Reforma Jorge F. Negrete P.
“El alto costo del espectro radioeléctrico en México se está volviendo en un lastre para el desarrollo del país y para la transición a la nueva generación tecnológica 5G.”
“El espectro en México es muy caro, es oneroso tener que estar aplazando el aprovechamiento de Tecnologías de Información y de Comunicación”: Adolfo Cuevas, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
“Si los precios de espectro en México hubieran estado al promedio de América Latina los últimos tres años, habría 15 millones de mexicanos conectados a banda ancha móvil. Y aquellos conectados tendrían 66% más velocidad.”: GSMA.
Las primeras afirmaciones las hizo el presidente del IFT durante el Foro México 5G, celebrado hace dos semanas. La segunda la realizó hace poco más de año y medio, GSMA. Ambas llamadas de atención son alarmantes y documentan empíricamente una falla mayúscula en la política de inclusión digital.
Ni la desaparición de la Subsecretaría de Comunicaciones, ni las recientes modificaciones a la estructura de la SCT y Telecomm de México, ni la creación de CFE Telecom e Internet para Todos y las transferencias públicas a Altán podrían generar lo que un acto tan simple podría lograr: abatir la brecha de acceso digital de los mexicanos. Así de fácil y sencillo. Esto le atribuye al precio del espectro radioeléctrico el carácter de política digital de acceso universal, desde el Senado de la República.
El Senado es el agente que promoverá la conectividad en el país o la seguirá retrasando.
Este precio se ha incrementado por convicción pública desde la Secretaría de Hacienda y ha sido aceptado sin debate por el Senado, aún y cuando la autoridad ha conocido documentos y estudios que demuestran el daño directo a los ciudadanos.
El espectro radioeléctrico es una parte vital de la infraestructura de telecomunicaciones. Es el activo esencial, la gasolina, la sangre y la vida para liberar servicios de telecomunicaciones, Internet, banda ancha y TIC, insumos que son un derecho fundamental en nuestra Constitución y que son prestados bajo la figura del servicio público.
Mientras en Chile, Argentina, Colombia y Brasil se debate el carácter esencial de estos servicios como públicos y como un derecho fundamental, aquí ya los tenemos y con un órgano técnico para supervisar su gestión, el IFT. Pero de nada sirve todo esto si el Congreso decide incrementar el precio del espectro radioeléctrico, como lo hizo el año pasado. Al espectro radioeléctrico más caro de América Latina y uno de los más caros del mundo, lo hizo 6% más caro. Mató de un plumazo los debates en materia de derechos fundamentales, inclusión digital y competencia económica.
La infraestructura digital es la base de la transformación de la sociedad, por eso nuestra Constitución en el artículo 28 señala con sensibilidad social: “las concesiones del espectro radioeléctrico serán otorgadas mediante licitación pública… asegurando el menor precio de los servicios al usuario final; en ningún caso el factor determinante para definir al ganador de la licitación será meramente económico”.
¿Queda claro? La tentación de cobrar a los ciudadanos el costo del espectro es un asunto resuelto en la Constitución. No debe existir espectro caro porque habilita el ejercicio de derechos fundamentales al ciudadano. Más espectro y accesible, más mexicanos conectados, preservación de derechos fundamentales. Menos espectro o más caro, conculcación ipso iure de derechos fundamentales.
Chile, Colombia y Brasil presentan iniciativas semejantes donde las obligaciones de cobertura sustituyen la política recaudatoria.
La política de precios sobre el espectro radioeléctrico será la mejor política de inclusión digital, desarrollo y combate a la pobreza. Esta no es la batalla por el precio del espectro, es la batalla por una sociedad más justa, igualitaria, competitiva y sus derechos digitales.
Por lo pronto, hoy México tiene una política de exclusión digital universal.
Presidente de Digital Policy & Law
Twitter @fernegretep
