domingo, octubre 2, 2022
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El Salvador | Reforma a la ley de telecomunicaciones afectaría derechos fundamentales de ciudadanos

La Prensa Gráfica Verónica Martínez

La reforma a la Ley de las Telecomunicaciones afectaría, de ser aprobada, los derechos fundamentales de los ciudadanos, pues el mal uso de los datos personales deja en una posición vulnerable a los usuarios, según la abogada Laura Nathalie Hernández, especialista en tecnologías, protección de datos y seguridad de la información.

El pasado 14 de septiembre, el presidente Nayib Bukele envió a la Asamblea Legislativa una iniciativa de reformas a la Ley de Telecomunicaciones que obliga, entre otras cosas, a que las telefónicas lleven un registro de sus usuarios.

En el literal “a” del artículo 30, la iniciativa establece que “todo operador debe llevar un registro de todos los usuarios, incluyendo prepago, debiendo mantener dicha información a disposición de la autoridad competente en la investigación de delitos que la requiera”.

Hernández indicó que este apartado, al decir “autoridad competente”, es ambigüo, puesto que no se identifica a quién o quienes se refiere. El problema de esto, agregó, es que “la ambigüedad representa para la población inseguridad jurídica”.

Además, dijo que “llevar a ese tipo de registro de toda la información es bastante invasivo, por ejemplo, con la privacidad de los de los usuarios”.

Las reformas también incluyen que las telefonías deberán entregar a la Fiscalía General de la República (FGR) datos de registro de la línea o líneas teléfonicas investigadas, registro de llamadas de un período determinado o de otro tipo de comunicación electrónica.

“Esto abre la puerta a que se pidan otro tipo de registros más allá de la llamada, registros tal vez de de conexiones a internet, por ejemplo”, dijo la especialista.

También señaló que dentro de la reforma se obliga a almacenar documentos y fotografías de los usuarios, y que se localice el lugar donde se realizó la venta y activación. “Esto es es totalmente innecesario para contratar”, indicó.

Según la reforma, la necesidad de que las telefonías tengan un registro que pongan a disposición de instituciones como la FGR, responde a la “investigación de delitos”. Sin embargo, Hernández dijo que la Fiscalía ya tenía esa competencia sin necesidad de una reforma.

Explicó que la solicitud excesiva de datos incluso podría poner en peligro a los usuarios, ya que de no estar bien resguardados “alguien inescrupuloso, alguien con malas intenciones, podría utilizar toda esta información de manera fraudulenta para para afectar a los titulares de esta información”.

A juicio de la abogada, con la reforma también podría transgredirse los derechos fundamentales de las personas, como la privacidad o la intimidad.

En este sentido, también indicó que para implementar medidas como las propuestas en la reforma, el Estado debe garantizar seguridad a los ciudadanos.

“Pero debe hacer una valoración donde la medida no afecte mayormente otros derechos, que la afectación sea mínima, que la afectación sea legítima, que sea necesaria, que sea proporcional, que atienda la finalidad y que sea una finalidad específica”, detalló.

La experta expuso que, a parte de afectar a los usuarios, “para las operadoras implica una carga económica en cuanto a procedimiento para recolectar toda esta información” y puso como ejemplo la compra de nueva tecnología, sobre todo en ciberseguridad, y capacitar empleados. En caso de no atender lo que el Gobierno pretende, las telefónicas podrían ser sancionadas con una multa de 500 a 1,000 salarios mínimos.

DPL News
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