Separando la señal del ruido en el debate sobre el uso eficiente de las redes
Fair share. Network fees. Funcionamiento de servicios digitales OTT. Sostenibilidad de las redes. Con estos y otros nombres, se instaló en América Latina y otros lugares un debate sobre las responsabilidades de los actores del ecosistema digital en el financiamiento, uso y despliegue de redes.
Como es entendible, el ecosistema alrededor de las plataformas ha defendido el statu quo que las privilegia, cuestionando datos y evidencia empírica.
Sin embargo, algunos de esos argumentos parecen haberse distorsionado en el ida y vuelta. Ruido, diríamos en telecomunicaciones. Y quizás, separando el ruido de la señal, podamos llegar a más acuerdos de los que creemos.
El fin
Gran parte de la argumentación en contra del fair share se ha centrado en hacer diagnósticos sobre la situación financiera de los operadores para terminar afirmando que, si esas cuentas dan bien, el debate terminó y no es necesario ningún cambio.
Sin dudas, la industria enfrenta desafíos financieros y estos son parte de la discusión sobre el futuro digital. Pero no en el sentido de castigar a las empresas de Internet por ser rentables o distribuir riquezas a lo Robin Hood. Cuando hablamos de la sostenibilidad financiera de la industria, estamos hablando de la sostenibilidad del modelo actual de uso de Internet.
En los orígenes, Internet se basó en el intercambio de tráfico de datos entre iguales. Con la aparición y crecimiento de las Big Tech, entró en escena una categoría nueva en la arquitectura de Internet. Empresas que usan las redes de manera intensiva para proveer contenidos y aplicaciones a otros usuarios.
En América Latina, más de 70% de la capacidad de las redes móviles es usada por tres compañías: Meta (49%), Google (14%) y TikTok (8%). Esas empresas, cuyo tráfico incluye anuncios y otros contenidos no solicitados, no pagan por usar las redes nacionales para transmitir sus servicios, porque el usuario final paga por consumirlos.
Al concentrar tanto tráfico, las decisiones de las plataformas —sobre un nuevo servicio o una configuración de video, por ejemplo— tienen un enorme impacto sobre la capacidad finita de las redes.
Un impacto que los operadores no pueden prever y absorber, incluso a través de inversiones constantes. El video en sus formatos corto (redes sociales) y largo (streaming) es uno de los principales impulsores del crecimiento sostenido del tráfico móvil que entre 2016 y 2023 se multiplicó 14 veces.
Estas empresas también tienen influencia en la factura de Internet de los usuarios porque definen los anuncios o la resolución de los videos, entre otros factores fuera del control de los propios consumidores.
¿Es viable y sensato que tres empresas consuman más de 70% de la capacidad de un recurso público y limitado como son las redes móviles sin ningún deber o responsabilidad de eficiencia? Esa es la raíz del debate.
Los medios
El sector de telecomunicaciones siempre ha tenido una altísima carga regulatoria y ha abogado por marcos modernos más flexibles que incentiven la competencia y la innovación.
En la misma línea, en este debate, no se ha pedido imponer una nueva carga o tasa regulatoria sino, más bien, eliminar barreras que hoy impiden que operadores y plataformas negocien en igualdad de condiciones acuerdos para cuidar la capacidad de las redes y ser más eficientes en su gestión.
El resultado de esos acuerdos puede ser una compensación monetaria. Pero también pueden ser condiciones técnicas que permitan liberar y planificar mejor la capacidad de las redes.
De ese modo, operadores y plataformas compartirían la responsabilidad de garantizar la capacidad adecuada en la entrega del contenido. El consumidor de esas aplicaciones se beneficiaría con una mejor experiencia. Y los usuarios que no acceden a plataformas de consumo intensivo de datos no se verían obligados a subsidiar indirectamente el tráfico de esas plataformas.
¿Es un doble cobro? No. Es reconocer que las redes, al igual que muchos negocios digitales, pueden operar como mercados de dos caras. Los operadores cobran a los usuarios finales por usar las redes para acceder a aplicaciones y servicios. Y también pueden recuperar costos por brindar a las plataformas un insumo esencial para su negocio.
Las (posibles) consecuencias
Corea del Sur implementó una medida en este sentido. Se ha afirmado que este es un precedente negativo, con graves consecuencias para el ecosistema digital. Contrario a estas aseveraciones, Corea del Sur es uno de los países líderes en despliegue de 5G, es tercero a nivel mundial en cantidad de aplicaciones activas por cada millón de usuarios y es ampliamente reconocido como una superpotencia cultural cuyos contenidos se han exportado a todo el mundo.
Las potenciales amenazas a la neutralidad de la red también son citadas como advertencia, al igual que supuestas restricciones a la competencia en Internet, la libertad del usuario y la emergencia de pequeños emprendedores.
Sin embargo, los acuerdos bajo este modelo estarían acotados a los Grandes Generadores de Tráfico definidos por volumen de tráfico y no por origen, destino o contenido.
No se crearía ninguna barrera a la navegación adicional a las barreras impuestas por las propias plataformas, como paywalls, suscripciones y anuncios que no se pueden omitir.
Además, acuerdos con las grandes plataformas abrirían la puerta a una distribución más justa de los costos, en la que también contribuyan quienes más se benefician de la infraestructura.
En el ecosistema digital, todos los actores tienen un rol importante. Sin redes, los contenidos no podrían transmitirse; y sin contenidos, los servicios de conectividad perderían gran parte de su atractivo para los usuarios.
Ambas partes se retroalimentan y se necesitan, con el usuario en el centro. Las grandes plataformas tienen la capacidad y los recursos para hacer un uso más eficiente de las redes móviles.
Si separamos el ruido de la señal, quizás podamos avanzar hacia un modelo donde la sostenibilidad del ecosistema sea una responsabilidad compartida.