En días pasados se llevó a cabo el evento “Mexico Optical Broadband Summit 2022”, donde se reconoció, como en eventos semejantes, que “necesitamos reducir los costos de despliegue, es decir, que se abarate tender redes de telecomunicaciones, necesitamos hacer eso y también remover las barreras regulatorias que existen a nivel municipal y a nivel local”.
De igual forma, se reconoció una vez más que en las zonas alejadas, remotas y con obstáculos geográficos, llevar conectividad es complejo y costoso, por lo que los operadores no anticipan un retorno positivo de la inversión.
Todo esto demuestra que se ha llegado a un sobrediagnóstico de las barreras a la expansión de las redes de fibra óptica.
Los conceptos son reiterativos foro tras foro: “falta de incentivos”, “falta de facilidades en el despliegue”, “necesidad de disminución de costos”, “ausencia de coordinación entre gobiernos locales y operadores” y “necesario apoyo por parte de estados y municipios”.
Es reiterativo que en cada evento no existe una iniciativa contundente, medible y verificable que se concrete o se instrumente en reformas a la normatividad o en instrumentos puntuales mediante cambios en la regulación.
Nada nuevo, ninguna iniciativa que se catalogue como creadora de incentivos a operadores como obligaciones a gobiernos municipales y locales.
Dado que la generalidad en las finanzas municipales y locales en el país es una vulnerabilidad constante, insuficiencia permanente y dependencia continua de las transferencias federales, emular la política de “Dig Once” de la experiencia estadounidense puede ser de utilidad.
Se requiere un cambio normativo en los convenios de colaboración fiscal entre los estados y la federación. Debe incluir cláusulas de “Dig Once” que impliquen que toda obra pública con financiamiento de la federación total o parcialmente tenga que incorporar los derechos de vía y la obra civil disponibles para que los concesionarios interesados desplieguen fibra en tales obras civiles al concluir la obra o se mantenga disponible por tiempo indefinido.
La política de “Dig Once” se ha implementado con éxito en Estados Unidos a nivel estatal. Entre 2020 y hasta lo transcurrido de 2022 los estados de California, Louisiana, Tennessee, Virginia, Virginia del Oeste, Wisconsin Idaho, Indiana Maryland, Nueva York, Oregón y Washington adoptaron el condicionamiento de acceso en toda obra pública que se realice con fondos federales y/o estatales en sus respectivas legislaturas.
Estados que habían adoptado tal política en años anteriores han sido Carolina del Norte (2019), Utah (1999), Arizona (2012), Minnesota (2013), Nevada (2017), Georgia (2018), Maine (2018) e Illinois (2009).
Antecedentes legislativos a nivel federal en Estados Unidos incluyen la Ley Mobile Now del senador John Thune (Republicano-Dakota del Sur), la cual requería que el Departamento de Transporte, como condición para recibir fondos federales para carreteras, adopte procesos para coordinar el acceso a los derechos de vía federales a fin de instalar conductos o fibra subterráneos o adyacentes a carreteras federales, así como la instalación de antenas o infraestructura para telecomunicaciones móviles en los derechos de paso a lo largo de las autopistas y carreteras.
La Ley Broadband Conduit Deployment de la representante Anna Eshoo (Demócrata-California) de 2017 requería que el Departamento de Transporte, en coordinación con la National Telecommunications and Information Administration y la Federal Communications Commission, evaluar la “necesidad prevista en los próximos 15 años de conductos de banda ancha” bajo superficies en los proyectos viales financiados con fondos federales.
Donde se encuentre la necesidad, los contratistas deberán instalar conducto de banda ancha como parte del proyecto carretero.
Una disposición similar a “Dig Once” fue incluida en la Ley de Inversión en Infraestructura de Banda Ancha introducida por los senadores Klobuchar (Dem-Minnesota), Gardner, (Rep-Colorado) y Daines (Rep-Montana) en 2017.
En 2021 se presentó la iniciativa H.R. 3703 en la Cámara de Representantes de Estados Unidos promovida por la representante Anna G. Eshoo.
Demócrata por el Distrito 18th de California, presentó la iniciativa de ley “Dig Once Act 2021”, la cual propone a nivel federal que toda obra pública de infraestructura vial que esté financiada por fondos federales esté acondicionada con conductos “listos para fibra” (fiber ready).
Lo anterior para que se reduzca el costo de la obra civil minimizando el número y la escala de repetidas excavaciones, cierres de vialidades u costos de excavar y cerrar múltiples ocasiones para la instalación y mantenimiento de conductos para la expansión de las redes de banda ancha, sin pasar por la solicitud de derechos de vía.
En la iniciativa de ley se establece lo siguiente:
“(6) PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS CUBIERTO.
“(A) EN GENERAL. El término ‘proyecto cubierto de construcción de carreteras’ significa, sin tener en cuenta la propiedad de una carretera, un proyecto financiado bajo el título 23, Código de los Estados Unidos, y administrado por un departamento estatal de transporte para construir una nueva carretera o un carril adicional para una carretera existente, para reconstruir una carretera existente, o una nueva construcción, incluyendo la construcción de un arcén pavimentado.
