El decreto 690 en Argentina trajo consigo la Prestación Básica Universal (PBU), una resistida propuesta por la que los operadores deben dar servicios a un precio establecido por las autoridades. ¿El objetivo? Asegurar la conectividad de las personas de bajos recursos en el contexto de pandemia. Según pudo saber DPL News, la propuesta no fue la más elegida por los usuarios y el gobierno tomó nota: se juntó con los operadores para que llegue a tres millones de personas.
El encuentro, uno más para debatir estos temas, estuvo a cargo del Jefe de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero. Participaron la Presidenta del Consejo Nacional de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz; la Secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm; el Presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini, y representantes de las empresas, entre otros. No fue virtual como otras reuniones, sino que tuvo lugar en el salón Eva Perón de la Casa Rosada.
“Tuvo origen en la necesidad que tienen los argentinos y argentinas de poder acceder a la conectividad y a la obligación del Estado y las empresas de garantizar el acceso”, resumió el regulador en un comunicado y agregó el objetivo: se analizaron los indicadores de pobreza e indigencia para identificar la urgente necesidad de hacer efectiva la política de tarifas acordadas y reglamentada oportunamente, y garantizar el acceso en el corto plazo para más de tres millones de personas de 750 mil hogares.
En palabras de Tolosa, “la conectividad es una plataforma de acceso a la educación, la salud y, en este sentido, lo que estamos haciendo ahora es darnos un plazo, un marco regulatorio para que en 30 días tres millones de argentinos tengan PBU en sus casas”. No queda claro cómo se buscará ese número ni a qué servicios se refiere exactamente, ya que la PBU alcanza a los cuatro tradicionales (Internet, telefonía fija y móvil y TV de paga).
“El gobierno se pone de manera conjunta a trabajar con las telefónicas para llegar a cada hogar, manteniendo el compromiso vigencia de una PBU de 350 pesos (3.7 dólares) mensuales, que son 150 pesos (1.6 dólares) de WhatsApp ilimitado y 200 pesos (2.1 dólares) por un giga de datos”, agregó Tolosa despejando dudas: parece que el desafío está dirigido exclusivamente al servicio móvil, el de mayor penetración del país, y el foco puesto en WhatsApp, un medio que demostró ser clave para la comunicación de las personas en el contexto de pandemia.
“Armamos una reunión de trabajo para solucionar temas y hacerle más fácil a los clientes acceder a la PBU”, dijo tras el encuentro Alejandro Lastra, director de Relaciones Institucionales de Telefónica. “Quedamos en trabajar, cruzar información, para seguir impulsando este tipo de medidas”, agregó su par local en Claro, Alejandro Quiroga López. El ejecutivo se refirió a la poca demanda que tuvo la PBU para la filial argentina de América Móvil en una charla con DPL News publicada esta semana.
La Cámara Argentina de Argentina (Cabase) dijo que el pedido de la PBU por parte de clientes fue “menor que el 1 x 1000”. Su Presidente, Ariel Graizer, sugirió en un evento local que se busquen otras alternativas para garantizar el acceso por parte de la población. La industria propone como solución posible que se utilice el Fondo de Servicio Universal para que personas de bajos recursos puedan acceder a prestaciones. Por el momento, al parecer, el plan del gobierno es mantener esta estrategia y reunió al sector para profundizar su alcance.
No trascendió si en la reunión también se debatió sobre otro alcance del DNU 690, igual o más discutido: la fijación de topes de aumento para prestadores. Si bien el gobierno autorizó algunos incrementos tras las quejas de operadores que dijeron no poder sostener el negocio por una combinación explosiva entre la reglamentación, aumento de costos e inflación, el punto todavía se mantiene como eje de debate entre las partes. Hace unos días, de hecho, Movistar anunció un incremento para mayo y junio a sus clientes, y el Enacom respondió que no autorizó incrementos para esos meses.