaTV y Teléfonos de México.
Ya son tres las controversias constitucionales que se suman en contra de sendas decisiones de los gobiernos municipales de Guadalajara y Monterrey, encabezados respectivamente por Pablo Lemus y Luis Donaldo Colosio, de soterrar las instalaciones de la industria de las telecomunicaciones.
La intención de estos dos gobiernos municipales, que también ha sido semblanteada por el gobierno de la Ciudad de México, sin que hasta el momento la administración de Claudia Sheinbaum haya tomado ninguna acción, podría parecer correcta desde la vista de la imagen urbana.
De hecho, en junio del año pasado, Canieti, Anatel y la Asociación de Internet le entregaron un posicionamiento a la jefa de Gobierno en el cual le hacían ver los gravísimos inconvenientes que tendría una media así para la capital, puesto que viola la Constitución y daña directamente al sector de las telecomunicaciones.
El soterramiento plantea básicamente dos problemas fundamentales: el primero de ellos es que los gobiernos locales no tienen atribuciones para tomar esta medida sobre lo que pasa sobre las vías principales de comunicación, ya que, por ley, es atribución del instituto que preside Javier Juárez Mojica; la segunda es que sería ruinosa para la industria.
La intención de los alcaldes de Guadalajara y de Monterrey sería tanto como que sus administradores pudieran establecer regulaciones sobre puertos, aeropuertos, carreteras federales, vías de ferrocarril y, en general, sobre todo lo que se conoce como vías generales de comunicación, la cual es una atribución de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, encabezada por Jorge Nuño, y en materia de telecomunicaciones, del IFT. El amparo del regulador de las telecomunicaciones justamente se basa en la invasión de atribuciones conferidas constitucionalmente al IFT.
La Canieti, a través de su abogado, Gonzalo Martínez Pous, no únicamente se refiere a esta invasión de competencia entre autoridades federales y locales, sino al perjuicio que se genera a la industria de las telecomunicaciones, entendida ésta no sólo a las empresas, sino a los usuarios. Comprender que se trata de un asunto entre la competencia local y federal es la base de los juicios y, sin duda, será necesario que en la Corte se entienda claramente lo que se está analizando.
Quienes sostienen que al actual gobierno no le gusta la transparencia y que, por lo tanto, ha aniquilado, en los hechos, al Inai, tienen en la venta del avión presidencial un gran ejemplo.
El avión presidencial, del que en su momento el propio gobierno dijo que se vendería en, por lo menos, 150 millones de dólares, fue rematado en 92 millones de dólares. Para no entrar en consideraciones sobre depreciación, bastaría recordar que el más reciente valor de avalúo, hecho por el propio gobierno, era de 117 millones de dólares. Otro tema que genera mucho ruido es cuánto se le debe a Banobras. El último dato disponible se remonta a mediados del año pasado, cuando el gobierno pensó en que esta aeronave fuera utilizada para la línea aérea que plantean que opere la Sedena.
En aquel momento se estableció que todavía se tenía una deuda superior a los 1,725 millones de dólares, una cifra superior a los 1,658 millones de pesos que anunció el Presidente como el monto de la operación.
Una de las interrogantes que deberá ser aclarada es: ¿cuánto se debe aún del avión y cómo será cubierto a Banobras? Tranquiliza saber que el director de ese banco de desarrollo es Jorge Mendoza, quien ha hecho una gran labor como banquero.
Sin embargo, es necesario que se explique cuánto se debe aún del avión y cómo será pagado, puesto que el Presidente ya dijo que lo que se recibió del avión se utilizará para la construcción de un par de hospitales.
REMATE ESPERADO
Es fundamental que el AICM, dirigido por el vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño, siga por la ruta en la que ha venido trabajando, no únicamente en cuenta a la remoción de la terminal aérea que, como le adelantó el PAS, estará terminada en junio sino también en el reordenamiento de los slots.
Es necesario que quede claro que si alguien ha afectado a los pasajeros no es el orden, sino el desorden de las líneas aéreas.