“(7) REQUISITO DE CAVAR UNA VEZ. El término ‘requisito de excavar una vez’ significa un requisito diseñado para reducir el coste y acelerar el despliegue de la banda ancha minimizando el número y la escala de las excavaciones repetidas para la instalación y el mantenimiento del conducto de banda ancha o la infraestructura de banda ancha en los derechos de paso.
“(3) INSTALACIÓN REQUERIDA DE CONDUCTOS DE BANDA ANCHA.
“(A) EN GENERAL. El departamento de transporte del estado deberá instalar conductos de banda ancha, de acuerdo con este párrafo (excepto como se describe en el subpárrafo (F)), como parte de cualquier proyecto de construcción de carreteras cubierto, a menos que un proveedor de banda ancha se haya comprometido a instalar conductos de banda ancha o infraestructura de banda ancha como parte de dicho proyecto en un proceso descrito en el párrafo (2)(C).”
A nivel internacional, el Foro Económico Mundial reporta que en la Alianza Global del G20 Ciudades Inteligentes (en América Latina incluye la Ciudad de México; Bogotá, Cali, Duitama y Medellín en Colombia; Piura en Perú; Brasilia; Buenos Aires y Córdoba en Argentina) se promueve la política de “Dig Once” como un instrumento para simplificar y acelerar el despliegue de infraestructura de banda ancha.
Las bases de la política “Dig Once” son:
- Toda nueva construcción o desarrollo inmobiliario y de vialidades deberá tener instalaciones listas de banda ancha incorporadas desde la etapa de construcción para evitar obras civiles y modificaciones posteriores.
- Las empresas de servicios públicos (agua, electricidad, saneamiento y alcantarillado) deberán coordinarse en sus obras públicas con los operadores de red para garantizar la instalación de conductos y demás infraestructura pasiva aprovechable para tener “fiber ready” y evitar obras múltiples posteriores.
- Que las instalaciones permitan la conectividad multiobjetivo, para que desde la instalación los conductos estén disponibles para la infraestructura que se requiera en lo futuro (5G, IoT, etcétera).
- En ausencia de legislación, esperar a la voluntaria coordinación interinstitucional a nivel estatal y municipal es de nula efectividad dado que no existen incentivos para ello. Dicha coordinación e intercambio de información sobre obra civil urbana y de infraestructura vial debe ser mandatada por leyes y reglamentos, de tal manera que los diseños técnicos para la incorporación de conductos y accesos en dichas obras públicas sea factible.
El Foro Económico Mundial reporta que de 30 ciudades pioneras, 12 (40%) tienen una política de “Dig Once” incorporada en su normatividad o alguna modalidad de coordinación implementada con operadores y empresas de obra civil en la provisión de servicios públicos. De ellas, sólo cinco (17%) la tienen incorporada en su normatividad.
En el caso de obras de infraestructura vial o carretera a cargo del gobierno federal o gobiernos estatales en las cuales se incorporen los conductos acondicionados para el uso de despliegue de fibra, existen ventajas que disminuyen aún más el costo del capital que si los realizan los operadores.
Al ser entidades públicas las que instalan y poseen los derechos de uso de los conductos, tales entidades asumen el riesgo comercial de los costos hundidos incurridos y, por lo tanto, de su explotación por el tiempo que sea necesario antes de ser ocupados por los cableados de los operadores interesados actuales o potenciales, lo que implica un menor costo del capital para los operadores.
Una modalidad para incluirse en la política “Dig Once” es la coinversión de operadores y las entidades federales y estatales en las obras de infraestructura donde participan en el financiamiento de tales obras los operadores, la federación y/o los gobiernos estatales, lo cual es una alternativa atractiva para realizar obra pública a cargo de los gobiernos municipales, con un estrangulamiento en sus finanzas y que tienen proyectos viales postergados o inconclusos.
Mientras en México exista el incentivo a que los concesionarios se comporten de forma oportunista dejando que las empresas mayoristas construyan, adapten y compartan la infraestructura pasiva para aprovecharla en su despliegue de fibra, no existirá la iniciativa suficiente para que los operadores promuevan cambios legislativos a nivel federal o estatal para emular el contenido de la política “Dig Once”.
No es factible que coexista un marco regulatorio inspirado en paradigmas regulatorios de finales del siglo pasado (tratamientos asimétricos y desagregación/compartición de infraestructura) como las actuales Ofertas de Referencia de Desagregación o de Compartición de Infraestructura y, a la vez, se promuevan incentivos y reformas pro-expansión de infraestructura pasiva.
Nuestra velocidad en la expansión de longitud de fibra óptica está por arriba del crecimiento promedio de los países de la OECD (26.5% vs. 15.2% de junio 2020 a junio 2021), pero ocupamos el lugar 14.
Ha sido sustantivo el crecimiento pero partimos de una posición en extremo rezagada, por lo que necesitamos de empuje “warp speed” en desregulación e incentivos para lograr la conectividad cercana a los niveles de los países pares de la región (Chile creció al 71% y Colombia al 43%) y aspirar a llegar a la penetración de fibra de nuestros principales socios comerciales.