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Los operadores de telecomunicaciones españoles se han encontrado un escollo en la Ley de Ciberseguridad 5G aprobada en marzo por el Gobierno de Pedro Sánchez, cuando precisamente se creó para todo lo contrario. El texto legal debía clarificar qué proveedores de telecomunicaciones para el despliegue de redes 5G eran de confianza, y cuáles no, pero no ha sido así. El problema es que si se contrata por error un proveedor no seguro, el peso de la ley recaerá sobre la empresa contratante.
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España | La Ley 5G del Gobierno paraliza las inversiones de los operadores : “Es muy ambigua”
