sábado, mayo 21, 2022
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Electricidad, medio ambiente y tecnología

Proceso Jorge Bravo

Iniciaron los foros del parlamento abierto sobre la reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador. Está a debate no sólo visiones contrapuestas sobre política energética, sino la contribución de México y de las tecnologías innovadoras para combatir el cambio climático y salvar el planeta por la emisión de gases de efecto invernadero.

Es fácil comprender las posiciones. Generar electricidad es más barato, estable y contaminante que generar electricidad con energías renovables, intermitentes y limpias como el sol o el viento. En medio de este asunto de fondo se filtran discursos como la soberanía o la competencia privada a las empresas de electricidad públicas, pero el meollo energético son costos y precios.

Más sencillo: en tanto las turbinas eólicas y los paneles solares no generan electricidad a un costo igual o más bajo que los combustibles fósiles finitos como el carbón, el gas natural o combustóleo, las energías renovables que no emiten contaminantes y que dependen de la infinitud del sol o el viento, pero sobre todo de la tecnología (ahorita explico), seguirán siendo marginales, no podrán propiciar la transformación sostenible del modelo energético ni mitigar el cambio climático.

¿Cuál es la lógica? Países como México -en realidad, la mayoría de los países salvo Alemania, Suecia, Dinamarca e incluso China; sí, el gigante asiático que tanto contamina con CO2 es líder en energías renovables- no tienen una visión y menos una política verde.

¿Cuál es el negocio? Para empresas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es más barato y más rentable generar electricidad a partir de combustibles fósiles (comprar carbón es más barato que adquirir tecnologías verdes y digitales). No sólo para la CFE. Para el resto de las industrias consumir electricidad producida mediante la combustión también es más barato que instalar paneles solares o digitalizarse… pero no a largo plazo.

Incluso un hogar que quiera ser verde, sustentable y pretenda instalar paneles solares en su domicilio, pensará dos veces el costo de adquirir esa tecnología verde y lo poco que ahorrará en electricidad usando energías renovables, porque el costo de la energía solar sigue siendo más alto.

No es que la CFC no invierta en energías renovables, sino que no es suficiente (entiéndase “suficiente” igual a mucho-mucho-mucho), su negocio es producir electricidad lo más barato posible (ahorita eso sólo es factible con combustibles fósiles), pero además no tiene un plan verde. Es un círculo vicioso y contaminante.

Lector: no se sorprenda. Todas las industrias de todos los sectores buscan reducir costos. Es normal, incluso deseable. La CFE piensa igual que una fábrica enorme, una empresa tecnológica innovadora, la pyme de la esquina o cualquier ama de casa. La diferencia es que la energía generada mediante combustibles fósiles está calentando la atmósfera, está comprometiendo la estabilidad climática del planeta, nos está poniendo en riesgo y nos sale caro a todos y como especie podemos extinguirnos.

El costo a largo plazo no sólo es financiero u operativo como suele medirse en empresas, gobiernos u hogares, sino en términos de daños al planeta y sufrimiento humano: ahí están los huracanes, inundaciones, sequías extremas y catástrofes naturales cada vez más frecuentes y devastadoras.

¿Qué debe hacer el Estado? En realidad, los Estados, porque revertir el cambio climático, salvar el planeta y vidas humanas es una responsabilidad coordinada de todos los líderes políticos de tener políticas verdes e invertir en energías renovables. Es un falso dilema acusar a los empresarios y señalar a la iniciativa privada de no invertir y no hacer lo suficiente por las energías renovables y de pretender generar su propia electricidad a costa del negocio de compañías públicas como la CFE.

Entiéndase: todas las industrias quieren ahorrar electricidad y el capital privado no va a asumir el riesgo principal y más difícil de financiar la investigación y desarrollo de las energías renovables mediante tecnologías eólicas y paneles solares. Esa tarea, al menos al principio, le corresponde al Estado.

Los gobiernos deben diseñar una política verde y le tienen que dar dinero (mucho presupuesto) y estímulos fiscales (eliminar o reducir impuestos) a las universidades, a los institutos de investigación, a los laboratorios, a empresas consolidadas de energías verdes y a startups líderes en I+D (sí, aunque muchos ojos y oídos sangren y algunas conciencias se rasguen las vestiduras) para que innoven en energías renovables y esperen resultados no inmediatos, sino a mediano y largo plazos.

Este esfuerzo de financiamiento público debe ser permanente, visionario, a largo plazo, sistemático, paciente…, complementado con el siempre temeroso capital privado de riesgo hasta que surjan innovaciones energéticas disruptivas, empresas y emprendimientos viables desde el punto de vista comercial, es decir, hasta que sean negocio.

La fórmula es diseñar o adoptar políticas verdes exitosas (Dinamarca, Alemania, China, en menor medida Estados Unidos, pero sí con mucha inversión pública) que promuevan y expandan las energías renovables eólica y solar que estimulen la oportunidad de crear, desarrollar y consolidar empresas y redes eléctricas inteligentes. El dilema no es el monopolio público del Sistema Eléctrico Nacional y de la transición energética, sino que el Estado no puede sólo con la tarea.

Hay que migrar de la combustión fósil como tecnología obsoleta, barata y contaminante a las tecnologías verdes, innovadoras y basadas en herramientas digitales. Dato curioso: la primera célula solar fotovoltaica de silicio cristalino se inventó en 1954 en los Laboratorios Bell del entonces monopolio telefónico AT&T en Estados Unidos, y se comenzó a utilizar en los satélites espaciales.

Es decir, hay que digitalizar las redes de generación de energía, crear nuevas oportunidades comerciales y de negocio y mejorar las energías renovables. Implica adoptar Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) al proceso productivo mediante infraestructura digital, conectividad, servicios de telecomunicaciones, de banda ancha y software.

Pero no se piense que sólo la CFE o las redes eléctricas inteligentes tienen que digitalizarse para transitar a un sistema industrial sostenible a nivel ambiental: todas las industrias y sectores de la economía deben hacerlo. Reforma eléctrica y transformación digital van de la mano.

Twitter: @beltmondi

Jorge Bravo
Jorge Bravohttps://digipolis.wordpress.com/
Jorge Bravo es Director General en Digital Policy & Law. Presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).

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