La Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea entrará en vigor hasta febrero de 2024, pero a partir de este 25 de agosto las plataformas digitales más grandes están obligadas a acatar las nuevas normas sobre moderación de contenido y transparencia.
Un total de 19 plataformas son las que entran en la lista para empezar a cumplir con la DSA, ya que según lo establecido por la legislación, cuentan con más de 45 millones de usuarios activos en Europa.
Entre las plataformas afectadas se encuentran Facebook, Instagram, TikTok, X (anteriormente Twitter), YouTube, Google Maps, Google Shopping, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, Wikipedia, AliExpress, Amazon Store y Booking.
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Las reglas también serán aplicadas a las dos principales tiendas de aplicaciones: Google Play y Appstore, así como a los dos motores de búsqueda más usados: Google Search y Bing (de Microsoft).
A diferencia del Reglamento de Protección de Datos (RGPD), que se enfoca en proteger la información personal y la privacidad de los usuarios europeos, la DSA busca empoderar a los usuarios regulando los contenidos que se publican en dichas plataformas, revisión de los algoritmos de recomendación, uso de datos y medidas de protección para menores de edad.
Las plataformas deberán enfrentar obligaciones como combatir de forma efectiva el contenido ilegal y la desinformación. “Las plataformas no pueden promover contenidos sesgados a favor de la visión del mundo de sus líderes”, señala Reporteros sin Fronteras (RSF) en sus recomendaciones.
También tienen que informar a los usuarios de forma transparente sobre los motivos por los que se les recomienda todo tipo de contenido o anuncios.
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Además, deberán ser claras con sus códigos de conducta y garantizar su cumplimiento. De la misma manera tendrán que ofrecer un método más sencillo para que los usuarios puedan denunciar contenidos ilegales, mientras que las plataformas tendrán que responder y resolver rápidamente dichas denuncias.
Asimismo, las plataformas deben compartir datos internos dando acceso directo al funcionamiento de los algoritmos con reguladores e investigadores externos para identificar las causas de riesgos sistémicos.
Aquellas plataformas que infrinjan las reglas serán acreedoras de una multa de hasta el 6 por ciento de su facturación global, y en el caso de que vuelvan a incumplir las normas se les puede prohibir operar en territorio europeo por completo.