Reforma Clara Luz Álvarez
Pareciera que la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es “crónica de una muerte anunciada” y por más que pienso cuál fue el agravio del IFT hacia el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, no encuentro uno solo, excepto su pecado de nacimiento: ser un Órgano Constitucional Autónomo (OCA). Si me preguntara la doctora Claudia Sheinbaum si extinguir o no el IFT, mi respuesta sería contundente: preservar el IFT, evaluarlo en sus méritos y no condenarlo a la guillotina por el simple hecho de ser un OCA.
Defiendo al IFT por la firme convicción de que México necesita un regulador de telecomunicaciones, que precisa de autonomía en aspectos técnicos y porque por eso se luchó por décadas para la democratización de los medios. El regulador toma decisiones que afectan a los grandes grupos de poder económico y mediático, o que para privilegiar el desarrollo de las telecomunicaciones se ve en la necesidad de establecer contraprestaciones menores a las que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) quisiera, por ejemplo.
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