Inclusión digital en América Latina: los nuevos desafíos exigen repensar las viejas herramientas
Todos conocemos los beneficios de estar conectados a Internet. Y todos sabemos que esta posibilidad no debería ser un privilegio de algunos, sino una oportunidad real para cada ciudadano.
No sólo es lo correcto, sino que es parte de la responsabilidad que tenemos como industria. Por eso, todos -gobiernos y sector privado- compartimos la meta de alcanzar la conectividad universal.
Acordado el objetivo, para saber cómo alcanzarlo, tenemos que saber de dónde partimos.
Muchas veces escuchamos hablar de “cerrar la brecha digital” y damos por sentado que estamos todos en la misma página. Pero entender a fondo las brechas de conectividad es el primer paso para superarlas.
Un nuevo informe de la GSMA ofrece un diagnóstico. En América Latina, casi 400 millones de personas (62% de la población) son usuarios de Internet móvil. Entre aquellos que aún no están en línea, 40 millones (7% de la población) no tienen cobertura, mientras que 190 millones (31%) tienen cobertura pero no utilizan los servicios. ¿Por qué?
Les resulta muy caro acceder a un dispositivo móvil o no tienen las habilidades digitales para manejarse en línea, por ejemplo.
La realidad de las brechas varía según el país, pero el diagnóstico general de la región se sostiene.
Como evidencian los números, hay que seguir trabajando para cerrar la brecha de cobertura (mayormente concentrada en zonas remotas o de geografía compleja), pero la brecha de uso es hoy el mayor desafío para la inclusión digital en América Latina.
Fuente: GSMA Intelligence.
¿Cómo pasamos de la conectividad actual a la esperada conectividad universal?
A diferencia de la rápida evolución en el último tiempo, el ritmo de crecimiento que vemos al comparar año por año, nos muestra que reducir el último tramo de la brecha será cada vez más difícil.
Necesitamos administrar los recursos, tanto públicos como privados, con mirada láser: máxima precisión, enfoque y eficiencia.
Por eso, hay que empezar por un análisis objetivo de las políticas públicas y regulaciones usadas hasta ahora, con el objetivo de mantener y mejorar lo que funciona y eliminar o rediseñar lo que no aporta.
El reporte de la GSMA pone la lupa sobre la principal herramienta de política pública elegida por los gobiernos latinoamericanos para cerrar la brecha digital: los Fondos de Servicio Universal (FSU).
En forma agregada, más de 40 por ciento de los fondos en los países estudiados no han sido ejecutados. Además, no existen evaluaciones sólidas sobre cuántas personas adicionales se han conectado a partir de los programas en ninguno de los países considerados.
Por otro lado, la financiación de los FSU, exclusivamente cubierta con cargos a los operadores de telecomunicaciones, no refleja la actual cadena de valor de Internet.
El ecosistema de actores que captura los beneficios de la conectividad a Internet es mucho más amplio que el de la telefonía básica para el cual fueron concebidos estos fondos.
La intención de los FSU de alcanzar la conectividad universal está plenamente vigente, pero su diseño actual tiene limitaciones.
Según el análisis de la GSMA para los cinco países analizados, de mantenerse las actuales condiciones de mercado, ningún país logrará la conectividad universal en 2030. La proyección revela una brecha persistente de entre 21 y 46 por ciento, según el país.
Ciertas medidas contribuirían a expandir la cobertura y adopción de servicios 4G hasta la frontera de mercado. Esas medidas incluyen un rediseño de los FSU de modo que su financiación no recaiga exclusivamente sobre los proveedores de infraestructura de Internet móvil.
Este tipo de modelo está en proceso de consulta pública en EE.UU., cuyo regulador ha sido el primero en admitir la insostenibilidad del financiamiento tradicional en la nueva era de Internet.
Eliminar los impuestos especiales al sector, así como eliminar el IVA a los dispositivos y planes de Internet para los segmentos de menores ingresos, ayudaría a impulsar la demanda de servicios. Con estas medidas, la brecha se reduciría entre 6 y 16 puntos porcentuales según el país, sumando un total de 50 millones de personas adicionales.
En estas condiciones, la brecha se reduciría a apenas más de 10 por ciento en algunos casos como Argentina y Brasil, pero tampoco se cerraría por completo.
Fuente: GSMA Intelligence.
Finalmente, para lograr los máximos niveles de cobertura y adopción de servicios, sería necesario considerar transferencias de financiamiento adicionales.
En primer lugar, la brecha de cobertura se concentra hoy en zonas remotas, donde el despliegue de redes representa un desafío comercial.
El modelo económico aplicado en el análisis muestra que para alcanzar 99 por ciento de cobertura poblacional con redes 4G se requeriría de entre USD 1,200 (Argentina, Brasil y Colombia) y USD 2,000-3,500 (Costa Rica y Ecuador) de financiación adicional por persona cubierta, según el país analizado.
Cubrir el último 1 por ciento de la población requeriría aún más financiación y, por ende, potenciales alternativas tecnológicas.
Acabar con la brecha de uso también requeriría impulsar la demanda a través de transferencias cruzadas para cubrir el costo de los dispositivos y servicios para ciudadanos de bajos ingresos, además de programas de capacitación digital. Implicaría un costo estimado de entre USD 50-360 por persona adicional conectada, según el país analizado.
Fuente: GSMA Intelligence.
Hace unos días, el 3 de abril, celebramos el 50 aniversario de la primera llamada desde un teléfono celular. En cinco décadas, la tecnología móvil pasó de ser un medio de comunicación a una tecnología de uso general que atraviesa actividades, industrias y negocios.
Sin embargo, todavía tenemos vigentes políticas públicas pensadas para una era que ya no existe, como FSU financiados por uno solo de los eslabones de la cadena de valor de Internet o impuestos que gravan al dispositivo móvil como un artículo de lujo.
En 50 años, el dispositivo móvil se convirtió en algo esencial para todos los que tenemos la suerte de contar con él. 230 millones de personas en América Latina todavía no tienen esa posibilidad. Los tiempos y los desafíos cambiaron; es hora de que las políticas lo hagan también.